Contra la monarquía del mercado

 

La Argentina está viviendo una época dramática. De los cuarenta años de democracia que se van a cumplir cuando el gobierno de Alberto Fernández culmine su mandato, sólo podrá recordarse el período de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández como un tiempo en que las mayorías populares mejoraron sustantivamente su vida. La ciudadanía toda vivió una época de plena e inédita vigencia de los derechos civiles y políticos, con las calles como testigo de una permanente presencia del pueblo sin que la violencia amenazara con truncar el deseo de participación. En las circunstancias aisladas en que eso ocurrió, la investigación y penalización de los responsables y autores tuvo el mérito de ser ejemplar hacia el futuro. Las condiciones económico-sociales avanzaron a un ritmo nunca ocurrido en la vida nacional, si bien no alcanzaron los niveles de igualdad de la mejor época del peronismo. Se avanzó en el juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado con un grado de profundidad que sentó un precedente a nivel global, las leyes de impunidad fueron anuladas y los indultos también. Los asalariados pasaron a tener hacia el final del período más del 50% de la renta nacional. La economía creció y se revirtió la lógica des-industrializadora que arrancó con la dictadura militar. Se produjeron hechos culturales de gran masividad que han dejado una marca imborrable en la memoria del pueblo, siendo su hito más destacado los actos conmemorativos de los doscientos años de la Revolución de Mayo.

La predicción de resultados que Raúl Alfonsín realizó, pero que no se hizo realidad durante su gobierno, “con la democracia se come, se cura y se educa”, comenzó a desplegarse durante el período 2003-2015. Ese lapso contuvo una decisión maestra que fue el punto de partida para una época distinta: la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados y la cancelación de la que se tenía con el Fondo Monetario Internacional. No fue ninguna lógica de austeridad sostenida en la privación de derechos económicos y sociales la que condujo a una sustancial mejora del bienestar social, sino haber podido lograr un crecimiento decisivo de la autonomía del ejercicio del poder político respecto del poder económico. Esa autonomía construyó las bases para el logro de un salto en el grado de disciplinamiento de los grupos económicos concentrados a las decisiones de las autoridades de la Constitución.

Llegado el gobierno de la Alianza Juntos por el Cambio, sus dirigentes reconocen la posibilidad de endeudar a la Nación debido a la solvencia financiera externa que se había conquistado durante el ciclo popular. El alineamiento con los centros financieros internacionales, con el Imperio y con los grandes capitales locales, se tradujo en el colonial arreglo con los fondos buitre que abrió las compuertas para una nueva era de endeudamiento del país articulado con un nivel similar de fuga de capitales. Endeudar para fugar, tal como caracteriza Eduardo Basualdo, fue la dinámica clave del patrón de comportamiento de los sectores dominantes del país cuando esa fuerza que se alineó con sus intereses accedió al poder. El rasgo singular de esta etapa fue su culminación con una composición de la deuda que ha tenido una participación de nivel exorbitante del FMI, un organismo multilateral cuya conducta característica es la sustracción de soberanía política a sus naciones deudoras, convirtiéndose en el determinador de la política económica, mediante el reemplazo de la decisión popular por las imposiciones del Imperio de las finanzas.

Llegado el gobierno del Frente de Todos, votado por las mayorías populares que vivieron el deterioro de la condiciones de existencia que develó el carácter real de la política del gobierno de Macri, Alberto Fernández manifestó su decisión de pagar la deuda pero con la firme resolución de no aceptar condicionalidades que afecten la soberanía política nacional en la determinación del curso a seguir en el direccionamiento de la economía nacional. Sin embargo, la política seguida y el acuerdo de refinanciación firmado con el FMI no se ajustaron al propósito enunciado como guía para llevar a cabo una reestructuración de la deuda con ese organismo, ni a la motivación del voto popular que lo ungió: la recuperación del nivel de vida popular que el gobierno de Macri había destrozado. Las consecuencias de ese desvío fueron de gravedad. La concentración del ingreso se mantuvo y profundizó durante el gobierno del Frente de Todos. La gestión de rejuntados por el cambio había atado a la Nación a un endeudamiento con el organismo multilateral que requería una dura negociación que recorriera un rumbo diferente a las prácticas habituales del FMI. Cuestión que se debió abordar desde el inicio porque era indispensable para reconquistar un nivel de soberanía política que permitiera reconstruir las condiciones que la Alianza PRO-UCR-CC se dedicó a demoler, lo que no se hizo.

Por otra parte, durante la gestión de Alberto Fernández la oposición de la derecha rejuntada  tuvo el objetivo de utilizar las graves dificultades económicas que dejó como territorio minado, para desplegar una acción destructiva de la gestión de gobierno, con el objetivo explícito de conseguir el fracaso de una alternativa crítica al neoliberalismo, apuntando a restaurar las condiciones que había dejado como herencia la dictadura militar: una institucionalidad con una formalidad que representara un resto democrático, pero en la cual quedara vedada cualquier capacidad de despliegue de una alternativa transformadora de ruptura con el paradigma de la monarquía del mercado.

Ese propósito destructivo representaba la lógica de una oposición que no tenía sólo como fin central la vuelta al gobierno, sino que –y principalmente— encarnaba el objetivo de destrucción definitiva de lo que constituía el agente de cambio del statu quo: el kirchnerismo. Y ese propósito no lo poseía por sí misma la oposición política de la derecha, sino que lo hacía como actor transmisor en la vida republicana de las voluntades del gran empresariado, que es el que ejerce el poder real en una formación económico-política de carácter neoliberal. La monarquía mercantil mata democracia. Desde la derogación ilegítima por decreto de la ley de Medios de Comunicación Audiovisual hasta las maniobras de copamiento y sometimiento de esferas del Poder Judicial sustanciales. Desde el armado de causas judiciales hasta la política abierta de lawfare. Desde el hostigamiento y difamación permanente de la lideresa del movimiento popular hasta la programación e intento de magnicidio, se constituyó el entramado para demoler la fuerza portadora de un proyecto de transformación popular y nacional.

 

 

La inflación como conspiración política

Durante los gobiernos de Macri y de Alberto Fernández la porción del ingreso nacional apropiada por empresarios y rentistas viene creciendo raudamente, frente a la que obtienen los trabajadores y otros perceptores de ingresos fijos. Los salarios nominales aumentan gracias al funcionamiento de las convenciones colectivas de trabajo, pero los precios se reacomodan instantáneamente anulando lo obtenido por los trabajadores. El sector informal tiene aún una condición mucho más precaria. Las convenciones colectivas, en consecuencia, establecen todo tipo de mecanismos para defenderse de la pérdida del valor adquisitivo salarial, pero los formadores de precios remarcan a una velocidad inigualable para la lógica institucional de los reacomodamientos salariales. Ni la indexación de los sueldos, ni el acortamiento de los períodos de negociación paritaria, resolverían el despojo de los sectores subalternos de la sociedad por parte del poder económico concentrado. Como consecuencia de este derrumbe en el nivel de vida del pueblo provocado por la dinámica de fijación de precios, se produciría una pérdida de popularidad del gobierno del Frente de Todos. Esa pérdida de popularidad sería manipulada para que recaiga sobre el kirchnerismo. De eso se encargarán los medios de comunicación concentrados, también embarcados en destruir esa identidad política.

La recomposición y ampliación de los márgenes de ganancias logrados por una política intencional de desborde de precios del gran empresariado, no tiene sólo el objetivo de abultarlas aprovechando la situación de debilidad en que se encuentra el gobierno debido a la economía sembrada de deudas que dejó rejuntados por el cambio, no aliviado ni parcialmente debido al mal arreglo de la deuda que se firmó con el FMI, sino principalmente el afán de disputarle al gobierno el ejercicio del poder sobre la esfera económica. Porque la más poderosa organización empresaria en la que militan Rocca, Pagani y Magnetto reclama para el sector privado la dirección de esa esfera, explicitando la fe en el neoliberalismo, paradigma que excluye a la economía de los ámbitos de intervención pública.

La suba de los precios internacionales de los commodities implica un aumento de los precios internos de los bienes que la Argentina exporta. El país está fuertemente endeudado y asfixiado por la ausencia de reservas para servir los pagos y cumplir las imposiciones del FMI, además de atender la deuda privada con acreedores externos que tomaron las empresas –muchas con sus casas matrices—, vendiéndoles dólares a los precios de cotización que rige para las operaciones comerciales. La medida lógica que correspondería tomar cuando suben los precios de bienes exportables con alta renta diferencial –como son los del campo de la pampa húmeda argentina— es la suba de retenciones. Sin embargo, con la exportación de soja se adoptó la inversa, dándole un precio diferencial y asumiendo el impacto sobre los precios de la economía que esa medida implica, ya que el precio del poroto opera como cuasi-moneda de cuenta para muchas operaciones de esa región. Esa conducta fue el resultado de someterse al chantaje de la cadena agroindustrial-exportadora que retenía las divisas esperando una devaluación, y finalmente obtuvo una de carácter específico para el sector y por tiempo determinado. Así, el ministro Sergio Massa festejó como un éxito un aumento de las reservas que se consiguió facilitando mayores presiones de precios sobre bienes esenciales. De este modo, culminó una forma de operación del poder económico para obtener mayores ganancias. Pero no sólo eso, también se cumplió su vocación de torcer en una pulseada la orientación de la política económica del gobierno. No suben solamente los precios ligados con los bienes exportables. Suben todos los precios y sube su nivel general. En una economía con una producción y una oferta muy concentradas, se pueden hasta conocer con nombre propio los grupos económicos que toman las decisiones para elevarlos. El atomismo (infinitos oferentes y demandantes tomadores de precios y no formadores de éstos) de los agentes que suponen las teorías neoclásicas y marginalistas, en las que se apoya el mainstream ortodoxo, no existe, y menos se cumple en la realidad nacional de hoy.

Dadas las condiciones políticas en que la inflación transcurre actualmente, resulta evidente que ese fenómeno no sólo es por recomposición y avance de las ganancias y rentas sobre los salarios, sino que también y fundamentalmente, es un ejercicio del poder de mercado del gran empresariado que persigue consolidar la detentación del poder político real. Por eso cabe leerse que la inflación actual se suma al conjunto de estrategias, enunciadas arriba, para lograr un desempeño gubernamental fallido que catapulte condiciones para la destrucción del kirchnerismo.

La inflación, el manejo del sector judicial cooptado, la manipulación de los medios de prensa concentrados, los condicionamientos regresivos de la política fiscal y monetaria impuestos por el FMI, el ataque a los políticos y a la política y la propuesta de liquidar el Banco Central junto a la moneda nacional que realiza el liberfascismo de Milei, el libro de Macri advirtiendo que va a establecer el libremercado de un saque y sin límites, el proyecto del ultramontano neoliberal Espert prometiendo reducir el Estado a una administración mínima, persiguen la meta de expulsar a la corriente nacional y popular de la política argentina. Son los operadores de un discurso único para la política nacional, desinteresados del debate democrático, su esmero también está puesto en provocar la desaparición del kirchnerismo del escenario político.

La libertad de fijar precios sin regla alguna, basada en el criterio del derecho de propiedad absoluto –yo soy el dueño, pongo el precio que se me antoja—, es el elemento más corrosivo de la democracia y el que le da sostén en el presente a todo el resto del andamiaje articulado por el discurso del gran patronato, repetido obedientemente por la oposición de derecha. Por eso es necesario y urgente intervenir los precios. El poder político no puede admitir que lo chantajeen ni con el desabastecimiento de divisas para provocar una devaluación, ni tampoco que le sustraigan las alternativas para recomponer el nivel de vida de las mayorías populares, hoy en franco deterioro provocado por quienes pretenden —por medio de mecanismos mercantile— quitarle la base de confianza popular a Cristina Fernández, quien condujera durante dos mandatos presidenciales el proyecto que articulaba democracia con bienestar social. El establishment económico y sus brazos políticos están lanzados contra la política democrática en la que la soberanía popular gobierna.

Intervenir los precios significa más que establecer una política de precios cuidados, aún más que medidas de control, tampoco sólo se trata de su congelamiento. Significa actuar sobre todas las cadenas productivas para regular una tasa de ganancia acorde con una distribución del ingreso que el poder político defina. Esto requiere el conocimiento de las cadenas de producción y la estructuración de los grupos económicos. El Estado tiene la facultad de hacerlo, porque es una necesidad del bien común. Si el derecho de propiedad precede al bien común, si se sitúa por encima de los contenidos de la democracia, ésta no existe. La libertad de mercado sin límites, con la concentración de la producción existente, constituye la liquidación de la democracia. Más aun, cuando se junta con políticas obligadas, debido al acuerdo mal hecho con el FMI, por las que se debe acatar restricciones al gasto público e impedimentos a la emisión monetaria.

El artículo 14 bis de la Constitución Nacional dice que se asegurará a los trabajadores “participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección”, entonces es la ley de leyes la que garantiza este derecho que hoy no se cumple. Esa participación constituiría una herramienta clave para poner límites a la arbitrariedad de los oligopolios en hacer lo que les plazca con los precios de la economía. Que la intervención de los precios es una necesidad inmediata en una situación inflacionaria del carácter actual se confirma en las investigaciones y reflexiones del libro Los sectores dominantes en la Argentina escrito por Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli (Siglo XXI, 2022), quienes dicen que “el abordaje de los problemas económicos actuales –por ejemplo, la inflación, la fuga de capitales al exterior o la constitución de una 'economía bimonetaria', no puede prescindir de las distintas realidades que conviven en la estructura económica del país, donde la rueda principal de la economía está constituida por la cúpula empresaria y, dentro de ella, los grupos económicos locales y el capital extranjero, que son sus fracciones preponderantes. Por su parte, la rueda auxiliar está compuesta por las empresas de menores dimensiones y la clase trabajadora asalariada y no asalariada; es decir por los sectores populares, cuyo comportamiento suele estar subordinado a las estrategias de los sectores dominantes que mueven la rueda principal de la economía”. El núcleo de la intervención debe estar en la cúpula empresaria.

Las lecturas correctas sobre la necesidad de recuperación de la iniciativa política por parte del gobierno para proteger a la democracia del liberalismo neo que pretende degradarla, está presente en los puntos programáticos de la gran convocatoria popular llamada para mañana 17 de octubre, que dicen:

• Revalorizar el rol del Estado en el control y planificación de la economía.
• Combatir la inflación
• Establecer como prioridad políticas de aliento a la Producción y generación de Trabajo
• Rediseñar el sistema financiero
• Impulsar una reforma tributaria integral progresiva
• Establecer un estricto control estatal del comercio exterior
• Plena recuperación de la soberanía sobre el Río Paraná y puesta en marcha del Canal de Magdalena
• Restauración de un Poder Judicial ecuánime
• Por el Derecho a la Comunicación Democrática.

 

 

 

La movilización popular, la calle, el ágora pública

Esta recomposición de los objetivos de una política nacional y popular requiere de una necesaria movilización del pueblo que rescate la tradición de la buena política ahogada por el liberalismo neo. Toda la política no puede ni debe ser el acuerdo con las corporaciones. La realpolitik de aceptar las condiciones de concentración económica y asumir como una imposibilidad su superación con una estrategia organizativa de las mayorías, implica asumir axiomáticamente que los valores de democracia y justicia han perdido la posibilidad de constituirse en la centralidad de la política. Dice Wendy Brown en El pueblo sin atributos: “La persistencia de la política en medio de la destrucción de la vida pública y, en especial de la vida pública instruida, en combinación con el mercantilismo de la esfera política, forma parte de lo que vuelve a la política contemporánea poco atractiva y tóxica, esa vida política de hoy está llena de despotriques y afectaciones, carece de seriedad intelectual, dirigida a un electorado no instruido y manipulable y a medios corporativos hambrientos de celebridades y escándalos. El neoliberalismo genera una condición de la política en que están ausentes las instituciones democráticas que sustentarían a un público democrático y a todo lo que representa este público en su mejor sentido: pasión informada, deliberación respetuosa, soberanía aspiracional, contención drástica de los poderes que podrían dominarla y socavarla”. Esta contención drástica hoy significa ocupar las calles con la pasión informada y crear miles de asambleas que coloquen al pueblo en deliberación y organización permanente con el objetivo de poner límites a la ofensiva del liberalismo neo. Así la intervención en los precios en vez de ser denunciada como una utopía por el desánimo del posibilismo, se convertirá en una realidad sostenida por un Estado enérgico apoyado en un pueblo intrépido en el manejo de la calle y lúcido respecto de los legítimos fines por los que se moviliza y lucha.

 

 

 

 

 

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