Conte Grand dejó a Ritondo en evidencia

 

Las réplicas de la muerte del Comisario Martín continúan en la DDI de Avellaneda e internamente el caso se resiste a fenecer. Pero hace pocos días el ministro de Seguridad,  Cristian Ritondo, tuvo una mala nueva. Fue cuando el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires presentó sus estadísticas del año 2018. En su informe relativo al Fuero Criminal y Correccional, reportaron 850.908 Investigaciones Penales Preparatorias (IPPs) iniciadas, esto es, 52.000 más que en 2017. Ante el aumento de la cifra que en términos porcentuales equivale al 6.6 %, el Procurador cual alumno que se quiere congraciar con la maestra, le anticipó la mala noticia a la Gobernadora María Eugenia Vidal, quien le pidió urgentes explicaciones a Ritondo.

Fue entonces cuando estalló la interna dentro del Ministerio de Seguridad. Capciosamente, la Gobernadora le preguntó al Ministro cuántos delitos tenía relevados en 2018. Ritondo respondió que se habían cometido 390.00 delitos.

La diferencia era mucho más que un desvío standard, por lo que desató una puja interna dentro del Ministerio de Seguridad para alejarse de la responsabilidad de las estadísticas. Porque en el Ministerio de Seguridad, la responsabilidad nunca es del funcionario competente: es del vecino, del que se fue, del que se irá o de la pesada herencia. En este caso, el responsable competente es el Subsecretario de Coordinación y Logística Operativa, Ignacio Nacho Parera, cuyos antecedentes para ocupar el cargo consisten en ser chef.

Fue entonces cuando intentaron desbrozar:

• La Policía no computó 69.000 denuncias motivadas por tráfico de estupefacientes. Se desconoce el motivo.
• La Policía tampoco computó las 10.000 denuncias procedentes de la App Seguridad Provincia. También se desconoce el motivo. Pero el slogan que publicitaba la app era que permitiría “fidelizar las estadísticas”.
• La Policía no computa como delitos las averiguaciones de paradero, fugas de hogar y hallazgo de personas. Las Unidades Fiscales de Investigaciones (UFIs) generan por cada caso una IPP. Esos casos son unos 110.000.
• Tampoco la policía computa los delitos contra la administración pública.
• Un mínimo de casos son denuncias efectuadas en las propias UFIs, por lo que la policía carece de registro.

Recientemente, la Policía comenzó a desplegar un sistema informático para acceder on line a las denuncias que ingresan a las comisarías. Como tal programa está parcialmente implementado, los jefes policiales convencieron a Ritondo de que la brutal diferencia en la cifra de delitos que tiene la Bonaerense con la Procuración, obedece a que el sistema todavía no está operativo. Se van agregando distritos paulatinamente, dijeron. En rigor, el subregistro policial por una parte, no tiene una explicación que justifique tal diferencia, a pesar de los atenuantes.

Lo que resultó claro fue que el Procurador Julio M. Conte Grand concurrió gozoso a mostrarle las cifras a la Gobernadora. Y que Ritondo no tuvo respuestas porque el personal policial se pasa la pelota, aún cuando la oficina de Informática está en manos de un subsecretario civil.

Esta vez Ritondo fue confrontado. Normalmente cuando intenta expresarse (pocas veces lo logra), funcionarios o periodistas complacientes no lo interpelan. Esta vez el Procurador lo obligó, en privado, a dar explicaciones que no tiene.

 

 

 

 

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