Constituciones en disputa

 

Hoy, domingo 4 de septiembre, se realizará el llamado “plebiscito de salida” que aprobará o rechazará la reforma de la Carta Magna chilena, propuesta por 155 convencionales. El proyecto de Constitución, que será evaluado por 15 millones de ciudadanos –aptos para votar en forma obligatoria–, contiene 388 artículos y 57 normas transitorias.

Las encuestas, costeadas en forma mayoritaria por los partidos políticos de derecha y sus gestores empresarios, presumen una derrota del proyecto, luego de haber desatado una campaña de intimidación mediática basada en la amplificación de los errores cometidos por los convencionales y la multiplicación de falsedades difundidas a través de redes sociales. Más allá de las conjeturas –muchas de ellas destinadas a condicionar el voto–, se proyecta la participación de 9 millones de ciudadanos, equivalente al 60% del padrón habilitado. Los analistas coinciden en que una mayor participación coincide con la ampliación de las posibilidades de la aprobación. Desde 2012, cuando el voto pasó a ser voluntario, el promedio de la participación promedió el 50% de los electores.

El referéndum trasandino ha generado temor en las derechas de América Latina y el Caribe. La incorporación en la agenda de reformas constitucionales, sospechan, abre la Caja de Pandora de posibles situaciones apocalípticas: habilita cambios estructurales que los sectores concentrados se niegan a debatir, porque pone en peligro el statu quo que los beneficia, en una región donde las desigualdades son las más agudas del mundo.

La convocatoria a las urnas está atravesada por una situación económica crítica, generada por el mayor incremento de la inflación en tres décadas –13% anual contra un promedio de 3 en los últimos años– y una caída de los precios internacionales del cobre, el principal producto de exportación del país. En ese marco, el referéndum podría transformarse en un juicio del gobierno de Gabriel Boric, dejando de lado el verdadero origen de la consulta, ligado a las transformaciones exigidas por la sociedad chilena, planteadas desde octubre de 2019 cuando se inició la revuelta popular.

La Carta Magna actual se redactó en 1980 durante la dictadura criminal de Augusto Pinochet. Aunque fue modificada en algunos artículos, el espíritu neoliberal con el que fue concebida mantiene los rasgos autoritarios que llevaron a su cuestionamiento. Una década antes de las revueltas de 2019, durante el segundo mandato de Michelle Bachelet, se inició un proceso de debate normativo que fue abortado con el triunfo de Sebastián Piñera. La negativa de las derechas a desmontar –aunque sea parcialmente– el entramado legislativo que los protege, los llevó a repudiar e impedir cualquier forma de democratización. Una vez que estos sectores fueron derrotados en la elección de los convencionales, a mediados de mayo de 2021 –alcanzaron sólo un tercio de las bancas–, iniciaron el proceso de descalificación del debate: catalogaron a las iniciativas impulsadas por los distintos bloques como destructoras de la unidad nacional.

Los ejes centrales de la propuesta constitucional que deberá ser aprobada o rechazada incluyen el reconocimiento de la plurinacionalidad como mecanismo para superar la conflictividad entre el Estado y los pueblos originarios, cuyos integrantes alcanzan el 15% de la población total del país. La Carta Magna propuesta instituye como mandato estatal el respeto para las identidades ancestrales, sus lenguas, sus culturas, sus tradiciones y el reconocimiento de su valorización en la historia nacional, invisibilizada durante más de cinco siglos.

Esta revaloración del aporte –entre otros– del pueblo mapuche fue uno de los justificativos de la derecha para impulsar campañas de tergiversaciones orientadas a sugerir el peligro de la balcanización del país. Esta diseminación de versiones ajenas al articulado real de la propuesta constitucional se sirvió de advertencias sobre la posible futura convivencia entre los pueblos originarios y el narcotráfico, y el potencial ingreso libre de cientos de miles de inmigrantes que sin dudas apelarían al delito para sobrevivir.

Las derechas latinoamericanas se han caracterizado por investirse de patriotismo con el solo objeto de apropiarse de los signos nacionales para legitimarse y acumular poder a fin de imponer políticas. Con esa motivación, han desparramado los graves trances que se ciernen sobre Chile para el caso de que se apruebe la nueva Constitución. Como ejemplo han diseminado noticias funcionales al pánico moral que han buscado instalar en la sociedad. Una de ellas remite al cambio de los símbolos llevados a cabo por la República Bolivariana de Venezuela, donde se decidió la supresión del legado español en los escudos territoriales, como el de Caracas, y la superación del legado colonial observado en el cambio de nombre de plazas, la eliminación de estatuas, el cambio de nombres de parques y la instauración de efemérides ligadas a los pueblos originarios.

 

 

Operaciones de prensa

 

 

Como se ha visto en otros procesos de debate normativo, la derecha también apeló al potencial riesgo de privación de las posesiones inmobiliarias, ante la (supuesta) socialización planteada por los convencionales, apelando a frases como “si tu casa tiene una habitación libre, la ocupará un inmigrante” o “las viviendas no serán de propiedad privada y podrán expropiarse las segundas viviendas”. También circuló la noticia falsa –lo que se denomina vulgarmente como fake news– que afirmaba la desaparición de la bandera y su sustitución por otra aprobada por los mapuches. No faltó el discurso reactivo respecto a las problemáticas de género: según usinas de redes sociales ligadas a medios concentrados, la nueva Constitución avalaría el aborto hasta los nueve meses.

Las derechas latinoamericanas relacionan con estupor ante los cambios constitucionales porque tienen claro que alientan posiciones democratizadoras de la sociedad sustentadas por la acción colectiva de los movimientos populares.

Las últimas reformas han sido las de Venezuela en 1999, la de Bolivia en 2007, la de Ecuador en 2008 y la de Nicaragua en 2014. En los cuatro casos se observaron fuertes reacciones de los grupos concentrados, todos ellos avalados –o impulsados– por las delegaciones diplomáticas de los Estados Unidos. En el primer caso se incentivó un golpe de Estado, en 2002, en el que se llegó a secuestrar al Presidente Chávez. En Bolivia se produjo una intentona golpista promovida por los grupos cívicos de la llamada Media Luna, en el mismo año, 2007. En Ecuador, dos años después de las modificaciones constitucionales, se llevó a cabo una asonada policial que mantuvo secuestrado al Presidente Rafael Correa. En Nicaragua, por su parte, desde los cambios aprobados en 2014 se desató una campaña internacional, con sede en Miami y Washington, destinada a visibilizar las fallas del gobierno de Daniel Ortega e invisibilizar sus logros.

En el caso de que la propuesta sea rechazada, se prevé la realización de un nuevo plebiscito modificatorio o el debate parlamentario para modificar el articulado central de la Carta Magna pinochetista. Para el primer caso, se especula con la convocatoria a una nueva elección de Convención Constituyente. Para la segunda opción, un debate parlamentario que logre ser destrabado gracias a las modificaciones de las mayorías necesarias en el Senado para imponer cambios. Frente a ambas posibilidades se hará presente el fantasma del lunes 18 de octubre de 2019, cuando una joven estudiante de enseñanza media decidió saltar por sobre los molinetes del metro de Santiago como forma de protesta ante el incremento del valor del transporte público. A esa adolescente la siguieron centenas. Pocos días después, más de un millón de personas se congregaba en los parques de Santiago y otros cientos de miles a lo largo del país. El 20 de octubre, dos días después del inicio del estallido, el entonces Presidente Sebastián Piñera declaraba que “en medio de esta América Latina convulsionada vemos que Chile, nuestro país, es un verdadero oasis con una democracia estable”. Pocos días después, en otra declaración, esta vez acompañado por uniformados, amenazaba con una situación de guerra interna. Tres semanas después, el 13 de noviembre de 2019 –mientras se desarrollaba una huelga general– el primer mandatario convocaba a un acuerdo “por la paz y el cambio constitucional”.

Una gran parte de las democracias latinoamericanas exhibe una crisis sistémica producto de su rigidez respecto a la inclusión de las mayorías sociales. Sus Constituciones, lejos de garantizar las libertades liberales que promovían un siglo y medio atrás, se instituyeron en diques de contención para impedir la participación popular y el acceso equitativo a los servicios públicos y a los bienes básicos. El entramado conservador es defendido por importantes sectores de los poderes judiciales latinoamericanos, cooptados además por capacitadores estadounidenses. Cuando se ven amenazados por la posibilidad de cambios, apelan a su sempiterno recurso de la violencia simbólica y/o material.

El último miércoles, el diputado derechista chileno Gonzalo de la Carrera agredió verbalmente a la parlamentaria Marcela Riquelme, en el marco de un debate por el referéndum. El vicepresidente de la Cámara, Alexis Sepúlveda, le hizo un llamado de atención a De la Carrera y este le propinó varios golpes en el rostro. Los sectores reaccionarios siempre han tenido un patrón común: sembrar el odio, demonizar a quienes buscan los cambios e incluso hacer sutiles o abiertas convocatorias a la muerte. Hay un hilo negro que une la agresión del diputado trasandino con la mano que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner. En ambos vértices de ese filamento se articulan los discursos de odio, dispuestos para frustrar los cambios sociales. Todos ellos son legitimados por las mismas usinas corporativas comunicacionales, encargadas de sembrar el miedo imprescindible para justificar la violencia.

 

 

 

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