Consejos para el salario

 

A veintisiete días del 2023, en el gobierno nacional continúan los debates sobre la implementación de medidas que frenen la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Que la discusión sobre la entrega de una suma fija o un bono no encuentre su cauce genera más incertidumbre y fastidios entre distintos sectores del sindicalismo. La ministra de Trabajo, Raquel Kismer, en línea con el mandatario, aseguró que están trabajando en un bono para los trabajadores registrados y fuentes de la cartera económica indican que abarcaría únicamente a los sectores que no lograron ganarle a la inflación por medio de sus paritarias. Sin embargo, como anticipamos en El Cohete a la Luna, especialistas en la materia entienden que una suba considerable del salario mínimo hubiera sido “una herramienta que serviría para salir del atolladero que significa debatir durante meses si es más adecuada una suma fija o un bono”, y en ese sentido sería conveniente desvincular los planes sociales del mismo.

Esta semana, la Ministra de Desarrollo, Victoria Tolosa Paz, solicitó a la Justicia el levantamiento del secreto fiscal para acceder a la nómina que la AFIP puso a disposición de la Justicia y que detalla las irregularidades del padrón de beneficiarios del Potenciar Trabajo. Días atrás, un informe de la AFIP había contado 253.184 personas que se encontraban inscriptas en el programa, pero que tenían incompatibilidades con el mismo. Además la Ministra ya había anunciado la baja de 3.190 beneficiarios de planes sociales por resultar incompatibles con la compra de dólar ahorro o realizar transacciones en divisa extranjera a través de tarjetas de crédito.

El desacople de los planes sociales al salario mínimo es otro de los temas que se insertan en la arena política y que incomodan a los movimientos sociales. Al igual que Alberto Fernández, la líder de la cartera de Desarrollo se opone al desenganche de los mismos. El impacto del salario mínimo en los programas sociales colisionaría con el cumplimiento de las metas fiscales. 

Por este motivo, los sectores que apoyan la idea del desacople insisten en que “el enganche es un ancla para el salario mínimo de todos los trabajadores asalariados” que hoy ni siquiera “sirve de referencia para ningún convenio colectivo”. Especialistas opinan que “la falta de acuerdo dentro del gobierno y con los actores sociales sobre qué hacer con los pisos salariales y los planes sociales generó una competencia entre sectores a la baja”. Y de no resolverse la actualización de los pisos de ingresos explican que “menos va a haber lugar para discutir cómo convertir la productividad en mejores salarios, la actualización de las categorías de los convenios o en la coordinación de precios y salarios”. Además tildan como “dañina” la disputa sobre la implementación o no de una suma fija, ya que resulta una “pérdida de tiempo” para “resolver un problema complejo”.

 

 

 

En la última sesión del Consejo del Salario, se estableció que el SMVM pasará de los $57.900 actuales a $69.500 en marzo, resultando en un incremento del 100,5% para el año paritario. Las actualizaciones se darán en cuatro tramos: 7% en diciembre, 6% en enero, 4% en febrero y 3% en marzo.

El último informe de CIFRA sobre la evolución del salario mínimo arrojó que sólo para no perder poder adquisitivo frente a diciembre del año previo serían necesarios $63.856 en diciembre y $69.197 para recuperar el de diciembre de 2019. Además, para alcanzar el valor de 2015 el salario mínimo debería elevarse casi hasta los $90.000. Por eso concluyen que en este año como el anterior, las sucesivas negociaciones en el Consejo del Salario no lograron recomponer el poder adquisitivo y sólo se evitó una nueva caída manteniéndose en términos reales el valor de 2020.

 

 

 

 

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