Conocimiento, pero ¿para qué?

 

A partir de la resolución 30/2020 firmada por el Ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se suspendieron los beneficios fiscales de la Ley 27.506 (llamada Ley de Economía del Conocimiento) con el objetivo de definir con mayor claridad el universo de empresas beneficiarias y las características de los beneficios impositivos según el tamaño de las mismas. A causa de esta resolución se disparó un debate en torno a las estrategias estatales de estímulo y apoyo a las empresas de bienes y servicios intensivos en conocimiento.

 

 

De dónde venimos: cambios y continuidades

La Ley de la Economía del Conocimiento fue sancionada en junio de 2019, con el objetivo de “promocionar actividades económicas que apliquen el uso del conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos” (Ley N° 27.506, Art. 1). El instrumento reemplazaría a la Ley del Software (N° 25.922/04) que —según múltiples autores— tuvo un impacto positivo en el crecimiento y consolidación del sector por medio de otorgar beneficios impositivos en un contexto macroeconómico favorable. Además, uno de los aspectos más destacados que introdujo fue la creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria de Software (FONSOFT), cuya autoridad de aplicación fue la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). Por medio de este Fondo se financiaron proyectos de I+D vinculados a la producción de software, se elaboraron programas para capacitar recursos humanos, realizar mejoras de calidad en los procesos productivos y proporcionar asistencia a nuevos emprendimientos. En ese marco, la política pública se propuso impulsar a un sector estratégico por medio de un paquete de instrumentos fiscales, mientras lo articulaba con el sistema científico-tecnológico y educativo.

Quince años después de la sanción de la Ley del Software, Argentina cuenta con un sector mucho más robusto, integrado en su mayoría por pequeñas y medianas empresas, capaz de generar empleo formal y aportar divisas a su economía. Sin embargo, una de las cuentas pendientes es lograr una mayor vinculación con los sectores industriales, agrarios y extractivos para producir bienes y servicios más intensivos en conocimiento. Según el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos, en 2018 sólo el 5% de sus clientes provenían de la industria manufacturera y el 2% del agro/agroindustria. Además, más allá de la alta calidad de los recursos humanos con los que cuentan, las empresas argentinas tienden a ser competitivas internacionalmente por los menores costos en dólares frente a otros países. Por lo tanto, para que el desempeño sectorial no esté sujeto a los desajustes macroeconómicos, es necesario avanzar en la producción de una mayor cantidad de bienes de medio/alto contenido tecnológico y de conocimiento, y de menos servicios basados en un esquema de horas-hombre.

El fortalecimiento del sistema de Ciencia y Técnica es un pilar fundamental para alcanzar estos objetivos. La decisión de reconstituir el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva (MINCYT), degradado a Secretaria durante la gestión de Cambiemos, la recomposición en el estipendio de las becas doctorales y postdoctorales del CONICET (cuyos montos actualmente se ubican muy por debajo de la inflación alcanzada en 2019), y el abandono de un discurso estigmatizador respecto a la tarea de los investigadores, constituyen señales positivas para abordar el desafío de promover la economía del conocimiento desde una perspectiva integral y sistémica.

 

 

 

La importancia de un régimen de promoción

En la actual etapa del capitalismo, las capacidades tecnológicas de los países para producir bienes y servicios intensivos en conocimiento constituyen un condicionante fundamental sobre el modo en que se insertan en el plano internacional. La creación de valor en el mundo actual se apoya crecientemente en las capacidades para desarrollar este tipo de bienes y servicios. Sin embargo, no todas las tareas enmarcadas en estas actividades implican un alto agregado de valor en origen: vender horas de programación o servicios de testing son ejemplos de ello. Por otro lado, no son sólo las empresas las encargadas de crear valor en la cadena de producción. Como bien señala Mariana Mazzucato, la participación del Estado en la creación de valor suele estar invisibilizada a partir de un discurso hegemónico en el cual se lo considera un agente económico improductivo, extractor de valor y apropiador de rentas.

La actual coyuntura es una oportunidad para revisar lo hecho y prefigurar un camino que permita avanzar hacia el desarrollo socio-tecnológico y socio-productivo: ¿es la Ley de la Economía del Conocimiento un instrumento útil para avanzar en esta dirección? ¿Qué tipo de procesos productivos estimula? ¿Constituye una herramienta para contribuir a agregar mayor valor? En otras palabras: ¿vale la pena destinar un monto considerable de recursos públicos para que grandes empresas de diferentes sectores vean reducida la carga fiscal, sin articular dichos esfuerzos en una estrategia más integral que permita avanzar hacia el desarrollo de actividades de mayor valor agregado?

El cuerpo de la ley no proporciona respuestas para estos interrogantes. Tiene el mérito de seleccionar sectores estratégicos a desarrollar por medio de beneficios fiscales, pero se enfoca poco (o nada) en la articulación de dichos sectores con el sistema científico-tecnológico y educativo, como se señala en esta y esta nota. Superar un abordaje fiscalista sobre el cambio tecnológico es sin dudas uno de los grandes desafíos para avanzar hacia la dirección anteriormente planteada, dado que la formación de competencias y el desarrollo de habilidades específicas constituye un factor determinante para el fortalecimiento de sectores intensivos en conocimiento.

 

 

 

Repensar el rol del Estado y otros actores sociales

El rol del Estado en la innovación se encuentra íntimamente ligado al enfoque general respecto de las políticas públicas de ciencia, tecnología e innovación. Las visiones más liberales plantean un rol instrumental y accesorio del Estado en los procesos de innovación ligado a la necesidad de mejorar la competitividad del sector privado, mientras que otros enfoques pregonan un rol del Estado como actor dinamizador de la innovación, capaz de encauzar estos procesos en una dinámica de desarrollo económico y social de los países y territorios. También existen otros enfoques más moderados que plantean un equilibrio entre las visiones mercado-céntricas y Estado-céntricas.

La Ley de Economía del Conocimiento como instrumento prioritario de promoción de los sectores productivos intensivos en conocimiento, sancionada durante el gobierno anterior, revela una visión respecto al rol del Estado en la innovación cercana a lo que se podría denominar “Estado Garante”, concordante con la visión liberal/economicista. Esto significa que se piensa al Estado como un agente centrado en garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios que promueven las condiciones para que la innovación “emerja” fundamentalmente desde el sector privado emprendedor. La hipótesis sería que la innovación se producirá de forma relativamente espontánea, si el Estado prepara adecuadamente el terreno. Este tipo de Estado no constituye un actor central de la innovación debido a que este proceso se ubica principalmente en el mercado.

Frente a esta visión, es necesario contraponer un modelo de “Estado Dinamizador” coincidente con una mirada estructural/sistémica, lo que supone resaltar su importancia en la definición de líneas estratégicas y temas prioritarios de innovación, el otorgamiento de recursos institucionales y financieros, el desarrollo y fortalecimiento de entornos innovadores y una clara disposición a convocar a diversos actores sociales para participar en dichos entornos, asumiendo un rol de liderazgo. También se trata de encauzar los procesos de innovación hacia estrategias de desarrollo económico, social, humano y territorial.

Este modelo necesita contemplar también la articulación al interior de la Administración Pública, entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva; Desarrollo Productivo; Trabajo, Empleo y Seguridad Social; Cultura; Educación; Salud; y Ambiente y Desarrollo Sostenible, entre otros. De esta colaboración ministerial y transdisciplinaria puede nacer el dinamismo necesario a la innovación.

También es indispensable abrir el debate y la participación a todos los actores sociales intervinientes, en especial a los trabajadores de los sectores contemplados en la ley, miembros del sistema científico-tecnológico, así como también cooperativas y organizaciones de la sociedad civil implicadas en su actividad, para que la agenda del conocimiento no se limite únicamente a las empresas, ni se desarrolle al margen de las necesidades concretas de los territorios.

 

 

 

 

*Los autores son miembros del Programa de Investigaciones sobre la Sociedad de la Información, Instituto de Investigaciones Gino Germani (FSOC-UBA) // @ipoliscomunidad

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