EL PODER EN LA INDUSTRIA

 

Aún antes de la pandemia del Covid-19 nos enfrentábamos a un proceso feroz de degradación de la economía mundial, provocado por una crisis estructural de sobreproducción, amplificada por las políticas que se estuvieron y se están adoptando como supuestos remedios a la crisis.

Estados Unidos reconvierte su economía para incrementar la productividad del trabajo, para lo cual necesita abaratar el precio de la energía y de las materias primas, por lo que produce más petróleo por el sistema de fracking (fracturación hidráulica), pero no puede disminuir el déficit comercial que el año pasado fue de 972.650,7 millones de dólares, suma que representa el 4,9% de su PIB, y que es cada vez mayor año tras año. De allí que persevera con una política torpemente proteccionista, con enfrentamientos con la República Popular China que después tiene que revisar y desandar, mientras paralelamente hace lo imposible para colocar su producción en América Latina y trata de disuadir a la región de comercializar con el país asiático.

Práctica que en mayor o menor medida hacen todas las grandes economías, por lo que las mercancías ofrecidas inundan el mercado mundial mientras que la demanda global se ve reducida por las políticas de austeridad aplicadas, con la consecuente crisis de sobreproducción agravada por la pandemia. La guerra comercial es inevitable y todo este contexto pone a América latina en situación vulnerable.

En ese marco, como país soberano, debemos plantearnos una política industrial donde la sustitución de importaciones y la recuperación de la gestión estatal en sectores estratégicos ocupen un lugar relevante, para alcanzar un crecimiento sostenido y sustentable que genere empleo y mejore la distribución del ingreso.

1. Dada nuestra estructura productiva desigual, al contar con una de las  tierras más fértiles del mundo y ante el hecho que los países más poblados necesitan alimentar a su gente y a sus animales, es indispensable que el sector primario por un lado obtenga los dólares suficientes para financiar la actividad industrial en el más amplio sentido del vocablo y, por otra parte, que sume valor agregado generando trabajo.
2. También le compete la generación de empleo a la construcción tanto pública como privada, con el beneficio de que la actividad tiene un muy bajo coeficiente de importación.
3. En muchos rubros fabriles existe una masa crítica para nada despreciable. El conocimiento exhaustivo de la realidad de esos sectores constituye una condición sine qua non para avanzar en el diseño de esquemas específicos de fomento. Por la fuerte extranjerización y concentración económica no se avanza nunca hacia lo técnico, se termina desaprovechando la masa crítica existente, es más, se viabilizan procesos de “sustitución inversa” (se importan bienes que se pueden producir en el país). Tres ejemplos concretos: autopartes, componentes para la electrónica de consumo y proveedores de la industria petrolera y energética.

Se deben potenciar los recursos naturales y, al mismo tiempo, diversificar la matriz industrial, proceso que pone al debate en un nuevo punto de partida en la que se impulsen actividades manufactureras donde existen capacidades acumuladas significativas y trayectorias de aprendizaje considerables, para adaptarse al nuevo mapa global sin entrar en directa competencia con el este asiático, que combina altas mejoras en la productividad con salarios bajos, sino, al contrario, buscando la complementariedad de nuestra economía con ese subcontinente.

Ramas como la automotriz, la autopartista, la química, la farmacéutica, la producción de bienes de capital, el software, pueden formar parte de esta estrategia ofensiva. En paralelo, hay que adoptar una estrategia defensiva en sectores muy sensibles a la competencia extranjera (textil-indumentaria, muebles o parte de la metalmecánica), muy generadores de empleo, pero con enormes dificultades para competir, en un marco en que la clave de la integración es la agro industria.

Esto no supone que la política industrial deba limitarse a profundizar las ventajas comparativas estáticas que posee el país, sino que es central partir de la base agro industrial con que se cuenta, para que a la vez la producción de bienes finales de mayor contenido tecnológico vaya acompañada de políticas que apunten, en una segunda etapa, a producir localmente sus componentes más importantes y, en una tercera fase, a producir algunas de las maquinarias usadas para la fabricación de dichos productos.

Disminuir la elasticidad-producto de las importaciones supone sustituir importaciones en sectores estratégicos, para así “construir encadenamientos productivos más complejos y desarrollar redes de proveedores nacionales más densas”. Aumentar la elasticidad producto de las exportaciones supone cambiar su composición hacia bienes con mayor valor agregado y de mayor demanda en los patrones de consumo mundiales.

Eso se consigue principalmente desarmando los mercados cautivos por grandes empresas en la producción de bienes de uso difundido (acero, aluminio, cemento, petroquímica, etc.)[1], que encarecen sobremanera el resto de la cadena productiva. E impulsar la agroindustria, en un país como la Argentina que es solo el 0,3% del PIB mundial, pero es el décimo exportador de alimentos.

Que los anuncios del gobierno del 2 de septiembre (el “Día de la Industria”) de apoyo crediticio e impositivo al sector, se hayan realizado en la planta de la firma Sinteplast SA —una empresa familiar que nació hace 60 años como una pequeña fábrica de pinturas y hoy es una multilatina con plantas en cinco países, lidera ventas a nivel local, tiene 1.300 empleados y factura 220 millones de dólares por año— tiene su significado.

 

 

Cambios necesarios

Las grandes industrias en la Argentina tienen dos organizaciones que la representan, la Asociación Empresaria Argentina  (AEA) y la Unión Industrial Argentina (UIA). La primera tiene su origen en el CEA (Consejo Empresario Argentino) que presidía José Alfredo Martínez de Hoz y que fue el artífice del golpe cívico-militar de 1976. La dictadura militar intervino la UIA y puso como delegado normalizador a un prohombre del CEA, Eduardo Oxenford, acompañado por Roberto Rocca, Fulvio Pagani y Francisco Macri, entre otros.

La relación entre ambas entidades ha sido siempre estrecha. Recordemos el comunicado conjunto del 5 de agosto de 2010 en que los titulares de la AEA y de la UIA, junto con el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, aludieron a la falta de condiciones para invertir bajo una supuesta inseguridad jurídica, a pesar de que todos ellos recibían líneas de apoyo crediticio y fiscal del gobierno.

Esa línea es la que hoy se quiebra con el derrape del gobierno de Cambiemos y la suba sideral de precio del dólar, que también significó la caída del precio de sus empresas en el país, de manera tal que, por ejemplo, el Grupo Clarín que tiene como niña mimada su participación en Telecom (Telecom SA, Personal, Fibertel y Cablevisión) y su ambición de poseer el sistema de comunicación 5G en la Argentina, en diciembre de 2019 declaró un Patrimonio Neto de 6.639 millones de dólares, pero el año anterior ese patrimonio era de 12.350,9 millones de dólares y soportó un resultado negativo de $ 46.983 millones de pesos (unos 1.022 millones de dólares al valor promedio del dólar de ese año 2019, determinado por el BCRA). Paradójicamente, la empresa Claro SA de Carlos Slim tuvo en el país y en el año pasado una ganancia equivalente a mil millones de dólares y es la principal competidora de Clarín en el 5G.

Igual pasa con las empresas del Grupo Techint de los Rocca, que en 2019 logró compensar sus números con la producción de Vaca Muerta por su controlada Tecpetrol SA y el subsidio del gobierno de Macri por unos 300 millones de dólares, pero el valor accionario de Tenaris SA y de Ternium Argentina SA descendió un 25% en dólares comparando el valor en Wall Street con respecto a diciembre de 2015. Las perspectivas son peores en 2020 a raíz de la pandemia y de la pronunciada baja en los precios de los commodities, especialmente en el mercado del petróleo producto del desentendimiento comercial de los principales exportadores mundiales. Techint ha diversificado su inversión a varios países del planeta y lo que más teme es la competencia de la República Popular China, tanto en el laminado de acero y en los caños sin costura, como en la construcción y en la ingeniería. De allí que, pese a que los Estados Unidos le han retirado la visa a Paolo y Gianfelice Rocca por tener un juicio por corrupción en Brasil y el caso SIDOR, no dudan en aliarse a la política comercial del país del norte, ante lo que consideran el “peligro chino”.

El Balance General de ARCOR SA, de la familia Pagani, demuestra que tiene una deuda en una obligación negociable por 350 millones de dólares y que operando con resultado negativo en los años 2018 y 2019 su Patrimonio Neto desciende para ser de 650 millones de dólares el año pasado, cuando en el 2018 era de 1.118 millones de dólares.

Finalmente la empresa Ledesma SA Agrícola Industrial, de los Blaquier-Arrieta, dueños de la casona de la calle Azcuénaga 1.673 en el Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires —donde se reunían los hombres del CEA con Guillermo Suárez Mason, Albano Harguindeguy, Alcides López Aufranc, Federico de Álzaga y Omar Riveros, para conspirar contra el gobierno de Perón—, en el Balance General presentado el 29 de febrero 2020 contabiliza una deuda en divisas por 90 millones de dólares y un patrimonio total de $ 7.498 millones. Libertador General San Martín en Jujuy, donde opera el Ingenio, es la  localidad con más muertos de Covid-19 del país en relación a su población, con 73,9 fallecimientos cada 100.000 habitantes y una tasa de letalidad del 4,5% (más del doble de la media nacional, hoy en torno al 2%), al 28 de agosto de 2020 los contagios allí ascienden a 1.474 y las muertes a 66 personas.

El Presidente del BCRA. Miguel Pesce, sostuvo en una entrevista: “Los argentinos hoy son propietarios de empresas en el exterior por un valor mayor que las empresas argentinas en manos de no residentes en el país. Y el balance te da 380.000 millones de dólares de activos de residentes en el exterior”[2]. Entonces es seguro que los socios y dueños de los cuatro grupos nombrados tienen dólares en el exterior suficientes para cancelar la deuda de sus empresas, por eso juegan alegremente a que no converjan su precio informal (contado con liqui, dólar bolsa, dólar blue, etc.) con el oficial, para comprar en el país activos a un precio menor por la depreciación monetaria, pero con dos agravantes:

• que también se desvalorizan sus propios activos,
• que pueden llegar a tener socios más poderosos que ellos como es el caso de los Rocca, dado que BlackRock aprovechó la baja del precio para comprar acciones de Tenaris SA.

En el marco descripto aparece el Consejo Agroindustrial Argentino[3]. Su propuesto Plan Agro Industrial estima incrementar nuestras exportaciones hasta 100.000 millones de dólares por año y tiene como mercados a la República Popular China, a Rusia y a Irán, de manera tal que el Presidente de la UIA, Miguel Acevedo, cuñado de Roberto Urquía, Presidente de Aceitera General Deheza (mentor y factótum del nuevo CAA, por las siglas). Acevedo no solo recibió gustoso la presencia del Presidente de la República, sino que día antes frenó en el seno de la UIA el apoyo a la solicitada encabezada por Clarín contra el congelamiento de las tarifas y que se considere un servicio público a la TV, internet y celulares.

Entre la declaración conjunta del 5 de agosto de 2010 y el 2 de septiembre de 2020, se generó un proceso de ganadores y perdedores que el gobierno de Alberto Fernández sabe tener en cuenta.

 

 

 

[1] Son materias primas para la fabricación de gran parte de los bienes consumidos por la población, desde electrodomésticos, autos, alimentos, casas, entre otros. Productos que se ofrecen en comercios minoristas, supermercados, distribuidores mayoristas, corralones de materiales. Por eso mismo se los denomina “insumos difundidos”. Se comercializan a precios que definen en gran parte los precios de bienes comprados por el consumidor final.

[2] Revista Crisis del 4 de junio 2020

[3] El llamado Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) conformado por CIARA (Cámara de la Industria Aceitera) junto a Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Coninagro y Federación Agraria; entidades vinculadas a subsectores como Asociación de Semilleros, Asociación Forestal, Biocombutibles, Nutrición Animal, Feedlot, Cámara de Productores Avícolas, de Maíz Pisingallo, del Maní, de Arroceros, Cámara de Legumbres, Cámara Algodonera, de Puertos Privados, Procesadoras Avícolas, Industria Molinera, Federación Olivícola, Mesa Nacional de Carnes, Frutas y las bolsas de cereales de Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario, Santa Fe.

 

 

 

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