Concentración y extranjerización

 

¿Qué tienen en común los incendios devastadores que se generan en nuestro país motivados por cambios en el uso del suelo para la agricultura y el desarrollo inmobiliario, con que no se trate el proyecto de ley de Humedales, haciéndole perder su estado parlamentario?  ¿Que el empresario inglés Joseph Lewis, dueño de unas 12.000 hectáreas en Río Negro, desconociendo que todos los cursos de agua son de uso público como lo determina nuestra Constitución Nacional, no deje pasar al Lago Escondido a nadie que él no autorice y que el gobierno nacional, los legisladores y la Justicia lo vean por televisión? ¿Que Gran Bretaña realice vuelos directos a Malvinas desde Uruguay, rompiendo los acuerdos de Madrid que obligan a que todos los vuelos a las islas salgan de territorio argentino? Todo lo relatado y más, con el plan propuesto por el FMI.

La respuesta: son lo mismo. Se retroalimentan y fortalecen mutuamente en desmedro de nuestra soberanía e independencia económica, social y política.

En primer lugar según el Registro Nacional de Tierras Rurales, creado por Ley Nacional 26.737, aproximadamente 62 millones de hectáreas de la República Argentina (35% del territorio Nacional) figuran como propiedad de 1.250 terratenientes (0,1% de los propietarios privados). No solamente son pocos “estancieros” sino que predominan capitales extranjeros y/o asociados a capitales extranjeros. Esta proporción aumenta cuando nos referimos específicamente a la Patagonia donde los Benetton poseen 900.000 hectáreas; la familia Menéndez Behety unas 750.000 hectáreas; el grupo inglés Walbrook 600.000 hectáreas; los Pérez Companc 290.000 hectáreas; etc.  Y entre ellos Joseph Lewis, quien se apropia de montañas, bosques, lagos, ríos y glaciares, usurpando bienes públicos [1].

Lewis es un ciudadano inglés cuya fortuna según la revista Forbes se calcula en 5.300 millones de dólares, es una de las más grandes de Gran Bretaña y está entre las 300 personas más adineradas del mundo. En la Argentina, además, es socio en Pampa Energía SA, de BlackRock y del grupo Mindlin [2]. Ello demuestra el poder económico que tiene y su influencia política correspondiente. Por ejemplo, el Intendente del Bolsón, Bruno Pogliano, antes de asumir ese cargo en 2015, era el contador de la empresa Ladera SA que es presidida por el cuñado de Nicolás Van Ditmar, alter ego de Joseph Lewis; y la actual gobernadora, Arabela Carreras, oriunda de Bariloche, autorizó en septiembre 2021 a la firma Ladera SA, a lotear y urbanizar el cerro Perito Moreno, un área de alta montaña protegida por la ley de bosque nativo.

El capital privado, muy concentrado y extranjerizado, toma cada vez más dimensión, radicándose básicamente en la propiedad de la tierra para fines extractivos y de producción agrícola ganadera.

El modelo de desarrollo agropecuario imperante está centrado en el monopolio del acceso a las tierras más fértiles y basado en el desarrollo de agro negocios y pools de siembra,  con fuerte dependencia de tecnología importada y control de las exportaciones por parte de monopolios extranjeros.

Este modelo agropecuario multiplica la contaminación ambiental y la degradación de las tierras, ha sido incapaz de generar empleo, reproduce la inseguridad alimentaria, aumenta la dependencia tecnológica, la concentración económica, con ello, la capacidad política que tiene un reducido sector empresarial para imponer sus intereses inmediatos sobre el conjunto de la sociedad y, su capacidad de internacionalizar los precios de los alimentos. Esto, combinado con la presión a la suba del tipo de cambio, encarece el costo de vida con inflación anual que supera el 50% .

Este modelo de agronegocios se presenta como lógico al sistema, pero las demandas de los que se benefician con este tipo de desarrollo agropecuario y extractivo en condiciones en que la pobreza aqueja a más de un  40% de la población son desmesuradas. El propio Poder Ejecutivo Nacional, que debería ejercer el control, propicia el Proyecto de Ley denominado  “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial, Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador” que consensuó con el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA ) para garantizar la estabilidad fiscal hasta 2025 (esto es, que no aumente la tasa de derechos de exportación – retenciones) a este sector, fuertemente extranjerizado con predominio de empresas transnacionales (ADM, Bunge, Cargill, Glencore; Louis Dreyfus, etc.) más grupos locales (Molinos Agro de Pérez Companc;  ARCOR; Ledesma, Aceitera General Deheza; ACA; etc.).

Igual pasa con la producción y comercialización de la carne vacuna  Unos 220.000 productores y 4.000 matarifes e industriales se concentran y cartelizan en el denominado “Consorcio ABC”, conformado por los primeros 16 frigoríficos exportadores que concentrarán el 66% de las ventas y, que, además, controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa.

Análogo trato reciben las empresas mineras (que tienen estabilidad fiscal por 30 años concedida por la ley 24.196/1993) y con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo Nacional denominado de Promoción de Hidrocarburos que establece un  Régimen de Promoción de Inversiones Hidrocarburíferas (RPIH), con una vigencia de 20 años.

Todas estas prebendas surgen de la prioridad otorgada por la actual gestión a los proyectos exportadores, como respuesta a la presión del endeudamiento externo para la generación de cada vez mayor superávit comercial, cuando el año pasado el superávit fue de 14.750 millones de dólares, en el año 2020 de12.528 millones de dólares y, sin embargo, las reservas internacionales del BCRA descendieron de diciembre 2019 a diciembre 2021 en 7.500 millones de dólares.

No es promoviendo las exportaciones que se solucionará nada. Lo que se debe hacer es controlar al BCRA por la venta de divisas que realiza, dilapidando las reservas que por su Carta Orgánica debería preservar.  Como también debería preservar el valor de nuestro dinero.

No a costa del erario público que se debe impulsar las exportaciones, no la necesitan, son sectores muy ricos con capacidad de inversión y financiamiento, ergo el gobierno los apuntala sustentado en un trabajo realizado en octubre 2020 por el Ministerio de Desarrollo Productivo que se denominó  «El desarrollo productivo en la Argentina pos pandemia, hacia una visión compartida sobre el desarrollo económico de largo plazo y el cambio estructural», donde afirma que el problema sería la falta de un Estado inteligente que, mediante políticas de fomento y mecanismos de coordinación, apuntale esta integración productiva traccionada centralmente por sectores con ventajas comparativas estáticas.

Nicolás Maquiavelo decía exactamente lo contrario: el Príncipe (El Estado) debía fortalecerse a costa de los poderosos y ponía como ejemplo a seguir al Rey Fernando de España, cuyas campañas militares fueron financiadas por los nobles y se fortaleció mientras los segundos se debilitaban. Y es tan cierto lo afirmado por el florentino que el Rey Fernando II de España, a la que unificó e hizo grande como nunca antes y después de su gobierno lo fue, sostuvo "siempre fue mi fin hacer lo que he hecho y posponer mi particular interés por el bien y paz del reino y por sostener en paz esta heredad que yo, después de Dios, he hecho con mis manos, la cual, si yo tomara otro camino, fuera destruida para siempre".

 

 

 

El rol del FMI

Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI, sostiene claramente que el FMI no es una entelequia, que tiene intereses detrás. También dijo que acordar con el FMI es acordar con los Estados Unidos, China y Europa. Detrás de los Estados Unidos están las grandes empresas de ese origen como Cargill, Glencore, ADM, Bunge, Louis Dreyfus, pero también el HSBC, el Citi, IBM, Abbott, Dupont, Ford, General Motors, Procter & Gamble y, los fondos de cobertura, principalmente BlackRock y Franklin Templeton, los dos principales tenedores de títulos de deuda pública Argentina.

También Sergio Chodos sostuvo que va haber supervisión trimestral de la economía argentina por los técnicos del organismo internacional y que el capital de cada desembolso se paga en un período de entre cuatro años y medio y diez años, en 12 –doce— cuotas semestrales. La última cuota se desembolsa a partir de la última revisión. Está el desembolso inicial y después, a cada revisión, precede un desembolso. El último desembolso como cuota de capital también es pagado con este esquema, en un plazo de diez años para cada desembolso. Como los desembolsos no ocurren en el mismo momento, desde el primero al último hay dos años y medio. Cada uno de esos desembolsos se repaga entre cuatro años y medio y diez, por ende nuestro país y siempre y cuando cumpla con las metas acordadas con esa institución, el último pago sería en septiembre de 2034.

¿Cuál es la razón por la que el  FMI va a co-gobernar nuestro país como lo viene haciendo desde que desembarcó en junio de 2018? Ninguna válida. La deuda y la fuga de capitales están demostradas en el Informe del BCRA denominado “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019” publicado el 20 de mayo de 2020 y que está encabezado por  la parte correspondiente del discurso presidencial de inauguración de las sesiones ordinarias de ese año.

“Todos hemos visto impávidos cómo los dólares que deberían haber financiado el desarrollo productivo acabaron fugándose del sistema financiero, llevándose los recursos y dejándonos la carga de la deuda. Esas prácticas son absolutamente reñidas con cualquier idea de progreso. Es la especulación más dañina que puede enfrentar una sociedad: endeudarse solo para el beneficio de los especuladores y del prestamista. Debemos saber lo que pasó, quiénes permitieron que ello suceda y quiénes se beneficiaron con esas prácticas. Necesitamos no hacernos los distraídos ante lo ocurrido, porque el riesgo que acarrea tal distracción es la concreción de un daño inmenso que deberían soportar varias generaciones de argentinos. Nunca más a un endeudamiento insostenible. Nunca más a decisiones que se toman con ínfulas tecnocráticas de la noche a la mañana, y de espaldas al pueblo. Nunca más a la puerta giratoria de dólares que ingresan por el endeudamiento y se fugan dejando tierra arrasada a su paso.”

Fue este medio el que dio a conocer las primeras 100 empresas que fugaron 24.679 millones de dólares y, otro listado con las 100 primeras personas que hicieron lo mismo. Listados que ya de por sí son semi plena prueba y que debería hacer actuar de hecho a la AFIP, a la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Pública y a la Justicia, dado que ninguna de esas empresas y personas presentaron en sus balances ganancias ni por la mitad del dinero con el que compraron dólares. Incluso hay incumplimiento de los bancos que les vendieron esos dólares violando la Ley 25.246 de “Encubrimiento y Lavado de Activos” del año 2000, que exige la procedencia de los fondos.

Nos decimos las mismas palabras del Presidente Alberto Fernández que encabeza el Informe de marras.

 

 

 

 

 

[1] Paradójicamente esas tierras eran de los Mapuches y, se convirtió en propiedad privada tras la campaña militar denominada "Conquista del Desierto" (1879). A su vez cuando la compró Joseph Lewis en el año 1996, lo hizo por testaferros porque la Ley 12.913 creó en todo el territorio argentino zonas de seguridad destinadas a reforzar las previsiones territoriales que corresponden a espacios geográficos que presentan un valor estratégico para la defensa de la integridad territorial de la Nación. La norma establece que ningún extranjero puede tener propiedades en zonas de frontera, excepto que esté casado con una argentina, tenga hijos argentinos y viva permanentemente en el lugar con un proyecto a desarrollar aquí, que obviamente, como lo demostró el Dr. Alejandro Olmos Gaona en la presentación que hizo ante la Justicia, no es el caso de la Sociedad HIDDEN LAKE S.A., cuyo principal accionista es Joseph Lewis.

[2] Fuentes: “Ese Ajeno Sur” (Ramón Minieri);  “La Patagonia Vendida” (Gonzalo Sánchez); Federico Soria “Joseph Lewis y su testaferro, Nicolás Van Dittmar, usurpadores del lago escondido”

 

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