Con tiempo para perseguir

 

El procurador interino Eduardo Casal tuvo una semana de actividad pendular. Un día le dijo a la Bicameral de Control y Seguimiento del Ministerio Público que no podría enviarle información porque la Procuración estaba trabajando a media máquina por la pandemia. Al otro, esperó hasta las nueve de la noche para llamar a la fiscal Gabriela Boquin a su casa. Quería comunicarle que había motorizado un sumario contra ella – que había surgido en 2018, tras la salida de Alejandra Gils Carbó y cuando ya la fiscal era el blanco favorito del gobierno de Mauricio Macri por haberse opuesto a la condonación de la deuda del Correo Argentino. El asedio a Boquin se sumará mañana a la agenda de la Comisión Bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público, que tiene previsto reunirse para analizar la conducta de Casal.

A través de la resolución MP 178, Casal encomendó la instrucción de la investigación contra Boquin al fiscal Fabián Céliz, que integra su círculo de confianza. Céliz estuvo a préstamo en la Fiscalía General de la Ciudad mientras estaba al mando de Luis Cevasco. De hecho, cuando Casal asumió tras la renuncia forzada de Gils Carbó, se apuró a firmar un convenio con la Fiscalía General de la Ciudad. En el acuerdo, quedaban a cargo de la aplicación dos de los Juanes de la Procuración General, Juan Manuel Casanovas y Juan Manuel Olima. Del lado de la Ciudad, la contraparte era Céliz, que ocupaba el cargo de secretario general de Política Criminal.

Para principios de 2018, la Secretaría Disciplinaria de la Procuración General —a cargo de Casanovas— juntó una denuncia por supuestos malos tratos de una empleada de la fiscalía con un pedido de otra empleada de no volver a trabajar a la oficina a cargo de Boquín. Esta trabajadora además era la pareja de un juez que estaba concursando para la Sala B de la Cámara Comercial, casualmente donde tramita el caso Correo Argentino SA.

Un día después de las PASO del año pasado se presentó a declarar un empleado de la fiscalía que estaba buscando ser trasladado a Mar del Plata por cuestiones familiares. Este abogado había iniciado los trámites a principio de ese año, pero sin éxito. Lo había hecho con apoyo de Boquín, con quien tenía una relación bastante cercana. Un día fue a la sede de la Procuración y le hicieron saber que la única forma de destrabar el traslado era si denunciaba a la fiscal. Así lo hizo el 12 de agosto y el pase se oficializó exactamente un mes después. Desde el gremio dicen que quien le manifestó a este empleado que iba a tener el apoyo de la Procuración fue Juan Manuel Ugarte, a cargo de la secretaría Administrativa y de Recursos Humanos – o el tercer Juan del anillo que rodea a Casal.

El delegado de la Unión de Empleados de la Justicia (UEJN) de la fiscalía de Boquin le dijo a El Cohete que el inicio del sumario se trataba de un intento de la Procuración por socavar a la fiscal que más incomodó a Macri. “Mi perspectiva es la de los empleados. Siempre ha habido un trato más que correcto y humano en la fiscalía”, dijo Agustín Hartridge.  “La pandemia sacó las mejores cosas de todos nosotros. Los más jóvenes organizaron redes para comunicarse. Entre todos nos comunicamos. Hay un buen ambiente de trabajo. Estamos aislados para no exponernos, como siempre se priorizó la salud en la fiscalía. No se puede decir otra cosa”, agregó.

El 16 de julio, la Bicameral del Ministerio Público, que preside el senador Martín Doñate (Frente de Todos – Río Negro) le requirió información a Casal sobre distintos temas. Querían saber sobre la ejecución presupuestaria de la Procuración y sobre los expedientes disciplinarios que había movido o cajoneado desde que ocupó un sillón en el edificio de la calle Perón. Le daban diez días para responder. Casal tomó doce e informó que no podía contestar porque eso implicaría movilizar a empleados hasta la Procuración para recopilar los datos en plena época de aislamiento. “El plazo de diez días corridos fijado por esa Comisión deviene sumamente exiguo”, dijo, sin precisar cuándo podría remitir la documentación.

Lo curioso es que el aislamiento no le impidió a Casal firmar más de 367 resoluciones desde que se decretó el aislamiento ni hacer designaciones o promover sumarios – como el de Boquin. Entre otras medidas, designó un nuevo fiscal para la Unidad Fiscal AMIA, una de las áreas más sensibles de la Procuración.

“Se equivoca el procurador interino irregular si piensa que va a tomarle el pelo al Congreso, que tiene facultades para controlarlo”, dijo Doñate ante una consulta de El Cohete. “Quiere repetir ante el Congreso el accionar que tuvo con (Carlos) Stornelli ante la Justicia”, agregó.

Stornelli estuvo ocho meses en rebeldía por negar a presentarse ante el juez federal Alejo Ramos Padilla, que terminó procesándolo por ser parte de una trama de espionaje que tenía en un vértice a Marcelo D’Alessio. Casal ayudó a que Stornelli ganara tiempo. Generó dos expedientes: una por no comparecer ante la justicia y el otro por las acusaciones en sí. Mañana la abogada de Pedro Etchebest, Natalia Salvo, será una de las expositoras que escuchará la Bicameral y contará la experiencia con Casal.

Salvo también integra el Colectivo Mujeres del Derecho, que repudió el sumario contra Boquin y lo describió como un acto de violencia de género que puede tener consecuencias para el Estado argentino a nivel internacional. Casal había sido objeto de críticas por dejar en su cargo sin mayores problemas al fiscal Julio César Castro, que fue condenado en noviembre último a seis años y seis meses de cárcel por abuso sexual con acceso carnal. Durante dos años, la fiscal de Mar del Plata Laura Mazzaferri había instruido una investigación y recogido testimonios de siete víctimas con miras a un tribunal de enjuiciamiento dentro de la propia Procuración. Casal se acordó de firmar el pedido de jury un día antes del alegato de la fiscal María Luz Castany cuando Castro ya se encaminaba hacia una condena penal.

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