Con la nuestra
Un Plan Hidráulico a medida de las corporaciones inmobiliarias
El 18 de junio por la mañana, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, junto a la vicejefa Clara Muzzio, anunciaron las obras de una “nueva etapa del Plan Hidráulico” para la Ciudad.
Cabe recordar que mediante un préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (préstamo BIRF 4117-AR), aprobado por la ley 93, se desarrolló el “Plan Director de Ordenamiento Hidráulico y control de las inundaciones de la Ciudad de Buenos Aires”. Las tareas de consultoría fueron realizadas por el consorcio Halcrow–Harza–IATASA–Latinoconsult, desde marzo de 2001 hasta enero de 2006.
El 17 de marzo del 2005 se sancionó la ley 1.660 que autorizó al Poder Ejecutivo a suscribir un convenio de préstamo con el BIRF para la financiación del denominado “Programa de Gestión del Riesgo Hídrico”, consistente en las obras de readecuación de la red de desagües pluviales de la cuenca del Arroyo Maldonado y medidas complementarias.
En estas últimas dos décadas, la crisis y el cambio climático se aceleraron y la sobreconstrucción y cementación se generalizó en toda la ciudad. Por estos motivos, resultaba urgente realizar un nuevo diagnóstico del estado de situación de la ciudad frente a uno de los riesgos naturales más importantes que debe gestionar, las inundaciones, a fin de elaborar un nuevo plan integral.
¿Algo nuevo para esta etapa?
La nueva etapa del Plan Hidráulico anunciada no cuenta con planes de contingencia. Ni un solo comentario durante la conferencia de prensa. ¿Volverán a aconsejarnos durante una lluvia intensa manejar despacio, sacar las macetas de los balcones y barrer la vereda hacia adentro de casa para no tapar los sumideros?.
Tampoco una sola palabra con relación a democratizar los sistemas de alerta para que estemos preparados frente a un evento extraordinario.
El jefe de gobierno anunció obras en las distintas cuencas de la ciudad, entre ellas las del Medrano, Cildañez y Maldonado.
- Cuenca del arroyo Medrano: un conducto de 1,5 km.
- Ampliación del Reservorio en Parque Sarmiento.
- Ramales Martí 2 y Zuviría: trabajos de desagüe de las subcuencas del arroyo Cildañez.
- Ramales Larralde y Ciudad de la Paz: trabajos de desagüe en las subcuencas del arroyo Medrano.
- Ramal Costa Rica: trabajos de desagüe en la subcuenca del arroyo Maldonado de 1 km.
- Colector Bajo Costanera y el borde costero.
Ninguna de estas obras son novedosas. Hay algunas anunciadas hace mucho tiempo pero demoradas, como las de ampliación de los reservorios del Parque Sarmiento, que hace una década los vecinos de Saavedra vienen reclamando y que son claves para mitigar las inundaciones en la cuenca del Medrano.
Esta gestión está adoptando la conocida estrategia de reanunciar políticas u obras cambiándoles el nombre. ¿Recuerdan cuando Rodríguez Larreta cambió el nombre del Plan del Distrito Joven por el de BA Costa para enfatizar los espacios verdes que quedaron luego de las privatizaciones de la costanera? Hace poco, Jorge Macri anunció la “Red de Atención”, que son las mismas políticas de atención de personas en situación de calle, declaradas inconstitucionales por la Justicia, pero con otro nombre.
Cabe destacar que esta nueva etapa de ejecución del Plan Hidráulico no ha contado con ninguna instancia de participación ciudadana previa.
No hay atisbos de que vaya a rediscutirse o actualizarse el Plan Hidráulico, que fue pensado para otra ciudad y en otro contexto climático. En el marco de la actual crisis climática debería ser una de las principales prioridades del gobierno elaborar con seriedad, rigor científico e instancias de participación ciudadana un nuevo plan.
Una obra cloacal infiltrada
Entre los anuncios de obras pluviales, se anunció una obra gigantesca de cloaca: la cuestionada construcción del Colector del Bajo Costanera, que nada tiene que ver con la mitigación de inundaciones. Estamos hablando de una obra faraónica de 17 kilómetros de extensión. Un mega colector cloacal que recorre la costanera desde la Av. General Paz hasta el Riachuelo.
Esta obra tampoco es una novedad. El 15 de diciembre de 2020, el GCBA y AySA firmaron un convenio para distribuir obligaciones con relación a la consultoría para el desarrollo de la ingeniería del Colector Cloacal Bajo Costanera. En los antecedentes del convenio se detalla: “La Ciudad de Buenos Aires se encuentra planificando el desarrollo de proyectos urbanísticos en la zona costanera del Río de la Plata. Que la infraestructura del sistema de desagües cloacales a cargo de AySA resulta insuficiente para recolectar y evacuar los efluentes de los nuevos desarrollos urbanos planificados en dicha zona costanera”.
En este convenio, el GCBA asume los costos de la consultoría porque los tiempos previstos en el “Plan Quinquenal” de AySA que contemplaba esta obra “no son compatibles con los objetivos y compromisos del GCBA en cuanto al desarrollo de las zonas antes mencionadas”.
En la ciudad de Buenos Aires, donde 400.000 personas no acceden al agua potable y al saneamiento cloacal, donde el GCBA no cumple con la sentencia que le obliga a garantizar agua potable en las villas, por la cual acaba de ser multado, cabe preguntarse: ¿Cuáles son los compromisos a los que se refiere el convenio? ¿Cuáles son esos nuevos desarrollos urbanos planificados en el contorno ribereño? ¿Por qué la celeridad inusitada?
Para dar respuesta a estas preguntas tenemos que analizar el desarrollo urbano de la ciudad en los últimos años y, principalmente, enfocarnos en las zonas próximas a la costanera.
Desde hace 16 años, comenzó la ejecución de la planificación informal para consolidar una ciudad ribereña dentro de la ciudad. Este sector alcanzaría el entorno que está siendo apropiado por las corporaciones inmobiliarias-financieras para impulsar la expansión del modelo de urbanización de Puerto Madero hacia el norte y el sur de la ciudad.
No es casual que mientras se desarrollaba la audiencia pública histórica –por su duración y cantidad de participantes– que tenía por objeto la entrega definitiva de parte de Costa Salguero para emprendimientos inmobiliarios, se firmó este convenio entre el GCBA y AySA.
El GCBA tiene muy presente que, con vistas a su soñada ciudad ribereña destinada al sector de la población de mayores ingresos, la actual infraestructura cloacal resulta insuficiente para recolectar y evacuar los efluentes cloacales de los nuevos grandes emprendimientos inmobiliarios planificados en la zona costanera. A partir de esta necesidad, decidió avanzar con la obra del Colector transfiriendo al conjunto de la ciudadanía porteña todos los costos del proyecto y de la ejecución de la obra (160 millones de dólares).
¿Cuáles son los nuevos megaproyectos inmobiliarios que necesitan esta infraestructura?
En el documento de los términos de referencia para la consultoría de “Elaboración de la Ingeniería del Colector Bajo Costanera”, el propio GCBA los enumera: Cavia, Costa Salguero, Punta Carrasco, Areneras, Frente Retiro entre Callao y Ramos Mejía, Antepuerto y Distrito Puerto, Dársena Norte, Catalinas II, Catalinas Sur, Dique Cero, Puerto Sur (Isla Demarchi) y Solares de Santa María.
El GCBA defiende la prioridad de la construcción de este Colector con la excusa de que debe abastecer de infraestructura al Barrio Carlos Mugica (ex Villa 31-31bis). Pero este documento revela que sus intereses genuinos están abocados a brindar infraestructura a estos 13 mega emprendimientos y tantos otros que surgieron luego de la firma del convenio, la mayoría en tierras públicas privatizadas o en curso de pasar a manos privadas.
Por ejemplo, con relación a la factibilidad para el edificio que construye Mindlin entre calle Sucre, Av. Figueroa, La Pampa y Castañeda, AySA respondió que: “Al respecto cumplimos en informarles que dada la envergadura y el emplazamiento de los desarrollos urbanísticos proyectados por Uds., el otorgamiento del certificado requerido está condicionado a la realización de obras básicas en el sistema de desagües cloacales a cargo de AySA. Dichas obras comprenden la finalización y puesta en marcha del Sistema Riachuelo. Cabe mencionar que, además, dado el crecimiento de la demanda de los últimos años y las condiciones de servicio necesarias para evacuar los líquidos cloacales en la zona donde se ubican estos proyectos, cualquier pedido de factibilidad está condicionado a la ejecución de la obra denominada ‘Aliviador Bajo Costanero’”.
La misma respuesta dio AySA cuando el emprendimiento Quartier Bajo Belgrano (Av. Monroe 1328/78, Blanco Encalada 1329/91, Miñones 2454/60) solicitó la factibilidad de infraestructura cloacal. Es decir, sin el Colector Bajo Costanera no se podrían habilitar estos complejos inmobiliarios ya construidos o en construcción.
El negocio del cemento, el desarrollo urbano entendido como el aumento del valor del suelo y la sobreexplotación inmobiliaria rentística de predios públicos explican esta irracionalidad urbanística que soslaya la crisis habitacional, ambiental y económica de la ciudad.
¿O creerán, llevando la teoría del derrame a límites exorbitantes, que podrán persuadir a la población de que la solución a estas crisis es focalizar la inversión pública, la planificación y la normativa urbanística hacia la construcción de estos emprendimientos inmobiliarios suntuosos accesibles para apenas el 5% de la población?
Desvío de fondos
El 10 de noviembre de 2016 el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el GCBA firmaron el Convenio de Préstamo BIRF 8628-AR por un monto de hasta 200 millones de dólares para el financiamiento del “Proyecto de Apoyo a la Gestión del Riesgo de Inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires”, aprobado por Resolución 2541/MHGC/16 y ley 4352.
Este proyecto tuvo como objetivo originario fortalecer la capacidad de la ciudad para gestionar de manera eficiente los riesgos de inundaciones y mejorar los sistemas de drenaje de las cuencas de los arroyos Cildañez, Maldonado y Vega. Sin duda, una política más eficiente y sustentable para gestionar el riesgo de inundaciones sería recuperar la totalidad del borde costero en vez de llenarlo de torres y suelo cementado.
El GCBA decidió utilizar parte de este financiamiento para costear la consultoría de elaboración del proyecto licitatorio de la mega obra cloacal “Colector Bajo Costanera”, que nada tiene que ver con el destino de este préstamo, que era la gestión del riesgo de inundaciones. La licitación de esta consultoría se encuentra en marcha. Otra licitación pública para la elaboración del informe de impacto ambiental y social del colector fue adjudicada a la empresa Serman y Asociados S.A.
Las inversiones para las obras anunciadas para este “nuevo Plan Hidráulico” ascienden a 312 millones de dólares.
¿Cuál es la justicia y la prioridad constitucional para que con el esfuerzo presupuestario de la ciudadanía porteña se ejecuten obras faraónicas para los emprendimientos suntuosos de la costanera, donde además van a volcar sus aguas cloacales, prácticamente sin tratamiento, en el Río de la Plata?
Mientras tanto, las obras de agua y cloaca que el GCBA venía ejecutando en la Villa 21-24 continúan paralizadas.
Llueve más en Buenos Aires
El análisis de las series históricas de precipitación en la ciudad de Buenos Aires correspondiente al período 1991-2023 evidencia que los actuales eventos de lluvia son más intensos. Por lo tanto, el desafío es gestionar este nuevo régimen de lluvias.
El jefe de gobierno montó una escenografía para realizar los anuncios de la nueva “Etapa del Plan Hidráulico” con grandes tuneleras de fondo. Los mega conductos pluviales que se ejecutan utilizando ese tipo de tuneleras son adecuados para lluvias de moderada intensidad y con una distribución real uniforme, pero resultan ineficientes para lluvias intensas y focalizadas. Gestionar las aguas de lluvia construyendo túneles cada vez más grandes, fuera de escala humana, responde a un paradigma superado para el actual entramado urbano y el nuevo régimen de precipitación.
Lo eficiente, como sucede en otras ciudades del mundo, es gestionar el agua de lluvia donde cae, reteniéndola y potenciando los procesos de infiltración. Los nuevos paradigmas basados en soluciones aportadas por la naturaleza, denominados por sus siglas SUDS (Soluciones Urbanas de Drenaje Sostenible), se caracterizan por retener las aguas de lluvia donde caen utilizando diferentes dispositivos distribuidos en el territorio urbano que permiten además preservar el paisaje, recuperar los ecosistemas urbanos y mejorar la calidad de las aguas de lluvia a través de su filtrado utilizando vegetación. La mejora del arbolado y de la capacidad de infiltración de las superficies verdes; la generación de sistemas de retención de agua de lluvia en zonas deprimidas de los espacios públicos; la realización de una quita del ABL a quienes instalen sistemas domiciliarios de retención de aguas de lluvias; terrazas verdes; pavimentos permeables; reservorios temporales en parques y plazas que se ocupan con agua de lluvia generando un paisaje acuático y luego se vacían cuando la lluvia finaliza; son algunos ejemplos. Estas soluciones, no sólo son más eficientes, sino que son muchísimo más baratas y emplean mucha más mano de obra.
La espectacularidad de los anuncios no sólo incluyó escenografía, sino reiteradas alusiones a la necesidad de gestionar el riesgo de inundaciones en el marco de la crisis climática. Sin embargo, cuando analizamos la ejecución presupuestaria correspondiente al primer trimestre del año nos llevamos algunas sorpresas:
- Del Programa de Gestión de Riesgo Hídrico solo se ejecutó el 0,27% del presupuesto asignado.
- Del ítem que corresponde a Desarrollo de la Infraestructura de la Red Pluvial, lo ejecutado es directamente cero.
- Respecto al Mantenimiento de la Red Pluvial, durante el primer trimestre y mientras la ciudad se inundaba reiteradas veces sólo se ejecutó el 6,4%.
Y si bien los anuncios constituyen un avance al negacionismo climático del “No Se Inunda Más” porque vuelve a poner en agenda la problemática de las inundaciones en la ciudad, hay poco para festejar de este “Nuevo Plan Hidráulico” sin plan de contingencia, sin sistemas de alerta temprana democratizados, con mega obras de infraestructura obsoletas, con obras faraónicas cloacales para garantizarles el negocio a las grandes corporaciones inmobiliarias y que en nada aportan a la gestión del riesgo de inundaciones, y sin ninguna instancia de participación ciudadana.
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