Con la democracia a los porrazos

 

El dato conocido es un nombre: Fabián Uriel Fernández Garello, fiscal general del Departamento Judicial de Mar del Plata. Desde hace dos años, la Comisión Provincial de la Memoria intenta someterlo a un juicio penal por crímenes de lesa humanidad. En 1981 era oficial de inteligencia, subinspector de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (Dipba). Los documentos desclasificados lo muestran en acciones de espionaje político, gremial y como parte de una comisión especial integrada entre Policía y Ejército. Con la apertura democrática, dejó formalmente la policía pero entre 1991-1994 era la persona a cargo de la caja de los uniformados, en plena era de la Maldita Policía de Eduardo Duhalde: fue Director General de la Secretaria de Seguridad del entonces secretario de seguridad Eduardo Pettigiani, hoy presidente de la Corte Suprema bonaerense.

El dato menos conocido es su actual situación ante la Justicia: después de idas y vueltas, la jueza Alicia Vence de San Martín le tomó indagatoria durante más de cuatro horas como imputado por tres secuestros de 1981. Fernández Garello no negó lo que hizo, ni su pasado como espía. Pero dijo que todo eso estaba amparado por las leyes vigentes que le permitían disponer de un detenido sin reportarlo. El dato nada conocido es un documento de la causa: una Orden Especial N°1/1981, secreta, firmada por el jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de enero de 1981, que permite entender el secuestro de los tres militantes en el esquema en vigencia de la lucha contra la subversión. Y permite probar por primera vez para las causas de la provincia el aparato de la Bonaerense.

El documento apareció en Mercedes hace dos años, pero recién ahora acaba de ser articulado con los operativos de la causa. Es un documento que ni los investigadores  más entrenados de la comisión bonaerense por la memoria habían visto antes. De las Fuerzas Armadas se conocen reglamentos y la organización territorial, pero es la primera vez que aparece un documento así de la Policía. De hecho, hay una explicación: el texto ordena incinerar a la Orden en vigencia hasta ese momento. Para el caso Fernández Garello, lo que importa es que reseña la continuidad de la lucha contra la subversión, pone palabras a la relación orgánica entre Policía y Ejército. Y habla específicamente de las "prevenciones sumarias", un mecanismo usado por el fiscal en su defensa, pero que visto afuera de aquel contexto puede hacer pasar por legal un procedimiento represivo.

 

 

 

 

El documento de 1981 surge cuando ya había comenzado a circular el informe prohibido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Se escuchaba Alicia en el País. Y la CGT Brasil estaba por convocar a la manifestación por Paz, Pan y Trabajo. El general Ramón Camps ya no estaba en la Jefatura de la Policía bonaerense, por lo que la Orden Especial lleva la firma de su sucesor: el general Oscar Enrique Guerrero. En línea con el clima de época, tiene tramos reveladores y escalofriantes sobre el accionar en las organizaciones gremiales a la hora de crisis económica. "La acción militar directa, llevada a cabo por las Fuerzas Armadas ha conducido prácticamente al aniquilamiento de la expresión armada de las BDT (bandas de delincuentes terroristas). Lo expresado ha motivado que la acción subversiva haya orientado sus esfuerzos a desprestigiar al Proceso de Reorganización en el exterior. Se prevé un incremento de las actividades político ideológicas subversivas, mediante la AS (acción subversiva) de infiltración en los distintos ámbitos del quehacer nacional. En especial, en el gremial, como consecuencia de las cesantías que se producen en establecimientos industriales, en particular textiles y metalúrgicas, y la quiebra de algunas instituciones financieras".

Pero también muestra cómo debe moverse la estructura. Entender esa estructura permite no sólo situar a Fernández Garello y la articulación de las delegaciones Dipba con el Ejército. Permite sobre todo entender lo que en el fondo también están buscando los acusadores: reconstruir de una vez el aparato de la Bonaerense.

 

La estructura

En la punta de la pirámide estaba la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. De la Jefatura dependían tres áreas específicas dedicadas a la represión:

• Dirección General de Seguridad: de ella dependían Unidades Regionales. Cada Unidad Regional tenía bajo su jurisdicción comisarías, subcomisarías y destacamentos. El jefe de cada Unidad comandaba todas las comisarías de su distrito.
• Dirección General de Inteligencia: de ella dependían Delegaciones Dipba distribuidas en los mismos distritos que las Unidades Regionales. Cada Delegación Dipba se encargaba de lo que técnicamente llamaban "reunión de información", con objetivos llamados "factores": factor extremista, factor religioso, gremial, etcétera. Lo que mostraron los documentos de los militantes del PC, es que esa reunión de información no era pasiva: los espías no sólo leían diarios, sino que la inteligencia era también operativa. Hubo seguimientos e infiltraciones en organizaciones políticas, gremiales y de derechos humanos. En ese esquema, la Orden Especial N°1/81 aporta un nuevo dato: las delegaciones Dipba también mantenían un vínculo orgánico con la Inteligencia del Ejército de cada jurisdicción: Dipba San Martín y Dipba Tigre, por ejemplo, dependían del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo. Fernández Garello estaba en la Dipba de San Martín, parte de este gran engranaje.
• Dirección General de Investigaciones: de ella dependían las Brigadas de Investigaciones, es decir, las patotas operativas encargadas, lisa y llanamente, de romper las puertas a patadas. Inteligencia buscaba los datos, y ellos rompían las puertas aunque —como en otros casos— es posible que los integrantes de uno y otro espacio hayan alternado funciones.

 

1981

La Orden Especial 1 dice que la Policía seguía bajo el control operacional de las Fuerzas Armadas. Y establece cómo se ponía en práctica esa subordinación. La Policía debía establecer sus blancos en reuniones previas con el Ejército. Luego de determinar los blancos, se hacían los procedimientos: atacaban, detenían y trasladaban a los detenidos a un Centro Clandestino de Detención CCD, generalmente ubicado en las Brigadas de Investigaciones. Y a diferencia de lo que había sucedido masivamente hasta 1981, la Orden también parece ordenar una modificación de la mecánica represiva: luego del paso por los CCD o en sus palabras, lugares de reunión, debían poner a los detenidos a disposición de la Justicia.

El dato surge de una referencia a la Ley 21.640, que autorizaba la actuación de la Policía en la detención de personas para sumarios preventivos. Lo que ahora se sabe, es que vía esa Ley, derogada luego por Raúl Alfonsín, los jueces blanquearon detenciones ilegales con actuaciones que se abrían por violación a la Ley 20.840 de persecución a la subversión. Los jueces tomaron declaraciones: enviaban a cárcel a quien consideraban culpable,  y liberaban a quien no. Estas actuaciones fueron reprochadas tempranamente por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como simulacro de justicia porque legalizaban el accionar anterior e interrogaban a personas que para salvarse debían autoincriminarse.

A la luz de esta reglamentación, todo lo que pasó entre el 23 y 24 de julio de 1981 se mira de una manera distinta. Y la causa tiene dos tipos de documentos que muestran que esto es así: el expediente judicial por Ley 21.640 donde todo parece legal y los documentos Dipba que muestran todo lo contrario.

Según el expediente, la Dipba San Martín y la Brigada de Investigaciones de Caseros entregaron tres detenidos al juez de la causa. Dijeron que la gente tenía panfletos partidarios y militaban en el Partido Comunista. El juez tomó indagatoria, entendió que no había mérito y los liberó. Punto. Todo parece legal: hay una supuesta prevención en flagrancia, una ley constitucional 20.840, un grupo de policías que detienen legalmente y ponen a disposición del juez.

¿Que dicen los documentos Dipba? Que, en realidad, se está cumpliendo con la Orden Especial. Estos son los pasos:

1. Reunión Previa con el Ejército: el 22 de julio de 1981 tuvo lugar una reunión en la Unidad Regional III de San Martín convocada por Jefe del Destacamento de Inteligencia 201 de Campo de Mayo, Teniente Coronel Jorge Norberto Apa, condenado dos veces por crímenes de lesa humanidad. De la reunión participó el segundo jefe de la Unidad Regional III, oficial principal Hugo Carlos Ramón Tresguerras, y el titular de la Delegación Dipba San Martín, comisario Edgardo Walter Buzzi.

2. A pedido de Apa, se conformó una “comisión conjunta” con personal idóneo integrada por: la Delegación Dipba San Martín, la Brigada de Investigaciones de Caseros y personal del Ejército Argentino del 201 de Campo de Mayo. Apa había pedido personal idóneo de la Dipba y de la Brigada para llevar a cabo una serie de operativos contra militantes del Partido Comunista.

3. En la comisión conjunta están los imputados de esta causa: por el Ejército, Teniente Coronel Apa. Por la Dipba, los oficiales subinspectores Fernández Garello y Daniel Eduardo Ríos, el oficial principal Tresguerras y José Manuel Alfonso del Valle. Por la Brigada, Daniel Cammarota. Esa estructura es importante porque los imputados que están declarando en estos días están diciendo dos cosas: o echan culpa sobre los muertos o dicen que no había integrantes del Ejército: elemento con el que creen trasformar el caso en un delito común.

4. El operativo comenzó el 23 de julio cuando una comisión idónea antisubversiva se presentó a la casa de la primera víctima: Jorge Oscar Bulacios, una persona que no tenía un brazo y hoy vive en condiciones de absoluta precariedad. Ese día no estaba en la casa. Lo esperaron. Cuando llegó lo interrogaron, lo golpearon y le preguntaron por el organigrama del PC. Uno de los hombres de inteligencia presentes en el interrogatorio era Fernández Garello. Amenazaron a Bulacios con pasarle la rueda del auto arriba de la cabeza. Secuestraron material de propaganda política. Y lo llevaron a marcar a compañeros. Sucesivamente secuestraron a Ernesto Ramón Duarte y José Rolando Seitor. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Caseros, hoy identificada como centro clandestino de detención. También allanaron la casa de Luis Plácido Centurión.

5. Dos días más tarde, los procedimientos clandestinos y la situación legal de las víctimas fue blanqueada con el comienzo de un proceso por infracción de las leyes 20.840 y 21.323, que prohibía la actividad política. Declararon luego de varios días de detención clandestina. Negaron los cargos. Y le dijeron al juez de la causa que todo lo que fue plasmado en las actas policiales era una farsa, ya que habían sido obligados a firmar sus confesiones.

La causa comenzó en San Isidro. Con esos elementos, la jueza Sandra Arroyo Salgado imputó a los acusados y ordenó allanamientos para conseguir los legajos. Cuando se disponía a pedir las indagatorias, los fiscales le pidieron la incompetencia. La causa pasó a su colega Alicia Vence que dijo que no había delitos porque el sumario preventivo hacía suponer que las patotas pudieron haber actuado de manera legal. La Cámara Federal le devolvió la causa y la obligó a seguir adelante. En ese contexto, Vence llamó a indagatoria a todos los imputados que vienen declarando desde hace diez días.

Fernández Garello declaró la semana pasada durante cuatro horas. No dejó el edificio hasta que se fue la última persona que se movilizaba en la puerta. Vence no entregó copias de la declaración ni a los fiscales ni a los querellantes, un dato completamente irregular. Fernández Garello admitió su presencia en el operativo. Dijo recordar perfectamente hasta un acta que aparentemente escribió. Asumió todo. Pero dijo que todo lo  hizo como un preventor provincial. Que estaba amparado por las leyes y podía detener a la gente y no avisarle al juez durante muchísimas horas.

Pero esto no fue una practica policial habitual, estuvo en el marco del plan sistemático de exterminio contra oponentes políticos. Esa es la diferencia. No fue un robo con armas. Las leyes no lo amparaban a interrogar, ni a torturar, ni a llevar a las personas a marcar a otras de un lado a otro. No fue legal porque en realidad todavía hay que pensar que la dictadura generó sus propias formas de legalidad con órdenes secretas y leyes especiales: todo sucedió como parte de una práctica sistematizada desarrollada desde 1976.

Fernández Garello hoy maneja varias jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires. Entró al poder judicial bonaerense en 1998, primero como juez de garantías y luego como fiscal general. Antes fue concejal en la Ciudad de Mar del Plata, cargo que asumió luego de acompañar en la campaña a Pettigiani que se presentaba como candidato a Intendente y perdió. Como concejal es recordado porque no acepó el pedido de los organismos de derechos humanos que buscaban declarar persona no grata a Alfredo Astiz, en los años de impunidad cuando se lo veía en la playa. Durante el intento de jury en la Provincia de Buenos Aires, la CPM destacó que Fernández Garello nunca había blanqueado ese antecedente de dictadura para su ascenso en la carrera judicial. Fernández Garello ganó esa instancia. Sobre ese punto dijo que una Ley de la Side del año 1972 lo obligaba a mantener el secreto. La Comisión dice que la Dipba no tenía nada que ver con la estructura de la SIDE, y presentó un recurso pendiente ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia donde está Pettigiani, quien otrora fue socio y antes todavía militante de Tacuara. En agosto de 2016, se quejó de las protestas en Mar del Plata por la presencia de Mauricio Macri. “Fue un hecho muy grave”, dijo. “Manifiestan dosis de intolerancia política que, a esta altura de nuestra democracia fortalecida a los porrazos, no deberíamos tener".

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí