Con la Corte afuera

 

A fines de 2016, Jorge Rizzo recibió un llamado de la Corte. Le dijeron que estaban preocupados. Tenían la causa del Consejo de la Magistratura con un fallo judicial que pedía la derogación de la reforma de 2006. La Corte le dijo que un fallo podría generar mucha tensión y que era importante que la política se hiciera cargo de la discusión de una nueva ley. Las asociaciones de jueces pretendían un proyecto con la Corte adentro del Consejo de la Magistratura, pero la Corte no lo quería. El episodio dio lugar a un proyecto de ley consensuado por oficialismo y oposición que finalmente no prosperó. Daniel Angelici transmitió a sus impulsores que el gobierno bajaba el proyecto porque las cosas estaban bien como estaban: no servía para manejar el Consejo. Hoy, aquel proyecto es la base de la propuesta que presentó el gobierno de Alberto Fernández en el Congreso, elegido porque era el único que no incluía a la figura del Presidente de la Corte.

 

 

 

 

Rizzo es abogado, ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y referente de la Asociación Gente de Derecho. En diálogo con El Cohete, habla del contacto con el gobierno, del freno de un operador del macrismo a quien él no identifica y reconstruye las insólitas escenas de la vieja discusión con la Corte que no quería lo que ahora quiere, cuando lo que cambió es el gobierno que esta semana insistió con el rediseño del máximo tribunal. Alberto Fernández lo mencionó en el cierre del Consejo Económico y Social. Un día después, el jueves, se reunió con el ministro Martín Soria, que recibió indicaciones para trabajar en el proyecto de la Corte. El análisis incluye mecanismos para limitar los plazos de revisión de expedientes con los que los jueces juegan en la política.

–El gobierno dice que el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura que está impulsando está basado en el suyo. Usted reconoció esa filiación en un artículo. ¿Cómo fue?

–Alguien del gobierno me llamó por teléfono y me dijo: “Jorge, ¿tenés a mano el proyecto que hicieron ustedes? Porque está bastante bien”. Se los mandé y en base a ese proyecto bajaron uno desde el Poder Ejecutivo con algunas modificaciones –como el sistema D'Hont (para la selección de abogados de la matrícula) y la incorporación de un integrante más, académico–, pero 90% del texto es el que hicimos nosotros.

—Entre otros aspectos, sé que tomaron el proyecto de ustedes porque era el único que no incluía a la Corte en la presidencia del Consejo.

–Yo te cuento la historia. En ese momento gobernaba Mauricio Macri, ubicate en tiempo y espacio. Nosotros teníamos un viejo proyecto de la época en la que discutimos la democratización (de la Justicia). Trabajamos aquel viejo proyecto. Y le tocamos algunas cosas porque había que satisfacer a varios estamentos: había que satisfacer al gobierno de entonces, había que satisfacer a la oposición, había que satisfacer a los jueces y en aquella inteligencia, los jueces querían que el presidente de la Corte formase parte del Consejo. Pero desde la propia Corte nos dijeron que no, que no querían estar, pero no estaba (Horacio) Rosatti en ese momento.

 

 

 

 

–¿Por qué, temporalmente qué pasaba?

–Es lo que conté en la nota. Me llaman de la propia Corte y me dicen que sacar el fallo era imprudente, que iba a generar mucha tensión, que lo ideal era que la política llegue a acuerdos mínimos, que consensúe una norma con un proyecto de ley, por eso yo ofrezco mi proyecto. En realidad, el proyecto del Colegio Público de Abogados. En base a eso, se hicieron correcciones y se presentó en la Cámara de Diputados.

–Por lo que dijo estos días, buscaron consensos de oficialismo y oposición. Hablaron con Germán Garavano, Pablo Tonelli.

–Lo hablé con varios muchachos y asesores, también de la entonces oposición, el peronismo. El proyecto estaba en sintonía con lo que querían ellos, seguramente porque respetaba aspectos como la representación parlamentaria de las minorías y solucionaba temas como lo que había pasado con Tonelli (NdR: el diputado y consejero del PRO asumió en febrero de 2016 en lugar de Anabel Fernández Sagasti, con mandato hasta 2018), ponía distrito único (para la elección de abogados) y estaba bastante dentro de la línea, al punto de que hoy el gobierno lo levanta como propio.

–¿Qué pasó en ese momento?

—Lo presentamos en el Congreso, nos tocó exponer ante el Plenario de Comisiones en una reunión en la que hubo como 200 personas y luego un operador macrista me dice que la ley no va a salir porque no le servía este dibujo.

–¿Lo frenó él? ¿Qué significaba eso?

–Es el que lo informó. No le servía el dibujo para manejar el Consejo. Pero ya estaba todo. Alguien tenía que presentar un proyecto en ese momento, alguien tenía que consensuar, alguien tenía que hablar con los K para que lo consensuaran. Bueno, las apetencias políticas finalmente hicieron que eso no salga.

– El gobierno dice que es la política la que ahora tiene que montarse al hombro esta reforma. Dado que el proyecto del Ejecutivo es muy parecido al de ustedes, ¿están dispuestos a acompañarlo?

–Yo te voy a decir claramente una cosa. Tengo un programa de radio. El sábado (11 de diciembre) saqué a Tonelli y le pregunté si no tenía inconveniente para que se apruebe. Lo dijo al aire en mi programa de radio Cooperativa. Dijo que entendía que siendo muy similar, debería aprobarse sin muchos inconvenientes. Lo puse también en la nota que escribí. Y también te digo que si tenemos que ir a defenderlo al Congreso (vamos a leerlo para ver cómo quedó), pero vamos a defenderlo, sea con el Colegio o con la Asociación de Abogados porque nuestro interés es que se consensúe una nueva ley que respete la igualdad estamentaria.

El proyecto se inspiró sobre esa base, pero fue discutido. Hubo reunión en Olivos de Alberto Fernández y Cristina. Estuvo Martín Soria. Lo trabajaron Juan Manuel Olmos y Gerónimo Ustarroz. Buscaron consensos. Consultaron a las tres listas de la Asociación de Magistrados. Introdujeron una cláusula que agrava las mayorías a dos tercios para la destitución de jueces y juezas para evitar la mitad más uno que permitió la salida de Eduardo Freiler. Y el debate no terminó.

 

 

Lo que viene

El gobierno analiza un paquete de reformas. Soria recibió indicaciones esta semana. En Casa Rosada sostienen que eso no significa que vaya a ser presentado de manera inmediata, pero sí que el tema está en movimiento. Uno de los puntos son los mecanismos procedimentales a través de los cuales la Corte maneja los tiempos de un expediente ,como sucedió con el fallo del Consejo de la Magistratura: en estudio desde 2016, con prórroga de dos años a pedido del gobierno de Mauricio Macri en 2018 y ahora votado. “La discusión no pasa por el contenido de los fallos ni por las personas que integran la Corte”, dice uno de los asesores del Presidente en temas de Justicia. “La discusión pasa por la institucionalidad: los tiempos de los fallos y la ausencia de mecanismos ajustados a una política de transparencia que pone a los jueces a discutir una causa con un manejo que lo que muestra es que están haciendo política”. Mismo planteo repitieron en los últimos días Martín Soria y Juan Martín Mena. Pero, ¿esto es parte de una reforma integral? ¿Se habla nuevamente de ampliación de la Corte? Y además, ¿qué herramientas tiene el Ejecutivo para intervenir en esos mecanismos? ¿Son mecanismos legislados por la Corte o puede modificarlos el Congreso? ¿Cómo avanzar con un Congreso que no aprobó Procurador ni Presupuesto?

Raúl Gustavo Ferreyra es uno de los principales constitucionalistas del país. Profesor titular de Derecho Constitucional de la UBA, integró el Consejo Consultivo convocado el año pasado por el gobierno para rediseñar el sistema de Justicia. Propuso ampliar la Corte a 9 miembros en un dictamen con diagnósticos de problemas y remedios. Aquí explica cuáles son las herramientas que tiene el Ejecutivo y el Congreso para intervenir en los procedimientos de la Corte.

–El gobierno sostiene que la Corte juega en política porque maneja discrecionalmente los tiempos de un expediente. Usted abordó el tema en su dictamen.

–Antes, una aclaración. La Corte Suprema de Justicia es un tribunal y un poder; la máxima instancia jurisdiccional de la República y la cabeza de uno de los poderes políticos que la Constitución ha creado para desarrollar el gobierno federal. La creación de un orden jurídico siempre es una decisión política, motivo por el cual su mantenimiento también constituirá una tarea de la misma filiación. Todos los fallos de la Corte, en esa línea, son políticos porque hacen al sostén de la ley fundamental, que es el instrumento de gobierno de una comunidad. Sin embargo, la Constitución federal solamente atribuye competencia objetivada y no discrecional a la Corte para realizar su tarea. Los fallos deben ser cuerpos primordiales del Derecho de la Argentina y son políticos en el sentido apuntado, y siempre con la competencia impuesta indeclinablemente por la Constitución. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia sólo tienen la competencia que les confiere la ley fundamental, reglada en cuanto corresponda por una ley especial.

– ¿Cómo funciona el tema plazos y cuáles son los remedios que usted propuso? ¿Es posible pensar que el Congreso reglamente tiempos y aspectos como la circulación y publicidad de un expediente y la agenda de la Corte?

– Voy por partes. En cuanto al tiempo de las causas en la Corte Suprema de Justicia, la Constitución ordena el mundo estatal para la Argentina. Cada uno de los poderes constituidos tiene un plazo determinado. Esta existencia es una exigencia propia del gobierno republicano, quiero decir: el Presidente, el Congreso y el Ministerio Público tienen plazos. Pero hay una excepción: la extensión del tiempo que la Corte Suprema de Justicia se establece a sí misma para dictar sus sentencias. La inexistencia de plazo en la tarea de los magistrados de la Corte para la elaboración y dictado de las sentencias debe computarse de manera negativa en la resolución de las causas que abarcan derechos y bienes fundamentales de la ciudadanía y también en los asuntos de Estado. Toda sentencia o resolución judicial sin plazo demuestra un ejercicio de la jurisdicción que por su impronta o vocación tardía hace que los objetos del conflicto o del pleito se transformen en irremediables para siempre. Una ley especial sobre la Corte Suprema de Justicia debería establecer el plazo para el dictado de las sentencias en todas sus competencias, excepto la competencia originaria, que solamente puede ser regulada por la propia ley fundamental.

–¿La agenda?

–La Corte carece de “una agenda de causas” que sea notificada a toda la comunidad. Mi sugerencia consiste en la discusión en el Congreso y su efectiva determinación. Se debe establecer legalmente la obligación institucional de una agenda de las causas que se van a tratar, por ejemplo, en el año calendario correspondiente. Esta es una práctica que realizan los tribunales constitucionales más importantes del mundo. La Corte comenzó sus tareas institucionales en octubre de 1863, por dicha razón dicha institución es uno de los órganos más antiguos de América.

—¿Circulación de una causa? ¿Qué sucede luego de que un expediente llega a los estrados de la Corte? De nuevo, ¿qué mecanismos existen para resolverlo?

–El recorrido que realiza todo expediente puede ser seguido con modestia por Internet. Sin embargo, el propio expediente cumple un itinerario dentro de la Corte Suprema de Justicia. Conocer la travesía de la causa dentro del tribunal consistiría en una tarea de prestidigitador, una naturaleza poco compatible con la racionalidad republicana y el conocimiento de todos los actos que dicha forma de gobierno impone. Debe mejorarse radicalmente la circulación de las causas con un cambio importantísimo en la naturaleza de la información que se brinda a su respeto y las herramientas que se pondrán al alcance de la ciudadanía. Deben realizarse notables esfuerzos en digitalización de las tareas de la Corte, acorde con los tiempos actuales: casi el año 2022.

—¿Ampliación?

–Hay que considerar abiertamente la ampliación de la cantidad de jueces que conforman la Corte Suprema de Justicia. No hay un número mágico. En la historia constituyente de la República, en la Constitución de 1853 se encuentra una fuente: 9 jueces con paridad de género y genuina participación federal.

—¿Judicialización de la política?

–El abuso en la demanda del ejercicio de la jurisdicción que se dirige al control de los actos políticos en “sentido estricto” provoca una politización de la Justicia y puede llevar a una política en forma de justicia. La propia política se encuentra dentro de las normas de la Constitución federal, razón por la cual la promoción sin cesar de demandas sobre las leyes del Congreso o los actos y reglamentos del Ejecutivo –la judicialización de la política del Estado– constituye, también, una transgresión de la ley fundamental. La Constitución federal es una norma que establece permisiones, obligaciones y prohibiciones; en el ámbito de dicha forma de ordenar no calza el activismo jurisdiccional. Por tal motivo, el “gobierno de los jueces” es un mecanismo prohibido sabiamente por la ley fundamental.

—Hasta ahora vimos cómo funcionan las cosas. La pregunta es si los aspectos procedimentales puede revisarlos el Congreso o si son atributos de la Corte.

–Hay cuestiones referentes al más alto tribunal de Justicia que, como he señalado, solamente puede hacer la Constitución, incluso el dictado de su propio “Reglamento”, que se encuentra en la tarea de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución define en el artículo 112 que los jueces de la Corte Suprema de Justicia han de desempeñar sus “obligaciones, administrando justicia bien y legalmente”. Para que ello fuese realmente posible, el Congreso federal debe discutir el funcionamiento de la Corte y generar, en pleno siglo XXI, un instrumento racional para garantizar el ejercicio de las competencias extraordinarias y ordinarias del más alto tribunal. En suma, el Congreso debería discutir la ampliación del tribunal, es decir, su conformación e identidad institucional. También, pero en otra “ley” –y en este caso “especial” porque así las denomina la Constitución–, discutir y fijar la totalidad de las cuestiones que hacen al funcionamiento de la Corte y su correcto desempeño institucional y que se encuentran dentro del ámbito de facultades regladas del Congreso federal. ¡La Corte Suprema de Justicia debe ocuparse de los asuntos capitales del Estado, pero no de las cuestiones eminentemente políticas y privativas de los poderes políticos!

 

 

Muerto el Rey, Viva el Rey

Comodoro Py atravesó dos elecciones esta semana: presidencias de la Cámara Federal y de la Cámara de Casación. Martín Irurzun dejó el mandato en la Cámara Federal después de once años, reemplazado por Mariano Llorens. Alejandro Slokar obtuvo la presidencia de la Casación por unanimidad, con la paradoja de que lo propuso don Eduardo Riggi. Quien preside en Casación debe retirarse de su sala y Slokar será reemplazado por Ángela Ledesma. La elección dejó fuera de la carrera a la presidencia, pero dentro de la carrera por los fallos, a Daniel Petrone de la Sala I, con la revisión de las causas Memorándum, Hotesur, Los Sauces y ahora Oil Combustibles. Las elecciones muestran dos espacios en situación terminal.

 

 

 

La Cámara Federal sólo espera la selección de las dos ternas para reemplazar a Leopoldo Bruglia y a Pablo Bertuzzi, un cierre inminente hasta la semana pasada y ahora paralizado por el fallo de la Corte. Eduardo Farah y Roberto Boico se abstuvieron de votar en la elección. Bruglia, que sabe cómo está parado, no se presentó como candidato; Bertuzzi no dijo ni sí ni no; e Irurzun mantuvo su candidatura, que sólo retiró del juego cuando se dio cuenta que sólo Bruglia iba a acompañarlo. En esas condiciones, Llorens finalmente ganó. La caída de Irurzun puede pensarse como fin de ciclo, caída de la doctrina del poder residual para las prisiones preventivas y dilución de la sombra de Ricardo Lorenzetti en el edificio. Llorens, visitante de Olivos, fue electo vicepresidente de la Asociación de Magistrados vía Lista Bordó, con campaña sellada un día antes de la elección por el paso de Horacio Rosatti por la institución. De la presidencia de la Cámara depende la decisión de conexidad entre dos expedientes cuando media conflicto de competencia. Pero es un poder por ahora: el pleno puso a circular una iniciativa para cambiar al presidente por bolillero de sorteo.

La Cámara de Casación también tuvo recambio con tono de novela de enredos y guión de Joaquín Morales Solá. Quien asume la presidencia se retira de su sala. Las salas tienen los expedientes que tienen. La Sala I, las causas de CFK. La Sala II, el espionaje a familiares del Submarino San Juan. Slokar ocupa la Sala II. Petrone, la Sala I. Era el otro candidato. Dicen que quería irse. Morales Solá no lo dejó. Escribió y dijo que el gobierno quería que se fuera, que no podía irse porque tenía la muy importante tarea de resolver el futuro de las causas de CFK. Caída su candidatura, levantó la de Carlos Mahiques, que finalmente no pasó. La Casación viene de escándalos con las visitas a Olivos y a la Rosada de Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Mahiques fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal, llegó a la Casación por un traslado por decreto y es padre del Procurador de la Ciudad. Morales Solá anticipaba que podía conseguir apoyos de la mayoría, pero no. El martes a la mañana, el veterano don Eduardo Riggi presentó al pleno la candidatura de Slokar. Dijo que aunque prefería a los nuevos, el cuerpo debía volver al método de selección por antigüedad. Todos apoyaron.

 

 

 

 

Y acá, lo último de la semana. En medio de la disputa del gobierno por la Procuración General de la Nación, Rosatti se sacó foto con Eduardo Casal en Rosario en una reunión antidrogas. Ricardo Lorenzetti tampoco se contuvo. Distribuyó invitaciones de un programa paralelo que armó para ese mismo día con igual tema. León herido, le dicen ahora.

 

 

 

 

 

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