Con el winchester y el palo

 

El administrador de las tierras rurales de capitales árabes en Río Negro quedó imputado por su intervención en el ataque violento en el ingreso al establecimiento Hidden Lake S. A., el 1° de febrero pasado, durante la última marcha por el libre acceso a las costas y aguas del lago Escondido. También una mujer que, aunque es policía provincial en actividad, fuera de servicio integró la patota que a cara descubierta atacó a los manifestantes durante varias horas a metros de la ruta nacional N.º 40, a la altura del paraje El Foyel. Hasta ahora, cinco personas quedaron imputadas por lesiones graves y otras leves sobre al menos nueve participantes de la séptima marcha a lago Escondido, por el camino de acceso público Tacuifí.

El Poder Judicial local hace su juego de equilibrios. El 31 de agosto, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro determinó que el acceso Tacuifí (el más corto y de mejores condiciones de accesibilidad, pero que pasa frente a la residencia principal) no estaba incluido en las opciones que el Estado provincial tiene para cumplir con el fallo judicial firme por el que debe garantizar el libre acceso a costas y aguas del dominio público dentro de esa propiedad privada. Dos semanas después, un juez de Garantías de Bariloche confirmó el requerimiento de la Unidad Fiscal de El Bolsón en la investigación preliminar por la acción pública de esta patota “en defensa de la propiedad privada”, aunque la descripción de los hechos que se les acusa no da cuenta del carácter grupal hasta esta etapa del legajo judicial. La impunidad fue la respuesta del Estado a otras patotas gauchas, como la que en pleno centro de El Bolsón atacó a la población dolida por el crimen de Elías Garay el 20 de noviembre de 2021. También se protegió a los veinte jinetes a caballo y otros treinta de a pie que, con banderas argentinas, el 6 de febrero del año pasado interceptaron la caravana por el libre acceso a lago Escondido, en las tierras públicas del lago Soberanía.

Estas movilizaciones son convocadas por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca) y un amplio espectro de organizaciones sociales, gremiales y políticas.

 

Identificados

Hasta el momento, la investigación del fiscal Francisco Arrien identificó a cinco autores de lesiones leves y graves a nueve manifestantes. Imputaron lesiones leves a Andrés Saint Antonin; lesiones leves y graves a Graciela Helvecia Hernández; un caso de lesiones leves a Araneda; y graves para los hermanos Enzo y Nicolás Puchy.

 

 

Andrés Saint Antonin actúa como administrador del personal de los establecimientos en las nacientes del río Chubut, en el coto de caza del Cañadón del Diablo y La María, entre otros de capitales extranjeros. Montado a caballo, intentó arrebatar la cámara fotográfica a Alejandra Bartoliche, reportera gráfica de la agencia Télam, tirándola al suelo. Esta es la primera vez que queda imputado por agresión física, a pesar de que arrastra numerosas denuncias documentadas desde al menos siete años por parte de comunidades mapuche-tehuelche de la zona.

 

 

Hernández es efectivo de policía, según fuentes locales; su pareja es uno de los vecinos de El Foyel que se constituyó como damnificado por la apertura del acceso público en el amparo judicial que tiene 18 años. En 2020, durante otra marcha, agredió a una activista de CTA-El Bolsón. Ese legajo por lesiones a dos personas continúa abierto, con el mismo fiscal Arrien y el mismo juez de Garantías, Ricardo Calcagno.

Por su parte, Araneda es empleado del municipio de El Bolsón, del sector de obras públicas, de acuerdo a fuentes locales.

 

 

Es posible que se identifiquen otros agresores, ya que es numerosa la documentación fotográfica y videos aportados por los agredidos, quienes se constituyeron como querellantes. José Bianco, tradicional abogado de Hidden Lake, y Cristóbal Bührer, defienden a Hernández, los hermanos Puchy y Araneda.

 

 

Ezequiel Palavecino (APDH Bariloche) representa a Gabriel Berrozpe, Gastón Harispe, María Celeste Fierro y Julieta Luna. Maximiliano Geido representa la querella de Joel Sverdlik, Gonzalo Villagra, Marcos Cianni y Leandro Rachid. Nadina Morena a Bartoliche, acompañada formalmente por Télam, ya que fue agredida mientras cumplía con su labor profesional.

 

 

 

Hombre de a caballo

Saint Antonin es propietario de la estancia y cabaña ganadera Rayhuao, ubicada en la zona de la estepa de Río Negro, a unos kilómetros al este de Bariloche. Al menos el año pasado percibió beneficios por el Plan Ovino. Fue integrante de la comisión directiva de la Sociedad Rural de Bariloche y ahora integra la Asociación Argentina Criadores de Merino. También es productor forestal.

Hasta hace dos décadas, fue el administrador de la estancia Cacique Foyel, sobre la ruta 40 entre Bariloche y El Bolsón, cuyo ingreso está muy próximo al camino Tacuifí y que es vecina de las valiosas propiedades de los capitales extranjeros que compraron en la última etapa. Después apareció vinculado a directivos de BURCO, capitales belgas de gran despliegue desde fines de los ‘90 en la zona andina. A la vez, sucedió a Bernardo van Ditmar, directivo de las firmas de Lewis en la Argentina, en el manejo del personal en los trabajos rurales en las tres parcelas ubicadas sobre la costa oeste del río Alto Chubut, que fueron apropiadas hasta llegar a capitales de los Emiratos Árabes Unidos a partir de 2017. En el legajo por la muerte de un empleado mientras conducía un vehículo todoterreno, Saint Antonin denominó estancia Altos del Chubut al espacio territorial que la gente del lugar llama Rincón del Diablo. Para los mismos propietarios, el ganadero se ocupa del establecimiento María, ubicado sobre la costa sur el río Foyel, en el paraje El Manso, vecino de lago Escondido.

La comunidad Kom Kiñé Mú (KKM) lo denunció en 2019 porque junto a dos empleados a sus órdenes destruyeron un puesto que se utiliza en verano, en tierras ubicadas en la zona alta de montaña, en violación a una medida judicial que impedía a los supuestos nuevos dueños del campo hacer cambios y/o mejoras. De esos incidentes en el territorio, pobladores del lugar lo conocían como “Cané”, hasta que fue correctamente identificado por los legajos judiciales con posterioridad.

En la audiencia del 13 de septiembre intervino Juan Sarmiento, de Bariloche, como su defensor particular. Sarmiento es apoderado de Hugo Barabucci, uno de los tres argentinos que intervienen en las operaciones de compra de tierras para Matar Suhail Al Yabhuni Al Dhaheri, tal como consta al menos en la escritura pública por la compra de casi 20.000 hectáreas al empresario argentino Marcos Marcelo Mindlin. Gran parte de ese territorio está reivindicado por la KKM en una demanda colectiva interpuesta en 2009, así como también por la Lof Cayunao. Saint Antonin denunció a ambas comunidades por quitar alambrados en dos puntos diferentes ubicados en las tierras altas. Arrien concluyó que no hubo delito porque el particular violaba una medida cautelar dispuesta en 2017.

Finalmente, el año pasado, en otra parcela ubicada en la misma zona sobre el Alto Chubut, el ruralista y sus empleados confrontaron con una familia respaldada por la Coordinadora del Parlamento Mapuche.

 

Caso testigo

El aislamiento geográfico y las dificultades en las comunicaciones agrava la situación de las víctimas en casos de violencia en el área rural. El Poder Judicial rionegrino tiene la oportunidad de intentar cerrar el ciclo que, al menos simbólicamente, abrió van Ditmar en la plaza pública de Viedma, en 2011, cuando declaró estar dispuesto a defender la propiedad privada con el Winchester en la cintura durante un acampe organizado por Hidden Lake con la participación del gobierno municipal de ese momento.

 

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