Con el freno puesto

 

El 16 de diciembre de 2015, la Cámara Federal rechazó por dos a uno devolverle a Claudio Picón el Audi Q3, de color gris oscuro, que estaba estacionado en el edificio Le Parc cuando Alberto Nisman fue encontrado muerto. El Audi era, en realidad, el auto con el que el fiscal del caso AMIA se movía. Tenía una cédula azul a su nombre, pero en los papeles el auto le pertenecía a Palermopack SA, una empresa que preside Picón. En su desestimación, los jueces Eduardo Freiler y Jorge Ballestero decían que el auto debía seguir en poder de la Justicia porque se desconocía quién efectivamente era su dueño y con qué fondos había sido adquirido. Esa incertidumbre se mantiene cuatro años después de ese fallo y a poco de cumplirse el quinto aniversario de la muerte del fiscal.

El 6 de diciembre último, la Cámara Federal –con una composición distinta– volvió a resolver un planteo de Picón, como publicó el viernes Ámbito Financiero. En esta ocasión, le dio la razón al empresario. No había motivo para que el coche siguiera secuestrado desde el 28 de agosto de 2015 mientras la causa no avanza. El fallo de cuatro páginas lleva las firmas de Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los tres camaristas no sólo ordenaron devolverle el auto a Picón como depositario judicial, sino que le reclamaron al juez que tiene la causa que la saque del “letargo” en el que se encuentra.

El magistrado en cuestión es Claudio Bonadío. En este expediente, el juez no exhibió la misma agilidad que mostró con el trámite sobre la denuncia de Nisman contra la entonces Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, su canciller Héctor Timerman y otros funcionarios por haber firmado un Memorándum de Entendimiento con Irán.

 

 

La denuncia

En marzo de 2015, la fiscal Viviana Fein intentaba entender por qué Nisman había regresado abruptamente a la Argentina para presentar esa denuncia, dejando en Europa a su hija mayor –con quien estaba de viaje para festejar sus quince años– y cómo había aparecido muerto de un tiro en el interior del departamento que alquilaba, en un selecto edificio de Puerto Madero.

Llevaba dos meses en eso cuando llegó a su fiscalía la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, ex pareja de Nisman y madre de sus dos hijas. Las dos magistradas ya se conocían y empezaban a mostrarse los dientes. Arroyo Salgado fue a denunciar que el fiscal del caso AMIA tenía una cuenta en Estados Unidos con Diego Lagomarsino, el técnico informático que le había prestado el arma de la que salió el disparo mortal.

Según declaró la jueza, se había enterado de la existencia de la cuenta –que tiene más de 600.000 dólares– por su ex suegra, Sara Garfunkel, y su ex cuñada, Sandra Nisman. Según el relato de las dos mujeres, habrían encontrado un número de teléfono y Sandra Nisman se habría comunicado con el banco estadounidense Merrill Lynch desde un locutorio. La operadora del banco le habría pedido una clave que la hermana del fiscal desconocía, pero le habría sugerido consultarlo con el otro titular de la cuenta, Diego Lagomarsino.

El técnico informático se presentó nuevamente ante la fiscal. Llevó copias de correos y otros documentos de cuando Nisman lo incorporó a la cuenta. Según declaró Lagomarsino, el fiscal le habría pedido agregarlo a la cuenta porque estaba preocupado por la salud de su madre.  Si le pasaba algo, podía perderse la mitad del dinero – le dijo, de acuerdo con lo que declaró el informático. Lagomarsino agregó algo más en esa declaración ante Fein: contó que él le daba la mitad de su sueldo como empleado de la UFI-AMIA a Nisman.

Mientras la causa por la muerte del fiscal transitaba por el fuero ordinario, la causa por delitos patrimoniales viajó rápidamente a Comodoro Py por recomendación de la jueza Fabiana Palmaghini.

 

 

Los activos

Nisman se mudó a Le Parc después de haberse separado de Arroyo Salgado. Firmó en marzo de 2012 un contrato con el propietario, Héctor Acevedo, por el que se comprometía a pagar durante los primeros dos años la suma nada despreciable de 3.000 dólares por el departamento 2 del piso 13. Cuando el contrato se venció, no firmaron un nuevo acuerdo y Nisman empezó a pagar más de 26.000 pesos mensuales.

Parte del acuerdo incluía una cochera para el Audi Q3: la 1211. Pero Nisman le había pedido al propietario que también le dejara usar la cochera contigua por si alguien lo visitaba. Era frecuente encontrarse con el coche gris estacionado ocupando los dos espacios.

Cuando Fein envió la documentación a Comodoro Py, su colega Juan Pedro Zoni impulsó la investigación para determinar si Nisman tenía testaferros y para ver si se estaba ante un caso de lavado de activos.

Encontró que la cuenta del Merrill Lynch había sido abierta el 7 de marzo de 2002. En ese entonces estaba a nombre de Sara Garfunkel y Sandra Nisman. Recién doce años después se incorporó a Lagomarsino. Los tres figuraban como titulares de la cuenta. Nisman, como apoderado. También había declarado ser abogado –no fiscal– y tenía un domicilio en el estado de Florida.

Había también tres chacras en el Barrio Pueblo Mío de Uruguay. Estaban a nombre de Sara Garfunkel y, según consignó Zoni, habían costado 288.038 dólares.

Lo curioso es que Garfunkel y Picón –el presidente de la empresa dueña del auto– aparecían vinculados al fideicomiso Dorrego 1771.

 

 

La historia sin fin

El 27 de agosto de 2015, Zoni pidió la indagatoria de Lagomarsino, Garfunkel, Sandra Nisman y Picón. El juez que tenía en ese momento la causa, Rodolfo Canicoba Corral, aceptó y los convocó para el mes siguiente.

Todo derivó en impugnaciones a las citaciones y a la información que había mandado la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN) de los Estados Unidos, que había servido para la imputación. Canicoba dio una entrevista en la que habló de lavado de activos, y terminó recusado. Bonadío resultó sorteado.

A Zoni lo desplazó de la Fiscalía el procurador interino Eduardo Casal. Tenía en ese momento dos casos sensibles: Nisman y el Correo Argentino. Su lugar lo tomó Gerardo Pollicita, el fiscal que impulsó la denuncia de Nisman contra CFK y que, además como cuenta en el documental de Netflix, era amigo del titular de la UFI AMIA.

En la Corte, hay recursos de esta causa desde 2017. El martes pasado, se registró un movimiento en uno de los planteos. Salió de la vocalía de Elena Highton de Nolasco. Highton había estado ausente de la Corte por varias semanas, aunque siguiendo los expedientes desde su casa, por problemas de salud. Se reincorporó para recibir a la nueva Ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien dio clases en su cátedra en la Facultad de Derecho.

Lagomarsino recibió hace unos meses una llamada del banco. Le anunciaban que por la falta de movimientos era probable que tuvieran que dar por perdido el dinero. Se dio cuenta de que no había ninguna medida que impidiera hacer uso de esos dólares, y lo avisó al juzgado.

 

 

Los custodios

Mientras la causa de los activos continúa en su letargo de la feria estival, la causa por la muerte del fiscal tuvo algunos movimientos.

Antes del receso, los abogados de Lagomarsino, Gabriel Palmeiro y Martín Chasco, pidieron que les tomen declaración testimonial a los integrantes del Cuerpo Médico Forense, a quienes hicieron el peritaje psicológico y a los integrantes de Gendarmería que confeccionaron el análisis que sostiene que Nisman fue golpeado, drogado con ketamina y asesinado en el baño.

Según pudo saber El Cohete, el fiscal Eduardo Taiano trabaja en un pedido de elevación a juicio parcial contra los policías encargados de la custodia de Nisman. Es probable que se presente en la semana en la que se cumplen cinco años de su muerte.

En diciembre de 2017, el juez federal Julián Ercolini procesó a cuatro custodios y a Lagomarsino por la muerte de Nisman. Sin embargo, el técnico informático no sería parte de esta elevación. Es factible que después de la feria su defensa solicite una batería de pruebas.

En el procesamiento, se diferenció entre los policías que estuvieron a cargo de la custodia el sábado 17 de enero de 2015, Rubén Benítez y Néstor Durán, y los que estuvieron el domingo 18, cuando Nisman fue encontrado muerto.

A los que entraron con Garfunkel al departamento del piso 13, Luis Miño y Armando Niz; a Benítez, que declaró que Nisman le había preguntado por un arma, y a Durán, los procesaron por incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.  A los dos primeros, además, por encubrimiento.

Lo que nadie respondió es a quiénes encubrieron.

 

 

 

 

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