Con candado y hambre

Desabastecimiento y huelga de personas privadas de la libertad en las cárceles bonaerenses

 

María Eugenia Vidal se prepara para dejar la gobernación bonaerense en medio de una crisis penitenciaria que, a la sobrepoblación y hacinamiento, le sumó la falta de comida. El desabastecimiento se registra hace meses, pero recrudeció en los últimos días. Organismos de derechos humanos denunciaron que hay detenidos que sobreviven a base de pan. La situación es de tal gravedad que el Comité Nacional de Prevención de la Tortura (CNPT) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) llevaron el tema ante un subcomité especializado de Naciones Unidas.

En medio de la crisis penitenciaria, Vidal y su ministro de Justicia, Gustavo Ferrari, pasaron el jueves por la Corte Suprema bonaerense para despedirse antes de dejar la gestión. La situación en las cárceles fue el tema obligado. La gobernadora y el ministro les dijeron a los jueces que ya estaba en vías de ser solucionado, contó uno de los integrantes del máximo tribunal provincial.

La situación estaba lejos de estar controlada. Ese mismo día, ante la falta de respuestas, Roberto Cipriano García (CPM) y Juan Irrazábal (CNPT) pidieron al Subcomité para la Prevención de la Tortura de Naciones Unidas que le exija al Estado nacional y al provincial que desactive esta crisis.

 

Estado de situación

Al menos desde junio, hay faltantes de alimentos en las unidades que dependen del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Faltan las dietas especiales y medicamentos. El SPB responde con ibuprofeno para tratamientos disímiles, relataron defensores oficiales.

La sobrepoblación es del 119 por ciento. Las condiciones de vida en las cárceles bonaerenses fueron deteriorándose más en el último tiempo – si tal cosa es posible. Según informes de los mecanismos de prevención de la tortura, murieron 140 personas en 2018, lo que da un promedio de casi doce muertes por mes. Entre 2008 y 2018, el promedio había sido de siete personas muertas por mes en dependencias del SPB.

El Estado no provee los insumos básicos y, en simultáneo, el costo de vida hace que a los familiares de los detenidos se les torne prácticamente imposible reforzar la alimentación. No tienen dinero para comprar alimentos para llevarle a quienes están presos. También es muy difícil viajar para las visitas. A esto se suma, según relató una fuente, que en el último mes se produjeron traslados varios de detenidos. En las defensorías, el teléfono no deja de sonar para denunciar estas situaciones.

El estado en el que se encuentra la poca comida que hay es penoso. Organismos de derechos humanos detectaron durante inspecciones que los alimentos no conservan la cadena de frío, que hay carne tirada en el piso y que el olor que emana de las cocinas es nauseabundo. Hay poco, y lo que hay es incomible.

En los últimos días, se iniciaron huelgas de hambre para denunciar la falta de atención e insumos básicos. La medida, ya sea genuinamente decidida por las personas privadas de su libertad o instigada por el propio SPB, genera un clima de violencia a punto de detonar y prepara una bienvenida envenenada para el gobernador Axel Kicillof.

 

El desabastecimiento

Distintos jueces empezaron a requerir información al SPB por las denuncias de faltantes de alimentos. Por ejemplo, a un magistrado le respondieron que en una unidad penitenciaria del Conurbano había aceite, arroz, albóndigas en lata, azúcar, fideos para guiso, yerba, harina y pan. Sin embargo, no había huevos desde julio, té desde septiembre y leche en polvo desde octubre. Desde la última semana de noviembre no tenían ni carne vacuna ni de ave.

El martes pasado, el juez José Nicolás Villafañe intimó al Ministerio de Justicia, el SPB y a la Dirección General de Administración del SPB. Les pidió que tomaran medidas inmediatas para asegurar el derecho constitucional de alimentación para las personas privadas de la libertad en el departamento judicial de La Plata.

“Ello bajo apercibimiento de aplicar sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas a los máximos funcionarios responsables de dicha manda y de denunciar penalmente el incumplimiento de la presente resolución”, escribió Villafañe.

Ese magistrado, por ejemplo, consignó que en las unidades que hay en Los Hornos, Olmos, Magdalena, entre otras, escasearon la carne vacuna y el pollo desde el mes pasado al menos. A la lista de faltantes se suman las lentejas, los huevos, los porotos de soja, entre otros productos.

 

Decisiones políticas

Si los faltantes se registran desde mitad de año, como se consigna en el informe de la CPM y de la CNPT, las autoridades provinciales tuvieron tiempo de sobra para controlar la situación. El desabastecimiento casi general de las últimas semanas se produjo, según explicaron fuentes, por falta de pago a proveedores.

Hay quienes sospechan que se haya generado un clima de tensión sobre la ya delicada situación de las cárceles y comisarías bonaerenses para complicar el traspaso de mando. “Piensa mal y acertarás”, respondió un magistrado.

A principio de año, la gobernadora volvió a decir que habían encontrado un servicio penitenciario abandonado. En más de una oportunidad, ella y sus funcionarios dijeron que le habían entregado las cárceles sin candados después de un debut trágico inicial con la triple fuga de diciembre de 2015. “Ella entrega a los presos bien encerrados y sin alimentos”, dice una fuente de la defensoría pública.

La situación de las cárceles y comisarías bonaerenses está siendo analizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación nuevamente después de que en 2005 dictara el fallo Verbitsky. El expediente da vueltas desde 2015 en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano. Hasta ahora, no parece haber voluntad para que el máximo tribunal se expida antes de la feria.

 

 

 

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