La construcción de la democracia argentina desde el año 1983 está signada por escalones históricos que fuimos superando, construyendo derechos fundamentales. Entre ellos, tal vez los mas significativos, se relacionan con el enjuiciamiento por violaciones a los derechos humanos, las diferentes crisis institucionales, los vaivenes de la deuda externa y las variadas recesiones económicas; las cuales han dejado sus marcas en el colectivo social. Este recorrido tiene sus medallas, la entrega sucesiva de mandos, alternando partidos o coaliciones políticas elegidas democráticamente. Esto es mucho mas que el cumplimiento de períodos electorales. De alguna manera es el bosquejo afinado del Estado de Derecho.
Como antónimo social, entre bombos y panderetas, emergen piquetes policiales, a la orilla de autopistas y principales avenidas urbanas. Se reactivó esa neblina amarga de Semana Santa, pero a su vez se visibilizó la precarización laboral en las cual se encuentran inmersos. Esas manifestaciones heterogéneas, alzaron sus demandas y planteos, elevando un petitorio con temas relacionados a la recomposición salarial, capacitación y una suerte de amnistía ante los eventuales sumarios. Ciertamente, es otra de las consecuencias secundarias de la pandemia, que pulverizó sus ingresos.
Con ello asoma la discusión sobre la viabilidad gremial en defensa de los intereses laborales de las fuerzas de seguridad, algo que pareciera haber sido enterrado por la Corte Suprema de Justicia. Esas limitaciones constitucionales se basan en su "estado militar o policial” sujeto a una estructura jerárquica, construida sobre la disciplina y la cadena de mandos. Pero la base conceptual de la organización gremial, sostiene una asociación en defensa y promoción de sus intereses laborales. De existir el sindicato, habría un canal de diálogo legítimo, un cauce institucionalizado y voceros formales del conflicto.
Evidentemente, se resucita la polémica sobre la necesidad gremial de ciertos sectores relacionados a las fuerzas de las seguridad. Es un debate que no debemos evitar, para asegurar los derechos de todos y todas los trabajadores, garantizando la democratización de la instituciones. Eso sí, esas manifestaciones armadas en la quinta de Olivos y en la casa de Gobierno: Nunca Más.
(*) El autor es Juez de Garantias en Lomas de Zamora, Profesor Titular de la Universidad Nacional de La Plata y agremiado a la Asociacion Judicial Bonaerense.
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