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Los días de sesión, el tercer piso del Congreso es una pasarela donde desfilan funcionaries, dirigentes, militantes y cada integrante del bloque. Las puertas de la oficina de Máximo Kichner siempre están abiertas y su teléfono al rojo vivo. Recibe a todes, escucha reclamos, anota pedidos y analiza territorios, mientras intenta conciliar voces e inquietudes para mantener la cohesión en un año en el que la Cámara Baja comenzó vía pandemia a poner en diálogo a las nuevas generaciones con los viejos referentes alejados de los contertulios por prescripción médica y riesgos de Covid. La pandemia abrió así una vía natural para pensar una renovación generacional con la que el Frente de Todos busca conservar las 51 bancas de quienes terminan mandato a fin de año y ampliar la diferencia sobre Juntos por el Cambio. El Senado profundiza ese recambio con el objeto de retener distritos claves. Porque esta elección tiene un dato también clave: se ponen en juego bancas obtenidas en 2017, los años del peronismo dividido sin alianza frentista, que ahora es el capital que se protege.

Durante estos días la conducción del Frente de Todos diversifica la agenda parlamentaria con leyes que buscan frenar los golpes de la inflación, la pandemia y la lenta reactivación económica mientras posterga temas estructurales pero con alta antipatía mediática, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y del fuero federal. Pero el equilibro no es sencillo. Sergio Massa y Máximo Kirchner lograron sólo cinco sesiones en el año buscando zonas de consenso enfocadas en la gente de a pie. Allí entraron temas como el incentivo a la inversión privada para desarrollos inmobiliarios, la modificación del impuesto a las ganancias para trabajadores y empresas o la rectificación del monotributo para alivianar cargas impositivas a cuentapropistas y comerciantes, defendidos por el mismo presidente de la Cámara, la docena de diputades de extracción sindical y un puñado de representantes de las asociaciones pymes. Por otro lado, hubo un paquete de propuestas trabajadas con los movimientos sociales que reconocen derechos largamente postergados: el fortalecimiento del sistema nacional de bomberos voluntarios –del justicialista opositor Eduardo Bali Bucca–, la inclusión laboral travesti trans y la educación ambiental, apoyadas por todos los bloques. Muchos de estos reclamos demandaron años para llegar al recinto y, en la dinámica que hoy adquirió el bloque oficialista, alcanzaron acuerdos para garantizar su aprobación.

Pero la cercanía del calendario electoral congela también esa dinámica. Juntos por el Cambio decidió confrontar algunas leyes de manera directa. Rechazó dictámenes del régimen de abordaje integral de la violencia institucional y del programa integral para personas en situación de calle. Para eso, sus legisladorxs elaboraron textos propios y se distanciaron de las propuestas de las organizaciones de familiares y de víctimas con diferencias de enfoque sobre las fuerzas de seguridad y el castigo al abuso de autoridad.

Otras leyes se agrupan por el impacto territorial. En esas condiciones están el régimen de biocombustibles y la inminente aprobación del programa de promoción de la producción ovina para reactivar las economías regionales y escalar la producción y la emergencia ambiental, económica, social y productiva para la zona de desastre en El Bolsón tras los incendios.

Hubo una jugada magistral con la aprobación consecutiva de dos iniciativas que impactan en el corazón opositor del radicalismo: la ampliación a toda la provincia de Mendoza del subsidio al gas para las zonas frías y el régimen previsional especial para trabajadores vitivinícolas. Con movimientos milimétricos, el tándem que forman la senadora Anabel Fernández Sagasti y el diputado Kirchner garantizaron unificar criterios que sintetizó la oficialista Liliana Schwindt, subsidiando la factura de gas a 4 millones de hogares de 151 municipios en 15 provincias. De un lado y del otro del salón de los Pasos Perdidos, ambos dirigentes de La Cámpora priorizaron en las agendas parlamentarias el tratamiento de estas iniciativas, alzándose con la aprobación mayoritaria y el rechazo de bancadas macristas enojadas por la diversificación geográfica que calificaron de mero interés electoral.

 

 

La puerta giratoria

En diciembre de 2019 el bloque oficialista imaginaba encuentros periódicos para fortalecer la unidad, pero la pandemia obligó a hacer reconfiguraciones. Muchos referentes políticos de peso, mentores del Frente de Todos, integran grupos de riesgo y tuvieron que recluirse. Asistieron al Palacio vía Zoom o a través de grupos de WhatsApp, que permitieron el contacto pero dificultaron el intercambio y limitaron la participación, generando de manera indirecta el encuentro entre los más jóvenes que aún podían trasladarse hasta el Congreso y reunirse. Comenzó así un recambio natural en las Cámaras.

Néstor Kirchner tuvo su despacho en el histórico tercer piso que ocupó siempre el peronismo. Después de su muerte, esos pasillos se convirtieron en una sala de reuniones “para que las juventudes impulsen propuestas o reclamos”. La gestión de Emilio Monzó pretendió desalojar esos rincones donde conspiran los fantasmas de las viejas celebrities justicialistas y donde ahora los más jóvenes definen agenda.

Esa parte del Palacio que incluye la sala de reuniones y la oficina de la Presidencia, donde hoy se sienta Máximo, se comunica con la planta baja a través de un ascensor interno. En el primer piso se abre justo en la antesala de la oficina de Massa. Luego sigue camino al tercer piso marcando un acceso exclusivo para legisladores, que se convierte muchas veces en zona de encuentros estratégicos para destrabar asuntos pendientes. No es el único: también hay una escalera y otros ascensores de uso público que desplazan a quienes también se cruzarán de manera inesperada para garantizar el tratamiento de proyectos. Pero ese acceso es también última zona de negociaciones.

Con la cercanía de las elecciones, juntar 129 diputados para el quórum no es fácil. Además de la campaña y de las reuniones de cada partido, siempre alguien da positivo de Covid y no puede viajar. Como el protocolo de funcionamiento acordado con todos los bloques establece la participación remota como excepción por estrictas razones de salud, hay que solicitar autorización para sesionar a la distancia. Algunos que quieren renovar su banca presionan y, a la hora de votar un proyecto, escatiman la conexión. A cambio piden minutos para hablar en la sesión o la intervención en el armado de listas en sus distritos. Cuando no hay acuerdo parlamentario con Juntos por el Cambio, cada unx de lxs 119 legisladorxs oficialistas se vuelve fundamental.

Para reconocer esos sutiles movimientos podemos remontarnos al miércoles 19 de mayo: sesión Nº 4 del período 139 en que se aprobó la media sanción que posterga el calendario electoral.

Esa jornada tuvo 14 horas de debate, antecedida por una reunión  bastante tensa de la comisión de Labor Parlamentaria –donde los presidentes de bloques acuerdan el temario a trabajar en el recinto–. Juntos por el Cambio anticipó que no apoyaría el Consenso Fiscal 2020 que se pretendía debatir ese día, aprobado en el Senado sólo por el oficialismo –49 votos a favor y 15 en contra– a mediados de febrero. Esa herramienta firmada por el gobierno nacional y 21 provincias desarticuló los acuerdos rubricados durante el macrismo, que generaron endeudamiento en dólares y disminución de la recaudación impositiva. Pero debía ser ratificada por Diputados para entrar en vigencia.

En la madrugada del jueves 20, con el debate en pleno desarrollo, la secretaria parlamentaria del bloque Cristina Álvarez Rodríguez pasó revista al listado de 118 diputades que debían sentarse y conectarse al sistema para votar: faltaban cuatro. Revisó a los que estaban a la distancia y a los que estaban en la sala. La cuenta no le cerraba. Giró sobre su propio eje hacia el estrado del hemiciclo y cruzó miradas con sus asesoras. Les pidió que insistieran con los llamados. A las 3.30 de la mañana la lista de oradores avanzaba y se acercaba la hora de la votación.

En las agotadoras jornadas de debate, muchos diputades se retiran a sus oficinas y siguen la sesión por Diputados TV. Algunes aprovechan el tiempo para repasar argumentos si van a intervenir, otres para reunirse con el presidente del bloque o para hacer diligencias.

Esa madrugada costaba garantizar les 118 conectades, formar el quórum y darle validez al tratamiento del dictamen de Consenso Fiscal. Álvarez Rodríguez le pidió a Cecilia Moreau que cruzara al Anexo y golpeara la puerta de la oficina de un diputado “a ver si contesta”. Mientras convocaba a Massa y a Máximo para explicar el panorama, las asesoras lograron despertar a una legisladora que dormía en su despacho, pero todavía faltaban varios que resultaban inhallables.

–Hay uno que no se va a conectar, en señal de protesta –dijo Máximo.

Álvarez Rodríguez despegó los ojos del teléfono:

–¿Por qué?

Massa se adelantó:

–Se enojó porque lo bajamos de la lista para agilizar un poco el debate.

–Se fue puteando –apuntó Máximo.

A esa altura, ya sin chances de conectar a todes y con votos en contra que podían complicar el resultado, era evidente que el oficialismo no podía garantizar la aprobación. Entonces Massa tuvo una confirmación: Christian Ritondo le escribió por mensaje que su bloque iba acompañar la moción del lavagnista Alejandro Topo Rodríguez para suspender y posponer los debates que aun restaban abordar.

A las 4.10 de la madrugada, con los vuelos programados para retornar a las provincias, se aprobaba la moción a mano alzada y se levantaba la sesión.

 

 

 

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