Comodoro Py en tiempos de Alberto

 

 

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

 

Por esas cosas mágicas que tiene el proceso complejo de formación de la opinión pública, gran parte del sistema político habla del lawfare como una de las dimensiones que va a trabajar la administración de Alberto Fernández.

El lawfare es una categoría teórica muy compleja, que en estos días se utiliza como elemento común para hablar de la crisis de la Justicia. Se la reduce al uso de la ley como un arma y a su alrededor se dicen muchas cosas y se tejen especulaciones sobre algunas reformas judiciales.

El debate se asienta en dos pilares. Llama la atención —y a algunos inquieta— la presencia de Gustavo Béliz cerca del primer mandatario, porque con exclusión de las leyes de democratización judicial que impulsó Cristina Fernández de Kirchner, Béliz diseñó y no logró implementar un proceso de reforma judicial con impactos no tan visibles, pero de consecuencias mucho más profundas en el año 2004.

El eje central del proyecto del entonces ministro de Justicia era fusionar el fuero criminal ordinario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con Comodoro Py. En los hechos se repartía el poder que hoy se concentra en el edificio de Retiro que perdería su poder de fuero.

Junto a la presencia de Béliz, las propias declaraciones de Alberto Fernández durante la campaña electoral abonan la tesis de la ola reformista y colocan su foco en Comodoro Py. En efecto, en mayo de 2019 dijo que algunos jueces “van a tener que explicar las barrabasadas que escribieron para cumplir con el poder de turno”.

En agosto agregó “la verdad es que hay una sensación bastante entendible de que los jueces federales van acomodándose al calor del poder de turno, y eso es malo definitivamente... Tengo mucho respeto por los jueces de la Corte, porque la Corte nunca hizo algo que a mí me hiciera reaccionar en términos de derecho”.

En octubre, a ocho días de las elecciones, remarcó que Mauricio Macri “inauguró un sistema de encarcelamiento a opositores como nunca se vio en la Argentina. Tenemos que acostumbrarnos a que la Justicia actúe con libertad. Hacer justicia es muy serio”.

El día de la votación saludó a Lula Da Silva a través de su cuenta de Twitter y dijo “también hoy cumple años mi amigo @LulaOficial, un hombre extraordinario que está injustamente preso desde hace un año y medio. Parabéns pra você, querido Lula. Espero verte pronto”. Es que en Brasil la Corte Suprema se apresta a tomar importantes decisiones sobre la libertad de Lula en particular y acerca de algunos aspectos del proceso conocido como Lava Jato en general.

En estos mojones descansan las variada gama de versiones sobre lo que viene en materia judicial. Las críticas recientes del flamante Presidente y la elección de Gustavo Béliz como interlocutor permiten pensar al menos el lugar en el que habrá cambios. Es probable que de aquí al 10 de diciembre las maquinaciones aumenten a una velocidad proporcional a la intensidad de la transición. Por el momento, la faz más atractiva que subyace a esa competencia de rumores se relaciona con que hay un consenso acerca de que así como está la Justicia no puede seguir funcionando.

Mientras tanto y de la mano de la gratitud del Procurador General de la Nación interino, Eduardo Ezequiel Casal, el fiscal federal Carlos Stornelli cumple 157 días en rebeldía. Pero pasaron cosas relacionadas de manera indirecta con su situación procesal.

La Sala I de la Cámara Federal revocó el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como “gas licuado”, sostenida en gran parte en base al testimonio del falso abogado Marcelo D’Alessio y que fue la fuente que atrajo los cuadernos de Centeno a ese expediente y que justificó la intervención del fiscal rebelde y del juez Claudio Bonadío.

De todas maneras, no todo fueron sonrisas para la flamante ex Presidenta y Vicepresidenta electa, porque aunque también los mismos jueces de la Sala I revocaron su procesamiento en la causa “corredores viales”, lo mantuvieron en la denominada “cartelización de la obra pública”, en la que comparte carátula con Ángelo Calcaterra, Julio De Vido y José López entre otros.

Aunque aún no hay elementos serios para emitir juicios concretos, la ola de excarcelaciones y faltas de mérito de las últimas semanas, la danza de nombres que llegan y otros que se van, la presencia de Béliz y las declaraciones de Alberto Fernández durante la campaña electoral, forman poderosos indicios de que se vienen cambios en el espacio judicial.

 

 

* Publicado en #DosJusticias

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