Comodoro Py en campaña

“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”.

“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.

 

La cercanía con las elecciones impactó de lleno en la Justicia: la gran mayoría de causas que involucran al poder entraron en la famosa “meseta”. Allá por 2016, primer año de Mauricio Macri en la presidencia, con Federico Delgado describimos cómo la meseta de las elecciones 2015 había pasado a ser una pista de carrera.

De Cristina Kirchner para abajo, una gran cantidad de ex funcionarios K comenzaban a ser noticia en Comodoro Py. Indagatorias, procesamientos, detenciones. Ya no eran “poder” y los jueces desempolvaron expedientes claves. Aún hoy, los efectos de ese despertar ocupan las páginas de los diarios.

También mencionamos allá por 2016 la señal de alerta derivada de la designación de dos jueces de la Corte Suprema por decreto. Casi tres años después, aquel texto está para reescribirse por la dinámica de estos días.

Los mismos expedientes que despertaron ya están en juicio oral y los que se relacionan con hechos del actual gobierno ya no mueren automáticamente, empiezan sigilosamente a moverse.

Sobrevuela en este espacio una pregunta simple: ¿cómo puede ser que nadie se atreva a cuestionar de verdad el sistema? Ninguno de los candidatos lo explicó con claridad en sus plataformas electorales.

Una vez más, la historia se repite como tragedia. El gobierno intuye los riesgos de esta inercia institucional argentina. En efecto, lo intentos de cerrar el expediente del “Correo Argentino”, los movimientos en el Consejo de la Magistratura contra el juez Alejo Ramos Padilla, el desplazamiento de Alejandro Slokar de la causa “D'Alessio”, las maniobras para “desarrepentir” a Manuel Vázquez del “Odebrecht & Soterramiento”, la fragmentación del caso de los "aportantes truchos". En fin, todo esto se asemeja a una suerte de dispositivo para prevenir “daños”.

Es paradójico, pero todo indica que esos movimientos se inscriben en un intento de escapar de lo que parece la ley de hierro de la Justicia: quien abandona el poder, sufre consecuencias judiciales. Y el gobierno está en medio de una disputa electoral abierta, de acuerdo a las principales encuestas.

Pese a todo es probable que el caso “D'Alessio” arroje algunas novedades. El juez Ramos Padilla citó ayer por sexta vez al fiscal de los Cuadernos, Carlos Stornelli. El espía Jaime Stiuso va a declarar como testigo y una nutrida agenda se inicia en los primeros días de julio:

10/7 Aníbal Fernández (testimonial)
12/7 Juan José Gómez Centurión (testimonial)
15/7 Julieta Ciarmiello (testimonial)
16/7 Daniel Llermanos (testimonial)
17/7 Daniel Santoro (indagatoria)
18/7 Carlos Stornelli (indagatoria)
18/7 Jaime Stiuso (testimonial)
6/8 Roberto Porcaro (testimonial)

Pero la Justicia no sólo se ocupa de los funcionarios. Hay otros fueros en los que el lenguaje penal avanza sobre los más vulnerables. La Justicia ordinaria de la ciudad aplica la ley de manera homogénea y sin analizar casi cada.

De hecho, una estadística de la Fiscalía N° 16 revela que una de las políticas públicas del Estado con respecto a la pobreza y a la violencia es la cárcel. Los números conmueven si los pensamos en clave de la biografía de los que cometieron los delitos. De junio de 2018 a junio de 2019, trataron 63 casos de robos. El 30% fueron cometidos por personas en situación de calle.

En el mismo sentido, el colega Fernando Soriano publicó en Infobae que aumentaron los detenidos por robar para comer en la ciudad. “Cifras del Ministerio de Justicia nacional muestran que las causas por flagrancia aumentaron entre el primer y el segundo semestre de 2018: de 1.170 casos a 1.721, lo que implica un incremento del 48%. Estadísticas referidas a diciembre pasado indican que del total de hechos dentro del proceso de flagrancia el 46% fueron robos, el 31%, tentativas de robos, hurtos, el 9%; y los robos con armas representaron apenas el 3%”.

Corre el 21 de marzo de este año, son las 9.45 de la mañana y “Pedro” entra a una verdulería ubicada en la calle La Rioja al 2000. Se acerca a una góndola, agarra cuatro latas de durazno y algunos sobres de especias y se va sin pagar. Los empleados se dan cuenta por las cámaras de seguridad, avisan a la policía y lo detienen.

El hombre había pasado tres días sin comer. Ante la Justicia confiesa entre lágrimas: “Me encuentro en situación de calle, me dolía la panza, la cabeza y creo que tenía fiebre, todo por el hambre”. Hace 45 días que “Pedro” está en la cárcel de Ezeiza. La causa ya fue elevada a juicio y está en manos del Tribunal Oral en lo Criminal 24.

Tan solo unos días después, no muy lejos de allí, la historia se repite. “Oscar” de 42 años, vecino de Lomas del Mirador y  zapatero, entra a un supermercado ubicado en el barrio porteño de Flores e intenta robar tres paquetes de pañales para ayudar a su hermana con la crianza de su bebé.

Los toma del estante, los guarda disimuladamente en su bolsa y, mientras se hace el que habla por teléfono, busca salir del local. Pero no tiene suerte. La cajera se da cuenta, lo reta y le pide que devuelva los pañales. El muchacho le hace caso y deja los pañales donde estaban.  El tema es que cuando quiere retirarse, es detenido por la policía.

Velozmente “Oscar” es procesado por tentativa de hurto por el juez nacional en lo Criminal y Correccional 57 Martín Del Viso. Permanece un mes tras las rejas porque no hay nadie en su familia que pueda juntar mil pesos para pagar la fianza. Finalmente, por insistencia de su defensor bajan el monto a 300 pesos y lo liberan.

El 27 de febrero, “Juan” —un muchacho que trabaja de cartonero— roba cuatro melones exhibidos en un cajón de madera en una verdulería ubicada en la calle Gutenberg 2889 y se va. El hecho es observado por policías que trabajan en el lugar y que lo persiguen hasta detenerlo. El juicio se hace rápidamente: el TOC 10 lo condena a quince días de prisión en suspenso.

Los casos de “Pedro”, “Oscar” y “Juan” no son los primeros ni los únicos en los que la Justicia argentina actúa de forma rápida y aplica su mano de hierro. Pero mientras aplasta a los débiles, con la otra mano acaricia a los poderosos de turno.

La comparación es obvia. La fiscal Gabriela Boquín intenta desde 2016 conocer el pasado del Correo Argentino, para que los jueces determinen si hubo un fraude. Recordemos que los hechos datan de 2003 y la Justicia aún no se pronunció. Sin embargo, en materia de delitos comunes la velocidad impacta. Hay una justicia express para los pobres.

Estamos cada vez más lejos de la promesa democrática que inauguramos en 1983.

 

 

 

 * Publicado en #DosJusticias

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