¿Cómo puede reformarse a la Justicia?

 

Como ex integrante de la Justicia que, en distintas épocas históricas e institucionales, actuó profesionalmente para tratar de mejorar, incluso en sistemas de facto y sin vigencia de la Constitución, me preocupa buscar soluciones al mejor funcionamiento del Poder Judicial.

Yo estudié Derecho y entré en la Facultad en 1959. Admitamos que no era una época en la que el Estado de Derecho rigiera, pero muchos de los que empezamos la carrera en ese momento teníamos esperanza de contribuir a su vigencia. Y por eso luchamos y militamos desde entonces, incluso en las peores épocas, como la que se inauguró con el golpe de 1976. Y también ingresé a la carrera docente, en la que desde entonces estoy –excepto cuando me echaron en 1976—, incluso habiendo logrado por concurso ser titular de una cátedra de Derecho Penal y Procesal Penal y ahora Profesora Consulta y seguimos enseñando el Derecho —en nuestro caso el Derecho Penal— en el que en especial se refleja la vigencia en concreto de la Constitución y sus principios y garantías que deben regir para todos los ciudadanos y buscamos que así sea en nuestra realidad.

Tuve y tengo esperanzas de que con este gobierno habrá progresos, porque conozco a sus integrantes, comenzando por el Presidente de la Nación. Me preocupa que la discusión se centre en este momento en el sueldo de los jueces y no en su anterior actuación como tales.

Y tal discusión es inapropiada porque los sueldos y la jubilación de los jueces tienen que ver con la importancia de su tarea y con el futuro que tienen. De otro modo haremos que ingresen a la Justicia quienes no pueden sobrevivir como abogados, porque quienes profesional y académicamente se destacan no lo harían de no tener asegurados un futuro e ingresos que lo justifiquen.

Tampoco lo es la puesta en vigencia del código procesal penal, aprobado en 2015 —que es el que por otra parte está vigente en distintas versiones en las provincias—, porque el hecho de que los jueces no investiguen sino que lo hagan los fiscales en nada mejora un sistema que genera jueces como Bonadío o Ercolini y fiscales como Stornelli o Bidone. Sin embargo, esto ha sido anunciado como reforma de la Justicia.

Mientras tanto aquellos jueces que no aplicaron la Constitución en un Estado de Derecho continúan en sus cargos y tramitan la jubilación llamada de “privilegio”, que lo es en sus casos, no en el de tantos otros integrantes de la Justicia que formaron parte de aquellos que no aparecen en los medios, porque llevan a cabo la tarea que les compete y a la que honran y que merecen que se les reconozca esa tarea de impartir justicia independiente del gobierno de turno.

Esto es lo que como profesores enseñamos a nuestros alumnos en la Facultad, pensando que serán quizás los futuros jueces que honrarán la Justicia, de lo contrario tendríamos que preguntarnos cómo y para qué enseñar. Esta es la pregunta que me hago y en la que creo me acompañan los juristas de este país, después de haber vivido las distintas épocas institucionales más graves del país y de pensar, luego de 1983, que habíamos recuperado, por lo menos, la vigencia del Derecho y de la  Constitución.

De otro modo, ¿cómo le explicamos a los alumnos que se puede privar de la libertad a alguien sin un debido proceso previo, o que alguien puede ser considerado culpable sin que haya pruebas que lo establezcan, o que la presunción de inocencia constitucional no existe? Que cualquiera pueda denunciar a alguien por algo que no se sabe qué es, ni qué pruebas hay, ni quien lo hizo. ¿Cómo les explico que ello sucedió hasta ahora sin que alguien sea responsable?

En la causa del Memorándum con Irán, al confirmar la resolución del juez Rafecas en la que afirmaba que no había delito, la Sala I de la Cámara Federal sostuvo que “los estrados penales no son las tablas de un teatro ni sus expedientes el celuloide de una película, o que una persona deba quedar sometida a los influjos de un proceso criminal sin otra razón más que la publicidad de su figura”. Se señaló entonces que no debía olvidarse que “la instrucción de una causa penal compromete el honor, la reputación y la tranquilidad de una persona legalmente inocente, que puede restringir su libertad o afectar su patrimonio, o alejarlo de su actividad ordinaria o de su familia, dejando a esta en el desamparo; que, en fin, puede adquirir las formas y la severidad de una pena, causando la deshonra y la ruina irreparables”.

Una denuncia infundada constituye una violación a los principios constitucionales que enmarcan cualquier actuación ante la justicia penal. De otro modo –como desgraciadamente está sucediendo con frecuencia— podría titularse “denuncia” cualquier presentación que se hiciera ante la Justicia con el solo fin de que fuera difundida por los medios de comunicación y dañar la imagen pública de cualquier persona o de cualquier funcionario. Y corresponde a la Justicia precisamente poner límites a su utilización con fines políticos.

Señalaba el periodista Aleardo Laría en una nota titulada “Desvaríos judiciales” que “una democracia puede considerarse consolidada cuando cuenta con un Poder Judicial independiente, que actúa con imparcialidad, y no cede frente a la presión de actores de la sociedad civil o del propio gobierno cuando pretenden condicionar sus decisiones. Son numerosas las muestras que evidencian que Argentina está muy alejada de ese ideal. Las decisiones judiciales que recientemente han tenido gran impacto mediático, revelan que el problema ha alcanzado tal dimensión que envuelve con una niebla densa al conjunto de las instituciones”.

Tenemos que lograr que ello no suceda, tenemos que discutir en serio cómo lo logramos ahora que tenemos un Presidente que conoce y ha sufrido los vericuetos de la llamada “Justicia” a la que tenemos que cambiar. Empecemos por tratar la responsabilidad de aquellos que hicieron posible que hoy se sienta que el Poder Judicial cambia en cada gobierno y que la Justicia está ausente.

 

 

 

* Profesora Consulta. Facultad de Derecho UBA. Ex Jueza de Tribunal Oral en lo Criminal Federal.

 

 

 

 

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