Como por arte de magia

 

El Programa de Incremento Exportador consistió básicamente en un reconocimiento de 200 pesos por dólar para las exportaciones de soja por el período 5 al 30 de septiembre de 2022. Generó un cierre de operación de 8.123 millones de dólares por exportaciones y se declaró un ingreso de divisas por 7.646 millones de dólares. Esta cifra es coincidente con lo expresado por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), fruto de liquidar en pesos en la Argentina ventas al exterior por 13.725.198 toneladas de soja.

El aporte del Tesoro de la Nación es entonces de 382.300 millones de pesos, que nacen de multiplicar los 7.646 millones de dólares ingresados por $50 (la diferencia entre el precio de $200 y los $150), fijado como dólar oficial por el Banco de la Nación Argentina. Para darnos cuenta de la magnitud que representa ese “subsidio”, en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional 2023 es del siguiente porcentaje:

 

 

Hay que considerar el dato de que los 382.300 millones de pesos fueron percibidos por los 44.622 entre productores y personas jurídicas (entre ellos, los grandes acopiadores y comercializadores de granos: ADM, Bunge, Cargill, Louis Dreyfus, Glencore, COFCO, Aceitera General Deheza, ACA, y Molinos Agro-Pérez Companc) en septiembre de 2022 y que el Presupuesto es un gasto a realizarse durante todo el año 2023, con una hipótesis de inflación del 60% para ese lapso.

 

 

 

Como por arte de magia

El problema es que el gobierno dice que ese ingreso permite aumentar las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina (BCRA), pero no es lo que se observa en el Balance de la autoridad monetaria, cuya última publicación es del 26 de septiembre de 2022, cuando CIARA y CEC reconocían que el sector había ingresado unos 6.000 millones de dólares.

Al 26 de septiembre de 2022, se empleó para pagar intereses y compromisos en el exterior (incluidos los 2.590 millones de dólares pagados a esa fecha al FMI y que deberían ser reintegrados con la cuota correspondiente con la aprobación de las metas del segundo semestre de 2022 en los primeros días de octubre de 2022) la suma de 4.900 millones de dólares. La diferencia (1.100 millones de dólares), así como ingresó al BCRA, se fue para pagar compromisos del sector privado (desde el dólar tarjeta hasta el dólar ahorro e incluso deuda externa de las empresas).

Por ende, el Balance del BCRA al 26 de septiembre 2022 dice que:

 

 

En primer lugar, las reservas internacionales brutas del BCRA son casi 8.900 millones de dólares menos que cuando asumió la Presidencia de la República Alberto Fernández. Si se las compara con las de un año atrás, las reservas descienden en 6.823 millones de dólares. Tenemos récord de superávit comercial de más de 29.500 millones de dólares, acumulados en los 32 meses que van desde el 1° de enero de 2020 hasta el 31 de agosto de 2022 [1], y si a esa suma le agregamos el seguro superávit del mes de septiembre de 2022 por la liquidación de las 13.725.198 toneladas de soja en el mes, el saldo comercial positivo de la gestión de Alberto Fernández supera raudamente los 32.000 millones de dólares. Sin embargo, las reservas internacionales son negativas, y aun contando con que el FMI devuelva los 2.590 millones de dólares pagados en septiembre pasado en octubre, la disminución ronda los 6.000 millones de dólares, contra los 45.190 millones de dólares de reservas de 2019.

En consecuencia, desaparecen como por arte de magia no menos de 38.000 millones de dólares: 32.000 millones de dólares del superávit comercial acumulado durante la gestión y los 6.000 millones de esa moneda en que disminuyeron las reservas internacionales del BCRA.

La principal explicación es un informe que circula en los despachos oficiales que le pone cifras a un dato que es admitido en el Banco Central: un grupo de empresas, de las más importantes de la Argentina, accedieron a dólares baratos para cancelar la deuda que habían contraído en los años del macrismo y para sus importaciones. Energéticas, bancos, constructoras, alimenticias y firmas del sector de la comunicación accedieron a nada menos que 23.710 millones de dólares [2].

Con esa debida aclaración, que el BCRA debería hacer oficial, se resuelve la incógnita y se permite asignar un número preciso a una sospecha de larga data. Con ello se reconocería que hubo una decisión política de pagar la deuda externa privada a costa de la pérdida de reservas internacionales del BCRA y que obliga al Estado Nacional a asumir compromisos con el FMI, que es el que financia la deuda que le prestó al gobierno de Cambiemos.

Esto fue así desde que asumieron la mayoría de las actuales autoridades del BCRA. Le vendían y le venden al tipo de cambio oficial a las empresas para que paguen sus deudas reales o supuestas. Recién en octubre de 2020 le pidieron a las empresas que refinanciaran ellos por su cuenta en un 60% de la deuda, que el 40% le seguía y le sigue vendiendo dólares al precio oficial el BCRA.

Recapitulemos: se le venden dólares al precio oficial a las empresas para que paguen la deuda que tomaron en el exterior. Esa deuda o la fugaron o compraron activos que valen mucho más que su evaluación con el precio oficial del dólar. Y es más: muchas de ellas son las mayores compradoras de dólar a precio oficial en la gestión de Cambiemos y no pueden demostrar en sus balances y estados contables de dónde detrajeron los recursos para comprarlos, quedando evidenciado que cometieron evasión y fuga.

 

 

 

El impacto monetario: ganan los bancos

En segundo lugar, el impacto monetario no es menor, dado que se absorben los pesos emitidos para pagar $200 por el dólar soja a una tasa del 75% anual nominal y que, efectiva, ronda el 100%. A esa tasa aumentan las inmovilizaciones (encajes remunerados del BCRA), que solamente comparando con el mes anterior, son de casi 1,2 billones de pesos.

 

 

El sistema financiero expande en un mes (30 días) casi 1,2 billones de pesos las inmovilizaciones que los bancos cobran sin correr ningún riesgo, sólo por tener la autorización para captar depósitos del público. Se dan vuelta y se lo prestan al BCRA a una tasa mayor y ganan la diferencia.

No hay lógica alguna: sólo garantizar la renta a los sojeros y a los bancos. El Estado Nacional paga una deuda que no investigó y lo hace a través del Presupuesto con reducción del gasto total, de la obra pública y del apuntalamiento a la población. El gasto total previsto para el año 2023 es el menor de este siglo. Representa menos del 20% del PIB, cuando en los 12 años de kirchnerismo no bajó del 24 al 25% del PIB. Del mismo modo sucede con la obra pública: sólo se prevé el 1,6% del PIB para 2023, cuando durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no bajaba del 4,5% del PIB. Lo mismo pasa con las remuneraciones del personal civil de la Administración Nacional y con las jubilaciones y pensiones, que se ajustan por valores por afuera de la inflación y que parecen positivos ante una ponderación de la misma del 60% para todo 2023. Pero sucede lo mismo que este año, en el que se incrementan por debajo del 95%, que es lo que afirma el Mensaje del Presupuesto de la Administración Nacional 2023 que será la inflación para este 2022.

Finalmente, el ajuste fiscal, tanto de 2022 como el proyectado para 2023, es para lograr un déficit primario del 2,5% y del 1,9% del PIB, respectivamente. Para 2022, el déficit primario sería de 1,91 billones de pesos, cuando a los bancos les pagan intereses por un aumento de los encajes de 1,18 billones de pesos en un mes.

 

 

 

 

 

[1] No se puede tomar diciembre de 2019 porque Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre y no están los datos fraccionados de la Balanza Comercial.

[2] Diego Genoud en La Política Online del 25/09/2022.

 

 

 

 

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