CÓMO HUNDIR UNA INVESTIGACIÓN PENAL

 

No había demasiada expectativa con la imputación Macri en “Comodoro Pro”, como acostumbraron a llamarle los familiares de las víctimas del submarino San Juan, pero que el fallo de su sobreseimiento sobre el espionaje ilegal  cayera pasada las dos de la tarde del viernes, apenas un rato antes del arranque de la feria judicial de invierno, fue leído por ellos como una provocación. Orquestada, en rigor, por los tres jueces de la Cámara Federal porteña, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, expertos en favorecer al ex Presidente cuando la Justicia le pisa los talones.

-Qué ironía, porque además justo fue 15. Parece que una y otra vez el destino se ensañara con nosotros –dice Isabel Polo, hermana del cabo Daniel Alejandro Polo, uno de los 44 tripulantes del submarino. El 15 es una fecha trágica. El último contacto que hubo con la nave fue a las 7:30 de la mañana del 15 de noviembre de 2017, a 400 kilómetros de la costa. Ese día desapareció para siempre frente al Golfo San Jorge, en el Atlántico Sur.

Desde esa fecha, los familiares  no cesaron en la búsqueda y presionaron de tal forma al por entonces gobierno macrista que se convirtieron en una piedra en el zapato. La AFI, en coordinación con la inteligencia naval, tomó nota del asunto y se encargó de vigilarlos de cerca. En ese periodo de búsqueda los familiares enviaron cartas, hicieron festivales, marcharon en reiteradas ocasiones en Buenos Aires y Mar del Plata, asistieron al Congreso Nacional y se encadenaron en la Plaza de Mayo para exigir a los funcionarios nacionales que no interrumpieran el rastrillaje. Mostraron su furia contra Macri cuando supieron que, instalado a pocos kilómetros de la Base Naval de Mar del Plata, se dedicó a jugar al golf cuatro meses después de la desaparición, sin interesarse en recibirlos. Molesto por su presencia cercana, Macri incrementó el personal de espionaje hacia los familiares, con dos objetivos: marcar sus movimientos identificándolos personalmente y, a la vez, anticiparse a sus reclamos para fingir preocupación política. Eso es lo que había demostrado la Justicia, desde que el fiscal Daniel Adler había empezado las primeras investigaciones en Mar del Plata hasta el procesamiento de Macri por el juez Martín Bava en Dolores. En noviembre del año pasado, Bava lo indagó, pero Macri no respondió preguntas. A partir de allí el lobby macrista llevó la causa a Comodoro Py, y sus jueces amigos ahora lo libraron de culpa y cargo.

De jugar al golf y al paddle con Macri también saben los jueces. En 2021, cinco abogados denunciaron a Mariano Llorens por dos presuntas visitas a Mauricio Macri, cuando era presidente, en la casa de Gobierno y la Quinta de Olivos. Es ya conocido que Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia arribaron al tribunal de apelaciones de Comodoro Py durante la era Cambiemos. La Sala I de la mencionada Cámara, en efecto, terminó de completar su integración en septiembre de 2018. Los tres camaristas fueron nombrados por el ex presidente Macri, y dos de ellos llegaron a su puesto a través de traslados. En noviembre de 2020, la Corte Suprema consideró que los traslados de Bruglia y Bertuzzi "no son permanentes" pero dispuso que se queden en el cargo hasta que se sustancie el concurso y se designen jueces como indica la Constitución Nacional. Recientemente, los tres jueces estuvieron en el ojo de la tormenta al reabrir una investigación que ya estaba prescripta -por una sentencia de la jueza federal María Servini- para que se analice la responsabilidad de Montoneros en el atentado al comedor de la Policía Federal, en julio de 1976. Fueron acusados por los organismos de Derechos Humanos de favorecer la teoría de los demonios. Sin ir más lejos, el CELS expresó que la resolución busca "instalar la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la época son equiparables a delitos de lesa humanidad".

No es algo que pareciera afectar a la sensibilidad de los camaristas, que ahora fundamentaron que la AFI macrista espió a los familiares del San Juan -con métodos que los abogados de la querella consideraron idénticos a los de la dictadura militar- para un fin prístino y supremo: velar por la seguridad del presidente. El espionaje macrista, en efecto, sigue siendo amparado en los Tribubales, y eso que aún nada llegó a su reducto ideal, la Corte Suprema. Antes, para proteger a Macri y sus altos mandos en la acusación de una práctica sistemática de espionaje, la Justicia había consolidado la teoría del cuentapropismo: espías que se mandaron a espiar por su cuenta, sin recibir órdenes ni expresas indicaciones de un aparato, el de inteligencia, preparado para respetar jerarquías y operar en las sombras de la política. Inverosímil.

Ahora el principal argumento de los jueces con el espionaje a los familiares del submarino podría resumirse en estas palabras: a cualquier presidente de la democracia no le alcanza con su custodia asignada por presupuesto nacional, sino que, si cree que está siendo acechado por “agentes sociales” -el eufemismo para nombrar a los familiares de las víctimas- que buscan su mal, amenazando su intachable investidura, tiene el derecho de recurrir a espías y servicios que trabajen para el Estado, para que estos se infiltren sin identificarse entre los agentes sociales y de esa forma consigan información y neutralicen su accionar. Todo sea por un fin superior, porque no importa el dolor de unos familiares ni el tenor de sus reclamos, importa más, por supuesto, la figura del príncipe, no vaya a ser cosa que ocurra el magnicidio del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe, acribillado a plena luz del día. ¿Y quién fue uno de los que tuiteó apenas lo mataron? Mauricio Macri, profundamente consternado.

La abogada Valeria Carreras, que representa a una de las querellas, fue contundente: tildó el fallo de“aberración inmoral”. Así lo explicó: “Los jueces dijeron que hubo tareas de seguimiento fotográfico e inteligencia sobre las víctimas. Pero que eran legales, porque lo hicieron por seguridad presidencial. Es decir, las familias, madres, esposas y parientes, eran un peligro para la seguridad nacional y para Macri”.

La Justicia argentina aún investiga la complejidad de la trama con preguntas inconclusas. ¿Por qué se hundió el submarino? ¿Hubo falta de mantenimiento y fallas mecánicas que le impidieron salir a la superficie? ¿Cuáles fueron las responsabilidades en la cadena de mandos al detectarse el incendio en la nave? ¿Por qué se demoró tanto la búsqueda si se aplicó la más alta tecnología mundial? ¿Existió un encubrimiento del gobierno que permitió esconder información y ganar tiempo ante la opinión pública bajo oscuros motivos económicos y políticos?

Lo más asombroso, de todas maneras, era el espionaje del aparato de inteligencia del Estado que tuvo como blanco a las familias de los tripulantes. Algo que ahora quedó en el limbo, pese a que las querellas irán en queja a Casación. Las pruebas acumuladas por la investigación judicial, como ha venido publicando El Cohete a la Luna desde sus primeros hallazgos, habían sido no sólo notorias sino vastas. Allí se probó que las viudas del San Juan y sus hijos e hijas fueron el blanco de la Agencia Federal de Investigación (AFI), al menos entre fines de 2017 y a lo largo de 2018. Las primeras denuncias se realizaron en abril de 2018, cuando las víctimas notaron que sus celulares experimentaban llamativas irregularidades.

Los espías anticipaban a Macri todos los reclamos que planeaban hacer los familiares de los 44 tripulantes desaparecidos. Sabían quiénes serían las viudas que hablarían en las reuniones con funcionarios y hasta qué petitorios iban a presentar. El perfil de las esposas de los tripulantes era el de mujeres jóvenes, sin experiencia previa en movilizaciones, mujeres del interior del país que en su mayoría se habían mudado a Mar del Plata para acompañar a sus maridos en la Armada, con sus hijos a cuestas.

En septiembre de 2020 -y tras un allanamiento en la AFI de la delegación Mar del Plata- la justicia federal argentina se encontró impensadamente con una pila de discos y material digital. Al abrirlos, comprobaron que eran registros del espionaje a las viudas. La entonces  interventora de la AFI, Cristina Camaño, convocó a los medios a una conferencia. Luego radicó la denuncia, donde pidió la indagatoria de Macri, los ex jefes de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, el director de Reunión Interior -una dependencia de la ex-SIDE dedicada a recolectar información desde las provincias- y el jefe de la delegación marplatense de la AFI.

“La inteligencia es instrumental a todo gobierno. El problema es cuando se hace de forma ilegal, sin orden judicial”, había dicho el fiscal Daniel Adler de Mar del Plata, quien investigó que en el espionaje participaron, además, oficiales de la Armada.

La familia Vallejos fue una de las tantas víctimas. En una audiencia judicial, Malvina Vallejos, hermana de un tripulante fallecido, se reconoció en una foto del expediente. Se la habían sacado los espías durante una marcha en Mar del Plata sin que ella se diera cuenta. A Zulma, su madre, el celular le falló durante meses: se prendía y apagaba, se ponía a titilar, se borraban mensajes. Luego supieron que era porque los estaban espiando.

Se acercaban a las mujeres, primero por redes sociales y luego en las reuniones alrededor de la Base Naval, ganándose su confianza. Espías que se hacían pasar por periodistas, brujos que decían tener visiones sobre la nave, apócrifos estudiantes de sociología que recomendaban herramientas de lucha política. Las seguían en sus encuentros, cuando hacían una misa en conmemoración o cuando iban al Concejo Deliberante local para hacer oír sus reclamos. “Y eran profesionales al estilo de Alfredo Astiz. Agentes que posaban con actitudes angelicales, apoyando buenas causas, y que por detrás pasaban información”, recuerda la abogada Carreras.

“Ganó la verdad. La verdad aún puede ganar en la Argentina. No perdamos la fe. Cada vez falta menos para que la Argentina cambie para siempre”, tuiteó Macri mientras paseaba por Europa, apenas conocido el fallo de su sobreseimiento. “Fue otra provocación infame, porque cuando ya circulaba el rumor sobre un fallo favorable a sus intereses, anticipó su regreso de Europa para retornar en estos días como un guerrero victorioso”, se enfurece Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los tripulantes fallecidos del  San Juan.

Salvado, una vez más, por sus amigos

Lo que indignó a Tagliapietra es el plexo de argumentaciones del fallo, donde los tres jueces resumieron por qué sobreseyeron no sólo a Macri sino también a exjerarcas de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, el exdirector de Reunión Eduardo Winkler, el exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y cinco agentes que revistaban en esa repartición. En la línea de repudio, el ministro de Justicia Martín Soria denunció en Twitter que a Macri “lo salvan los amigos”, y Agustín Rossi calificó el fallo como un disparate.

Esto fue lo fundamental de las argumentaciones de los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia:

1. Descartaron de plano, sin dar lugar siquiera a alguna duda o controversia, la hipótesis que había llegado desde Dolores: que las tareas del espionaje ilegal eran para controlar las protestas, perseguir a los familiares e influir en la opinión pública.
2. En esa línea, el único objetivo de dichas tareas -los jueces no pudieron negar el espionaje: simplemente, lo justificaron- fue blindar la seguridad presidencial.
3. Mencionaron que la Ley de Inteligencia Nacional (25.520) no fue vulnerada por las acciones desplegadas por la AFI. Es decir: que los agentes se hubieran infiltrado entre los familiares, invadiendo su intimidad de la forma más aterradora, fue algo absolutamente desestimado. Por el contrario, lo estimado fue que los familiares constituían algún potencial riesgo contra la integridad presidencial.
4. Cuando el juez Bava procesó a Macri dio por probado que la AFI había hecho seguimientos ilegales contra familiares de los tripulantes  y que Macri había sido quien los ordenó. Por eso, lo procesó como “responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”. Todo eso quedó desterrado: los jueces no negaron que Macri haya dado órdenes pero, en tal caso, fundamentaron que la seguridad del presidente era un objetivo de inteligencia primordial.

Aunque todavía existen varios expedientes abiertos en Comodoro Py que lo involucran en delitos, esta era la única causa por la que Macri había sido indagado. Ya conoce la fiscala Gabriela Boquín el estrés de su batalla en la causa Correo, con una de las deudas millonarias más colosales de los Macri contra el Estado. “Es de gran importancia disfrazar las propias inclinaciones y desempeñar bien el papel de hipócrita”, escribía Maquiavelo. Por ahora, el ex Presidente sigue entonando “con una ayudita de los amigos”, la ya bastardeada canción de Los Beatles…

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí