COMBO PELIGROSO

 

“No seas cómplice de esta dictadura vestida de ciencia. El barbijo mata”, rezaba un afiche colgado de un poste en el centro porteño durante una de las manifestaciones de 2020 contra la “falsa pandemia”, “plandemia” o “falsemia”, como llaman algunos a la pandemia del Covid 19, que para este fin de semana –y en el marco de la discusión sobre si se está atravesando un “rebrote” o una segunda ola– ya dejó en la Argentina más de 45 mil muertes y casi 1.800.000 contagiados. Todos reales.

Entre los fallecidos en los primeros días de enero están Alicia Martha Trezza y Oscar García Rúa, una pareja de adultos mayores que estaban internados en el Sanatorio Otamendi por complicaciones derivadas del Covid 19. A García Rúa, de 92 años, que padecía una neumonía grave y cuyo cuadro se fue agravando con el correr de los días, se le administró dióxido de cloro. Fue la familia la que solicitó, por vía judicial, que se le diera este químico, que no es un medicamento. Y el pedido encontró eco en el juez en lo Civil y Comercial Federal Javier Pico Terrero, que habilitó la administración de dicho compuesto.

Desde el inicio de la pandemia circulan mensajes –cuya agresividad recrudeció en las últimas semanas con el comienzo de la campaña de vacunación– que cuestionan la eficacia de la cuarentena (hablan de la cuarentena más larga del mundo, cuya formulación se parece a consignas del tipo “se robaron un PBI”), minimizan la virulencia del virus (dicen que es sólo una cuestión de adultos mayores, arengan que 98 de cada 100 infectados sobreviven a la enfermedad de manera natural y sin vacunas) y hasta cuestionan el uso de barbijos. Prueba de esto es un audio que está circulando por WhatsApp en el que tres personas (que serían medicxs o enfermerxs) sostienen que en hospitales y sanatorios de Rosario se suspendió la vacunación con la Sputnik V al personal de salud por la supuesta gravedad de los efectos adversos que produjo. Incluso afirman que en Neuquén, de 12.000 vacunados 4.000 reportaron síntomas. También rechazan la idea de ser “conejitos de indias” de los rusos. Todo con un tufillo muy troll.

Estas consignas son repetidas por médicos de carne y hueso, que dan sus nombres y matrículas. Una de ellas es Chinda Concepción Brandolino, cultora de la consigna “no seas cómplice de esta dictadura vestida de ciencia”, quien además se opone férreamente a la interrupción voluntaria del embarazo. Para 2019 Brandolino intentó sin éxito ser precandidata a presidenta y llamó a votar por Alejandro Biondini.

Brandolino dice, en videos con miles de reproducciones, que el virus “existió siempre”, que “el SARS-CoV-2 fue modificado genéticamente”, que “el coronavirus se puede combatir con el dióxido de cloro” y que la “PCR da 50% de falsos positivos”, según relevó el sitio Chequeado. En esa misma línea, la médica Roxana Bruno sostiene que en lugar de cuarentena habría que haber seguido con la vida como hasta marzo de 2020 para “generar, por el contacto con las mucosas, inmunidad de rebaño, que es el mecanismo natural de las enfermedades infecciosas”.

Bruno afirma en un reportaje que “con un 50% de la población sana que tomara contacto con el virus íbamos a alcanzar la inmunidad de grupo y se iba a cortar la transmisión”. Y aprovecha para tirar un dardo al Gobierno: “acá en la Argentina se suspendieron los poderes. Nos están tratando como inmunosuprimidos”. Estos médicos se enrolan en al menos dos agrupaciones que ya tienen sedes en distintos países de América Latina: “Médicos por la Verdad”, que se presentan como una “estructura de profesionales médicos dispuestos a luchar contra la injusticia, el genocidio y el satanismo mundial” (sic) y “Epidemiólogos Argentinos Metadisciplinarios”, que incluso solicitó reunirse con el presidente Alberto Fernández.

 

 

¿Y en la justicia qué?

La pregunta que surge tras el fallo de Pico Terrero es si estos movimientos de médicos que cuestionan la evidencia científica habrían encontrado un eco en la justicia. Un camarista del fuero Civil y Comercial Federal, al que pertenece Pico Terrero, minimizó en diálogo con El Cohete a la Luna esta idea y dijo que el modo en que resolvió el juez este recurso de amparo fue algo “más que excepcional”. “No le puedo decir si actuó bien o mal pero sí descarto que esté recetando veneno. Los jueces tenemos que actuar y actuamos”, manifestó y señaló que Pico Terrero es el único magistrado de primera instancia que está de turno en la feria de enero.

El camarista indicó que el Civil y Comercial Federal es un fuero sobrecargado porque los amparos vinculados a temas de salud son aproximadamente el 70% del trabajo diario. “En feria esta cifra llega prácticamente al 100%. Casi todos los amparos están vinculados a temas de salud. Los jueces de primera instancia están recibiendo un promedio diario de 200 escritos pidiendo habilitación de feria, la mayoría por temas vinculados a prestaciones de obras sociales o medicina prepaga”, graficó.

El camarista reconstruyó que el recurso de amparo se inició por la situación de un matrimonio de más de 90 años, ambos diagnosticados con Covid 19. Según el juez consultado, el sanatorio Otamendi “se curó en salud y dijo ‘yo esto no lo hago’”. Tras esa negativa, Pico Terrero “pidió un informe” y mientras tanto murió la mujer.

Consultado en relación con las versiones que señalan que Pico Terrero no pidió intervención del Cuerpo Médico Forense (que depende de la Corte Suprema) el juez que dialogó con El Cohete a la Luna concedió que “es normal pedir estos informes pero en algunas circunstancias, excepcionalísimas, se toma la decisión” sin esas herramientas. “Lo habitual es decidir. En este caso yo creo que influyó la premura pedida por los hijos y el médico tratante, a lo que se sumó que en el medio falleció la señora. La familia había pedido tres cosas, que se concedieron: que se le administrara dióxido de cloro, Ibuprofeno inhalable y poder ver al paciente”.

Este juez, que habló con Pico Terrero, aseguró que el magistrado “está preocupado porque fallecieron Trezza y García Rúa pero tranquilo con la decisión porque actuó de acuerdo a sus convicciones y a lo que pedía la familia”. El magistrado trazó un paralelismo a lo que ocurrió en la década de 1980 con la crotoxina, una droga obtenida en base al veneno de la víbora de cascabel que parecía ser eficaz en el tratamiento del cáncer. El Ministerio de Salud formó una comisión de oncólogos que señaló que “no había ninguna razón que justificara tratar a pacientes con crotoxina”. Mientras tanto, los jueces contestaban cientos de amparos de familiares pidiendo que a sus parientes enfermos les suministraran crotoxina.

 

Pico Terrero ante el Consejo

El 12 de enero, un día después de la muerte de García Rúa, ocho asociaciones profesionales denunciaron ante el Consejo de la Magistratura al juez federal subrogante Pico Terrero por “manifiesto mal desempeño en el ejercicio de la magistratura” al haber autorizado a administrar dióxido de cloro e ibuprofeno inhalable a un enfermo de 92 años con Covid 19. Los referentes de las organizaciones advirtieron que dicho tratamiento no solamente no está aprobado por la “autoridad de aplicación” (la ANMAT) sino que es “manifiestamente riesgoso para la salud y vida de los pacientes”. A Pico Terrero también se le imputa el delito de prevaricato.

El uso de dióxido de cloro, explicaron, se encuentra desde agosto de 2020 expresamente desaconsejado “por la multiplicidad de eventos adversos”. Los médicos denunciantes señalaron respecto de Pico Terrero que “más allá de la premura necesaria para dictar una medida cautelar”, omitió la consulta al Cuerpo Médico Forense y las sociedades científicas con competencia en la materia. También advirtieron sobre el fenómeno de la “judicialización de la medicina”. “Se observa un ejercicio abusivo y desnaturalizante del instituto procesal del amparo”, indicaron.

Fuentes del Consejo de la Magistratura confirmaron a El Cohete a la Luna que el presidente del órgano firmó el pase de la denuncia a la comisión de Disciplina y Acusación, que no se abocará a este tema hasta mediados de febrero, cuando retome su tarea habitual tras la feria. En ese momento deberá evaluar si se le da curso o la desestima in límine. Si se le diera trámite (como adelantó la fuente que ocurriría) debería elegirse por sorteo un consejero instructor que pidiera las medidas correspondientes para evaluar qué pasó y solicitara copias del expediente. Además tendría que resolver si corresponde escuchar al juez en esta instancia o más adelante. La mayoría que se necesita para destituir a un juez es de 9 consejeros sobre 13.

 

El dióxido de cloro o la “cura milagrosa”

El uso de dióxido de cloro para supuestamente “curar” no es nuevo. Lo saben los padres de chicos y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista. Supuestos profesionales afirman que estos jóvenes se recuperan con la ingesta de dicha sustancia. Esos tratamientos son engañosos y no tienen validez. Además, se utilizan sustancias que están prohibidas a nivel mundial.

Consumir dióxido de cloro no cura el coronavirus y es peligroso para la salud. Puede causar irritación en el esófago y el estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea e intoxicaciones severas, entre otras complicaciones que pueden incluir graves trastornos hematológicos, cardiovasculares y renales. En agosto los padres de un nene sano de cinco años le suministraron 700 mililitros de dióxido de cloro en forma preventiva. El menor falleció en el hospital de la localidad de Plottier, en Neuquén. Por esos días también falleció un hombre de 50 años en Jujuy. Su hermano confirmó que había ingerido más de un litro de dióxido de cloro. También en Mendoza hubo dos intoxicaciones graves por su ingesta. Unos días antes de las muerte del nene en Neuquén, la conductora Viviana Canosa consumió dióxido de cloro ante las cámaras de TV. “Oxigena la sangre. Me viene divino. Yo lo recomiendo”.

Conductores de TV irresponsables, médicos anticiencia y jueces que habilitan la administración de una sustancia que no está aprobada y cuyo uso está desaconsejado por la Anmat. Un combo que no ayuda en el marco de una pandemia mundial.

 

 

 

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