Colombia: una sociedad herida

 

Sólo un gobierno con autismo político puede haber anunciado una reforma tributaria que afecta mayormente a las clases medias y populares en un escenario en el que el país atraviesa el pico de la tercera ola de la pandemia con uno de los niveles de contagios y muertes más altos del mundo, un incremento de las personas en situación de pobreza extrema que pasó de 9,6% en 2019 a 15,1% en 2020, y una caída de la economía de casi 7%.

Parecería que ningún funcionario escuchó decir al presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, durante la reunión semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que América Latina y el Caribe tuvieron durante 2020 el peor declive de sus economías en 200 años, lo que ha afectado a la región de forma “desproporcionada”. Más de 39 millones de personas han perdido sus trabajos de tiempo completo y 44 millones han caído en la pobreza. Señaló que antes de la pandemia el crecimiento económico de la región ya era el más lento del mundo y la brecha entre ricos y pobres la más amplia. Además, que el número de muertes en la región era 3,5 veces superior al promedio mundial.

Pero el presidente Iván Duque y su equipo económico estaban preocupados por cubrir el forado del déficit fiscal –debido a los gastos incurridos por la pandemia– para no perder el investment grade, calificativo que otorgan las calificadoras de riesgo a los países que cumplen mejor la tarea de tener sus cuentas macroeconómicas en orden, sin consideraciones por los impactos sociales que conllevan.

Así, no se les ocurrió mejor idea que presentar en el Congreso el pasado 15 de abril el proyecto de una reforma tributaria antipopular, que eleva la base imponible del impuesto a la renta y el IVA hasta 19% a productos de la canasta básica (algunos de los cuales estaban exonerados de impuestos o tenían un máximo del 5%) y grava los combustibles, los servicios públicos e incluso los funerarios. Se esperaba recaudar 6.800 millones de dólares.

Las movilizaciones ciudadanas que exigieron el retiro del proyecto y la renuncia del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, no se hicieron esperar. Duque se mantuvo firme y ofreció un diálogo que la ciudadanía desoyó, convocando a un Paro Nacional para el 28 de abril, que fue reprimido criminalmente por las fuerzas públicas, ese día y los subsiguientes. El abuso de la violencia contra las protestas ciudadanas, en su mayoría pacíficas, fue condenada por Naciones Unidas, la Unión Europea, Amnistía Internacional y hasta la OEA.

El desborde de las protestas y la condena internacional dieron lugar a que, el 2 de mayo, Duque anunciara el retiro del proyecto del Congreso y la renuncia del ministro de Hacienda. Sin embargo, los manifestantes se mantuvieron en la calle reclamando por las muertes y la violencia del gobierno. La respuesta de Duque, ante la negativa de desbloquear las ciudades, fue enviar más fuerzas militares y, al mismo tiempo, convocar nuevamente al diálogo con la ciudadanía y los movimientos políticos y gremiales del país para “tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”.

 

Heridas abiertas

El proyecto de reforma tributaria fue un error político que, dadas las circunstancias descritas, bastaba por sí solo para despertar la ira ciudadana. Pero la indignación ya existía por el incumplimiento del compromiso del gobierno de modificar la primera reforma tributaria presentada en noviembre de 2019. Entre otros, ese proyecto exoneraba de impuestos a las grandes empresas (mineras, financieras, etc.), lo que dio lugar en ese momento a manifestaciones que dejaron cuatro muertes. Estas ocurrieron al mismo tiempo que las que tenían lugar en Chile, donde derivaron en un acuerdo con el gobierno para redactar una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente cuyos delegados serán elegidos la próxima semana.

En Colombia, aquellas protestas fueron disipadas con el ofrecimiento del gobierno de reunirse con las fuerzas políticas y organizaciones sociales para lograr una propuesta consensuada. Pero este le dio largas, apareció la pandemia, y recién en abril presentó la nueva reforma tributaria que ha desatado las recientes protestas, que han dejado más de 30 muertes, centenares de heridos y 300 desaparecidos.

En ellas se han canalizado las frustraciones acumuladas de una sociedad herida que reclama reformas al precario y fragmentado sistema de salud, al de pensiones, la prohibición de las aspersiones aéreas con glifosato, la reducción de la desigualdad. Según el Banco Mundial, Colombia es el segundo país con mayor desigualdad en la región después de Brasil y el séptimo en el mundo.

Asimismo, muchos reclaman que el gobierno se pronuncie sobre el informe de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que confirma el alto número de “Falsos Positivos”, nombre con el que la prensa denominó al involucramiento de miembros del Ejército de Colombia en el asesinato de civiles inocentes haciéndolos pasar como bajas en combate en el marco del conflicto armado interno.

El alto número de sindicalistas asesinados es otro de los temas que agobia a los colombianos. Según la Escuela Nacional Sindical, entre 1973 y 2019 fueron asesinados 3.300. Según la ONU, desde la firma del acuerdo de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en 2016, los asesinatos de líderes sociales han aumentado y suman 600. La organización considera que Colombia es el país más peligroso para defender los derechos humanos. Michel Forst, relator especial para los derechos humanos de ese organismo, señaló en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”.

Pero para el gobierno estos problemas no existen. Para Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano la infiltración del narcotráfico del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de la extinta guerrilla de las FARC de Gentil Duarte fueron los causantes de los saqueos y desmanes que tuvieron lugar en medio de manifestaciones mayormente pacíficas.

Desde el exterior, se acusa a Venezuela de infiltrarse en las protestas sociales, tal como –sin ninguna prueba– hizo el gobierno norteamericano durante las protestas en Chile en 2019. Desde el Foro “Defensa de la Democracia en las Américas”, realizado en Miami, fue Lenin Moreno el encargado de decir que “los servicios de inteligencia ecuatorianos habían detectado e informado al gobierno colombiano la intromisión del dictador Nicolás Maduro en Colombia”. Y exhortó a que Maduro retirara “sus sangrientas manos” de ese país. En el foro participaron, entre otros, Carlos Alberto Montaner, Luis Almagro –quien desde la OEA auspició el golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra Evo Morales– y Mauricio Macri.

Las protestas ciudadanas son explicadas desde el partido oficialista, especialmente por Álvaro Uribe, por medio de una absurda teoría de “moléculas anticipadas disipadas” que deslegitima las manifestaciones sociales calificándolas de terroristas al poner en peligro “el orden”. Según esa teoría, como la policía colombiana está bastante desarmada, es democrática y respeta la Constitución, quien viole las normas debe ser severamente castigado. En la práctica es la justificación del uso de la fuerza sin límites. Uribe no dudó en avalar la represión y en un tuit que luego borró dijo textualmente: “Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y la de las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico”.

 

 

Uribe, el narcotráfico y la institucionalidad

Nada sorprende en Álvaro Uribe, quien fue presidente entre 2002 y 2010. Dirigente del partido del Centro Democrático que fundó en 2014, es el padrino de Iván Duque. Durante su mandato se realizaron sistemáticamente interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales a miembros de la oposición, periodistas, funcionarios públicos, sindicalistas, activistas de derechos humanos, en una operación denominada “chuzadas del DAS” (Departamento Administrativo de Seguridad).

Uribe tiene más de 70 investigaciones por la justicia por sus nexos con paramilitares, narcos, por delitos como corrupción, fraude procesal, compra de testigos falsos, entre otras. En enero de 2020 surgieron denuncias que lo vinculan con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008. De ser cierto, algunas analistas consideran que las acusaciones representarían la última de una serie de incidentes y revelaciones que exponen la llamada “guerra contra las drogas”, emprendida por Estados Unidos y Colombia como un pretexto falso para justificar décadas de militarización, así como el estrecho rol desempeñado por los gobiernos de ambos países en la industria multimillonaria de narcóticos. A Uribe se le atribuye la creación de los grupos paramilitares vinculados al narcotráfico como parte de su práctica represiva.

Con la mirada siempre puesta en Venezuela, se pasa por alto que en los últimos años se ha deteriorado también en Colombia el equilibrio de poderes. El uribismo ha usado la mayoría que, en general, ha obtenido en las dos cámaras del Congreso para copar organismos constitucionalmente autónomos. El politólogo Ariel Ávila señala que “el balance para la democracia colombiana en el último tiempo es sencillamente desolador. (…) Como corriente política, el uribismo controla el Ejecutivo, logró unas mayorías silenciosas en el Legislativo y además tiene la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo. Lo tiene todo, sólo les faltan las altas cortes”. Este copamiento del Estado le ha sido de utilidad a Duque en las actuales protestas. Según el diario El Espectador, varios líderes de opinión y manifestantes han alertado sobre la ausencia de entidades como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, que están llamadas precisamente a proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente en las convulsionadas protestas recientes.

 

Los próximos pasos

El gobierno ha ofrecido instalar una mesa de diálogo nacional para que todos los actores sociales, incluidos los agrupados en el Comité del Paro Nacional, logren una reforma tributaria consensuada. Sin embargo, en un escenario en el que apenas falta un año para las elecciones presidenciales, difícilmente alguna fuerza política querrá avalar las medidas para recortar la brecha fiscal. Actualmente está en juego quiénes serán los candidatos presidenciales. El gobierno ha quedado sumamente debilitado. Y como dice el precandidato presidencial de izquierda Gustavo Petro, un gobierno débil solo se sostiene bajo los cañones de los fusiles y esa es la triste paradoja del gobierno de Duque. “En su afán de hacer trizas el proceso de paz, purgó los altos mandos del Ejército y la Policía, de quienes eran partidarios del proceso de diálogo, y le entregó la cúpula de ambas fuerzas a Uribe. Hoy Duque es prisionero de Uribe”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí