Colombia en su encrucijada

 

Colombia definirá hoy su destino para los próximos cuatro años cuando en la segunda vuelta de una de las elecciones presidenciales más reñidas de su historia elija entre Gustavo Petro, candidato del izquierdista Pacto Histórico, y Rodolfo Hernández, la versión colombiana de Jair Bolsonaro y Donald Trump, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Las últimas encuestas muestran un empate técnico entre el ex alcalde de Bogotá (2012-2015) y senador de la República (2018-2022), Petro, y el millonario ex alcalde de Bucaramanga (2016-2019), Hernández, supuestamente un outsider de la política. El “ingeniero”, como le gusta ser llamado, asumió al frente de ese municipio tras imponerse con un movimiento llamado “Lógica, Ética y Estética” a un ex alcalde liberal, con un discurso “en contra de los politiqueros”.

Colombia es el más importante aliado para Estados Unidos en América Latina y el Caribe y cuenta con el mayor número de bases militaresen la región. Su reciente nombramiento como aliado estratégico de la OTAN es “histórico”, según su Presidente Iván Duque, para quien ello confirma que su país es el número uno al sur del Río Bravo.

 

La aparente derrota del uribismo

En las elecciones del 13 de marzo, cuando se eligió al nuevo Congreso y –en una suerte de primarias– a los candidatos de los partidos, Federico Gutiérrez del Equipo por Colombia, apoyado por el uribismo, logró el segundo lugar detrás de Petro. Esa tendencia se mantuvo hasta tres semanas antes de la primera vuelta electoral, cuando se produjo el vertiginoso ascenso de Hernández, quien duplicó en esas escasas semanas su intención de voto del 10 al 20%. Ya entonces, algunas encuestadoras avizoraban que Petro solo podría perder las elecciones frente a este candidato.

Conscientes de que el respaldo ciudadano al candidato uribista no sería suficiente para el triunfo, las elites del poder no dudaron en sacrificar a Gutiérrez y apostaron a una carta que defendiera sus intereses sin que la población lo percibiera. Sabían perfectamente que a Gutiérrez le jugaba en contra representar la continuación del régimen de Duque, quien en abril del año pasado, en plena pandemia, propuso una reforma tributaria que afectaba mayormente a las clases medias y populares. Ello dio lugar al Paro Nacional, un conjunto de movilizaciones, las más importantes de las últimas décadas por su convocatoria y duración, que fueron brutalmente sofocadas, con un saldo de 83 muertos y decenas de heridos.

En abril de este año tuvo lugar la primera audiencia organizada por la Jurisdicción Especial para la Paz, un tribunal creado como parte del Acuerdo de Paz de 2016 celebrado entre el gobierno colombiano y las FARC. Un general del ejército y otros militares reconocieron en ese ámbito haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, un verdadero escándalo. En efecto, durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) se produjeron los denominados “falsos positivos”. Como se mencionó en El Cohete, solo entre 2002 y 2008 las fuerzas militares asesinaron a 6.400 civiles inocentes a los que presentaron ilegítimamente como guerrilleros muertos en combate, a cambio de premios y recompensasen el marco de la denominada “seguridad democrática” impulsada por el ex Presidente.

Asimismo, el relator especial para los derechos humanos de la ONU, Michel Forst, dijo en marzo de 2020 que Colombia “sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras de estos derechos asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad”. Recientemente, la Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos señaló que durante el gobierno de Iván Duque se produjeron importantes retrocesos en la implementación del Acuerdo de Paz con las FARC. El informe señaló también que desde la firma de los Acuerdos fueron asesinados 1.313 líderes sociales y se incrementaron las masacres y homicidios selectivos.

Como si no fuera suficiente, el ex Presidente Uribe tiene más de 70 investigaciones por la justicia por sus nexos con paramilitares, narcos, por delitos de corrupción, fraude procesal, compra de testigos falsos, entre otras. En enero de 2020 surgieron denuncias que lo vinculan con los carteles mexicanos narcotraficantes y la Administración Federal Antidrogas estadounidense (DEA) en una conspiración para traficar grandes cantidades de cocaína a México entre 2006 y 2008.

En este contexto, nada mejor que apostar por la figura de un outsider y luchador contra la corrupción que la de Rodolfo Hernández, quien finalmente desplazó en la primera vuelta al candidato apoyado formalmente por el uribismo. La Fiscalía ha acusado recientemente a Hernández por corrupto debido a irregularidades en un contrato de consultoría sobre las tecnologías para el manejo de los residuos en el relleno sanitario (Vitalogic) cuando fue alcalde de Bucaramanga.

Hernández empezó la carrera por la segunda vuelta con ventaja. Así lo reflejaron las primeras encuestas. A los casi 6 millones de votos que obtuvo (28,15%) se sumaban los 5 millones que el derrotado líder del uribismo, Federico Salazar, le endosó inmediatamente. Petro en cambio partía solo con sus 8,5 millones de votos (40,32%), pues Sergio Fajardo, líder de la Coalición Centro Esperanza, que tuvo una pésima performance al obtener solo el 4% de los votos, declaró su abstención.

Sin embargo, las últimas encuestas muestran un empate técnico, resultado de la caída de respaldo a Hernández. A esa disminución de votos ha contribuido el voto femenino –dice que las mujeres deben quedarse en casa y no participar de la política–, la acusación de la fiscalía por corrupción, la denuncia de compras de inmuebles de su esposa en La Florida, la difusión de declaraciones pasadas en las que se declaraba admirador de Hitler, entre otras perlas. La última de ellas ocurrió el miércoles, cuando un Tribunal Superior de Bogotá ordenó un debate televisado de 60 minutos transmitido por el Sistema de Medios Públicos Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC), antes del viernes, en el que ambos candidatos presidenciales expusieran sus respectivos programas de gobierno.

 

 

Mientras Hernández dijo que “la asistencia a los debates no es una obligación para los candidatos a la Presidencia de la República sino una facultad potestativa” y puso una serie de condiciones como que se realizara en su ciudad, Bucaramanga, limitar los temas que se abordarían y elegir a los periodistas que lo moderarían, Petro aceptó participar de inmediato por ser un derecho de la ciudadanía. Además, aceptó sus condiciones. Petro se presentó en RTVC con su equipo, pero Hernández, en una suerte de ataque de pánico al debate, no lo hizo, por lo que podría ser acusado por la Justicia por desacato. Se trata de un grave error, producto de sus limitaciones, que podría definir su suerte en una contienda tan reñida.

 

Las propuestas

La fórmula presidencial conformada por Gustavo Petro y la líder medioambientalista, Francia Márquez, plantea un cambio de modelo económico y considera que “hay que superar el neoliberalismo como un sistema de ideas dominante para abrirle paso a la garantía real y efectiva de los derechos de la gente”. Las medidas anunciadas contemplan una reforma impositiva que incluye mayores impuestos a los activos improductivos de las 4.000 personas más ricas del país; renegociar los Tratados de Libre Comercio; proteger los ecosistemas y recursos naturales; iniciar la transición energética de la matriz dependiente del petróleo y el carbón a las energías renovables (detendrán los proyectos piloto de fracking y el desarrollo de yacimientos costa afuera).

En política exterior propone, entre otros, impulsar un “frente americano de lucha contra el cambio climático, que incluye rescatar la selva amazónica”, similar a lo que propugna el Presidente Gabriel Boric de Chile. Plantea también “desmilitarizar la vida social” a través de una reforma de las Fuerzas Armadas en la que el servicio militar deje de ser obligatorio; eliminar los fueron penales militares; traspasar la Policía Nacional del Ministerio de Defensa al del Interior o al de Justicia con el fin de recuperar su carácter civil; y desmontar el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) por su papel en la violenta represión durante las protestas sociales. El programa de gobierno contempla medidas para promover la igualdad de las mujeres; acatar la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto; políticas específicas para minorías que históricamente han sido vulneradas, entre otras.

Rodolfo Hernández, en cambio, no ha tratado en profundidad las propuestas de su partido, le ha huido al debate hasta el final y solo se ha centrado en su discurso contra la corrupción. En lo que sí coinciden ambos candidatos es en la profundización de los Acuerdos de Paz alcanzados con las FARC durante la administración de Juan Manuel Santos (2010-2018), extenderlos hacia sus disidencias y alcanzar acuerdos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Ambos priorizan también el restablecimiento formal de las relaciones diplomáticas con Venezuela, suspendidas desde 2010 a partir de las acusaciones del entonces Presidente Uribe contra su par venezolano Hugo Chávez (1999-2013) de albergar células de guerrillas de las FARC y el ELN en territorio venezolano.

 

Encrucijada

Gustavo Petro tiene posibilidades de convertirse en el primer Presidente de izquierda de la vida republicana en Colombia, en línea con la exigencia de cambios manifestada en las elecciones presidenciales recientes en Chile y Perú. La elección de Petro y un triunfo de Lula en octubre marcarían un fuerte giro de la geopolítica en la región. Un eventual triunfo de Hernández representaría, en la práctica, la continuidad del uribismo. Populista de derecha y autoritario, no difiere significativamente de ese camino.

En un país con niveles de abstención que normalmente rondan el 50%, y con una participación inusualmente elevada en primera vuelta (récord desde 1974), el destino de Colombia está en manos de los indecisos y de la transparencia en el conteo de votos. Al respecto, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (MOE/OEA) encabezada por el ex canciller Eladio Loizaga publicó un informe sobre las elecciones colombianas en el que insta a las autoridades a mejorar su recuento de votos y realiza recomendaciones de cara a la segunda vuelta. Entre estas menciona un mayor acceso de las partes en contienda a los sistemas de procesamiento de resultados y métodos de administración y almacenamiento de datos más seguros.

En el informe lamenta que, en un aliado estratégico de la OTAN, se hayan producido episodios de violencia en algunas regiones, así como el hecho de que las propuestas previas a la primera ronda electoral no hubieran sido suficientemente discutidas. Sugiere también reforzar la seguridad informática de las computadoras usadas en el recuento y procesamiento de los votos, hacer más homogénea su configuración y reforzar la capacitación de los jurados de mesa.

La desconfianza manifestada por Petro en el sistema de conteo de votos no es infundada. Como para avivar las llamas, la Embajada de Estados Unidos en Colombia emitió el viernes una alerta de seguridad para este fin de semana por posibles actos de grupos radicales, que podrían desconocer los resultados de la segunda vuelta presidencial.

Colombia se encuentra en la encrucijada de reproducir y probablemente intensificar el drama de la violencia o bien iniciar una senda que explore nuevos caminos para poner fin a sus dolorosos conflictos internos.

 

 

 

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