Clientelismo global

 

Tiempos extraños se viven en Occidente. Tiempos de propaganda y noticias falsas; de conceptos que son contradictorios y antagónicos, de acciones que son la antítesis de los conceptos que se postulan. Tiempos en los que la violencia, la estigmatización, el miedo y el odio tejen el entramado del sentido común que propalan los gobiernos, los medios concentrados y las redes sociales. El sentido común, ese saber que proyecta un mundo al revés: una realidad que es la antítesis de lo que es y un “deber ser” que está en las antípodas de la ética y del bienestar del conjunto de la sociedad.

Son los tiempos que naturalizan el caos, esa estrategia de dominación centrada en el viejo principio de “dividir para reinar”, fragmentando en mil pedazos las sociedades para imponer así los objetivos de poder de un núcleo cada vez más reducido sobre los intereses del conjunto social. Tiempos donde un supuesto enemigo interno/externo amenaza la paz social, y su exterminio deviene épica colectiva. Son tiempos que consagran la censura como libertad de expresión y el totalitarismo como sinónimo de democracia. Estos tiempos caóticos engendran, sin embargo, una paradoja explosiva: abren una ventana a la “impunidad” del poder. Por allí asoma una espesa red clientelista que obedece a un núcleo cada vez más reducido de mega-monopolios que controlan todos los aspectos de la vida social. Esta red de gestores y mandantes con terminales en distinto tipo de instituciones y organismos se rige por el toma y daca: se toman y dispensan favores y servicios, asegurándose fidelidades que reproducen la estructura de poder local y global. Esta estrategia garantiza la funcionalidad y permanencia a lo largo del tiempo de los gestores y su integración subrepticia en un tejido mafioso que opera acumulando y otorgando prebendas y servicios de todo tipo y a la sombra del funcionamiento de las instituciones.

Este sistema no salió de un repollo. Tiempo atrás nacían en Occidente las instituciones destinadas a sustituir el poder monárquico por una democracia que iría a consagrar la paz social imponiendo el interés general por encima de los intereses particulares en pugna. El desarrollo del capitalismo global monopólico y el consiguiente principio de maximización de ganancias en todos los órdenes de la vida social dieron por tierra progresivamente con la legitimidad de este sistema institucional al imponer el interés de un grupo cada vez más reducido sobre los del conjunto de la sociedad. En paralelo, el clientelismo paso a ser un eje central a la reproducción del statu quo. Así, tanto en los Estados Unidos, centro del capitalismo global monopólico, como en los países de la periferia, los gestores del poder han constituido una resina que ahoga cualquier veleidad de cambio social. La crisis sistémica de este orden global capitalista vuelve ahora más visible este clientelismo, el modo en que opera y su razón de ser. Colocado en el centro del escenario político, hoy expone su incestuosa ligazón con sus mandantes y permite comprender cómo se reproduce el statu quo. Así, no todo es oscuridad en este pantano. De este aquelarre se sale reflexionando sobre las relaciones de poder que lo originan, sobre las formas de representación social y política y sobre los factores políticos, culturales e intelectuales que contribuyen a ocultar el clientelismo y a reproducir el statu quo.

 

 

Estados Unidos: brecha social, polarización política y wokismo

Desde principios de los ‘80 distintos gobiernos estadounidenses aplicaron una política centrada en la mínima intervención estatal en la economía siguiendo la premisa de que la libertad de mercado y la consiguiente eliminación de regulaciones e impuestos transferirían paulatinamente los beneficios del crecimiento económico hacia el conjunto de la población (trickle down economics). Esto no ocurrió, y las políticas implementadas profundizaron la brecha existente entre ricos y pobres. Así, desde 1980 el ingreso real del 50% de la población con menores ingresos se incrementó un 20% mientras que los del 10% de la población con mayores ingresos crecieron un 145%. Asimismo, desde principios de los ‘90 el S&P 500 [1] se incrementó en un 1.300% pero esto solamente beneficio al 10% de la población que posee acciones. Hacia el 2022, 139.1 billones (trillions) de dólares de ingresos contabilizados se repartían de un modo muy desigual: mientras 65.5 millones de familias absorbían el 2% de ese total, 13.2 millones de familias se quedaban con el 74% [2]. Un indicador sintetiza el deterioro de la situación social: hacia el 2019 la población estadounidense había perdido tres años de esperanza de vida, pérdida aun mayor para los estratos de menores ingresos. Las políticas aplicadas por el gobierno de Biden no alteraron estas condiciones sociales ni mejoraron la brecha entre ricos y pobres. Estas condiciones sociales, sin embargo, no han detonado una protesta.

Esto ha ocurrido en un contexto de creciente polarización política. El gobierno de Biden, apoyado por el establishment del Partido Republicano, ha tratado de impedir el acceso de Trump al gobierno en las próximas elecciones de noviembre [3]. Así, una avalancha de juicios criminales contra Trump, tanto a nivel federal como estatal, alegan distintos motivos para bloquear su futuro acceso al gobierno [4]. Sin embargo, esto no ha impedido que Trump arañe el triunfo electoral según las últimas encuestas.

En paralelo, tanto Biden como miembros de su familia han sido acusados de graves hechos de corrupción. Sus causas judiciales están desde hace tiempo pendientes de resolución, y esta demora compromete a su gobierno. Todo esto se suma a la censura creciente de la información por parte del gobierno demócrata, de los medios concentrados y de las principales redes sociales y corporaciones tecnológicas y contribuye a una erosión de la legitimidad de las instituciones. Esto último ha sido potenciado por la cultura de la cancelación impulsada por el gobierno de Biden y por el partido demócrata, especialmente en las universidades y otras instancias del sistema educativo. Un emergente de este fenómeno, el wokismo, ha fogoneado el disenso a partir de las identidades (identity politics), impulsando así la división y polarización creciente de los individuos a partir del sexo, etnia, raza, etc., borrando así las huellas más profundas de la estructura de poder.

Por estos días, sin embargo, el surgimiento de un movimiento de protesta que tiene por actor principal a los estudiantes de las principales universidades del país amenaza al corazón de las políticas del gobierno.

 

 

 

Guerra y protesta social

Iniciada como una protesta contra el genocidio en Gaza, esta protesta estudiantil exigió en un principio el fin del apoyo del gobierno de Biden a Israel y el establecimiento de la paz en la región. Esta crítica a la política exterior estadounidense se ha profundizado rápidamente al calor de los acontecimientos geopolíticos, dando paso a una creciente denuncia del rol de los lobbies de la industria de guerra en la política exterior del país y, más específicamente, en la política de las universidades. Es decir, ahora la crítica apunta al corazón del Estado en las sombras, ese Estado de seguridad nacional que, impulsado por el complejo industrial militar, busca maximizar ganancias y controlar al orden global utilizando la fuerza del petrodólar y de las armas.

El rol de los lobbies de las corporaciones de armamentos y de AIPAC —el lobby más grande del país, que representa los intereses de Israel— en el financiamiento de la política estadounidense y, en particular, de las universidades más importantes, está ahora en la mira de la juventud estadounidense y esto ocurre en vísperas de elecciones presidenciales. Asimismo, el conflicto estudiantil también expone el disciplinamiento de los estamentos administrativos por parte los lobbies que financian las universidades. Calificando desde un inicio esta protesta como antisemita, estos lobbies sancionaron y eyectaron a importantes autoridades universitarias. Esto impulsó el endurecimiento de los estamentos administrativos, culminando en sanciones y finalmente en la represión policial. La protesta, lejos de amainar, se propagó a otras universidades en todo el país y esto a su vez llevó a la intervención directa del Primer Ministro israelí en el conflicto estadounidense. Calificando de antisemita a un movimiento que, con fuerte participación de estudiantes judíos estadounidenses, tiene como centro de sus críticas la violencia represiva del Estado israelí en el conflicto en Gaza, Netanyahu acusó a los estudiantes de poner en riesgo la supervivencia del Estado de los judíos y exigió al gobierno de Biden la destrucción inmediata de la protesta. Poco después, la Cámara de Representantes aprobaba un proyecto de ley sobre percepción del peligro antisemita que declara la ilegalidad de las protestas contra Israel en tanto antisemitas y pasibles por tanto de represión policial. El proyecto vulnera el principio de libertad de expresión consagrado por la Constitución estadounidense y transforma al anti-sionismo en antisemitismo.

 

 

Así, un movimiento contra el genocidio perpetuado por la violencia descontrolada de un Estado sancionado por tal motivo por distintos organismos de las Naciones Unidas deviene por arte de magia en persecución al judaísmo.

Esta protesta estudiantil ocurre en un clima caldeado por las elecciones y en circunstancias en que la dinámica de las guerras en Ucrania y en el Medio Oriente exponen la incapacidad de la estructura productiva estadounidense y europea para abastecer con equipo y munición las necesidades impuestas por estas dos guerras. Muestra así la contradicción entre las limitaciones del complejo industrial militar vinculadas a la desindustrialización de la economía estadounidense y una política exterior que se empeña en escalar los conflictos geopolíticos arriesgando el desborde de una guerra nuclear.

 

 

 

La Argentina: el león libertario y su casta

Por estos días, el país ha estado sumergido en un baile diabólico marcado por los mimos y apelaciones del Presidente y su ministro Caputo a sectores empresarios de la patria contratista para que confíen en el plan de ajuste y pongan fin a la remarcación de precios. Esto fue complementado con guiños a la Sociedad Rural, al FMI, a funcionarios del gobierno estadounidense y a sectores del capital financiero internacional para que suelten los dólares que se necesitan para prolongar el ajuste fiscal más grande de la humanidad. Un ajuste que volará por el aire si el campo sigue retaceando la liquidación de la cosecha y si no entran nuevos dólares para los compromisos de la deuda que vencen en los próximos meses. Este ajuste es vendido por el león como el prolegómeno a un rediseño único de la economía que salvará al país de la eterna decadencia. Rediseño plasmado en la nueva ley Bases que acaba de obtener media sanción en el Congreso.

Esto último se logró gracias a otro baile diabólico, protagonizado esta vez por los representantes de todos los partidos políticos en la Cámara de Diputados. Deshilachándose en rencillas de todo tipo, en idas y vueltas, en poroteos y maniobras de diversa índole, voluntaria e involuntariamente, toda la elite política contribuyó a invisibilizar los dos ejes centrales a la ley Bases, de los cuales depende la verdadera refundación de la Argentina. Estos ejes son el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) y el blanqueo de capitales. El primero introduce, entre otras cosas, reformas regulatorias que otorgaran enormes beneficios a las grandes corporaciones que inviertan en el país entre 200 y 1.000 millones de dólares. Estos beneficios no podrán ser alterados por 30 años, cualquiera fuesen las intenciones/motivaciones de los gobiernos que se sucedan en dicho periodo. Entre estos beneficios se destacan: exenciones a todas las regulaciones impositivas, aduaneras y cambiarias del país, sean estas impuestas por la nación, las provincias o los municipios; libre disposición del 20% de las divisas generadas por las exportaciones el primer año, 40% el segundo año y 100% el tercer año y por 27 años; libre importación de todo tipo de insumos y bienes de capital, sean nuevos o usados y ninguna obligación de “compre nacional”. Estas inversiones pueden dirigirse a cualquier sector de la economía y, especialmente, a los sectores del litio, minerales, gas, petróleo, agua, agro-alimentos, etc. Las grandes corporaciones que inviertan no podrán ser gravadas ni penalizadas y no dejaran nada en el país: se podrán llevar lo que quieran debajo del brazo, destruyendo en el proceso a las pymes en general y a la industria nacional en particular. Si existiese alguna controversia entre el gobierno (nacional/provincial) y las corporaciones, esta podrá ser dirimida en el tribunal internacional del CIADI, donde el Banco Mundial y los países centrales tienen preeminencia.

Por otra parte, el blanqueo propuesto en la ley Bases aprobada en diputados es tan flexible que ha sido cuestionado por el GAFI, el organismo internacional que regula y controla el lavado de dinero en el mundo. Este considera que transformará la Argentina en un paraíso fiscal. Esto es minimizado por Milei quien, en su afán de dolarizar, busca ahora al narcotráfico como impulsor de la nueva “dolarización endógena” que propone.

La falta de debate profundo sobre esta versión de la ley Bases y el silencio generalizado en torno al significado de estos dos ejes centrales constituyen un llamado de atención sobre una oposición política, que navega sin brújula y sin norte en el medio de una brutal arremetida, no solo contra los ingresos de los sectores populares y de la clase media, sino sobre el futuro del país. Un futuro que, de aprobarse la ley en el Senado, convertirá la economía del país en el enclave de un grupo muy reducido de corporaciones internacionales que chuparán las riquezas y recursos no renovables, no generarán empleo y volverán prescindible al conjunto de una población cada vez más pauperizada. Este suicidio político deja trascender un drama profundo: la falta de conciencia nacional. El concepto de nación y la épica del interés general han sido bastardeados y deglutidos por un creciente canibalismo social y político. Esto es consecuencia, en última instancia, de una estructura de poder basada en una matriz productiva que perpetuó la dependencia tecnológica y el endeudamiento ilimitado, al tiempo que sembraba el clientelismo y destruía la legitimidad institucional. Hoy el león se aprovecha de estas circunstancias: denuncia a la “casta” de la cual forma parte, buscando aggiornar esta matriz a las nuevas circunstancias geopolíticas marcadas por la importancia creciente de nuestros recursos estratégicos no renovables en un contexto de pérdida de hegemonía global estadounidense y de avance de un mundo multipolar que pretende independizarse del dólar. Así, conseguimos la patria contratista tras décadas de subsidios de todo tipo por parte de todos los gobiernos democráticos desconociendo en el proceso que estos solo son necesarios en la etapa inicial de desarrollo y que, si no se les pone fin a tiempo, convierten al hijo en un entenado desaforado que acumula poder al infinito y a cualquier precio, incluyendo el de la traición y el asesinato.

La enorme movilización nacional recientemente liderada por los estudiantes, contra el intento de desfinanciación de las universidades y del sistema de educación pública, fue seguida por estos días por otra gran movilización sindical, acompañada por los movimientos sociales y sectores de la izquierda y en contra de la reforma laboral incluida en la ley Bases. Estos reclamos organizados en la calle son cruciales para desarticular la ley Bases en el Senado. Sin embargo, aislados y por la libre, los reclamos no bastan. Se impone pues la urgencia de articularlos y ensamblarlos en un proyecto de país alternativo, que ponga fin a este suicidio político.

 

 

 

 

[1] Índice bursátil de la capitalización de mercado de las 500 empresas más grandes estadounidenses que cotizan en bolsa.

[2] El restante 24% fue absorbido por 52.5 millones de familias.

[3] Durante su último gobierno, Trump sufrió diversos intentos de desplazamiento liderados por el establishment del Partido Demócrata: desde la fallida investigación sobre su supuesta colusión con Rusia para ganar las elecciones del 2016 a dos intentos de destitución política que fueron desactivados por el Senado.

[4] Desde su supuesta instigación a los episodios del 6 de enero en el Capitolio a su supuesta incriminación en diversos delitos de distinta índole.

 

 

 

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