Clanes, drogas y policías

 

El antecesor del jefe narco que esta semana exageró la adulteración de cocaína en la villa Puerta 8 de San Martín estuvo vinculado con el jefe de Policía de María Eugenia Vidal. Miguel Angel Mameluco Villalba fue señalado hace un lustro como protegido de Pablo Bressi, ex jefe de la Bonaerense denunciado por sus camaradas.

Desde diciembre de 2015, cuando el flamante ministro de Seguridad Cristian Ritondo se disponía a nombrar a Bressi, el ex gobernador Felipe Solá le advirtió que no lo hiciera. Recibió como respuesta que era “un pedido de la Embajada de Estados Unidos”. Así lo confirmó el ex canciller Solá a El Cohete: “Fue en la casa de un compañero testigo muy conocido”.

El pedido de la Embajada guarda lógica a partir de cierto vínculo con la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos. Solá recuerda que Bressi “era culto; tenía carisma; era descollante; un ex Halcón y mediador profesional en los secuestros extorsivos, pero tuvo una deshonestidad personal en un secuestro. La descubrimos con (Carlos) Arslanián y lo mandamos al último lugar de la fila. Después se fue a Estados Unidos. Ahí hizo cursos y se relacionó con la DEA”.

 

 

Mameluco

Villalba padre era conocido como el jefe de un clan familiar que tuvo detenido por homicidio a su hijo Iván Gabriel, acusado de la muerte de Jesús Porres, un empleado municipal de San Martín. Otro hijo más chico, Alan Marcial, fue preso por narco. También conoció la prisión Leandro, un hijo adoptivo. Su cuñado, Alberto estuvo tras las rejas. La esposa quedó con prisión domiciliaria para cuidar a dos hijos que no estaban vinculados al delito. Mameluco tenía un cómplice ligado a la banda de los comisarios que retuvo secuestrado a Mauricio Macri, según los periodistas del programa Cámara del Crimen.

Detenido en 2001, tres años después fue condenado por narcotráfico y lavado de dinero. Salió en 2009. Desde su agrupación Conciencia, hacia 2011 quiso ser intendente por el Peornismo Federal. Se lo sindicó como presunto instigador del crimen de una nena de 11 años, Candela Sol Rodríguez, hacia agosto de 2011. Otra vez fue preso. Se le unificaron causas y purga su condena de 23 años.

La vacante que dejó fue ocupada por Joaquín El Paisa Aquino, ahora detenido por la sospecha de que distribuyó la cocaína adulterada que causó la muerte de dos decenas de sus clientes más pobres.

 

 

La Policía

Cuando el Poder Judicial investigó la protección al narco Mameluco mandó a detener al oficial principal Gabriel Enano Cabral, de Narcotráfico San Isidro, con 18 años de servicio, acusado de ser el nexo con los directores de la Delegación policial de Narcotráfico en San Martín que recaudaban. Corría 2015, un año electoral muy conflictivo porque se dirimía el cambio de rumbo de la política argentina, con intereses internacionales muy fuertes. Cabral se escondió.

Cambiemos hizo campaña en la provincia de Buenos Aires montado en el discurso de que debían frenar a Aníbal Fernández, a quien sindicaban como protector de los narcos.

 

 

Bressi

Días antes del recambio de gobierno, hacia noviembre de 2015, el nombre de Bressi fue remitido por el fiscal Marcelo Martini a la Auditoría de Asuntos Internos en pos de determinar alguna posible participación en lo que la prensa denominará Sobregate: el hallazgo de 36 sobres con 155.000 pesos en la Jefatura policial de La Plata, que derivó en el desplazamiento de su titular Darío Camerini y de otros ocho jefes.

No obstante, Ritondo  lo respaldó: “El comisario general Pablo Bressi es el hombre mejor preparado en lo que queremos, que es la lucha contra el narcotráfico”. Al mismo tiempo, establecía una convivencia con dirigentes del gobierno saliente. Así, mantuvo a Fernando Jantus, hombre del ex ministro Alejandro Granados, quien se llevó al ex jefe policial Hugo Matzkin a su Intendencia de Ezeiza, adonde también habría de recalar Jantus en menos de dos meses. En el medio se dio la triple fuga de los condenados por crímenes en General Rodríguez.

Enero de 2016 terminó con la remoción de parte de la cúpula policial, incluidos varios comisarios generales que estaban cerca de retirarse: Claudio Marcelo Blanco, de la Superintendencia de Seguridad; Miguel Angel Maccario, de Seguridad de San Martín-Tres de Febrero; Oscar Eduardo Terminiello, de Seguridad Centro; Gabriel Alejandro Lamónico (Sur); Miguel Angel Alanís (Oeste); Claudio Alejandro López, director de Suministro, y Rubén Alberto Lobos, de Seguridad Vial. A la vez se desplazó al jefe de la Delegación de Investigaciones Quilmes, Marcelo Di Rosa, y al jefe de Investigaciones de la Policía, comisario general Néstor Larrauri, sospechados de ayudar a los prófugos.

 

 

A full con Vidal

Hacia mayo, en una visita de Bressi a la Escuela de Policía local de San Martín, fue entrevistado por LaNoticiaWeb, donde se explayó sobre la política:

–Hasta el año pasado usted encabezaba el área de lucha contra el narcotráfico. ¿Vio algún cambio a partir de diciembre?

–Totalmente. La gobernadora ha sido explícita: la lucha contra el narcotráfico es total y en todos los frentes. No vamos a dejar que en ningún lugar el narcotráfico pueda llevar adelante su comercio.

–Durante 2015, una de las banderas de Cambiemos fue el narcotráfico y criticó la política del gobierno. Y usted encabezaba el área. ¿Qué sentía cuando escuchaba esas críticas? ¿Eran justas?

–Hablamos de cosas distintas. Yo, desde la función policial, cumplía con una tarea encomendada en esa tarea policial. Las cuestiones políticas, más en campaña, no tienen nada que ver con la actuación policial.

–¿Cree que la gente está más tranquila con una gobernadora como Vidal o más tranquila si el gobernador hubiera sido Aníbal Fernández?

–Yo no estoy para evaluar si la gente puede opinar más o menos. Yo sí estoy trabajando bajo la conducción de la gobernadora y me siento más que satisfecho con los lineamientos políticos que nos está dando.

 

 

Cabral, policía heroico

 

 

A mediados de año, el prófugo policía Cabral habló con Fernanda Villosio y Pablo Berisso, de la revista Noticias, para decirles que “Bressi recibía plata de la recaudación ilegal”. Cinco días después terminó su fuga. Según su relato, durante el tiempo en que Bressi estuvo al frente de Narcotráfico “mi jefe todos los lunes iba a La Plata y le daba la recaudación a Bressi. Me lo contaba mi director, Okurzaty”. Roberto Adrián Okurzaty sería detenido junto a otros jefes como parte de la banda que respondía al fiscal de San Isidro, Claudio Scapolán, como relatara Alejandra Dandan en El Cohete.

De acuerdo a la declaración de Cabral, “en San Martín le cobran a varias villas: la 9 de Julio, la 18, la Cárcova, la Correa... Cuando estuve, quise ir a allanar y me dijeron ‘no, a este no lo comulgues’, y si te dicen así es porque está agendado (…) En San Miguel investigué a un político, lo encontramos con droga en la casa. Y de felicitarnos, al año siguiente terminaron sumariándonos. Quedó en la nada”.

Cabral había quedado en medio de un circuito de recaudación que tenía a Mameluco Villalba en la base y al inminente jefe policial en el extremo más alto.

Bressi fue denunciado por otros camaradas de un Sindicato de Policía de Buenos Aires (SiPoBA) que le achacaban echar a efectivos con licencia médica; ese mismo SiPoBA denunció a Ritondo por encubrir el Sobregate.

 

 

Entre ellos

También denunció a Bressi su par Marcelo Di Pasqua, quien con el cambio de gobierno había asumido la Jefatura de la Departamental 2 en Mar del Plata. Hacia mayo de 2016, ascendido a comisario general, quedó a cargo de la Superintendencia de Seguridad. Pero para octubre fue pasado a retiro junto a otros seis, sin razón aparente según él; aunque la Dirección de Asuntos Internos dirá que recibió una denuncia (número 105022830) que le endilga ser dueño de la mitad de la empresa de transporte Val San S.A., registrada durante 2013, que en sólo tres años se hizo de ocho camiones y maquinarias valuados en 9 millones de pesos, a medias con su sobrino Juan Carlos Di Pascua, también involucrado en una causa por narcotráfico. La denuncia IPP 022342-16/00, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, recayó en la UFI-10 de Mar del Plata.

Sin embargo, a fin de aquel año el juez Luis Arias (contencioso administrativo 1 de La Plata) ordenó suspender los efectos de la Resolución 1640/2016 y reintegrarlo. La gobernadora acató pero no le dio ninguna tarea. Salió a los medios para explicar que la declaración jurada de bienes aparentaba un enriquecimiento ilícito y lo ligó al narcotráfico.

Di Pasqua contestó que eso era atribuible a Bressi. “Desvió, encubrió y entorpeció investigaciones que estaban relacionadas con el narcotráfico en beneficio de una banda de Lomas de Zamora”, denunció por escrito ante el Poder Judicial el 8 de febrero de 2017. Al día siguiente, el fiscal platense Marcelo Romero desestimó la denuncia por considerarla una “vendetta personal”.

De todos modos, hacia mayo de 2017 Bressi renunció.

En octubre, Di Pasqua creyó que podía conseguir empleo; iba a ir como director de Tránsito Municipal de Mar del Plata con su amigo el intendente Carlos Arroyo (Cambiemos), pero desde Provincia se hizo saber que tal designación sería mal vista. En diciembre pidió su pase a retiro de la Bonaerense, que no había sido resuelto aún en marzo de 2018 cuando fue atropellado en su moto por un conductor que se dio a la fuga y lo dejó tendido con una fractura de clavícula. Nunca más se habló de esa interna.

 

A sueldo

Horas antes de la renuncia de Bressi había sido detenido el comisario Alberto Miranda, jefe de las plantas verificadoras policiales. Luego de ordenar a sus subalternos que recaudaran 20.000 pesos cada uno, fue capturado en Villa Tesei con 189.000 pesos. Se justificó en que era para pagar sueldos adicionales.

En ese rubro había un antecedente muy notorio: el encargado de manejar los pagos del sistema de Policías Adicionales (PolAd) y Compensación por Recargo de Servicios (Cores), Néstor Martín, jefe de la Superintendencia de Coordinación Operativa, llegó a ser el comisario general más rico de la Bonaerense con 101 propiedades descubiertas desde la AFIP, por lo que debió renunciar en octubre del 2016.

Hacia agosto de 2017, en General Rodríguez, fueron desplazados el subteniente Gonzalo Daniel Brito, responsable local de PolAd, y el comisario Fabio Rubén Cárdenas, por ocultar 70.000 pesos en su despacho, en un destacamento de Seguridad Vial en la Autopista del Oeste.

Hacia octubre, por el pago irregular de adicionales en Varela, pasaron a disponibilidad el jefe distrital, Adolfo Matos; el titular de la seccional 1ª, comisario Pedro González, y una policía administrativa, luego de que la fiscal Mariela Dongiovanni les secuestrara 700.000 pesos.

 

 

Cambia, nada cambia

Contemporáneo a la renuncia de Bressi en mayo de 2017, el gobierno bonaerense se apuró a difundir que desde el inicio de su gestión habían sumariado a 12.395 policías, apartado a 4.747 y encarcelado a 390. Unos 900 eran investigados por enriquecimiento ilícito. La mitad de aquellos procesos habían sido por corrupción y un 15% por violencia de género contra sus parejas. En otros casos habían colaborado con los femicidas de Araceli Fulles, además de sumar algún encubrimiento por parte de funcionarios judiciales.

Todavía durante ese mes mayo, por orden del juez federal Federico Villena, cuatro comisarios en Llavallol eran buscados para ser detenidos por estar involucrados en la trata de personas y la venta de drogas.

No obstante, el cambio de jefe policial por Rubén Fabián Perroni no cambió nada en una fuerza con un problema de corrupción endémica.

Hacia octubre, cuatro efectivos quedaron presos por “robar ruedas” en Lomas del Millón, La Matanza, y por integrar una banda dedicada a las entraderas en villa La Cárcova, de San Martín. Entre ellos, un subcomisario a cargo de la seccional y un suboficial de la Dirección de Investigaciones. Se les secuestraron vehículos, 20 llantas y más de 100 cubiertas.

Otros casos pueden mover a risa, como el de un eventual policía que cambió 22.000 pesos por pedazos de papel para llenar dos sobres en la comisaría 14ª de Melchor Romero, la que había estado en manos del comisario Juan Verón, exonerado el año anterior por el Sobregate.

Hacia noviembre fueron detenidos en Adrogué dos policías que le cobraron 60.000 pesos a un comerciante a cambio de no armarle una causa.

Otro trío que extorsionaba a comerciantes, además de encubrir prostíbulos, cayó a fin de año. Lo encabezaba el comisario inspector Damián Darío Lozano, titular de la Distrital Lomas de Zamora Norte.

En ese contexto, debió estar muy activo ante los medios el auditor general de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, quien salió a explicar que “existe una lógica de corrupción en la fuerza policial”, que se aplicaba al 60% de sus investigaciones y por lo que había apartado a 3.635 efectivos.

En pos de controlar eso, la administración Vidal comunicó que terminaban el año con 2.100 intimaciones a 1.300 uniformados que no informaron su patrimonio a la Escribanía General de Gobierno. Así lo estipulaba el decreto de la gobernadora, obligatorio para la totalidad del personal enrolado en Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

Eso motivó la reflexión de un efectivo de alta graduación que deslizó ante El Cohete: “Es difícil tener autoridad para eso cuando no podés justificar la compra de tu departamento con un pago hecho por uno de tus proveedores de drogas farmacéuticas, ¿no?”

 

 

 

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