Ciencia, técnica y ética

 

Para responder a la catástrofe social a la que el gobierno actual ha llevado a la Argentina, será necesario atender a emergencias como las del hambre, la pobreza y la salud. Pero a la vez, y para aspirar a proyectarnos como un país desarrollado en tanto más justo y soberano, necesitamos restaurar y desarrollar el campo de la ciencia y la tecnología. Hay distintas urgencias en los dos casos. Sin embargo, el próximo gobierno tendrá que administrar desde el primer día todas las áreas de gestión. Y Macri ha desmantelado proyectos y programas, los ha desfinanciado, ha descalificado a la comunidad científica empujándola una vez más a enfrentar el dilema de irse o quedarse, y, como en todos los rincones hasta donde ha llegado el imperio de su voluntad, ha corrompido y violado los supuestos morales y las exigencias éticas básicas que han de ir asociadas a aquel desarrollo. Su ideología mercantilista ha fortalecido o cooptado la visión de quienes creen que el fin primario de las prácticas sociales es competir en el libre mercado del hacer negocios y que el fin subordinado a ello son las personas, reducidas a cosa comerciable sin dignidad. En los ámbitos político y empresarial, mediático, profesional y académico, se ha visto prosperar esa visión venal de la vida y el vivir.

Desde hace cincuenta años, al menos, los países que se han industrializado merced al desarrollo tecno-científico, cada uno a su modo han reconocido la complejidad y relevancia de la dimensión ética, social y legal de ese poderoso desarrollo y han creado instituciones y normas que puedan regular los fines y los medios de ese poder. Pero, entre otros agravios, Macri ha decretado la aprobación rápida de las investigaciones privilegiando los negocios de la industria farmacéutica aunque aumentaran los riesgos de los pacientes, con un desprecio que se ha extendido hacia los comités de ética que tienen la función de proteger los derechos, la integridad y el bienestar de las personas que son objeto de investigaciones en ciencia y tecnología.

 

 

 

Responsabilidad en ciencia y tecnología

En julio de 2001, decíamos en la Cámara de Diputados de la Nación que las comisiones nacionales de bioética, o de ética en ciencia y tecnología, habían pasado a ser una de las expresiones más claras del nivel de responsabilidad y calidad de las instituciones políticas en las democracias del mundo actual. Surgidas en los años '70 para dar una respuesta gubernamental a los graves y crecientes problemas éticos en el campo de las ciencias de la vida y la salud, estas comisiones analizan a los riesgos y beneficios del acelerado desarrollo científico-tecnológico, el lugar de la demanda ciudadana por una mayor autonomía del individuo frente a ese avance y el papel de la justicia y la equidad en el acceso a los beneficios derivados de ese desarrollo. (El debate global en torno al acceso gratuito a las publicaciones científicas es un ejemplo de la cuestión.) Con esos análisis y deliberaciones, las comisiones dan opinión a los gobiernos, de los argumentos, fortalezas y debilidades éticas, legales y sociales propias de las alternativas mayores en políticas públicas para los temas en debate.

Desde 1974, esas comisiones no han dejado de funcionar con una gran producción  en los Estados Unidos. La primera fue creada en el ámbito del Congreso Nacional, y las siguientes adquirieron el carácter de comisiones presidenciales: cada nueva administración designaba la suya, a excepción del mandato de George H. W. Bush (1989-1993) y del actual Presidente Trump (2017-…), que no las constituyeron. En Francia, y sirviendo de modelo para los países europeos, el Comité Consultivo Nacional de Ética para las Ciencias de la Vida y la Salud fue creado en 1983 por el Presidente Mitterrand, y sigue sesionando activamente hasta hoy. En otros países de alto desarrollo industrial y tecnológico, estas comisiones son la norma.

 

 

En Argentina, Menem creó una Comisión Nacional de Ética Biomédica, que contaba entre sus miembros con Alberto Rodríguez Varela, ex ministro y defensor del dictador Videla. En octubre de 2000, al denunciarse su presencia y pedir su expulsión, esa comisión fue disuelta. En 2004, en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, fue creado el Consejo de Ética y Derechos Humanos para las Investigaciones Biomédicas, que tuvo una intensa actividad nacional e internacional bajo la gestión de Eduardo Luis Duhalde.  Y en abril de 2001 había sido creado en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, que desde entonces y hasta 2015 tuvo una actividad moderada aunque continua. Con el gobierno actual, ese Comité emitió una “Respuesta a la consulta de la Secretaría de Planeamiento y Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva sobre el uso de perros en investigación y enseñanza” en 2016, no tuvo actividad en 2017, y en 2018 produjo una “Declaración del CECTE sobre la necesidad de ampliar los diálogos entre la ciencia y la sociedad”, el informe “Diálogos entre la ciencia, el derecho y la sociedad: el debate sobre la interrupción voluntaria del embarazo”, y tenía tres casos en estudio. En 2019 no registra actividad. Otro indicador regresivo de la presidencia Macri.

 

 

Bien común y autointerés

Las políticas en ciencia y tecnología, y su evaluación ética, legal y social al más alto nivel de la administración pública, son signos de la calidad política de las democracias actuales. Pero el lugar e interés que los gobiernos le dan a esas políticas, muestra la diferencia entre una visión del poderío del desarrollo tecno-científico al servicio de una comunidad organizada en torno al bien común, y una visión autointeresada de la política frente a las problematizaciones éticas y morales de la vida en comunidad. Podemos hablar de una ética de la responsabilidad para la primera y utilizar el oxímoron “ética neoliberal” para la segunda.

Esta última visión ha adoptado dos estrategias mayores en el campo de la ciencia y la tecnología así como en la cuestión ambiental. Cuando los grupos que la comparten han asumido el poder, han dejado en claro que toda ética se reduce a la visión monológica que otorga la autoridad del poder concentrado. En definitiva: es la negación de la razón dialógica y pluralista de toda ética que se entiende como conjunto de valores, deberes y virtudes racionalmente compartidos. O dicho de otro modo: en la prescripción imperativa del autoritarismo la ética resulta prescindible y hasta es objeto de burla. El gobierno de Macri pertenece a esta estrategia.

 

 

La otra alternativa, en contextos de poder político más repartido e intermediado, es aquella en la que la estrategia autointeresada se enmascara, ocupa espacios institucionales bajo un manto de aparente moralismo, postula una ética de la apariencia y los buenos modales, burocratiza, y con ello congela toda la problemática densidad de los cuestionamientos éticos. Este es el peligro acechante para nuestra democracia en caso de que Macri, como es de esperar, deje de gobernar.

 

 

¿Qué hacer?

En 1996, la Organización Mundial de la Salud convocó a una reunión de expertos en bioética para que evaluaran los aportes que se podían hacer a la Declaración de Alma-Ata de atención primaria de la salud, el mayor intento de universalización del derecho a la salud que se conozca. En esas deliberaciones tuve ocasión de proponer la inclusión de la responsabilidad individual y colectiva de los profesionales de salud ante las situaciones de hambre y desnutrición en la comunidad o en un paciente en particular. Fue entonces que un muy destacado filósofo de los Estados Unidos me comentó que en su país esa propuesta sería inviable dado que la medicina estaba orientada hacia la alta tecnología dejando las cuestiones sociales para otros organismos. El comentario planteaba dos argumentos distintos: uno era aceptable, pero el otro no.

 

 

Cualquier persona razonable puede entender y aceptar que haya organismos, como el ministerio de Acción Social, el de Economía, o en una emergencia como la actual, un Consejo y un Observatorio como propuso el Frente de Todos, para ocuparse del problema del hambre. Pero hay otro problema de más larga data que desvirtúa el sentido de la vida comunitaria y es la disociación de los avances tecno-científicos del bienestar general. Por ejemplo, los avances en las tecnologías de producción de alimentos no han servido en nuestro país (tampoco en el mundo) para tener una comunidad sin personas hambrientas. La ingeniería genética en los cultivos, o en la producción de animales, lejos de cerrar las necesidades y desigualdades, pueden aumentarlas y lo han hecho. Aumentan las exportaciones de “el campo” y los ingresos de los productores, pero a la vez aumenta el número de personas que no comen. El Programa Supersopa de la Universidad Nacional de Quilmes es un ejemplo opuesto.

 

 

De lo que se trata entonces, es de poner el desarrollo tecno-científico al servicio de valores comunitarios y de los derechos de las personas, evaluándolo a través de indicadores objetivos de que eso efectivamente ocurre, en una praxis que haga responsables a todas las prácticas sociales (de funcionarios, profesionales, trabajadores, etc.) de garantizar el goce de los beneficios del progreso tecno-científico, sin reducir a un organismo el conocimiento y la acción necesarios para hacerlo. El poder, cuando es destructivo, proyecta sueños utópicos. La esperanza, cuando es solidaria, humaniza con los ojos abiertos.

 

 

 

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