Ciclos

Por Horacio Verbitsky

Una nueva alianza social, siete décadas después

 

Los hechos de la última semana propician un repaso de tres momentos decisivos de la modernidad argentina de cuyo entrelazamiento surge un sentido que es imprescindible discernir, para que el conocimiento del pasado ayude en el presente a construir un futuro mejor:

1. El sábado 24 se cumplieron 72 años del arribo al poder por vía electoral de una nueva alianza social y política integrada tanto por obreros como por patrones de una incipiente industria, que reconoció el liderazgo de un coronel del Ejército traidor a su casta y un rol armonizador del Estado. A partir de ese episodio es posible reflexionar acerca de las continuidades históricas pero también de las rupturas, como hace el ex investigador del Archivo Nacional de la Memoria Rafael Cullen en un recomendable artículo de esta edición, La Grieta.

 

 

2. El martes 20 comenzaron las declaraciones testimoniales en el juicio por los crímenes cometidos contra 37 trabajadores en la planta automotriz de Ford Motors, la mayoría de ellos delegados gremiales, cuando de aquella alianza de 1946 no quedaba nada y el patronato participaba en forma activa en la represión a los trabajadores, para lo cual recurrió a otra generación de coroneles, traidores a su pueblo y destructores de las conquistas obtenidas a partir de la primera fecha. El ’76 cerró el ciclo abierto en el ’46 y ambos tuvieron lentos periodos de incubación.

3. El miércoles 21, una movilización de magnitud y heterogeneidad con pocos precedentes repudió la política económico-social del gobierno encabezado por el empresario Maurizio Macrì, a quien acompaña un gabinete de ejecutivos de empresas, con predominio de las transnacionales y los grandes bancos. Se insinuó allí una reconfiguración del mapa sindical, pero no sólo del mapa sindical, ya que también participaron movimientos sociales que organizan a los excluidos del trabajo salariado y los organismos defensores de los Derechos Humanos, cuya lucha hizo posible que al menos dos ejecutivos de Ford debieran rendir cuentas a sus víctimas y a la sociedad a la que avasallaron para incrementar los ritmos de producción y sus utilidades.

 

Avatares

Los tres acontecimientos guardan relación, además, con los avatares de la industria automotriz en la Argentina. Iniciada por Perón durante su segunda presidencia, su desarrollo autónomo fue abortado por el golpe de 1955. La planta de Ford en General Pacheco se instaló en 1961, durante la presidencia de Arturo Frondizi, de cuya elección se cumplieron 60 años el 23 de febrero. La participación de las multinacionales en la sustitución de importaciones fue uno de los mayores éxitos de ese gobierno, que también se sustentó sobre un frente multiclasista, aunque sus contradicciones prevalecieron sobre los acuerdos y derivaron en el Plan Conintes y los tribunales militares para trabajadores en huelga. En aquel contexto, con espacio para ciertas formas de soberanía nacional, los vehículos fabricados en el país llegaron a tener una integración del 90 por ciento de autopartes locales. En vez de importar desde Estados Unidos, las automotrices producían aquí, transferían tecnología al sector metalmecánico y pagaban sueldos que consolidaron el mercado interno y fortalecieron a la clase obrera, que participó en las luchas por la liberación nacional y social. La dictadura que sofocó el conflicto salarial, ahogó en sangre la lucha política y social e impuso un modelo de acumulación de capital basado en su valorización financiera, legisló un régimen de la producción automotriz acorde con la lógica del mercado internacional.

En 1980, dos de las multinacionales automotrices, Fiat y Peugeot, crearon la Sociedad Europea de Vehículos para Latinoamérica (SEVEL). La presidió Maurizio Macrì (quien fue procesado por contrabando de autopartes pero logró que la causa prescribiera antes de llegar a la condena). Comenzó en ese momento la reducción del porcentaje de partes nacionales en la cadena de valor de los vehículos armados por las terminales, la diversificación de autopartistas con predominio de los globales, vinculados a las grandes terminales, y retroceso de los regionales y los locales, hasta llegar a la baja integración actual, difícil incluso de medir dada la atomización de las piezas (partes, subconjuntos, conjuntos). Todas esas tendencias se agravaron en los últimos dos años. Las modificaciones que las multinacionales impusieron a través de la dictadura incrementaron sus ganancias por vía de los precios de transferencia, disminuyeron la autonomía nacional, mellaron la capacidad de negociación de los trabajadores y explican la totalidad del pavoroso déficit comercial que se financia con endeudamiento externo, cada día más oneroso y difícil de conseguir para un gobierno que busca inversiones en los mismos países en los que los funcionarios radican sus bienes propios. Las ventas aumentan pero disminuye la producción local, crecen las importaciones de modelos de lujo y entre de los principales proveedores desde China están los Macrì. Merced a la desarticulación de la red ferroviaria que el Banco Mundial reclamó desde el mismo momento de la implantación de la primera planta de Ford y que Menem llevó a la práctica luego de tres décadas de resistencia popular, varios sindicatos vinculados con la producción y el transporte automotor han tenido lugar destacado en todas las combinaciones político sindicales de las últimas décadas. Entre ellos el de los Camioneros. Pero su impresionante crecimiento como gremio de servicios no ha ido acompañado por una mayor integración de partes nacionales en el armado de los vehículos que conducen. En los camiones la participación es menor que en autos, porque los componentes más caros (cajas de cambio y motores) son importados, y una sola planta arma camiones (IVECO). Esa producción se ha desplazado a Brasil.

 

Una perfecta tranquilidad social

En apenas seis meses de Perón al frente del Departamento y luego Secretaría de Trabajo se firmaron los primeros convenios colectivos con una docena y media de sindicatos. Aunque hoy cueste creerlo, entonces se implantó por primera vez el descanso dominical y las vacaciones pagas, y las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo. En diciembre de 1945 se estableció el aguinaldo obligatorio para todos los trabajadores y trabajadoras, aún del servicio doméstico. El Estatuto del Peón Rural extendió esas conquistas a las actividades agropecuarias y forestales en las que introdujo la jornada de ocho horas. La investigación de la que participó Cullen recuerda que la Unión Industrial denunció “la indisciplina que necesariamente se engendra en los establecimientos” por el demagógico aguinaldo, y Confederaciones Rurales protestó porque el Estatuto del Peón “elimina la jerarquía del patrón para dejarlo a merced de los peones o de cualquier agitador profesional”. Junto con la Cámara de Comercio fustigaron  el otorgamiento de un salario mínimo, vital y móvil, de nuevos aumentos generales de salarios y la aprobación en “forma inconsulta” del sistema general de jubilaciones. Perón los calificó como “la eterna oligarquía económica que ha manejado a la oligarquía política”. El 24 de junio de 1945 un documento empresario pretendió que desde la Semana Trágica de enero de 1919, “el país ha vivido dentro de una perfecta tranquilidad social. Y no es reavivando diferencias entre patronos y obreros, sembrando odios y azuzando pasiones que culminaron y terminaron hace 25 años, que habrá de propenderse con sinceridad al propósito de trabajar por la unión de todos los argentinos” (el combate al narcotráfico y la pobreza cero son modernizaciones posteriores del discurso). Perón les contestó que esto “hace suponer que quisieran otra Semana Trágica. Entendida así la tranquilidad social, no hay nada que conversar. Si se trata de matar cinco o seis mil obreros para luego obligar a trabajar como se quiera, con el objeto de asegurar así 25 años de tranquilidad social, yo no me voy a prestar a eso”, contestó.

 

 

Recién la movilización obrera y popular del 17 de octubre de 1945 modificó la relación de fuerzas, que hasta ese momento favorecía al proyecto del gran capital, arraigado en la sociedad civil y también hegemónico en los cuarteles. Ese cataclismo político y social es el prolegómeno a las elecciones nacionales del 24 de febrero de 1946, en las que Perón llegó a la presidencia, de la que sería derrocado en 1955 por un golpe eclesiástico-patronal, con participación de algunos grupos de militares retirados. En diálogo con un grupo de sindicalistas, el contraalmirante Arturo Rial confesó el objetivo de aquel golpe: “La Revolución Libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero”. Los propósitos no han variado, pero esta sinceridad hoy no se consigue.

 

Las Fuerzas Armadas como guardaespaldas

Han pasado 42 años desde aquella mañana de abril cuando el capataz contestó señalándolo:

—Él es Pedro Troiani.

Desde el golpe del mes anterior presentía que en algún momento lo irían a buscar, porque ya se habían llevado a tres delegados, como lo había sido él durante los seis años de luchas sindicales más intensas y victoriosas en la historia de la industria automotriz, en las que consiguieron buenos sueldos, mejores condiciones de trabajo y se ganaron una promesa empresarial de revancha, que ejecutarían a partir del 24 de marzo con complicidad de la cúpula sindical. En 1975 culminaron las mejores tres décadas para los trabajadores, que rozaron el 50% de participación en el ingreso nacional, y comenzaron las tres peores, en las que la desocupación se acercó al 25% de la población en condiciones de trabajar.

El día del golpe, el gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga convocó a la comisión interna y comunicó que “ahora los delegados son los capataces”. Uno de los desplazados intentó discutirle:

—Mándele saludos a Camps— lo cortó.

—No sé quién es ese señor.

—Ya se va a enterar.

Entonces Troiani tenía 35 años, ahora está por cumplir los 77. Sin un gramo de más, con una remera blanca a rayas azules, su cuerpo conserva una tensión juvenil, reforzada por la ansiedad de la espera. Contó por primera vez su historia en 1984 ante la CONADEP (ese testimonio forma parte del capítulo II del informe Nunca Más, sobre Las Víctimas, en el apartado H, Gremialistas). Volvió a declarar en el juicio por la verdad de La Plata en 2002 y recién ahora en un juicio de veras. Se han ido muriendo los verdugos y las víctimas, entre ellos el gerente que mandó saludos a Camps, pero Pedro no declina su reclamo de reconocimiento y justicia.

Ante la CONADEP, Troiani contó que los trabajadores lo eligieron tres veces para representarlos. “Eso ratifica su buena conducta como persona, como compañero y como delegado”, dijo. Este 20 de febrero contó que durante sus seis años como delegado tuvo un trato correcto con Müller. Tan correcto que en la audiencia anterior, el directivo lo reconoció e intentó saludarlo. “Me parece que el abogado defensor se dio cuenta”, dice. El abogado defensor lleva el nombre de su abuelo propagandista de la dictadura y de su padre socio de José Alfredo Martínez de Hoz (h). Mariano Grondona (n) parece impresionado por un relato que no coincide con la caricatura que suele presentarse de los militantes, confirma el dato y no puede evitar la sonrisa ante el obrero que lo invoca como testigo de su candor. Troiani habla con calma, sin frases hechas ni consignas. Piensa cada respuesta, no quiere olvidarse nada, como si supiera que casi medio siglo después es el delegado de los compañeros que no están y que su voz es la de ellos.

 

 

Sigue siendo una buena persona y tan ingenuo como entonces: cuando comenzaron las desapariciones de sus compañeros, venció su miedo y fue a interesarse por ellos ante el teniente coronel al mando de las tropas que el Ejército puso al servicio de la empresa, que siempre tuvo el control de todo lo que sucedía en las instalaciones. Al delegado que no sabía quién era Camps se lo llevaron de su casa, donde voltearon la puerta e “hicieron un desastre”. Troiani le dijo al jefe de la fuerza de ocupación que eso constituía un abuso de poder, que si había una lista les avisaran y ellos se presentarían, pero que no se los llevaran esposados ni les rompieran las casas.

—No se preocupe. Desde ahora los vamos a buscar directamente en la planta— le contestó.

Pedro lo cuenta y es como si recién advirtiera la siniestra ironía de esas palabras. Así fue, porque los militares instalaron catres en los vestuarios y la confitería para dormir, se movían dentro de la planta como los guardaespaldas de Ford. Los laterales de uno de los quinchos fueron tapados con lonas y ahí mismo torturaron a los trabajadores secuestrados, que luego fueron conducidos a la comisaría de Tigre. Sobre la mesa del teniente coronel Molinari, Pedro alcanzó a ver las fichas del personal, con las que la empresa les señalaba a los militares a quiénes detener. También recuerda que a principios de 1976 el secretario general del gremio mecánico, José Rodríguez, dijo ante un plenario que el golpe era inminente, que la dirigencia se cuadraría ante los militares pero que los cuadros medios irían presos. “En ese momento no me di cuenta que los cuadros medios éramos nosotros”, cuenta Pedro. Cuando vinieron a llevárselo quiso ir a buscar los documentos al vestuario. “Allí donde vas no hacen falta documentos”, le contestaron. En cambio, entendió perfectamente qué buscaba en la audiencia uno de los defensores cuando le preguntó cómo llegó a la CONADEP. “Mi señora y yo nos comunicamos con los demás compañeros y nos organizamos para ir a declarar”, respondió, como alguien que no tiene nada que ocultar.

 

Bajando salarios a culatazos

Entre el público lo escucha la historiadora Victoria Basualdo, cuya tesis de doctorado fue una investigación sobre las luchas obreras en la primera mitad de la década de 1970 y su represión brutal en la segunda. Una de las abogadas de Troiani es Eli Gómez Alcorta, quien colaboró con Vitu Basualdo en la imponente investigación sobre la Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado, realizada en conjunto por dos docenas de investigadores de cuatro organismos: FLACSO, donde su coordinadora fue Basualdo; el programa Verdad y Justicia del ministerio homónimo, que entonces estaba a cargo de Eli; la secretaría de Derechos Humanos y el CELS. Con esa experiencia, Gómez Alcorta tuvo el cuidado de traer a la audiencia una serie de planos de la planta, que el codefensor Tomás Ojea Quintana hizo pegar sobre un pizarrón, para que Troiani señalara a los jueces dónde ocurrió cada cosa, qué distancias hubo que recorrer dentro de las instalaciones de Pacheco, cómo se movían los responsables de la empresa y la tropa que Ford trajo para ocupar la fábrica y hacer eso que Perón se negó a ejecutar treinta años antes y que los golpistas de 1955 no consiguieron llevar a cabo por la resistencia popular. En los monitores del circuito cerrado de televisión la imagen es tan nítida como la descripción de Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar: “Congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas, aboliendo toda forma de reclamación colectiva, prohibiendo asambleas y comisiones internas, alargando horarios, elevando la desocupación al récord del 9 por ciento y prometiendo aumentarla con 300.000 nuevos despidos, han retrotraído las relaciones de producción a los comienzos de la era industrial y cuando los trabajadores han querido protestar los han calificado de subversivos, secuestrando cuerpos enteros de delegados que en algunos casos aparecieron muertos, y en otros no aparecieron”.

 

 

Sólo hay tres procesados: el ex amo de Campo de Mayo general Santiago Riveros, quien ya tiene 94 años y varias condenas a prisión perpetua; el teniente coronel Héctor Francisco Sibilla, ex jefe de seguridad de la planta, de 91, y Pedro Müller, de 86, que comenzó como capataz y llegó a ser gerente general y vicepresidente de la compañía. Después de infinitas postergaciones, con tribunales y jurisdicciones que se sacan la competencia de encima, leyes de impunidad, jueces que se excusan o se jubilan, el día del juicio llegó. Pero la audiencia del martes duró apenas cuatro horas y pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 6 de marzo, dos semanas después. El presidente del tribunal Diego Barroetaveña es uno de los jueces que condenó a prisión perpetua a José Pedraza por el asesinato de Mariano Ferreyra; como juez de garantías de San Isidro resistió la avidez punitiva del ahora ex fiscal de armas llevar Julio Novo; tiene un tono respetuoso y cordial, pero a este paso se morirán todos antes de que llegue la sentencia. Sólo la intensa militancia de los empecinados de siempre permitió llegar hasta este punto, pero es obvio que ni al actual gobierno, ni a los jueces, ni a los medios que ignoran este juicio y se deleitan con detalles triviales de causas menores, les interesa que se llegue a una condena a los ex directivos de Ford.

 

El hit del verano

El reagrupamiento sindical en el que vienen coincidiendo Pablo Moyano, Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Roberto Baradel, del que también forman parte los movimientos sociales de referencia apostólica y, sin resignar una cierta distancia crítica, la izquierda marxista, no es el único nuevo sujeto que se abre paso en el espacio público.

 

 

También es imprescindible contar con las mujeres, que irrumpen con una fuerza comparable a la de la nueva clase trabajadora de los '40 o las Madres de Plaza de Mayo de los '70. Como escribió Agustina Paz Frontera en una edición anterior de El Cohete A la Luna, las consignas generales que surgieron del debate de más de 100 oradoras en preparación del Paro de Mujeres del 8 de marzo son “contra los femicidios y travesticidios, contra la violencia sexual y económica, contra el Estado represivo. Contra el ajuste. Contra la reforma previsional y la reforma laboral. Por el aborto legal, seguro y gratuito”. Desde el primer NiUnaMenos en 2015 relacionaron las violencias físicas hacia mujeres y cuerpos feminizados con las violencias económicas, en lo que constituye un rasgo que singulariza al feminismo argentino en el mundo. La clave es “vincular el golpe en el espacio doméstico con las condiciones materiales de existencia, es decir con la política económica y financiera de una determinada región, país, ciudad. La conciencia radical de los feminismos populares de que la crisis económica afecta mayoritariamente a las mujeres, de que la pobreza es femenina, es la explicación para la confluencia disparatada de fuerzas políticas que en otros contextos estarían enfrentadas”. Esta conciencia es contagiosa a los rudos machos del camión, aunque su jefe no se haya dado cuenta.

Durante la marcha una pibita que apenas pasaría de los veinte años entregaba un folleto tan simple como llamativo. Con mínimos recursos, una hoja A4, una impresora doméstica y maña para cortar y plegar ese “Movimiento hacia el erotismo”, logró un efecto que no está al alcance de los costosos panfletos convencionales.

 

 

Los dos días posteriores a la movilización, el Plenario Nacional de la CTA que sesionó en La Plata debatió los pasos siguientes, bajo la advocación de la consigna que hace ahora medio siglo inspiró a la CGT de los Argentinos: “Preferimos honra sin sindicatos a sindicatos sin honra”. También fijó cuatro líneas generales (unidad en la acción con todos los sectores sindicales y sociales que luchan contra los despidos, por las paritarias libres, la movilidad jubilatoria perdida por la reforma previsional y el rechazo a la reforma laboral) y un plan de acción para lograrlas, que incluye:

  • Aglutinar esas luchas en “un amplio espacio de unidad del sindicalismo y de los movimientos sociales”.
  • Acompañar activamente las luchas de estatales, docentes, bancarios y del sector privado.
  • Adherir activamente al paro internacional de mujeres.
  • Apoyar el proyecto legislativo de legalización del aborto.
  • Convocar y acompañar a la movilización del 24 de marzo, ya que “los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidos son parte indisoluble de la historia de la clase trabajadora”.
  • Exigir justicia y esclarecimiento de los crímenes contra Santiago Maldonado y Rafael Nahuel.
  • Ratificar el proceso de unificación con la CTA Autónoma, que conduce Pablo Micheli, mientras “seguimos trabajando activamente para lograr avances efectivos en el camino de la unidad de acción”.
  • Declarar la solidaridad con Lula y apoyar la reelección de Evo Morales.
  • Exigir la renuncia y juzgamiento de todo funcionario público titular de cuentas bancarias y/o bienes sin declarar en el extranjero, o que no pueda justificar el origen de los fondos. Esos son actos de corrupción, no conflictos de intereses.
  • Rechazar la política de militarización y la presencia de fuerzas y bases militares extranjeras, que amenazan la soberanía nacional y la democracia. Con la excusa del narcotráfico y un terrorismo inexistente, el gobierno hace uso de las fuerzas armadas y de seguridad para reprimir el conflicto social en ascenso.

Las elecciones en ambas CTA se realizarán en septiembre y las nuevas conducciones avanzarán en la reunificación, eludiendo las interferencias del ministerio de Trabajo a través de un pequeño grupo de seguidores del ex dirigente Víctor De Gennaro y su cachorro, Hugo Godoy, quienes fueron denunciados penalmente por un trasiego irregular de fondos entre la central y un pequeño sello partidario. En cambio el reemplazo del insepulto triunvirato por una nueva conducción de la CGT es improbable, ya que al primer intento de reunirse para intentarlo, todo saltaría en pedazos. Lo que procedería a un ritmo más vivaz es la unidad en la acción de las CTA con el sector de la CGT que responde a Pablo Moyano o se identifica en la Corriente Federal y con los movimientos sociales. La idea de una coordinación entre CGT y CTA fue adelantada a principios de la década por Moyano y por su entonces aliado Héctor Recalde, pero las condiciones aún no habían madurado. En noviembre se dio un paso decisivo con la constitución del Movimiento Obrero Santafesino. Fue necesaria la llegada al gobierno de la Segunda Alianza, con su insaciable plan de negocios y su raudo avance no sobre las conquistas de la década anterior sino también sobre cuestiones básicas que no se discutían desde el primer peronismo, para que lo imposible comenzara a parecer obvio.

Un matrimonio por encima de los 70 años recorre las calles todavía llenas de grupos que caminan con sus banderas o buscan los buses en los que llegaron. El primer problema era encontrar alguien que hablara inglés para que les explicara qué era ese fenómeno tan extraño que habían visto.

—¿Por qué está toda esta gente en la calle?

—Protestan contra la política económica del gobierno.

—¿Son sindicatos?

—Si, pero no sólo. También movimientos sociales, trabajadores que perdieron el empleo, organismos defensores de los Derechos Humanos, agrupaciones políticas, feministas.

La mujer me responde:

—Nosotros somos de Australia. Allí nunca vimos una cosa semejante.

—Tampoco en ningún otro lugar donde hayamos estado—, agrega el hombre.

Se los nota impresionados. Después de unas pocas preguntas más se despiden con marcada corrección:

—Muchas gracias. Les deseamos que consigan lo que se proponen.

Al atardecer, de regreso a casa, un impagable taxista porteño me suministra la información que me faltaba:

—Les dieron a cada uno 500 pesos, una coca grande, dos sánguches de milanesa y dos atados de cigarrillos.

Lástima no haberlo sabido cuando me abordaron los australianos, para comunicarles con conocimiento de causa por qué había tanta gente. Llego a casa y Mónica me cuenta que un taxista le preguntó si había escuchado lo que dijo Babi. Ella le preguntó quién era Babi y él le explicó que era un señor que hablaba por la radio del taxi. Babi dijo que a cada asistente a la movilización le dieron 500 pesos, una Coca grande, dos sánguches de milanesa y dos atados de cigarrillos. Yo escuché en silencio al mío. Ella dijo que le parecía muchísimo y su taxista asintió, muy serio: “No sabe cuánta plata tiene esa gente”. Según los organizadores hubo medio millón de personas, La Nación dijo hasta 400.000, una fuente del gobierno estimó 140.000 y la Policía Federal 80.000. Con el cálculo más amarrete, sólo con los 500 por cabeza se llega a 40 millones. Si se suman los sánguches y la Coca son otros 12 millones y 8 más por los cigarrillos. En total 60 millones de pesos.

Así se entiende mejor qué le preocupa tanto al gobierno, aturdido por el hit del verano, que saltó de las canchas a las calles y se seguirá cantando por lo menos hasta el próximo carnaval.

La música que escuché mientras escribía esta nota

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