Chimeneas y guanacos

 

En 1968 se estrenó Érase una vez en el Oeste (C’era una volta il West), el clásico spaghetti-western dirigido por Sergio Leone y protagonizado por Henry Fonda y Claudia Cardinale, entre otras estrellas de aquel momento.

 

 

Así como Un tiro en la noche (The Man Who Shot Liberty Valance), western crepuscular del gran John Ford, estrenado seis años antes, trataba sobre el dilema de la civilización, la película de Leone elige el dilema del desarrollo. La historia se centra en el conflicto por la tierra relacionado con la llegada del ferrocarril a Flagstone, un pueblo ficticio del Lejano Oeste. Morton, un poderoso empresario ferroviario, busca completar la traza del ferrocarril transcontinental antes de morir, ya que la tuberculosis avanza a la par de las vías férreas. Para conseguir los terrenos que necesita de forma expedita, el empresario contrató a Frank, un forajido interpretado por Henry Fonda. Este asesina a un hombre que, sabiendo que llegaría el tren, compró la única tierra en donde hay agua para alimentar las locomotoras a vapor. La viuda hereda la tierra y busca llevar adelante el sueño de su marido de crear un pueblo alrededor de la estación del ferrocarril, deseo que se interpone con la urgencia del magnate y la ambición desmedida de Frank. Si bien, los personajes tienen intereses contrapuestos, todos acuerdan en lo esencial: el ferrocarril aportará el desarrollo a la región. El final probará la veracidad de esa idea, aunque no cumplirá los sueños del empresario.

Unos cien años después, hacia 1997, Julio de Vido, ministro de Economía y Obras Públicas de la provincia de Santa Cruz, se reunió con Carlos Rodríguez. El efímero referente económico del actual Presidente de los Pies de Ninfa era por entonces secretario de Política Económica de Carlos Menem. La entrevista había sido solicitada por el ministro para requerir fondos que permitieran impulsar la obra pública y llevar adelante el proyecto de zona franca industrial que incentivaría las exportaciones desde la provincia. Rodríguez, uno de los tantos reaccionarios que se autoperciben liberales, negó la ayuda solicitada: “¿Para qué querés una zona franca industrial? Santa Cruz no necesita chimeneas, necesita hoteles, turismo y punto”. “Con eso sobramos la mitad de la población, o más”, le contestó el funcionario provincial y dio por terminada la amable reunión. Para implementar la zona franca y relanzar la obra pública con recursos nacionales, la provincia tuvo que esperar la llegada a la Casa de Gobierno de Néstor Kirchner y CFK, y el nombramiento del propio De Vido como ministro de Planificación Federal. 

Veinte años después del rechazo de Carlos Rodríguez a la industrialización de Santa Cruz, los fiscales de la asombrosa causa Vialidad —que tiene a CFK como principal acusada y que estableció la “tonelada” como unidad de medida de la veracidad de las pruebas— transitaron el mismo sofisma neoliberal. La decisión política de construir rutas en una provincia despoblada les pareció francamente sospechosa. Es más, los fiscales superaron ampliamente al secretario de Política Económica de Carlos Menem: según la acusación, la provincia que no necesitaba chimeneas tampoco requería de rutas pavimentadas.

En una de las audiencias de dicha causa, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante las tres administraciones kirchneristas, explicó que al llegar a la Casa Rosada tuvieron que reconstruir la Dirección Nacional de Vialidad, que estaba “prácticamente lista para cerrarse con llave”. “Cuando asumimos en 2003, Santa Cruz estaba muy atrasada en infraestructura y recibió del gobierno nacional fondos para actualizarse. Hicimos lo que dice la Constitución sobre brindar igualdad de oportunidades a cada uno de los habitantes del país. Nosotros llamábamos a Santa Cruz la periferia de la patria (…). En Santa Cruz se fundaron pueblos por cuestiones de soberanía, por ejemplo, El Chaltén. La provincia comprende dieciséis poblaciones aisladas que necesitan comunicación terrestre”. 

Carlos Beraldi, uno de los abogados de CFK en la causa, explicó por su lado que el territorio de la provincia de Santa Cruz es el 11,4 por ciento del país y que su red vial para la época de los hechos era de “2.800 kilómetros y solo el 42% estaba pavimentado. Santa Cruz no tenía rutas”.

En abril del 2018, el entonces Presidente Mauricio Macri se reunió con varios gobernadores en Puerto Iguazú, con quienes mantuvo audiencias “con agenda de temas de desarrollo pendientes”. Una de esas reuniones fue con Gildo Insfrán, gobernador de Formosa, con quien hablaron de las obras públicas financiadas con fondos nacionales que habían sido “neutralizadas” (eufemismo que designaba su paralización). Una de ellas, la pavimentación de la Ruta Provincial 23, carecía de interés, según el representante de Vialidad Nacional, ya que a su entender no había población suficiente que justificara la inversión. Insfrán le respondió: “Discúlpeme, pero no estoy de acuerdo con usted. Las personas no son ecuaciones financieras, y los formoseños que viven en esa zona tienen el mismo derecho de quienes viven en la ciudad de Buenos Aires de tener rutas pavimentadas. Ese es el rol del Estado”.

Recordemos que antes del “Acta de Reparación Histórica” firmada entre el entonces presidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfrán en mayo del 2003, Formosa dependía del suministro eléctrico del Paraguay. Según el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo, “Formosa, junto a Chaco, Misiones, Corrientes y el norte de Santa Fe, son las únicas provincias sin gas por redes, legado de una planificación depredatoria que en los '90 privilegió la construcción de diez gasoductos de exportación contra ninguno para la provisión doméstica. ¿Recuerda el lector el argumento neoliberal que justificaba cero obras energéticas alegando la falta de consumo y explicando que no puede haber inversiones ni obras si antes no hay desarrollo? Pero, ¿cómo podía haber habido desarrollo sin inversiones, sin Estado, ni obras de ninguna naturaleza, ni energía eléctrica?”

Hace unos días, la ministra Pum Pum afirmó con la libertad que sólo otorga la ignorancia: “En Chubut no vive nadie, salvo un millón de guanacos”.

 

 

No es una estupidez novedosa: para esa visión reaccionaria, la mayor parte del país constituye un gran territorio despoblado en el que no vale la pena invertir recursos públicos porque, justamente, es despoblado. Una maravillosa tautología. De hecho, el gobierno del que forma parte la ministra Bulrrich fue más allá de la “neutralización” de proyectos y frenó por completo la obra pública, es decir, el gran instrumento que ha impulsado el desarrollo en todos los países que los entusiastas de la motosierra prometen emular si le otorgamos a su líder 30 o 40 años de gobierno ininterrumpido.

Ocurre que nuestra derecha, hoy extrema derecha, ignora un dato elemental que los rudimentarios habitantes de Flagstone conocían hace unos ciento treinta años y que los gobernadores de “la periferia de la patria” saben a la perfección: la inversión y la obra pública preceden al desarrollo y no la inversa.

 

 

 

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