Cerros para los amigos
Macri regala a los Trappa el cerro Catedral y Nicky Caputo compró a bajo precio el San Martín
Presionado por los gobiernos nacional y provincial, el Municipio de Bariloche está a punto de extender la concesión del manejo del Cerro Catedral por casi 40 años a la empresa Vía Bariloche, dueña de Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA). Lo hará antes de la finalización del contrato que los une, sin licitación ni estudio de impacto ambiental, y a pesar de las normativas que prohíben una urbanización como la que pretende el privado en la base del cerro. El Presidente Mauricio Macri en persona reclamó a un concejal del PRO que destrabe la votación en el deliberante local para que el proyecto avance. La obra tendrá un beneficiario directo: el amigo presidencial Nicky Caputo.
Tres meses tardó Mauricio Macri, desde que inició su gestión como Presidente, en ir a visitar la empresa Vía Bariloche, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. El 16 de marzo de 2016 fue recibido por la familia Trappa y comenzó a sellar un camino de alianzas que incluye el intento de desembarco de Vía Bariloche como operadora del mercado aerocomercial con una propia lowcost, y el desarrollo de un mega emprendimiento inmobiliario en la base del Cerro Catedral, a través de su empresa Catedral Alta Patagonia (CAPSA).
Antes de la segunda vuelta que en noviembre de 2015 dio la victoria a Macri, los Trappa apostaban fuerte por el triunfo de Daniel Scioli. Tanto que pusieron aviones a su disposición para el traslado del candidato en campaña, como sucedió en julio de ese año para un viaje a Bariloche. En el avión privado también se sentó el senador nacional Miguel Pichetto, de cercano vínculo con los dueños de Vía Bariloche, y en ese momento candidato a gobernador de Río Negro.
Hábiles representantes del empresariado argentino, en 2015 los Trappa pusieron huevos en todas las canastas. Así facilitaron la movilidad de Scioli-Pichetto y al mismo tiempo sostuvieron la vieja relación de negocios que los vincula con el gobernador rionegrino y por entonces aspirante a la reelección Alberto Weretilneck.
Fue precisamente el mandatario quien, siendo funcionario municipal de Cipolletti en 2004, acordó con Vía Bariloche la construcción de una terminal de ómnibus cuya explotación les cedió —y luego extendió— sin mayores controles institucionales.
Superada la puja electoral de 2015, Vía Bariloche —presidida por Rolando Trappa, pero manejada fundamentalmente por Sebastián, gerente, uno de los principales accionistas, y el más hábil negociador de la familia— concentraron sus esfuerzos en la relación con el Presidente Macri. Algo muy jugoso tenían para ofrecerle: a través de un proyecto inmobiliario en el Cerro Catedral, beneficiar de manera directa a Nicolás Caputo para que pueda realizar un desarrollo urbanístico en el lindero cerro San Martín.
El negocio de más de cien millones de dólares en el Catedral cuenta con operadores locales y provinciales, presiones de todo tipo y hasta la intervención directa de Macri, quien reclamó a un concejal del PRO que acompañe la iniciativa.
Contra las normas
En 2011 la empresa Vía Bariloche adquirió la mayoría accionaria de Catedral Alta Patagonia S.A. (CAPSA), concesionaria de la explotación de los medios de elevación del Cerro Catedral.
Con 15 años por delante de concesión, CAPSA realizó inversiones que mejoraron la oferta del cerro en términos de calidad de pistas y medios de elevación.
Si bien la concesión vence en 2026, en 2016 la empresa intentó forzar una renovación automática del contrato a través de la figura de iniciativa privada. El argumento: ya había realizado todas las inversiones previstas en el contrato original, y para desarrollar y modernizar el cerro necesitaba otros 50 años en el lugar. En realidad el negocio principal no es la venta de pases de esquí, sino el loteo y construcción de viviendas y hoteles en unas 110 hectáreas en la base del Catedral.
Pero surgió un rechazo ciudadano que puso límites al proyecto que preveía medio siglo de permanencia de CAPSA en el cerro. Asambleas, reuniones, convocatorias al Concejo Municipal, y la negativa del edil del PRO, Daniel González —clave para obtener la mayoría especial—, obligaron a recular al intendente Gustavo Gennuso (Juntos Somos Bariloche, una alianza de su partido vecinal con la fuerza política del Gobernador Weretilneck, Juntos Somos Río Negro).
Un año y medio después, CAPSA volvió con todo. Con letra del propio Ejecutivo municipal (algunos de funcionarios y ex funcionarios locales trabajan a la vez en el Estado y para la empresa), Catedral Alta Patagonia presentó un nuevo proyecto; esta vez para extender la concesión por 30 años, y realizar un desarrollo inmobiliario en unas 70 hectáreas de la montaña.
La renovación contractual pretende concretarse sin licitación, ocho años antes de que venza el actual contrato, sin estudio de impacto ambiental, y contrariando normativas provinciales y municipales que limitan los loteos en áreas de montaña y las construcciones en la zona oeste de Bariloche.
Específicamente, el proyecto de desarrollo inmobiliario contraría los términos de la Carta Orgánica de Bariloche, que en su Disposición Transitoria y Complementaria 21 establece la suspensión de cualquier tipo de subdivisión de tierras en el área oeste de la ciudad, hasta tanto no se apruebe un Plan de Desarrollo Estratégico e Integral. La cláusula se incluyó en la renovación de la Carta Orgánica de 2006, y hasta ahora ese Plan Integral no fue ni siquiera esbozado.
El investigador del CONICET y la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN), Tomás Guevara, planteó que la aprobación del proyecto podría derivar en la presentación de amparos ambientales, “debido al riesgo de daño inminente” del cerro, que incluye, por ejemplo, fabricación de nieve artificial, cuyo impacto ambiental no está cuantificado. “Si bien se adjunta al proyecto un estudio de Línea de Base Ambiental bastante detallado, no hay un Estudio de Impacto Ambiental como establece la Ley provincial 3266”, explicó en un informe remitido al Concejo Municipal. Además, cuestionó la “privatización del urbanismo”.
Un estudio geológico incluido en una ordenanza de 2006 advierte que el Catedral “no es apto” para urbanizar. Esa Guía de Peligros Geológicos de la ciudad de Bariloche llegó a esa conclusión tras un profundo estudio llevado adelante por la Municipalidad, la Dirección de Minería e Hidrocarburos de la Provincia de Río Negro, el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR) y el Servicio Geológico Alemán (BGR).
El informe “estudia la aptitud de las distintas zonas para la urbanización, considerando diferentes variables. Y fija que, aún urbanizaciones de baja densidad, en el Catedral son inaceptables”, señala el concejal del Frente para la Victoria (FpV), Daniel Natapof. El informe final tiene rango de ordenanza. “Es imposible que Desarrollo Urbano del Municipio desconozca esta normativa que es de referencia insoslayable para cualquier profesional y no está incluida en el acuerdo con CAPSA”, explicó Natapof.
A pesar de las limitantes normativas, ambientales y urbanísticas, a fines del año pasado el jefe comunal firmó un acta con CAPSA —ad referéndum del Concejo— para avanzar en la extensión contractual. Incluso le puso fecha a su aprobación: el 1 de marzo. La oposición en el cuerpo legislativo y las advertencias técnicas de diversos sectores de la sociedad impidieron que se consumase el acuerdo y dilataron los tiempos de análisis. El lunes 12 de marzo se realizará una audiencia pública que, aunque no vinculante, promete convertirse en una tribuna del disgusto ciudadano contra el proyecto. Los vecinos se están reuniendo bajo la consigna: “Por un Cerro Catedral para todos los barilochenses”.
Presiones
El área que se proyecta subdividir para la construcción de viviendas y un hotel no cuenta con los servicios básicos de energía eléctrica, agua o gas. Tampoco con cloacas u otro sistema de tratamiento de líquidos cloacales, en una zona especialmente frágil desde el punto de vista ambiental.
La empresa CAPSA pretende que el Estado nacional lleve los servicios hasta el lugar, bajo la explicación de que los dividendos del desarrollo turístico derramarán en la empobrecida Bariloche.
Esa “línea de servicios” correrá paralela a la ruta que llega hasta la base del Catedral. A la izquierda de esa ruta hay otro cerro, el San Martín, cuyo propietario es Nicolás Caputo. La ausencia de servicios en ese pequeño cerro fue uno de los argumentos por los cuales el Estado municipal y provincial frenó, en 2013, un intento de desarrollo inmobiliario que contrariaba todas las normas ambientales y urbanísticas de la ciudad.
Si bien las tierras involucradas —“todo el cerro completo”, según la descripción de un ex funcionario de Bosques que conoce a la perfección el lugar— aparecen a nombre de Jorge Caputo, padre de Nicolás. Fue el hermano de la vida de Macri quien hace cuatro años y medio viajó hasta Bariloche para intentar destrabar el proyecto.
En 2013, acompañado por un arquitecto, Nicky Caputo negoció de manera directa con la Municipalidad y las áreas provinciales involucradas, las autorizaciones que hasta ahora no llegaron.
La familia Caputo pretendía tres tipos distintos de urbanización en el cerro San Martín, por un total de 580.000 metros cuadrados: la construcción de un hotel en la cumbre; módulos habitacionales en la mitad de la montaña; y un loteo en la parte baja, ya en la zona del barrio Villa Los Coihues.
Para los primeros dos casos, la iniciativa violentaba los términos de la Ley de Bosques, cuyo mapa de zonas intangibles advertía con claridad que se pretendía construir en un área prohibida.
Y fundamentalmente, la ausencia de servicios en la zona se constituyó como el mayor de los obstáculos para el desarrollo del proyecto.
Ahora, el intento de Vía Bariloche-CAPSA por avanzar con su urbanización en el Catedral dejaría los servicios básicos a las puertas de los terrenos de Caputo. Y multiplicaría por cientos de veces el valor de esa tierra.
“Lo llamativo del proyecto de CAPSA es la urgencia con la que se presentó y que se está pidiendo el tratamiento y resolución. Faltan ocho años para que termine la concesión y se quiere ya adelantar la prórroga de 30 años. Es esencial en esta decisión la influencia y presión que está metiendo Mauricio Macri”, interpretó el concejal del FpV Ramón Chiocconi.
Recordó, en ese sentido, que el pasado 15 de agosto de 2017, durante una reunión en la Casa Rosada y con varios empresarios como testigos, el Presidente le preguntó al intendente “cómo va lo del Catedral”. De esa manera, “sin aparecer ni pedir nada, le están llevando todos los servicios a un negocio inmobiliario fenomenal que es el de Caputo, que lo liga todo de rebote y por proximidad. Es Macri el que está presionando para que Catedral salga rápido”.
El panorama de los barrios, fundamentalmente del Alto de Bariloche, muestra una notable carencia de servicios. Entonces “no es fácil de justificar llevar servicios a un área que hoy no existe, que no necesitamos, en una ciudad como Bariloche que está al borde del colapso energético, donde hay miles de conexiones de viviendas particulares y hoteles que esperan el gas, donde más de la mitad de la ciudad no tiene cloacas y hay muchísimos barrios de la ciudad que no tienen agua potable en red. Si por décadas no se han llevado servicios a estos lugares, es difícil de explicar porqué llevárselos a un emprendimiento urbano privado en el cerro”, dijo Chiocconi.
“Soy amigo íntimo de los Trappa, pero separo la amistad de los negocios”, dijo el gobernador Weretilneck. No parece. Los micros de larga distancia de la empresa tienen copado el mercado y las rutas provinciales, y con la firma Ko-Ko manejan el servicio interurbano del Alto Valle. A través de la firma Sapsa (Servicios Aéreos Patagónicos) monopoliza los vuelos del gobernador. En 2017 (a través de la licitación 34) se quedó con el servicio de vuelos charter del mandatario por un total de 26,5 millones de pesos. Sin embargo, en varias oportunidades el Ejecutivo provincial alquiló de manera directa los vuelos, pagando hasta 150.000 pesos por trasladar al gobernador. Los Trappa proveen además parte de la madera que la Provincia utiliza para el programa social Plan Calor, que reparte leña entre los sectores más pobres de las ciudades de la Zona Andina y Región Sur. Además, siendo funcionario y luego intendente de Cipolletti, Weretilneck impulsó la cesión de la explotación de la terminal de ómnibus de la localidad a Vía Bariloche. La empresa realizó una obra de ampliación y mejora y asentó su base de operaciones, que le permite competir en mejores condiciones con otros interesados en explotar las rutas provinciales. Los colectivos de Vía Bariloche trasladaron a los partidarios del gobernador a los actos proselitistas en 2015.
“El cerro Catedral es un elemento determinante en la política turística de Bariloche, por lo tanto, también de la política provincial. Es una cuestión privativa del ámbito municipal, pero en lo político respaldamos que se genere un nuevo contrato para permitirle a la empresa (realizar) nuevas inversiones”, justificó el gobernador durante su última visita a Bariloche.
El Gobierno nacional nunca ocultó su interés directo en la aprobación del proyecto Catedral. El Ministro del Interior, Rogelio Frigerio, también se lo hizo saber en varias oportunidades al intendente Gennuso. El propio Macri de paso por Bariloche camino a Villa Traful, presionó al concejal del PRO, Daniel González, para que abandone su postura crítica con la iniciativa y levante la mano para avalarla.
Fue en el Aeropuerto de Bariloche. González salió pálido de la reunión y confió a sus colaboradores que no tenía más remedio que acompañar el proyecto al que antes se opuso. Con su voto el tándem Gennuso-Weretilneck-Macri lograría los ocho votos que necesita en el Concejo para alcanzar una mayoría especial y ratificar el acta firmada entre el intendente y la empresa.
Inversión y ganancia
En relación a los medios de elevación y la modernización de las pistas, CAPSA propuso una inversión de 22 millones de dólares, a realizarse desde la firma de la prórroga contractual hasta el invierno de 2023. La cifra aparece como impactante, y se destinará a un necesario reordenamiento de las pistas, modernización de los medios de elevación, ampliación de las áreas esquiables, y generación artificial de nieve.
Sin embargo, si se divide esa inversión por los 38 años que la empresa explotará el cerro, y la cantidad promedio de pases que se venden anualmente, será de 578.000 dólares por año. En el período 2011-2017, con excepción de 2012, todos los años que manejó el cerro obtuvo ganancias, alcanzando a cubrir el 63 por ciento de la inversión realizada hasta el año pasado, quedando por delante en teoría nueve años de contrato.
El primer año de Vía Bariloche como propietaria de CAPSA, la ganancia en el cerro Catedral fue de 6,3 millones de pesos; al año siguiente la pérdida fue de 7.000 pesos; luego le siguieron resultados positivos de 10 millones de pesos en 2013, 8 millones en 2014, 8 millones en 2015, 7 millones en 2016, y 13 millones al 31 de mayo de 2017.
Además, el canon que anualmente abona la empresa al Municipio según el contrato equivale a 12.500 mil pases. Una cifra de venta que la firma alcanza en un sólo día de trabajo en temporada alta.
Es decir que la venta de pases y de publicidad en el cerro, largamente permiten amortizar la inversión, y al mismo tiempo proyectar ganancias.
Sin embargo, el gran negocio, libre de toda inversión por parte de la empresa, es el desarrollo inmobiliario previsto en las 70 hectáreas, donde se estiman dividendos superiores a los 110 millones de dólares.
Para ello requiere las tierras, hoy en propiedad del Municipio. El acuerdo establece la cesión de las 70 hectáreas y la creación de un fideicomiso, que le permitiría al Estado local ser un partenaire menor en las ganancias que arroje su venta tras el loteo.
Maniobra
Para consumar la entrega del cerro, fueron necesarias tres maniobras político-institucionales: Primero, la constante presencia de funcionarios trabajando de ambos lados del mostrador, es decir operando en el Estado y, poco tiempo después, como representantes blanqueados o en las sombras de la empresa CAPSA. Es el caso del ex secretario de Desarrollo Urbanístico, Marcelo Ruival, quien tras su renuncia al cargo en octubre de 2017, pasó a encabezar una inexistente Comisión Municipal de Evaluación Técnica Propuesta CAPSA que sustenta el contrato con la empresa.
Dicha Comisión no fue creada en el ámbito municipal ni por resolución ni por ordenanza, y Ruival no fue nombrado tras su salida del Ejecutivo. Sin embargo sus informes dan sustento técnico al Municipio para avalar la extensión de la relación con CAPSA. Ruival, autotitulado Coordinador de la Comisión, presentó una nota el pasado 29 de enero, que recomienda la suscripción del contrato de extensión de la vinculación entre el municipio y el privado.
Tras dejar el cargo de titular de Desarrollo Urbano, el intendente anticipó que pasaría a “armar un proyecto de desarrollo del cerro Catedral”. Lo que no detalló es si lo haría en nombre del Municipio, de la inexistente Comisión, o por la empresa privada CAPSA.
Otro ex funcionario, Horacio Fernández, quien estuvo al frente de la Secretaría de Planeamiento de la Municipalidad durante la anterior gestión, es hoy representante técnico de CAPSA.
Ambos favorecieron el estado actual de cosas, desde los dos lados del mostrador.
La segunda maniobra política fue relegar a la representación de la oposición en la Comisión de Transacciones del Municipio, que debió reunirse para analizar los términos del acuerdo. Por ordenanza y uso y costumbre, el Presidente del Tribunal de Contralor participaba de esas reuniones como representante del organismo de control — los otros dos poderes, Ejecutivo y legislativo, están representados por el intendente y el presidente del Concejo Municipal.
Pero en este caso, la mayoría oficialista en el Tribunal desplazó a la Presidenta, Julieta Wallace (del FpV), para enviar como partícipe al vicepresidente, Damián Fuentes (Juntos Somos Bariloche).
De esta forma, las objeciones que pudiera haber planteado Wallace no fueron escuchadas ni tenidas en cuenta.
La tercera de las maniobras fue impedir que una comisión de expertos imparciales e independientes asesorara al Concejo sobre los alcances del proyecto. Propuesta su creación por el FpV, la intención de convocar a especialistas fue rechazada por la mayoría automática de Juntos Somos Bariloche y el PRO.
La renovación automática de la concesión dividió al empresariado de Bariloche. La voz más fuerte que se escuchó fue la del histórico titular de la Asociación Empresarial del Cerro, Alberto Del Giudice, quien renunció a su cargo denunciando los perjuicios que traerá la eternización de CAPSA.
“Esta es la medida de Gobierno más irresponsable en los últimos 40 años”, dijo Del Giudice, porque “nos deja el futuro hipotecado, a nosotros y a nuestros hijos”.
El empresario pidió “un estudio elaborado por alguien totalmente imparcial, donde no estuvieran por encima los intereses de uno u otro sector, y menos de la concesionaria”.
Ese estudio, que calculó llevaría alrededor de ocho meses, “nos iba a permitir encolumnarnos detrás de un proyecto para el Cerro a todos los barilochenses. Que fuera beneficioso para el desarrollo del principal recurso turístico que tiene la ciudad y no, como pasa siempre, para unos pocos”, aseguró.
A juicio del empresario es más que sospechoso que el intendente haya firmado el acuerdo con CAPSA al día siguiente de recibir un Aporte del Tesoro Nacional.
“Tenemos una administración deficiente y un municipio inviable”, dijo Del Giúdice. Y concluyó: “Ahora, además, nos quedamos sin el cerro Catedral”.
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