Censura y reacción

 

Las multitudinarias movilizaciones en el Día de la Memoria tuvieron un correlato ínfimo de actos vandálicos que deben ser contextualizados en una dimensión comparativa y por las respuestas de la sociedad.

En Chacabuco, una concejala reincidió en sus posteos de burla a las víctimas de desaparición forzada. Lo mismo había hecho una funcionaria mendocina. En la Universidad de Cuyo, quien se presentó a “exorcizar” una muestra de arte fue el asesor de un senador. Otra exposición, que contenía los cuadros de dos dictadores, fue levantada en La Plata, donde un local de Izquierda fue amenazado por personas armadas. En Tres de Febrero, el intendente no permitió la reinstalación de memoriales.

 

 

 

 

La respuesta de la sociedad, no obstante, refuerza el acuerdo social alcanzado hace cuatro décadas sintetizado en la expresión “Nunca Más”. De inmediato se dio a conocer el apartamiento de los funcionarios o la devolución de los recordatorios. En dos casos, los episodios de violencia partieron de hijos de víctimas de los dictadores que no aciertan a canalizar sus traumas. Para dilucidar si se está ante una avanzada coordinada desde las derechas o son situaciones aisladas, conviene analizar una por una.

 

 

Chacabuca

La edila Silvia Susana Gorosito posteó, al igual que en 2022, fotos con frases que desmerecen el accionar judicial que condenó como “represión ilegal” las acciones de las fuerzas armadas de hace medio siglo, tiempo suficiente para entenderlo. La única diferencia importante es que esta vez lo hizo en un año electoral. Eso explica que algunos medios la ponderaran como “muy cercana al intendente de Juntos”. Tal cosa no se condice con su ubicación en la boleta electoral: segunda suplente.

 

 

 

La seguidora de Elisa Carrió que llegó a lista en acuerdo con la UCR, tenía tan pocas chances de acceder a una banca que ni siquiera consta en los documentos de la Junta Electoral, como puede verificarse en su sitio oficial.

Electa en 2019, recién pudo jurar a fines del mes pasado, solo para una sesión, porque el titular de la banca había pedido licencia. En aquel año, Juntos había ganado la Intendencia con cinco concejales; el sexto era Ariel Di Piero. Para que asumieran él y las subsiguientes personas, debían renunciar o licenciarse los electos que, en muchos casos, pasan a trabajar al Departamento Ejecutivo. Es lo que hizo la cabeza de lista, Laura Marchesse. Para que llegara el turno de Gorosito, hubo que saltear media docena de postulantes que, o bien trabajan en la Municipalidad o tienen otro empleo al que no les apetece renunciar por tan pocos meses que restan hasta terminar el mandato de diciembre.

Fuentes de El Cohete confirman que, en efecto, Gorosito había sido fiel al intendente Víctor Aiola, pero actualizan el dato de que después de la pandemia empezó a publicar críticas, acorde a la afectación que pudo haber padecido como comerciante en su rotisería Las Pastas de la Pepa ("La Pepa" es Gorosito).

En el pueblo de la 4ª Sección Electoral, los repudios más notorios son los de la propia alianza: la diputada provincial Micaela Olivetto, en Twitter; el presidente del Consejo Deliberante y la UCR distrital, Lisandro Herrera, y el presidente de su bloque, Alejo Pérez, quien en diálogo con Chacabuco en Red, lanzó: “Deseo que se tome la medida más dura desde lo institucional. Rechazo esta publicación y cualquier expresión similar. No hay lugar para discutir esto, que ya está saldado para quienes queremos vivir en democracia”.

Al silencio del jefe comunal, sumó dos informaciones: la pena por apología del delito va de un mes a un año de prisión, por lo que se apuró a borrar su posteo en Instagram, cuya cuenta solo puede ser vista si la titular acepta. El dato más determinante lo recibió desde el municipio: regresaría el titular de la banca. Así, no habría manera de que se aferrara a su fuero. Al “aceptarle” la renuncia que le sugirieron, el oficialismo comunal quedó bien ante un público no cautivo.

Eso es lo que llevó a que otra oriunda de Chacabuco, Sandra Raggio, considerase que hubiese sido más pertinente su expulsión. Raggio es directora de la Comisión Bonaerense por la Memoria que radicó en el Juzgado Federal de Junín la denuncia por apología.

 

 

Tal trámite seguirá su curso porque, en su renuncia, la disculpa ofrecida no ocultó la concepción que anida: “(...) La historia debe ser contada completa para conocer toda la verdad y sanar las heridas, para luego trabajar juntos por un país que incluya a todos”. Solo le faltó agregar las caritas de dos demonios.

Su forma de “sanar heridas” ya había sido exhibida en 2022, al postear una foto de la Junta Militar del ‘76 con la frase: “Gracias por todo”.

 

 

 

De paseo

Hacia julio, la subdirectora de Turismo en Rivadavia, Mendoza, Claudia Jaunin, compartió en Facebook la foto de Jorge Videla junto a un Falcon verde en cuyo baúl se lleva a Sergio Massa, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Alberto Fernández. Agregó: “El sueño de todos los argentinos de bien”. Su jefe, el intendente Miguel Angel Ronco, respondió desde Twitter: “(...) He tomado la decisión de separarla del cargo. Repudio toda acción que reivindique o avale la etapa más oscura de la historia argentina”.

 

 

 

 

 

 

El exorcista mendocino

Días atrás, un grupo destrozó una muestra artística en el Rectorado de la Universidad de Cuyo. Lo encabezaba un ex sacerdote católico, Daniel Francisco Giaquinta, quien da cursos de Retórica en la Facultad de Derecho y trabaja adscripto al senador Rafael Moyano (PJ). Fue filmado en la UNCuyo mientras fingía un exorcismo: “Cuando hay blasfemia oficial instituida por la autoridad, está el exorcismo para quitarnos al demonio de la blasfemia”, balbuceaba.

En los videos, rastreables por YouTube, se ve a su ladero, identificado por la investigación del periodista Negro Nasif, en el sitio El Otro: se trata de Santiago Hernán Vázquez, docente de la Facultad de Filosofía y Letras, secretario técnico de la revista de ideario medieval Scripta Mediaevalia y columnista del diario Los Andes (del Grupo Clarín) donde publicó diatribas contra la “ideología laicista” de la universidad pública donde cobra.

En la UNCuyo, Vázquez rezó en pos de “la protección de nuestra patria católica” al inventar que “el general San Martín ordenaba traspasar la lengua con hierro candente a aquellos que blasfemaban contra nuestra Señora”.

Ante estos fanáticos que habrían incurrido en delitos de daño agravado y discriminación, se interpuso la denuncia de los abogados Alejandro Acosta y Alfredo Guevara y la investigación abierta por la Fiscalía Federal 2.

En tanto, tras reconocer que el “polémico profesor Giaquinta” era un adscripto a su oficina, el senador Moyano aclaró que desconocía y no acordaba “para nada” con la irrupción en la muestra y pateó la pelota afuera: “Voy a pedir que no siga trabajando en mi oficina, tendrá que encontrar un lugar en el bloque o en la vicegobernación”.

 

 

 

 

 

 

 

Cuadros por el piso

Otra exposición fue atacada en la capital bonaerense, donde Andrés Garavelli, docente egresado de la Escuela Municipal quilmeña de Bellas Artes Carlos Morel, quiso inaugurar su muestra Soberanía, convocada por la galerista Pelusa Borthwick en memoria de la artista Graciela Marotta (fallecida el 21 de febrero), para resaltar los valores democráticos a 40 años del fin de la dictadura. En principio, él había comunicado: “El 11 de marzo, en el centro cultural MACA de Villa Elisa, una persona enfurecida comenzó a gritar y agredir de palabra frente a mi instalación ‘Cuadros Bajos’, pidiendo que se retirase la obra. Ante la negativa de los organizadores, el agresor vuelve con un grupo, retiran mi obra hacia el jardín y la destruyen a golpes mientras amenazan de muerte a lxs organizadores, quienes decidieron clausurar la exposición”.

Sin embargo, en diálogo con El Cohete, el artista actualizó la información. Consultado sobre novedades de último momento, relató que le hicieron saber que la agresión partió de alguien que conocen, cuya descripción coincide con la del hijo de un abogado montonero, ex jugador de rugby, desaparecido en 1977, cuya hija integra H.I.J.O.S. Capital. La muestra que vandalizó fue la que exponía los cuadros de los dictadores Jorge Videla y Reynado Bignone descolgados y apoyados en el piso.

 

 

 

 

 

 

Otro HIJO

Una situación análoga puede hallarse con otro hijo de desaparecidos, que evidencia cuán lejos llegan los efectos psicológicos de la represión ilegal.

Este lunes 27, un grupo apuntó con un arma al local platense de Izquierda Socialista (en el FIT-Unidad). Así se vio en un video que difundieron, a partir de lo cual recién se enteraron quienes habían estado en el interior.

Mientras juegan a gatillar “contra los zurdos”, se referenciaron en Javier Milei y en José Derman, quien desde un “centro cultural Kyle Rittenhouse”, que se autodefine como “anticomunista”, difunde discursos de odio neonazi.

Derman es hijo de ex detenidos desaparecidos. Tanto Cristina Gioglio, fallecida hace dos años, como Alberto Derman, declararon en juicios de lesa humanidad.

El año pasado, José Derman fue detenido tras publicar un video en el que lamentaba que el atentado a la ex Presidenta hubiera fallado y brindaba “total apoyo al héroe brasileño que intentó hacer justicia” (Fernando Sabag Montiel). Fue declarado inimputable por el juez federal Ernesto Kreplak a partir de un examen psiquiátrico que observó “signos de descompensación de sus facultades mentales. Presenta un cuadro clínico caracterizado por ideación de tinte paranoide, reivindicativo y megalómano, con marcada exaltación afectiva y proclividad a conductas impulsivas”.

 

 

 

Informe de la TVPública

 

 

 

 

 

 

"Hay que pedirle permiso al Intendente"

 

 

En Tres de Febrero, la Municipalidad retiró placas con nombres de desaparecidos en el marco de la remodelación de plazas. Como no las repusieron, las organizaciones sociales y de derechos humanos decidieron emplazarlas otra vez por su cuenta. Al jefe comunal Diego Valenzuela le pareció una prepoteada y respondió en sus redes digitales y en la televisión porteña que eso estaba mal por ser “autoritario”, lo que valida el consenso existente respecto de lo negativo de esa característica. A su argumento de que debe pedirse un permiso, el campo popular le contestó que hay en juego un “interés público” que ya fue considerado por una ordenanza de 2016. A las apariciones televisivas, la respuesta de la Comisión de Familiares y Compañerxs de Detenidxs Desaparecidxs, más el Consejo del Partido Justicialista local, sumaron las firmas de cuarenta organizaciones en apoyo, lo que se vio rubricado al final por la presencia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien agarró la pala y ayudó a preparar el cemento para la recolocación de las baldosas. Con esa acción, la iniciativa de los de abajo se vio validada por el Estado nacional.

En un caso, como la Plaza de la Unidad Nacional, empleados municipales taparon la pintada de un pañuelo. En otro, tal como pedían las organizaciones de base, devolvieron la señalización que da nombre al bosque Dagmar Hagelin (la adolescente sueca asesinada por sicarios de la ESMA).

 

 

 

 

Echar luz sobre cada caso ayuda a darle una justa dimensión, para no caer en la desazón que desmoviliza.

 

 

 

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