Censura en Bahía Blanca

 

En marzo de 1977, mientras Rodolfo Walsh caía acribillado tras difundir su Carta Abierta a la Junta Militar, el empresario Vicente Massot en representación del diario La Nueva Provincia justificaba la censura impuesta por la dictadura ante una asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa por la lucha de Videla, Massera & Cía. contra “la escalada del marxismo internacional”. 44 años después, el CEO de la empresa Fernando Monacelli invocó “el interés general de la lucha contra el narcotráfico” para explicar la decisión de no distribuir la tirada completa de una edición impresa. La nota que motivó la censura informaba en realidad sobre el armado de causas penales por parte de la Policía Bonaerense y opacaba un show de allanamientos y detenciones protagonizado por esa fuerza a instancias del fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez, el gestor de la impunidad de Massot en la investigación por su participación en el terrorismo de Estado al que el gobierno de Cambiemos compensó con su designación en el Ministerio Público Fiscal.

La Nueva Provincia fue la nave insignia del primer multimedios del país, que formateó la ideología de los bahienses durante el siglo pasado a fuerza de saturar páginas de sotanas y uniformes. Eufórico con cada golpe de Estado, ofició de vocero de los sectores más duros de la Iglesia católica y de las Fuerzas Armadas y llegó a su apogeo durante la última dictadura, a la que brindó un respaldo incondicional y de la que se valió para aniquilar la vida gremial puertas adentro. Su historia tuvo un quiebre en 2012 cuando el Tribunal Oral Federal que condujo el primer juicio por delitos de lesa humanidad en la ciudad ordenó investigar la participación de Massot en el terrorismo de Estado. Los fiscales Miguel Palazzani y José Nebbia pidieron su detención por los secuestros y asesinatos de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola y por su “participación criminal concreta y específica” en el genocidio. El juez federal Alvaro Coleffi llegó a indagarlo pero se vio forzado a apartarse tras una burda maniobra protagonizada por el entonces juez subrogante Martínez y su secretario Mario Fernández Moreno, que le permitió ganar un lustro de impunidad aunque la Unidad Fiscal de Derechos Humanos sigue reclamando su procesamiento a partir de nuevas pruebas.

En ese marco se anunció a fines de 2016 la venta del multimedio de los Massot a Gustavo Fabián Elías, un poderoso empresario del transporte cercano a Hugo Moyano que se define como “peronista, justicialista y amigo de (Sergio) Massa”. Según los documentos sobre guaridas fiscales filtrados en los Panama Papers, que desmenuzó la periodista Sandra Crucianelli, Elías fue socio en dos firmas offshore (Tranway Finance LTD y Laystrak SA) abiertas en las Islas Vírgenes Británicas y domiciliadas en Montevideo del abogado Guillermo Néstor Montezanti, hijo del ex espía y camarista Néstor Montezanti (imputado por su rol en la Triple A bahiense). Ambas habrían sido dadas de baja tras la filtración.

 

 

 

 

 

Montezanti (h) fue funcionario del gobierno de Daniel Scioli y ahora ocupa un cargo en el Ministerio de Transportes que encabeza Mario Meoni, quien también responde al presidente de la Cámara de Diputados. Elías ya había incursionado en los medios locales como socio del portal La Brújula, del que en teoría tomó distancia en noviembre pasado cuando asumió como presidente de la Unión Industrial de Bahía Blanca. Según el Boletín Oficial bonaerense fue excluido del actual directorio aunque su ¿ex? socio Germán Sasso relativiza el dato: “Ahora, en los papeles (sic) no es más socio” (ver minuto 8.41).

 

 

 

 

 

Un escándalo sin repercusión

La decisión de la conducción de La Nueva –nombre para intentar quitarse los lastres del pasado– implicó la desaparición de la edición completa del sábado 27 de febrero (4.000 ejemplares impresos en la planta de Clarín de calle Zepita) y no mereció ningún repudio por parte de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ni del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA). También guarda silencio la dirigencia política de Bahía Blanca. El intendente Héctor Gay (Cambiemos) llegó a ese cargo por su popularidad como conductor de la radio del multimedio, que el Municipio sostiene con pauta oficial. La excepción fue el concejal Gustavo Mandará, quien consultado por FM de la Calle consideró al hecho “de una gravedad absoluta”. El dirigente del Frente de Todos recordó que trabajó 15 años en la empresa, que “sufrí y padecí muchas cosas pero nunca nada como esto”. “En otro momento hubiera sido un escándalo de proporciones inimaginables, ahora no es menos grave pero tiene menos repercusión”, lamentó. Calculó que “lo que quedó en el camino entre Buenos Aires y Bahía fueron 700 ejemplares pero desde el punto de vista de la significación es tremendo, una alevosía”.

La bronca de los trabajadores de La Nueva, que durante el macrismo sufrieron despidos y congelamiento de salarios pero carecen de una organización interna para enfrentar la prepotencia patronal, se tradujo el domingo 28 en un comunicado del Sindicato de Prensa bahiense sobre la libertad de expresión y la “falta de respuestas” de la empresa. La Nueva no dio ninguna explicación a sus lectores pero otros periodistas se encargaron de que la censura no pasara desapercibida. El boletín 8000 informó el lunes que “al empresario le disgustó una nota que ponía la lupa sobre cuatro policías vinculados a un áspero procedimiento” y lamentó que “nadie aclaró nada”. “Como si se pudiera ocultar todo, así nomás”, destacó el newsletter que editan dos ex trabajadores de La Nueva, célebre por ocultar hasta hoy los crímenes de la dictadura y por ignorar los juicios a represores que se desarrollan a metros de la redacción. Dos días después añadió que “el medio no quiere explicar nada e intenta hacer control de daños: interno (con personal enojado y triste) y externo (con los anunciantes e instituciones conscientes de la gravedad del episodio, como Fopea y ADEPA). Para la audiencia bahiense, ni una palabra”.

La explicación oficial sobre la causa de la censura la obtuvo FM de la Calle de boca de Fernando Monacelli, secretario de redacción con Massot devenido CEO tras el anuncio de la venta. “El director (léase Elías) consideró en su momento que una nota vinculada con un antiguo procedimiento policial irregular contra los hermanos prófugos en el marco de los allanamientos por drogas de la semana pasada, que ocupaba la sección principal del ejemplar del diario que ya estaba impreso, podía horadar la investigación en curso de la Justicia Federal y evaluó que el interés general en la lucha contra el narcotráfico en la ciudad era superior a la distribución de la edición de ese día”, dijo.

El contenido de la nota que La Nueva oculta, a la que accedió El Cohete a la Luna y que se puede leer completa al final del texto, no se condice con esa justificación. Describe un supuesto “operativo antidrogas” de 2019 frente a la casa de Ricardo y Adrián Vidal Ríos y desmenuza las contradicciones entre el acta de la Bonaerense y las pruebas que llevaron a la jueza Marisa Promé a dictar sus sobreseimientos. Lejos del guión de intento de fuga, resistencia y agresión –que retrotrae a los comunicados de enfrentamientos fraguados del Destacamento de Inteligencia 181, que los Massot publicaban hasta con croquis–, la jueza probó a partir de los testimonios y de la filmación de una cámara de seguridad que no hubo “motivos suficientes o fundadas sospechas de comisión de un delito” que justificaran el procedimiento. Consignó que los policías de civil se bajaron de un auto sin identificación y “sin motivo aparente” uno le tiró una trompada a uno de los hermanos, otro sacó el arma y empezó a disparar, y que era falso que les hubieran soltado dos rottweiler porque estaban en la calle antes de que llegaran. “El mayor de los hermanos terminó con un tiro en la pierna, otro disparo de los policías mató a uno de los perros de la familia y hubo al menos dos balazos más que, por milagro, no dejaron un saldo peor”, relataba la nota. El abogado Juan Ignacio Vitalini, defensor de los Vidal Ríos y denunciante de los policías, explicaba además que les habían plantado cocaína y un arma, y que si bien “tienen antecedentes” por hechos lejanos “la mayoría se cayeron por estar armados por la policía”. “Los quieren culpar de todo lo que pasa en Bahía”, resumió, y advirtió que los involucrados (subtenientes Sebastián Díaz Arana y Adrián Korman, sargentos Damián Rosetti y Lucas Miranda) seguirían en actividad.

 

 

 

 

 

 

“La causa contra los policías quedó planchada en una fiscalía, se está protegiendo a esta gente”, destacó Vitalini ante FM de la Calle, que contó la historia y difundió el video que sirvió de prueba. “Tenían cámaras porque están podridos de que les planten drogas”, explicó. “La policía se quiso llevar el DVR (registro de cámaras de seguridad) pero se confundieron y se llevaron el equipo de Direct TV. Gracias a Dios lo tenían escondido en otro lugar”, añadió. En otra entrevista se refirió a la investigación que La Nueva evitó “horadar” y que ayuda a entender los motivos de la censura. El 23 de febrero se montó “una parafernalia” con 300 policías que llegaron desde Mar del Plata para realizar los 29 allanamientos pedidos por el fiscal Martínez, en los que no se secuestraron drogas, contó al portal Frente a Cano. “Era un papelón que el fiscal salga en los medios y diga que no se habían encontrado drogas. Por eso se llevaron al resto de los familiares y otras personas”, cuestionó. “Estuvieron un año y medio haciendo seguimientos e intervenciones telefónicas y dicen que la droga podría llegar de Mar del Plata. La investigación es muy poco seria. ¿Por qué el fiscal no dijo la cantidad de droga que encontró? Porque no se encontró nada”, remarcó.

La nota censurada no afectaba ninguna investigación en curso, era valiosa para reactivar la causa de las trapisondas de la Bonaerense, pero opacaba el culebrón de allanamientos y detenciones en el marco de la “lucha contra el narcotráfico” con el que La Brújula y La Nueva pretenden disfrazar de héroe a Santiago Ulpiano Martínez, el alfil al que el gobierno de Mauricio Macri premió con un cargo de fiscal federal tras la Operación Massot y que debió apartarse de la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro por los cuestionamientos de la madre y de la Comisión Provincial por la Memoria. Las investigaciones las horadan los operadores judiciales y mediáticos que militan por la impunidad de sus patrones y amigos, no el periodismo honesto.

 

 

 

 

 

 

La nota completa que censuró La Nueva

 

 

 

 

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