¿Celac por ALCA?

 

El trabajo de filigrana diplomática del gobierno mexicano permitió que el 18 de septiembre pudiera realizarse la VI Cumbre presidencial de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), luego de cuatro años de parálisis. A pesar del indudable liderazgo político de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en la región, de sus pronunciamientos y actitudes a favor de la soberanía y respeto irrestricto a la autodeterminación de los pueblos y de ser, probablemente, el único mandatario de la región en la actual coyuntura capaz de convocar a tirios y troyanos en una mesa para hablar de coordinación e integración latinoamericana, sorprende su concepción sobre la dimensión económica de lo que debería ser la Celac.

 

Los aspectos políticos

Uno de los temas que se vislumbraban como centrales en el debate en el marco de la Celac fue la reforma o reemplazo de la OEA. Como se señaló en una nota publicada en El Cohete, el Presidente de México había advertido, en la Reunión de Cancilleres de la Celac, que “no debe descartarse la sustitución de la OEA por un organismo verdaderamente autónomo, no lacayo de nadie, [basado en] los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias”. Otros Presidentes de la región se habían pronunciado en ese sentido. Alberto Fernández manifestó que la OEA “tal como está no sirve” y que “es un escuadrón que avanza sobre los gobiernos populares de América Latina”. Lo propio había señalado el Presidente de Bolivia, Luis Arce, al acusarla de avalar el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Si bien se esperaba que México, al tener la presidencia pro tempore de la Celac, impulsara una propuesta en la Cumbre, para sustituirla o reformarla, esta no pudo formar parte de la agenda por el rechazo de varios países. Sin embargo, ello no impidió que el Presidente mexicano durante su discurso inaugural reiterara no sólo la necesidad de eliminar la política de bloqueos económicos, sino también que “las controversias sobre democracia y derechos humanos se diriman a petición de las partes en instancias verdaderamente neutrales”, en diplomática alusión a la impertinencia de la OEA para esa tarea. En la declaración final, los gobiernos “rechazan la aplicación de medidas coercitivas unilaterales, contrarias al derecho internacional” y “se reafirma el compromiso de los gobiernos con la plena vigencia del Derecho Internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención en los asuntos internos de los Estados”.

Si bien no figuraba en la agenda, el tema central de las divergencias giró en torno a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Los Presidentes de Uruguay y Paraguay fueron los encargados de enfrentar su imprevista presencia y señalar que esta no implicaba que sus respectivos gobiernos lo reconocieran. El uruguayo fue por más y también enfrentó a Cuba y Nicaragua. No es casualidad que un par de días antes de esa reunión, el presidente del BID, Mauricio Claver-Carone, visitara ambos países, en circunstancias en las que Uruguay había anunciado su decisión de evaluar la firma de un tratado de libre comercio con China, la principal amenaza para Estados Unidos.

Otro de los que tuvo un rol protagónico en oponerse a la presencia de Maduro fue el Presidente de Colombia, Iván Duque, quien desde Madrid, en compañía de Mario Vargas Llosa, no sólo rechazó la presencia de Maduro en la Cumbre sino que rompió el consenso de la declaración final al negarse a pedir a la comunidad internacional el cese de las sanciones económicas que pesan sobre ese gobierno.

La negativa de Duque a apoyar el cese de la asfixia económica a Venezuela tuvo lugar a pesar del informe presentado por la relatora especial de las Naciones Unidas, Alena Douhan, durante el 48° periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que señala que “las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos contra Venezuela han generado un gran impacto negativo en la población y violan en forma flagrante el derecho internacional”. Inclusive, la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha pedido en días recientes el levantamiento de sanciones a Venezuela porque “profundizan la crisis”.

 

 

Resucitar el ALCA

La propuesta de AMLO en lo económico distó mucho de sus iniciativas en el ámbito político. En el primer párrafo de su discurso inaugural señaló que la Celac puede convertirse en estos tiempos “en el principal instrumento para consolidar las relaciones entre nuestros países de América Latina y el Caribe, y alcanzar el ideal de una integración económica con Estados Unidos y Canadá en un marco de respeto a nuestras soberanías”. Justificó su afirmación al señalar que “las ventajas son muchas; entre otras, contamos con fuerza de trabajo joven y creativa; hay buen desarrollo tecnológico; somos un continente rico en recursos naturales, con una amplia diversidad cultural; las distancias entre nuestros países nos permiten ahorrar en fletes y existe suficiente demanda de mercancías en nuestros mercados”.

Como si hubiera nacido ayer, continuó: “La propuesta es sencilla: se trata de reactivar pronto la economía en nuestro continente para producir en América lo que consumimos. Sólo se requiere hacer una planeación conjunta con la participación de organismos como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros, y pedir a estas instituciones la elaboración de un plan con el objetivo superior de promover la comunidad económica, financiera y comercial de los países de América”. Resulta inconcebible la participación del BID teniendo como presidente a Claver-Carone, un lobista que busca permanentemente la desestabilización del gobierno cubano, ex asesor de Donald Trump para la seguridad del hemisferio occidental. Es decir, López Obrador invita a Cuba y habla de no injerencia y, a la vez, propone que Claver-Carone, el más injerencista entre los injerencistas, participe del planeamiento conjunto de la integración del continente americano.

En el fondo, la propuesta de AMLO busca reactivar el ALCA, la propuesta estadounidense rechazada durante el gobierno de George W. Bush en la IV Cumbre de las Américas, realizada en Mar del Plata en noviembre de 2005. Las razones detrás de este polémico plan están contenidas en su más reciente libro, A la mitad del camino, publicado a principios de septiembre pasado. Al referirse a las oportunidades del tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), AMLO señala que la cercanía de México con la primera potencia mundial “obliga a buscar acuerdos”.

Si bien tiene razón en señalar que “sería un grave error ponernos con Sansón a las patadas”, y precisa que toda negociación con Washington debe fundamentarse en el respeto a la soberanía, sabemos que esto no funciona así. Estados Unidos a lo largo de la historia ha mantenido la rienda corta con los países de la región y esto es más difícil de modificar en el escenario de declive que atraviesa. Es cierto, como señala el Presidente mexicano en su libro, que “no somos un protectorado, una colonia o su patio trasero”, pero así hemos sido tratados siempre.

Según el economista mexicano Ariel Noyola, López Obrador ve con “buenos ojos” el establecimiento de un acuerdo de libre comercio que incluya a todo el continente desde antes de convertirse en Presidente. Su apoyo se remonta a cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Noyola señala que, según AMLO, “lanzar un acuerdo de libre comercio de alcance continental obedece a la necesidad de hacer que Estados Unidos no caiga en la ‘tentación’ de optar por la vía militar para impedir la caída de su economía frente a China”. En un claro alineamiento con Estados Unidos, AMLO piensa que “lo mejor sería fortalecernos en América del Norte y en todo el continente, con respeto a la independencia de cada país, por supuesto (…) No veo otra salida (…) lo mejor es ser eficientes, creativos, fortalecer nuestro mercado regional y competir con cualquier país o región del mundo”.

 

 

Contradicciones

Por un lado, López Obrador asume una posición en defensa de la soberanía regional, el derecho a la no injerencia y autodeterminación de los pueblos, condena el bloqueo contra Cuba, y promueve el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana; por otro, propone a todos los países de la región establecer una integración económica, comercial y financiera con la participación de Estados Unidos.

Un gran número de economías latinoamericanas (toda América Central, Panamá, República Dominicana, Colombia, Perú y Chile ya están muy integradas con Estados Unidos a través de los Tratados de Libre Comercio. Resucitar el ALCA no hará sino vulnerar aún más la soberanía de los otros países latinoamericanos, que se verán invadidos por bienes de consumo suntuario que destruirán la industria local, como ha ocurrido en la mayoría de esos países por el ingreso de productos agrícolas subsidiados en Estados Unidos, que vulneran su soberanía alimentaria.

Resucitar el ALCA, tal como lo propone AMLO, para hacer frente a China “y amortiguar el declive de Estados Unidos en la economía global” resulta un contrasentido en el marco de la Celac. Antes de su VI Cumbre se había llevado a cabo el Foro Celac-China, donde Pekín presentó una amplia variedad de proyectos a los países de la región para fomentar su desarrollo. China ha propuesto la ruta de la seda, que incluye importantes proyectos de infraestructura y tecnología. La región tiene que analizar las propuestas con el único alineamiento del bienestar de sus ciudadanos.

En el actual escenario multipolar es fundamental recuperar los espacios regionales para coordinar lineamientos mínimos comunes de negociación con las viejas y nuevas potencias. La VI Cumbre de la Celac, a pesar de sus dificultades, ha significado, en términos políticos, un paso adelante en las discusiones para construir la soberanía regional. Sin embargo, la propuesta económica de AMLO, que afortunadamente no se recoge en la declaración final, representaría un retroceso histórico si se tomara en cuenta.

 

 

 

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