CAZAFANTASMAS

 

El ex general Alfredo Arrillaga es un kelper suelto en San Martín. Así declara. La peculiar forma de percibirse encierra tantas ironías. El viernes 12 de abril fue condenado a prisión perpetua por el asesinato agravado de José Díaz, militante del Movimiento Todos por la Patria (MTP), organización que en enero de 1989 copó el regimiento militar de La Tablada, lo que para muchos fue el último coletazo de la lucha armada de aquella Argentina. No es la primera condena para Arrillaga. Carga en su prontuario el secuestro y asesinato en 1977 de los abogados marplatenses que defendían trabajadores y militantes, la noche de las corbatas. Arrillaga también apela a lo clásico. Se siente víctima de "una política vengativa y revanchista".

La situación de Arrillaga, que en plena democracia encabezó la recuperación del cuartel en un operativo militar en el que se aplicó la violencia estatal desaparecedora, tiene varios puntos de contacto con los imputados en otro emblemático juicio, uno que acaba de iniciarse y que investiga los crímenes de la dictadura frente a la Contraofensiva Estratégica de Montoneros, ocurrida entre 1979 y 1980. La conexión más importante en términos prácticos es la que hace al tribunal. Quienes condenaron a Arrillaga son los mismos jueces que dirigen el debate en Contraofensiva, los del Tribunal Oral Federal Nº4 de San Martín. Por eso y porque se trata de su primera intervención en un juicio de lesa humanidad, todas las miradas de “Contraofensiva” estuvieron puestas en la sentencia de “La Tablada”. Matías Alejandro Mancini, de apenas 35 años, Alejandro de Korvez y Esteban Rodríguez Eggers, son sus integrantes.

 

 

“Contraofensiva” comenzó el último martes. Como en “La Tablada”, un centenar de familiares y víctimas se acercaron para exigir justicia. Llenaron la sala del tribunal. Hubo espacio también para los imputados y sus familiares. Siete de aquellos, que enfrentan cargos por el secuestro, tortura, desaparición y asesinato de 96 militantes, estuvieron presentes (dos mediante videoconferencia). Otros dos no asistieron por razones de salud. Fue una primera audiencia cargada de ansiedad, tensión y debate. Se hizo larga. No se espera menos del juicio, que contará con más de doscientos testigos. Será cada martes, quizás durante el próximo año y medio.

 

Al gran fraude argentino

La judicialización de la Contraofensiva no es un hecho actual. En 1989, Mario Firmenich, jefe montonero, fue condenado a perpetua por los atentados cometidos contra los funcionarios del Ministerio de Economía de la dictadura, uno de los cuales terminó con  la muerte del empresario Francisco Pío Soldati. Tras ser indultado en los años noventa, Firmenich y otros dos jefes de la organización, Roberto Perdía y Fernando Vaca Narvaja, fueron procesados por el ahora archiconocido juez Claudio Bonadío, acusados por la presunta participación en el secuestro y desaparición de trece militantes montoneros. Desestimado este procesamiento e investigado Bonadío, la Contraofensiva llegó ahora a los tribunales para dilucidar el rol de la estructura represiva ilegal.

La actual causa se remonta al 2012. Los hechos que se investigan ocurrieron entre 1979 y 1980, en distintas regiones del país y en otros países como España, Brasil y Perú, trama del Plan Cóndor. De un número indeterminado de militantes montoneros que participaron, casi un centenar fueron detenidos en las fronteras y trasladados a la guarnición militar de Campo de Mayo, como terminal de un circuito del terror que incluyó otros Centros Clandestinos de Detención, Tortura y Exterminio. Respecto a la cantidad de militantes, en este debate se investiga lo que ocurrió con 96 de ellxs. Hernán Confino, doctor en historia y estudioso del tema, calcula que se trata de aproximadamente un tercio de todxs los militantes involucrados. Investigaciones militantes llegaron a referir alguna vez a medio millar aproximadamente.

Todxs ellxs fueron perseguidxs y detectadxs minuciosamente por la inteligencia de las distintas fuerzas represivas de la dictadura. Sobre esto escarbará el debate actual. “Como casi en ningún juicio, acá tenemos la estructura de inteligencia de manera concentrada, está todo el diseño de la inteligencia puesto en un mismo juicio”, señaló la fiscal Gabriela Sosti, que acusa en el debate en nombre del Ministerio Público Fiscal junto a su colega Marcelo García Berro.

En efecto, como imputados figuran nueve ex oficiales de inteligencia del Ejército, con terminal en el Comando de Institutos Militares con asiento en Campo de Mayo. Dirigían distintas unidades de inteligencia del Comando de Institutos Militares, de su Estado Mayor, y del Estado Mayor General del Ejército (EMGE). Con distintos grados de jerarquía, actuaban entonces Eduardo Ascheri, Jorge Bano, Jorge Apa, Marcelo Cinto Corteaux, Raúl Pascual Muñóz, Roberto Dambrosi, Carlos Blas Casuccio, Alberto Sotomayor y Luis Ángel Firpo. Otros fallecieron antes de iniciado el debate.

 

 

Cuando en 2014 la jueza de instrucción Alicia Vence les tomó declaración indagatoria, la mayoría no declaró y quedó detenida, con prisión domiciliaria. Sotomayor y Cinto Courteaux estuvieron temporalmente prófugos de la justicia. Cinto Courteaux, tenía 67 años. Una vez sentado ante Vence, dijo que lo único que aportaría era un escrito. Su declaración es otro de los puntos de contacto con La Tablada. Nada nuevo bajo el sol. Como Arrillaga, Cinto Corteaux se quejó de que una “comisión policial” le allanó el domicilio, que fue “arbitrario e injusto” y que le dio “miedo y pánico”. Otro kelper suelto, parafraseando a Arrillaga y con perdón de los kelpers. ¿Qué hubiese pensado o sentido Cinto Corteaux y sus familiares si el allanamiento hubiese sido ilegal, si lo hubiesen secuestrado, torturado, asesinado y/o desaparecido? En aquel entonces, Cinto Courteaux el juzgado le preguntó acerca de la fotografía del abogado querellante Pablo Llonto que tenía entre sus pertenencias. “Usted va a ver mi billetera y llevo siempre recortes de todo tipo”, respondió.

En esta oportunidad, Cinto Courteaux volvió a remitirse a su escrito, mientras que Apa fue el más original. Le ofrendó a cada juez un libro de su autoría: Al gran fraude argentino, ¡Salud! El paroxismo de la mentira (1966-2015). Lo escribió en 2015, “agobiado por la recurrente mentira oficial sobre los desaparecidos en la década del 70” y “dentro de los límites impuestos por una información deliberada de los gobiernos constitucionales a partir de 1983”. El resto no habló.

 

Ahuyentando fantasmas

Los sobrevivientes y familiares llegan temprano a la sala de audiencia. Están ansiosos. Desenfundan soportes y arman cuatro banners con fotografías de todas las víctimas. Liliana, activista de otros juicios que se acerca para hacer el aguante, observa las gigantografías y admite que tiene que modernizar sus carteles con los rostros de las víctimas. Pero los carteles no envejecen, ni las víctimas. Todos están presentes, bien en alto, cuando ingresan los imputados a la sala y cuando la secretaria del tribunal los nombra uno a uno.

 

 

Luego de leer las imputaciones y las calificaciones legales requeridas por las acusaciones, el tribunal solicita el retiro de los querellantes que van a ser testigos en la causa. Explica el presidente, Rodríguez Eggers, que no pueden estar cuando hablen los imputados y cuando declaren en las próximas audiencias los otros testigos. No es una decisión extraña, pero la refutan todos los abogados acusadores, los fiscales, las dos querellas particulares, el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo y los representantes de las secretarías de derechos humanos de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Argumentan que son parte del debate y que de todas formas se enterarán por distintos medios de las declaraciones que se produzcan. “Es una formalidad excesiva”, sintetizan. El tribunal delibera y acepta.

También analizan la solicitud de los abogados defensores. Piden que sus defendidos, los acusados de más de 90 crímenes de lesa humanidad, no asistan a cada audiencia. Por razones de salud y de logística. El debate se hace extenso nuevamente. El tribunal comunica que lo definirá cada vez a su debido momento, según las circunstancias.

Los querellantes, precavidos, se sienten aliviados con las decisiones del tribunal. Saben, sin embargo, que dirá más la sentencia de este tribunal en “La Tablada” que su decisión favorable en dos debates puntuales en el inicio de este juicio. Luego vino la condena de Arrillaga.

“Es un tribunal que analiza las pruebas y es muy amplio en su valoración”, explica Pablo Llonto, quien representa a una gran parte de las víctimas querellantes junto a Coco Lombardi. Explica que en “La Tablada” se abrió a considerar prueba nueva durante el debate, la que acercó la Agencia Federal de Inteligencia, y advierte: “Es una señal importante para el derecho procesal”. Sosti dice algo similar: “Es muy auspicioso, es un buen comienzo que sigue con la sentencia de Tablada, si bien no conocemos los fundamentos, ubica al tribunal en un punto interesante”.

La sentencia del viernes tenía encima el fantasma de la prescripción. Se trataba de un hecho ocurrido en democracia, que podría considerarse prescrito si se entendía por fuera del marco de las graves violaciones a los derechos humanos. “Se logró vencer a partir del trabajo jurídico de abogadas como Liliana Mazea y otras compañeras, que hicieron el planteo en forma nacional e internacional para que se reconozca este hecho como una grave violación a los derechos humanos y por lo tanto ingresa en zona de imprescriptibilidad”, explica Llonto. El avance consiste en despegar la categoría de lesa humanidad de las graves violaciones a los derechos humanos en el marco de regímenes democráticos. En “La Tablada” fueron claves las imágenes tomadas por el reportero gráfico Eduardo Longoni, donde se ve a los militantes rendirse con las manos en alto, a pesar de lo cual fueron torturados, asesinados y desaparecidos por la represión. “Arrillaga se disfrazó de militar democrático cuando en realidad trataba de esconder su pasado, pero su pasado ha vuelto y lo ha condenado”, explica Llonto.

 

De locuras y resistencias

“La contraofensiva es un tabú dentro del campo de la historia reciente en la Argentina y, a la vez, un tema polémico en las memorias sobre los años 70”, escribe Hernán Confino. El de Confino quizás sea el estudio más reciente, comprometido y desapegado del objeto que estudia al mismo tiempo. Hay memorias militantes, ensayos políticos, investigaciones de no ficción y películas enfocadas en historias personales, denuncias internas y legitimaciones de la represión ilegal, como la de Apa. Cada uno a lo suyo.

Muchas de las conclusiones vertidas llevan a pensar la contraofensiva como una locura. Los querellantes defienden el derecho a la resistencia. También pesan imaginarios de otro tipo, desconfianzas entre bases y conducciones y la subestimación de las voluntades y las conciencias militantes. “Este juicio se presenta con proyección pedagógica para nuestra historia, abre preguntas sobre ideas fijadas y bastante estancadas sobre lo que fue la Contraofensiva y la militancia, se van a escuchar declaraciones a las que no estamos acostumbrados”, advierte la fiscal Sosti.

 

 

La historia en sus trazos gruesos es conocida. En el momento de auge de la Dictadura, la conducción de Montoneros, en la clandestinidad y fuera del país, lanza la Contraofensiva Estratégica. Se trata de desmentir el discurso exitista de la Junta, que todavía celebra los goles de Kempes y Bertoni, para empujar y liderar desde adentro del país un proceso de protestas que condujera a una insurrección. Un centenar de militantes viejos y nuevos se alistaron para ingresar. Fueron capturados fronteras adentro y afuera.

La historia es conocida. Pero aquí se juzga la composición, organización, extensión y dinámica de la estructura represiva ilegal. Se juzga el genocidio, que también fue una locura. ¿Pero qué es una locura? ¿Acaso puede una época juzgar a otra por cometer locuras? ¿Qué aprendemos de ello?

 

 

 

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