Catering, política y represión
Las amenazas en Moreno cuando los comedores son reemplazados por las ollas populares
¿Quiénes son? ¿Por qué las ollas? Acá hay un mensaje a las ollas, dijo Eli Gómez Alcorta camino a Moreno. Eli y Pablo Vicente son abogados de SUTEBA. Acá no hay un mensaje sólo contra los docentes, pensaron. Acá hay algo de disputa por la lógica de la comida. Alguien había hecho saber la noche antes que todo esto venía seguramente por el lado de las bandas de narcos que disputan comedores del partido. El viernes, la versión marcaba la apertura de la edición digital del diario La Nación, en una lógica que habilita de parte del gobierno la propaganda del miedo y la militarización. Pero sólo cuando Eli llegó al lugar, las cosas comenzaron a acomodarse de otra manera: algunos datos empezaron a mostrar la posibilidad de una disputa millonaria por la comida, con proveedores de un sistema que mezcla política y emprendedurismo y lógicas de retornos en un escenario donde los comedores aparecen como un negocio redondo e histórico que no funciona cuando hay escuelas cerradas con comedores reemplazados por ollas populares.
Eli estacionó el auto sobre el nacimiento de la avenida Victorica, en la puerta de un acampe ante el Consejo Escolar de Moreno desde hace cuarenta días, el día de la explosión. Cecilia Putilnik, vicedirectora de una escuela, contactaba vía WhatsApp al resto de los directores. Desde hacía días recibían amenazas con patrones semejantes, pero a esa hora, después de las denuncias de Corina de Bonis, se advertía una lógica más sombría.
Parte de esa lógica de amenazas comenzó a ser planteada públicamente por Roberto Baradel durante la conferencia de prensa del jueves a la noche, cuando reseñó antecedentes previos. Los docentes de Moreno establecieron la existencia de por lo menos otras nueve escuelas amenazadas en los últimos 40 días. Aquí, ese listado:
La escuela 39, que también sostiene una olla para garantizar la comida de los pibes, recibió amenazas. Y se registraron volanteadas alrededor de las escuelas: 47, 54 y 61. También en los secundarios: 2 y 22. Y pintadas en las paredes de escuela 31 que estaban preparadas para realizar un mural en homenaje a Sandra y Rubén. El día 7 de agosto una docente de Moreno encontró un papel abajo del portón de su casa: SEGUÍ JODIENDO EN LAS ASAMBLEAS DE PAPIS QUE SABEMOS DÓNDE VIVÍS. La supuesta asamblea se había hecho dos días antes. Pero dentro de esa lógica hubo algo todavía más preocupante. A las 6.20 de la mañana del viernes, la ex esposa de un docente, recibió una llamada al teléfono de línea.
—¿Existen amenazas de este tipo en otros distritos?— preguntó Eli a María Reigada, secretaria de Actas de SUTEBA.
—No— respondió Reigada.
Lo que acá tenes, entonces, dijo la abogada, es un altísimo grado de organización: conocen los nombres, saben dónde viven las personas y hacen seguimientos. Pero además, dijo, el llamado del viernes a la mañana está diciendo que las amenazas no se frenaron. Que nos las frenó ni la marcha del jueves, ni la conferencia de prensa de Baradel y ni siquiera el repudio que salió a hacer la gobernadora María Eugenia Vidal. Quiere decir que todo esto no se detuvo, dijo Eli. Y mientras tanto entraba un mensaje de Sonia Alesso con un añadido más: esta vez las amenazas parecen estar dirigidas a las bases y no a los dirigentes. Están golpeando sobre la periferia, explicó, sobre los militantes de base y esa dinámica es muy intimidatoria para la gente.
"Esto no parece tener que ver con lo narco, igualmente no cerramos ningún tipo de hipótesis", dice el abogado Pablo Vicente, mientras sigue pensando. "Y parece no tener que ver, primero porque no está localizado en un sólo lugar. Generalmente las disputas territoriales se dan sobre un territorio específico, no sobre toda una localidad como en este caso. Acá las amenazas o los hechos sobre los docentes se dan en todo Moreno. Es decir, no sobre una escuela determinada y una situación puntual, donde podría llegar a molestar a tal o cual banda. Sólo por eso entiendo que no puede ser narco. Igualmente, como dije, no cerramos ninguna hipótesis, pero a priori las disputas territoriales se dan entre bandas y las policía defendiendo a otras bandas, nunca combatiéndolas, siempre regenteando el delito. Pero bueno, hoy por hoy no descartamos nada".
En el acampe le preguntan a Eli por Milagro Sala. Circula un mate. Y mucho cartel, con reclamos a un Estado que ya no Estado, sino puras puertas cerradas.
"Si vos no mandás la vianda, si cerrás los comedores, los chicos pasan hambre de verdad, entonces la primera reacción —y te diría que la reacción más básica de la organización— fueron las ollas", dice Carlos Benitez, docente e integrante de la Agrupación John William Cooke, ubicado en el acampe. "Si bien nosotros siempre planteamos la continuidad pedagógica en las escuelas, la primera reacción no fue esa, fue que los chicos coman. Las ollas nacen no como producto político, sino como una necesidad absoluta de los barrios. Eso fue lo primero. Hoy a la olla la rodean un conjunto de organizaciones que son la reproducción de la escuela en la calle. Y eso creemos que fue una de las explicaciones para que hayan hecho lo que hicieron, porque las ollas se volvieron un espacio de organización".
El secuestro
Corina de Bonis es parte de una historia con un nuevo punto de inflexión en este país donde se desatan marcas de operativos a cielo abierto con olor a grupos paraestatales. La secretaria de Actas de SUTEBA, María Reigada, la visitó el viernes con los abogados del gremio.
Desde hace días cuesta hablar en presente de eso que comenzó a ser fácil plantear en términos de pasado. Hace cuarenta años. A tal persona. Militante político. Se la llevaron. En un auto. Pero esta vez no es así. Ni es hace cuarenta años. Ni lo que ocurrió fue un secuestro exprés de los que se acostumbran en el Conurbano.
A Corina se la llevaron cuando dejaba la escuela de Moreno donde trabaja, el CEC 801, cerrado desde hace cuarenta días, como todas las puertas de todas las escuelas de ese distrito, por decisión de los directores, después de la explosión de la escuela 49 que mató a dos personas por un pérdida de gas. Todas las escuelas intentan mantener abierto desde entonces algo de la lógica del sistema de comedores y gran parte organiza ollas comunitarias a la hora del almuerzo para suplir las comidas, en un distrito de 600.000 habitantes, con 60 por ciento debajo de la línea de pobreza, donde la escuela no sólo es un ámbito pedagógico sino un ámbito alimentario básico para la población.
En la mayor parte de los establecimientos las ollas se hacen una o dos veces por semana, excepto en el CEC: es la única escuela que las lleva adelante de lunes a viernes, todos los días de la semana, hace cuarenta días lo mismo. Las maestras pagan la olla de sus bolsillos porque con las puertas cerradas los proveedores de los comedores discontinuaron entregas que ya eran escasas. Al CEC llega un pequeño pan con paleta y queso o un medallón que supuestamente es de pollo adentro de un pan. Por eso nació la olla.
Corina era una de las maestras de ese frente de batalla, entre directora, secretaria, maestras y madres. Las amenazas empezaron el 22 de agosto con un llamado de teléfono:
—¡Córtenla con la olla o van a ser boleta!— les dijeron.
El 28 de agosto les rayaron los autos. Y dejaron una nota escrita: Siguen ustedes. El 5 de septiembre volvieron a dejar otro papel, aclararon que no todas tenían auto, y escribieron: La próxima olla la hacen en Roldán y Güemes, en referencia a la esquina del cementerio de Moreno. Ese día la olla se suspendió. Entre el 11 y el 12 de septiembre, la escuela recibió otro llamado. Y frente a la puerta estacionó un auto color champagne. Al día siguiente, quince minutos antes de las cinco de la tarde, Corina dejó la escuela en dirección a su casa, y cuando le faltaban cinco cuadras para llegar, le cruzaron un auto rojo.
Le metieron la cabeza dentro de una bolsa, le pegaron una piña en la panza, y la empujaron al auto. Ahí le dijeron: El que avisa no traiciona. Corina estaba casi tendida en el asiento de atrás cuando uno de los secuestradores (¿cómo llamarlos?) se le montó encima, y levantó la remera para rayarle la panza hasta que sangre. Usó un elemento punzante que ella todavía no sabe qué fue, y escribió lo que se dijo desde entonces: Olla no.
"Esta vez la noté mucho más tranquila, también al entorno familiar", dice María. "Eso me dio mayor tranquilidad, el acompañamiento de la directora, la vice y la secretaria de la escuela la fortalecen y eso nos da también mucha seguridad. Siempre el ámbito de trabajo donde compartimos el compromiso con la escuela nos da mucha fortaleza. Ella estaba recordando secuencias que quizá había olvidado en el primer relato que hizo a la fiscalía y a los compañeros y compañeras del SUTEBA, pareciera ser que dio algunas señales o recuerda algún rostro de lo que había visto. Y se le hacía difícil reconocer el auto que se le señalaba como un auto posible, así que sabemos que en esto todavía se sigue trabajando".
El fondo negro del Consejo Escolar
Si hay un punto al que volver en estas horas, y al que está volviendo la investigación judicial monitoreada por la fiscalía general, es a la historia reciente del Consejo Escolar. El gobierno de Moreno está conducido por Walter Festa, un intendente del Frente para la Victoria que por acción y omisión en octubre de 2017 perdió el control del espacio de gobierno político de las escuelas. Desde entonces, el Consejo Escolar está intervenido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, primero bajo la conducción de Sebastián Nasif, procesado y renunciado por la explosión de la escuela 49, y después de la explosión por Ana Karina Politi.
Por un lado, hay que pensar la intervención como una pata del espacio de Vidal en territorio de Moreno. Y por otro, no hay que olvidar de dónde provienen y a quienes responden esos nombres en el territorio local. No es posible para quienes viven aquí pensar qué significan esos mensajes contra las ollas sin entender la dinámica, prácticas y orgánicas del Consejo Escolar y el Servicio Alimentario Escolar.
El Consejo Escolar intervenido reporta a una cadena de manos que pasa de Moreno al Director General de Consejos Escolares de la Provincia, Marcelo Di Mario; que reporta a su vez a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia, a cargo de Gabriel Sanchez Zinny, y probablemente desemboque en la mesa de operadores territoriales de Vidal. En el medio hay una serie de actores locales que abren una zona gris con nombres históricos que cruzan distintos espacios políticos, muchos del peronismo ortodoxo reconvertidos que perdieron control territorial en 2015 y luego buscaron distintos modos de reeimplantarse.
Sebastián Nasif era secretario de una escuela técnica, fue candidato en 2015 de la lista de consejeros escolares del Frente Renovador y en octubre de 2017 asumió como interventor, acompañado de dos hombres referenciados a Cambiemos: Aníbal Asseff y Sergio Pazos, uno de los hombres que históricamente dirigió las líneas internas del Consejo Escolar, director de una escuela celebrada en el diario Clarín durante los días de conflicto docente como la única de Moreno que no había hecho un sólo día de paro. La nueva interventora, Karina Ana Politi, fue presidenta del Consejo Escolar de Malvinas Argentinas con Jesús Cariglino y es parte de los funcionarios que tras la derrota de 2015 se reubicaron en otros lugares. Así, el cambio de conducción post-explosión sólo parece de caras y de sexo. Politi tiene relación histórica con los hombres que continúan siendo los pesos fuertes del dinamitado Consejo Escolar. De ese entramado depende la estructura del servicio de comedores de Moreno, con números de millones de pesos que exigen no ser pensados, como dicen acá, en términos de kiosco sino de supermercado.
Catering y política
Las empresas de catering de alimentos son enormes estructuras caracterizadas como parte de la patria contratista. Uno de las más grandes es el Grupo L de Victor Lusardi Monteverde, dueño de contratos en CABA y Provincia de Buenos Aires. Su subsidiaria Cook Master en Ciudad de Buenos Aires ganó licitaciones en hospitales y escuelas. Y en la Provincia es el proveedora del Servicio Penitenciario Bonaerense, Organismos de Niñez y Adolescencia, Hospitales, Escuelas de Policías, Gendarmería y varios municipios, según lo describe la propia página web. Entre los municipios está Moreno. Allí el Grupo L —a través de otra subsidiaria llamada Blue Catering— abastece a gran parte de las escuelas, en dimensiones que una de las fuentes estima en 80 por ciento. Los docentes además señalan otros dos proveedores: O.A.G y Komaku Catering, que la memoria de la web ubica con servicios más viejos en la comarca.
Los comedores dependen del SAE, el Servicio Alimentario Escolar que a su vez depende del ministerio de Desarrollo Social de la Provincia. Hasta el ingreso de Vidal, el SAE bajaba partidas a los Consejos Escolares. Y allí, los tesoreros firmaban cheques de pago a los distribuidores. En 2016, Vidal comenzó a municipalizar el manejo de alimentos con una primera prueba piloto, que ahora se extiende a 20 distritos. Pero eso no ocurre en Moreno sino en los municipios manejados por Cambiemos como Morón porque la resolución, en realidad, le sacó el negocio a los Consejos Escolares donde hay participación de múltiples partidos.
En términos de cuánto dinero está moviendo, vale la pena mirar algunas partidas. La partida del Grupo L dispuesta por el decreto 527/2017 fue de $1.030.621.592 para proveer de alimentos a “distintas Unidades Carcelarias y Establecimientos Penitenciarios” hasta octubre de 2019. La partida prevista, en cambio, ese mismo año, para las escuelas del distrito de Ramiro Tagliaferro, el ex esposo de la gobernadora, fue de 8.264.000 pesos, según los datos publicados por el diario de Morón.
El CEC 801 recibe la comida de Blue Catering SA, como se dijo, del Grupo L.
La intervención del Consejo Escolar de Moreno de 2017 ocurrió por múltiples razones, pero la justificación técnica fue la denuncia por retornos en los contratos con los proveedores del servicio. Se detectaron cheques facturados por triplicado en un esquema donde no estaba clara la división entre empresas y funcionarixs porque quien en un momento era consejero escolar, en otro aparecía como proveedor de las escuelas. La causa tramita en la fiscalía de Moreno, pero lo interesante es que tiene una línea de imputación que sirve de espejo para mirar el presente. Las investigadores impactaron en aquel momento contra empresarios y funcionarios. Y la pesquisa dentro del Consejo Escolar involucró específicamente a la cadena que tenía a cargo ese negocio: presidente, tesorero, secretario y responsable del Servicio Alimentario Escolar de Moreno. Ese esquema que ahora continúa en funciones pero con otros nombres y otras empresas, hoy es responsable de los desbarajustes en la provisión de alimentos que los docentes señalan en las escuelas, la razón finalmente que terminó provocando la salida de las ollas a la calle.
"Vidal habló con Corina y cuando le preguntó por la situación, Corina le contó del comedo, qué alimentos estaban recibiendo los alumnos, y la gobernadora le dijo que no estaba al tanto de la situación. Así que ahora entendemos que se le está exigiendo al proveedor un catering con mejores nutrientes, pero luego de conversar con otras directoras y otros directores sabemos que hoy no todos los proveedores están aportando alimentos a las escuelas. De mas de cinco proveedores, hoy pareciera ser que sólo dos están aportando alimentos. Y no todos aportan lo mismo. Esto genera que en las escuelas se esté brindando alimentos que se les acerca a los chicos, en las viandas, y esto también está generando cierto conflicto tanto en las familias como en las escuelas que no pueden resolver un servicio alimentario", dice María Reigada.
La causa judicial de 2017 demuestra que todo esto no es una novedad. Que las prácticas son viejas y detrás hay una caja de Pandora. Pero en 2017, hubo denuncias sin tormentos en la calle. Las amenazas aparecen ahora cuando los docentes decidieron suspender las clases en las escuelas, es decir también el negocio.
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