Carrera de obstáculos

 

La intervención del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén permitió, hasta el momento, atribuir a una víctima fatal la causa principal de su propia muerte y minimizar la responsabilidad del grupo de policías que intervino en el procedimiento realizado el 20 de julio de este año en Villa La Angostura. La querella por la familia de Robinson Gatica Quintriqueo (32 años) pedirá una segunda autopsia del cuerpo y planteará el caso como tortura seguida de muerte.

Una jueza de Garantías resolvió el jueves pasado que este homicidio agravado debe investigarse como delito complejo, extendiendo por cuatro meses el plazo para la investigación que inicialmente vencía el 21 de noviembre. La representación legal de la familia no estaba constituida cuando se hizo la autopsia que fundamenta la historia oficial, que sostiene que el hombre murió por circunstancias derivadas de su historial de consumo problemático de drogas. Esa autopsia constató al menos 33 impactos de munición antitumulto, un impacto de bala de plomo en un pie y numerosos golpes por todo el cuerpo, pero ninguno de carácter letal, y no consideró el conjunto de lesiones sufridas en pocos minutos, de acuerdo a lo que se ha discutido en audiencias públicas.

 

 

 

 

Paola Chumuy, compañera de Robinson, y Lidia Quintriqueo, su madre, encontraron al joven sin vida boca abajo, esposado por la espalda, después de que cinco policías quedaron a solas en el interior de la vivienda familiar aproximadamente a las 6.30 del miércoles 20 de julio. La familia llamó a la única comisaría de la localidad solicitando ayuda profesional para contener al hombre que estaba descompensado, con un pequeño cuchillo en la mano, pero que en ningún momento amenazó ni lastimó a nadie de su familia. Al menos un escopetero integró el grupo de policías que disparó dentro de la vivienda de pequeñas dimensiones, mientras permanecían dentro lxs tres hijxs de la pareja de 14, 12 y 5 años.

El Comité Nacional contra la Tortura realizó inspecciones en la provincia, que todavía no puso en funciones el comité local que debería intervenir en casos como el de Robinson, creado por ley en 2019. “El tratamiento aislado y exclusivamente individual de estos hechos (de tortura) impide avanzar en la identificación de patrones de violencia y en los núcleos estructurales de violencia subyacentes a las recurrentes denuncias sobre malos tratos por parte de las fuerzas de seguridad”, aseguró el informe oficial, entregado a las máximas autoridades de los tres poderes en marzo de este año. Si bien se refiere a vejámenes durante detenciones en comisarías y cárceles, la observación se corresponde a la experiencia social acumulada a nivel local desde el 2000 al presente.

 

 

 

Círculos concéntricos

El primer informe preliminar de autopsia no identificó la causa del deceso, aunque reconoció que las características son compatibles con una muerte violenta. La autopsia se hizo al día siguiente del homicidio en la capital provincial, pero demoró su ingreso formal al legajo que se tramita en Villa La Angostura.

Adrián De Lillo, titular de la Unidad Fiscal local, pidió una ampliación a una junta médica, la que se realizó el 28 de octubre con resultados informados el 8 de noviembre. La junta de profesionales dictaminó Síndrome de Delirium Agitado (SDA) por consumo de cocaína en el contexto de restricción policial, según el informe firmado por Gabriel Jerez, titular del CMF. No queda claro el fundamento teórico del concepto “restricción policial”.

En esa junta, la querella pudo asistir con un perito de parte, Oscar Pellegrini, médico psiquiatra y psicólogo, perito técnico para fiscalías y querellas en juicios de lesa humanidad en Santa Fe. También asistió Oscar Panessi, médico clínico que se desempeñó por décadas en el hospital público local.

La defensa de uno de los policías argumentó que había muerto por las lesiones provocadas por la propia familia antes que llegara la policía. El golpe con una madera fue descartado desde el primer informe forense como lesión grave.

“Los jueces deberán abstenerse de solicitar puntos de pericia que consagren lo que la doctrina denomina “Derecho penal de autor” y que se encuentra reprobado por considerarse un pronóstico social de peligrosidad, contrario a las garantías propias de un Estado de Derecho”, recomendó el Comité Nacional contra la Tortura al Estado neuquino.

Al parecer, ahora la querella estaría en condiciones de romper la lógica de depositar en el joven muerto la causal del accionar policial. Luis Virgilio Sánchez, vicepresidente de la Asociación Gremial de Abogadxs de la República Argentina, y Lorena Miani, patrocinante, incorporaron a la médica Virginia Creimer como perito de parte. La última semana, De Lillo escuchó por más de una hora las observaciones de Creimer; al día siguiente, la perito se sentó junto a la querella en la audiencia en la que se anticipó el pedido de re-autopsia.

 

 

 

Tortura

En 2019 Neuquén creó por ley el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Se constituye en el ámbito de la Legislatura provincial y posee autonomía funcional, pero todavía no se conformó.

En marzo, el Comité Nacional entregó el informe de su inspección en el que instó a crear una unidad fiscal especializada destinada a la investigación de hechos de violencia perpetrados por las fuerzas de seguridad, así como la creación de protocolos de actuación específicos que regulen la actuación del Ministerio Público Fiscal en la investigación de delitos relacionados con hechos de tortura y malos tratos. Pesa en la memoria de la impunidad, la absolución de 21 de los 27 policías imputados por torturas a detenidos en 2004.

Hace cinco años Robinson denunció violencia policial por parte de efectivos de la Comisaría 28 de Villa La Angostura. El fiscal De Lillo archivó el legajo. Hoy, el mismo fiscal investiga el homicidio de aquel denunciante.

 

 

 

 

*Las fotos son de https://www.instagram.com/justiciaxrobin/.

 

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