El gobierno legal sigue practicando la ilegalidad
El acuerdo en el procedimiento preventivo de crisis (PPC) de Carrefour suscrito y homologado el viernes 20 es ilegal e inconstitucional. (Artículos 14 bis CN y 98, 101/105 ley 24.013 y 66 ley 20744, entre otros.)
Para comenzar un análisis liminar del convenio, señalo que excede el alcance establecido en la ley y viola el objetivo de la norma. Los plazos, de acuerdo a la ley 24.013 (artículos 101, 103 y 105), establecen una duración máxima del PPC de 10 días. Sin embargo las partes acuerdan y el Ministerio homologa que se extiendan durante 30 meses y que durante 24 meses Carrefour pueda despedir sin que el gremio pueda hacer medidas de fuerza u otras medidas de acción sindical (Artículo 104 Ley 24.013). Además viola los derechos adquiridos por los trabajadores en el convenio colectivo nacional con respecto a la caracterización de la remuneración.
Histórica y legalmente, los convenios de empresa se firman para mejorar lo acordado en el convenio de rama o actividad. Este acuerdo de Carrefour hace lo contrario ya que el escaso 15 % de aumento del convenio nacional (se prevé una inflación entre el 20 % y el 25 %) no se aplica sobre el total de la remuneración sino sobre el salario básico y algunos adicionales, es decir, rebaja el salario.
Tambien acuerdan, con relación a los trabajadores que decidieran (créase o no) continuar la relación, que la empresa les puede cambiar los lugares de trabajo. De esta manera violan los limites que la ley le impone al empleador (Artículo 66 Ley 20.744). Por otra parte, el acuerdo en el PPC implica que la empresa se prepara para cerrar tiendas (sucursales).
Finalmente lo convenido en el PPC excede el marco del procedimiento toda vez que el Artículo 98 de la Ley 24.013 solo habla de despidos o suspensiones, no de rebajas del salario ni de modificaciones del lugar de trabajo ni de las categorías profesionales.
En cuanto al gobierno, con la homologación no solo excede los límites de su mandato (10/12/19), sino que además confiesa que la economía en crisis no tendrá solución ni en el octavo semestre, cuando había prometido que lo tendría en el segundo.
La homologación del acuerdo prueba una vez más que, para el gobierno, el ajuste cae siempre sobre las espaldas de los trabajadores.
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