Caretas, ajustes y balas

 

Luego de tres años y medio de sonrisas gubernamentales ante las diligentes cámaras televisivas y de cuidadosas producciones de marketing estilístico y visual, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no logra sostener la máscara empecinada con que edulcoró su gestión. Varios hechos trágicos y concatenados empiezan a mostrar la verdadera degradación que se escondía detrás del blindaje.

El crimen de los cuatro jóvenes de San Miguel del Monte, durante la madrugada del último lunes, aparece como la obvia consecuencia de un arbitrario empoderamiento policial. Dicho estado de autonomía para matar fue avalado por el protocolo de uso de armas de fuego decretado por el Presidente Mauricio Macri, a instancias de Patricia Bullrich, en noviembre de 2018. Sólo pasaron cinco meses para graficar en forma truculenta las consecuencias de ese ademán fascista. El resultado de la negligencia institucionalizada (pero aclamada como forma de eficiencia de la seguridad) se cobró la vida de Aníbal Suárez de 22, Gonzalo Domínguez de 14 y Camila López y Danilo Sansone, quien apenas tenían 13 años. Por su parte, la joven Rocío Guagliarello, de 13, lucha por su vida en el Hospital El Cruce Néstor Kirchner, de Florencio Varela.

El consentimiento para disparar por la espalda sin siquiera mediar orden de detención ni contar con alternativas dispuestas para reducir potenciales daños se ha consolidado como una bandera política de Cambiemos. Fue legitimada inicialmente a través de la ejecución del joven de 18 años Juan Pablo Kukoc, por parte del uniformado Luis Chocobar. Kukoc se encontraba herido en una pierna, indefenso y desarmado cuando fue ultimado. En reconocimiento al épico acto de servicio, el Presidente Macri recibió a Chocobar y se congratuló de contar con un servidor público tan aguerrido. La totalidad de los integrantes de los organismos de seguridad supieron interpretar el convite. Del mismo fue parte la ministra Patricia Bullrich.

Los responsables de la masacre de Monte son Vidal y Ritondo. La foja de servicios de este último incluye la tragedia del 15 de noviembre de 2018, cuando nueve detenidos de la comisaría No. 3 de Transradio, ubicada en el partido de Esteban Echeverría, fallecieron carbonizados. Ninguno de los difuntos en esa dependencia policial poseía condena alguna. Compartían su detención en una prisión habilitada para contener, por lapsos cortos, únicamente a 10 individuos. Sin embargo convivían 27 personas. La celda en la que se originó el incendio poseía 12 metros cuadrados. En su interior se hacinaban 12 detenidos, a razón de un metro cuadrado por persona, suficiente espacio para que permaneciesen de pie durante su completa estadía carcelaria.

Dado ese nivel de aglomeración, la dependencia policial de Transradio había sido clausurada tiempo antes por orden del Tribunal en lo Criminal 5 de Lomas de Zamora, disposición que fue ignorada por el ministerio comandado por Ritondo, a pesar del antecedente sucedido en Pergamino.  En 2017, el 2 de marzo, siete jóvenes detenidos en la comisaría número 1 de esa ciudad fallecieron como producto de otro incendio. En ese marco, el juez de Garantías Javier Maffucci Moore ordenó a la gobernación “bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia que, por quien corresponda, se proceda de inmediato a desalojar los calabozos de la seccional número 3 de Transradio”. El rechazo negligente del ministro de Seguridad brindó la posibilidad del desenlace trágico para los detenidos.

A fines de 2018 existían 1269 personas arrestadas en comisarías que la Justicia provincial catalogaba como inhabitables y ruinosas. Durante 2017, según un informe de la Comisión Bonaerense de la Memoria, 160 personas murieron en cárceles provinciales y 22 en comisarías, la mayoría por causas vinculadas a la desatención de la salud. Los casos registrados de tuberculosis crecieron exponencialmente, de 187 en 2016 a 436 en 2017.^[1]

 

Inteligencia criminal

 

 

En forma paralela a estas atrocidades inscriptas en la tradición de la Bonaerense (que algunos titulan como persecución de mafias), Vidal y Ritondo desplegaron desde 2016 una decena de bases de agentes de la AFI a lo largo y ancho de su provincia. La demanda realizada al jefe de los espías, Gustado Arribas, y a su subalterna Silvia Majdalani, fue realizada por la propia gobernadora en marzo de 2016, con la intención de detectar vinculaciones entre las bandas de narcotraficantes y las fuerzas de seguridad. En forma paralela trascendió que también se pretendía amedrentar a los intendentes opositores. El convenio de la AFI con la gobernación empezó a detonar cuando se hicieron públicas las denuncias realizadas por el juez de garantías de Avellaneda, Luis Carzoglio, quien informó haber sido amenazado por integrantes de la AFI en el marco de una coacción destinada a impulsar la detención de Pablo Moyano.

Los coletazos de la asociación ilícita integrada por  Marcelo D'Alessio en connivencia con miembros de la AFI, investigados en la actualidad por el juez Alejo Ramos Padilla, pusieron aún más la mira en varios ex uniformados bonaerenses, coordinados desde la AFI por el subalterno de Gustavo Arribas, Pablo Pinamonti, hombre de confianza de Daniel Angelici. Durante los dos años en que las bases de la AFI estuvieron desplegadas en territorio de Vidal/Ritondo, sus actividades se diversificaron: no sólo se circunscribieron a imprevistas visitas a jueces y articulaciones con bandas paraestatales (como la liderada por D'Alessio), sino que incluyeron recaudaciones varias dispuestas a restringir o habilitar, según corresponda, información potencialmente lesiva para jefes policiales distritales. Uno de los correlatos más sangrientos de dichas operaciones fue el tiroteo que produjo la muerte, el 29 de marzo último, del comisario de la bonaerense Hernán Martín, en cuyo auto encontraron 31 orificios de bala sin que se sepa aún si en su fuga había intentado responder a los disparos. Martín era el jefe de narcotráfico de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de Lanús-Avellaneda, uno de los territorios señalados por los informes secretos de las bases provinciales de la AFI donde se hallaron nexos con funcionarios ligados al ministerio de Seguridad provincial. El hecho de que la balacera haya provenido de policías federales explica el actual cortocircuito existente entre Ritondo y Bullrich.

Poco tiempo antes de este tiroteo, Vidal/Ritondo habían solicitado con carácter de urgente el desmantelamiento de la totalidad de las bases provinciales de la AFI emplazadas en su territorio. Las razones esgrimidas por quienes inicialmente habían solicitado su creación a Arribas se focalizaron en el supuesto espionaje realizado contra sus interesados originales, la gobernadora y su ministro de Seguridad. Además se sumaba la inquietud trasmitida por diferentes jefes policiales provinciales, alterados por la detención (en el marco de la causa contra D'Alessio) de los ex integrantes de la Bonaerense, Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi. Estos últimos fungían como mediadores entre la AFI y los comisarios en actividad, que aún hoy continúan controlando gran parte de los circuitos y del dinero negro. En abril de 2018, luego de una pequeña interna entre los jefes uniformados, los juzgados de San Martín, Tres de Febrero y Campana denunciaron un faltante de media tonelada de marihuana secuestrada en distintos procedimientos. La explicación oficial de autoridades de la Policía Bonaerense fue que los 495 kilos habían desaparecido debido a que habían devenido en alimento de ratas. El ministro Ritondo, sin embargo, continuó en funciones.

Los agentes de la AFI que se vieron privados de mediar en los negocios provinciales argumentaron ante sus superiores que el enfado de Ritondo se debió prioritariamente a la presencia de informes que daban cuenta de vínculos entre sus subalternos y las bandas orgánicas especializadas en técnicas de recaudación. Los puntos oscuros de esas relaciones entre servicios de inteligencia, organismos de seguridad y bandas paraestatales de espionaje fueron denunciados en forma insistente por la senadora provincial Teresa García, quien solicitó periódicos pedidos de informes y la comparecencia de Ritondo en el recinto legislativo. Las requisitorias presentadas por García ante la presidencia de la cámara alta provincial también incluyen dudas acerca de por qué Ritondo no denunció las irregularidades de los funcionarios de la AFI en territorio bonaerense en forma paralela al pedido de remoción de las bases.

 

Ajuste detrás de las balas

 El despliegue represivo desbocado y el empoderamiento otorgado a los uniformados en el marco de la doctrina Chocobar tiene su correlato en los recursos disponibles por la provincia para generar (o más bien impedir) un clima de civilidad, convivencia pacífica y estándares de vida apropiados. Según el presupuesto propuesto por el Hada Buena, una de las áreas que más recursos recibirá será la cartera de Seguridad, que obtendrá $82.719 millones, un guarismo muy superior al proyectado para el área de Salud, que alcanzará apenas los $51.148 millones.

En conjunto, el presupuesto total de 2019 contiene recursos por $ 889.305 millones y gastos por $ 929.466 millones. Es decir, un déficit proyectado de $ 40.161 millones. El ajuste no sólo se evidencia actualmente en la caída de la recaudación sino que se hará más restrictivo a futuro como producto del endeudamiento: se espera que el resultado financiero negativo proyectado aumente un 59 % respecto al periodo anterior, pasando de $ 25.204 millones en 2018, a los $ 40.161 previstos para 2019. Por su parte, el incremento más ingente se expresará en los servicios de la deuda pública provincial que pasarán de $ 28.204 millones (en 2018) a $ 56.403 millones para 2019, con un incremento del 99,9 %  interanual.

 

 

La debacle económica y financiera generada por Cambiemos tiene en la provincia de Buenos Aires su epicentro: en el presupuesto 2019 se solicita un endeudamiento por $102.000 millones, lo que sumado a la ya existente supone una deuda provincial total de $500.000 millones. Ese monto implica el 76,5% del total de los ingresos tributarios que prevé recaudar la gobernación en el año 2019, motivo por el que las finanzas públicas se verán literalmente estalladas en 2020. Para aligerar esa carga, Vidal busca endosar gran parte del ajuste fiscal a los municipios y, paralelamente, a las inversiones consideradas como superfluas, como la salud y la infraestructura. Esa decisión queda en evidencia cuando se compara la inversión pública total, que descendió en términos reales en un 44 % entre 2017 y 2018.

Otro indicador que muestra el deterioro de la gestión Vidal se expresa en las diferentes áreas sanitarias: se ha desfinanciado el Plan Provincial de Control del Cáncer, se recortaron (en un 42 %) los recursos destinados al Hospital El Cruce Néstor Kirchner y se discontinuaron las distribuciones de las vacunas contra la meningitis (motivo por el que fallecieron seis personas). Según la investigadora Silvia González Ayala, presidenta del último congreso de infectología pediátrica realizado en el mes de abril, “la situación es muy muy grave en todo el país, la Nación es la responsable de la compra y la distribución de las dosis pero la provincia guarda bajo siete llaves cuál es la situación real. Estamos frente a un retroceso enorme”. En síntesis: el mejor equipo de los últimos 50 años. Capaces de devastar una provincia. Como nadie lo hizo antes. Y en solo 4 años.

 

 

 

^[1]. http://bit.ly/2YOjDh9

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