Caras de la realidad

 

En el país donde un millón de niñas y niños se van a la cama sin cenar, en la tarde del miércoles 21 de agosto un pibe se presentó en una verdulería de la ciudad de Pergamino pidiendo “ayuda con algo para comer”. Ante la negativa de la empleada, el muchacho se fue gritando y dejó ver lo que parecía ser un arma que llevaba en su cintura. La mujer llamó a la policía que con la descripción y posterior búsqueda detuvo al chico de 13 años que, efectivamente, portaba un arma de juguete. La ciudad de Pergamino es la zona agropecuaria más rica del país, de donde también emergieron hombres de ideas pobres como José Luis Espert. El diputado nacional dijo el 18 de agosto en el canal de La Nación que “la economía arrancó, pero de a poquito, pero sobre bases sanas, por lo tanto, es sostenible, por lo tanto, hay luz al final del túnel (…), la luz de algo nuevo y razonable, porque estamos haciendo lo que se hace en los países donde la gente vive bien”.

 

 

 

 

 

 

La miseria planificada que está ejecutando la pareja de hermanos gobernantes comienza a descomponerlo todo. Lo primero que sucede cuando se alienta y promueve con políticas desde el Estado una transferencia de recursos que va desde la clase trabajadora activa y pasiva para el sector más concentrado de la economía es que se rompe la armonía social. La convivencia que toda sociedad con mayores índices de igualdad asegura se va perdiendo cuando la brecha de ricos cada vez más ricos y pobres cada vez más empobrecidos se acelera. Eso ocurrió desde la llegada del libertario a la presidencia, que no paró desde la devaluación del 118% de tejer políticas dañinas contra el pueblo argento. Será por eso que el 14 de agosto, en el encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), que se desarrolló en el hotel Alvear de Buenos Aires, Milei dijo ante empresarios: “Todo el mundo ve el milagro menos los argentinos”.

Pero la hijaputez del gobierno de Milei puede ir siempre más allá. El lunes 19 de agosto se conoció la medida que eliminó los precios máximos para las garrafas del Programa Hogar y disparó su precio. La garrafa de 10 kilos se ha duplicado en su valor. El gobernador Axel Kicillof fue el primero en criticar la medida calificándola de “cruel y desconsiderada”. No se equivocaba. Las consecuencias del impacto no solamente son económicas, sino que alimentan la inseguridad. Un joven de 23 años en Ramallo intentó robar una garrafa en una vivienda, no pudo porque esta estaba encadenada y huyó sin cumplir su objetivo. Pero fue interceptado por la policía y detenido. Fue exhibido tras la detención, con el correspondiente cuidado de no mostrar su rostro, pero con la creencia del poder policial de que así se promociona su eficiencia.

 

 

 

Al canto de Victoria, argumentos de Daniel

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, realizó el martes 27 de agosto un acto en el Salón Azul del Palacio Legislativo en el marco del “Día Internacional de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Terrorismo”. Especialmente se refirió a aquellos asesinados por organizaciones armadas del setenta, como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Habló de que su compromiso con “la memoria completa” es desde cuando tenía 28 años. Sus palabras fueron en la búsqueda de “reparación” para esas víctimas. No está mal que pretenda homenajear a las víctimas, su problema está en su pretensión de reflotar una especie de teoría de los dos demonios recargada, buscando equiparar los crímenes cometidos por el aparato estatal con crímenes que no son imprescriptibles. “Por eso reabriremos todas las causas del terrorismo para que la Justicia haga lo que debió hacer hace más de veinte años”, dijo. Su ignorancia fue aplaudida.

Villarruel choca con la historia que pretende olvidar. Por más que se diga promotora de una “memoria completa”, sus argumentos son incompletos. El juez Daniel Rafecas, invitado en 2017 por la Universidad Nacional de La Plata, expuso en el panel “Genocidio y negacionismo. Disputas en la construcción de la memoria”. Rafecas demolió argumentos que cíclicamente aparecen para instalar que también debería juzgarse a los miembros de las organizaciones armadas. El juez expresó que “está absoluta y largamente demostrado que el 24 de marzo del ‘76 se puso en marcha la opción de llevar adelante una suerte de ‘justicia policial’ utilizando el aparato clandestino de poder, utilizando el terrorismo de Estado. Esa decisión consciente y muy clara de la dictadura de utilizar el aparato clandestino de poder y de encolumnar en ese aparato a todas las fuerzas militares, de seguridad, de inteligencia y penitenciarias al servicio de ese fin trajo como consecuencia, por ejemplo, decenas de miles de asesinatos y de desapariciones forzadas”.

Rafecas fue claro al señalar: “No tenemos que olvidarnos nunca que ha sido el Estado el que ha llevado a cabo cada uno de esos asesinatos, cada una de esas desapariciones forzadas, cada uno de esos secuestros y cada una de esas torturas. Y, por lo tanto, cada una de esas víctimas sufrió una pena. Una pena, no de la Justicia convencional, pero sí de la ‘justicia policial’ del Estado autoritario”. Para el doctor en Ciencias Penales, “si cada asesinato fue una pena de muerte, y cada desaparecido fue una pena de desaparición forzada, y cada torturado fue una pena de tormento —como en las épocas medievales—, y cada secuestro debe considerarse una pena de prisión, a partir de esta certeza, ¿es posible, así y todo, sostener hoy en día esos discursos, frente a las decenas de miles de personas condenadas, en todos estos sentidos, agregando incluso la pena de exilio, a decenas y decenas de miles de compatriotas, el exilio externo y el exilio interno?”

 

 

Por eso, Daniel Rafecas azuzaba en 2017: “Si ponemos esta cuestión en la balanza, ¿se sostienen estos tibios reclamos de que hay que juzgar a las organizaciones armadas? Estas argumentaciones tan endebles solamente se sostienen sobre la base de negar el terrorismo de Estado”. El juez manifestaba que negando el terrorismo de Estado, se puede instalar la teoría de los “dos demonios”, la “guerra sucia”, “que se juzgue a los Montoneros, como si miles de miembros de Montoneros no hubieran sido secuestrados, torturados y asesinados masivamente durante la dictadura, es decir, condenados a penas de muerte, desaparición forzada, prisión y tormentos por la Justicia policial de la dictadura”.

La mirada del juez Rafecas no estaba basada solamente en un marco teórico, sino práctico que sustentaba lo que manifestaba. Ejemplificó con su labor: “A mí me toca investigar la causa del Primer Cuerpo, abarcando la represión contra la columna oeste y parte de la columna norte de esa agrupación (Montoneros) y sus organizaciones de superficie. No quedó nadie prácticamente. Los mataron a casi todos. Y a los que no mataron, fueron torturados y secuestrados. Y los que no, fueron exiliados. Todos sufrieron penas. Todos fueron condenados por el Estado, por el Estado terrorista”, describió. “Pero que haya sido un Estado terrorista no quita que todos y cada uno de ellos fueran objeto, destinatarios de penas y, por lo tanto, juzgados”. Añadió que lo que decía constituía “un argumento central para derribar estos intentos de volver a instalar estos discursos”. Y precisó: “Lo que yo acabo de sostener está fuertemente apuntalado por los procesos de juicio y castigo que hemos desarrollado y seguimos llevando adelante en todo el país”.

Victoria Villarruel intenta que su deseo de equiparar crímenes cometidos por organizaciones guerrilleras con los producidos por el Estado terrorista que reinó durante la última dictadura cívico militar del 24 de marzo de 1976 logre que los primeros sean imprescriptibles. Aunque su agenda no es compartida por el gobierno del que forma parte. El vocero presidencial Adorni dijo, consultado al respecto, “es un tema que hoy no es agenda del Presidente de la Nación”. Milei no está dispuesto a sumarse a ese recorrido que le otorgaría mayor desgaste. Luego del escándalo de la visita de legisladores libertarios a detenidos por crímenes de lesa humanidad, sabe que la sociedad no tiene más que repudio ante esa actitud y por más que esté de acuerdo con Villarruel, no se sumará a su cruzada.

Otra preocupación tiene el gobierno de los hermanos Milei, como lo es la de combatir a los geronte-casta. Sin distinción de género, porque como sostuvo su ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “la diversidad de identidades sexuales son inventos subjetivos”. Y para eso nada mejor que una ex combatiente como Patricia Bullrich, para que meta palo a todos por igual: viejas y viejos deben ser garroteados. Patricia ya demostró su aprecio para los mayores: en julio de 2001 ocupaba el cargo de ministra de Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación, y fue quien decidió el recorte del 13% sobre los ingresos de empleados estatales y jubilados. Ahora, desde su cartera como ministra de Seguridad de Javier Milei, se ocupó de que la policía rocíe con gases y meta palos a los jubilados que protestaron el miércoles 28 por jubilaciones dignas y por el rechazo al inminente veto del Presidente a la Ley de Movilidad. 

 

 

 

El 26 de agosto se cumplieron 110 años del nacimiento de Julio Cortázar. El escritor, en una entrevista, consultado por su compromiso con la política, respondía citando a un humorista latinoamericano que decía que los escritores, en lugar de tanto comprometerse, deberían casarse. Cortázar sostenía que —desde ese punto de vista— él estaba casado. Lo explicaba con ciertas reparaciones a las confusiones que acarreaba la palabra compromiso. En estos tiempos, se necesita que la sociedad decida casarse colectivamente en la búsqueda de revertir la situación calamitosa que producen las políticas libertarias que sufrimos a diario.

 

 

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