Capitalismo contra capitalismo

 

A comienzos de los años '90, el autor francés Michel Albert escribió un estimulante ensayo titulado Capitalismo versus Capitalismo, en el que planteaba que en realidad no existía una sola forma de capitalismo –pensando sólo en los países centrales—, sino al menos dos modelos bien diferenciados: el modelo anglosajón y el modelo renano (por el río Rin y las zonas que atraviesa).

El primero era mucho más desregulado, hecho a medida de las necesidades empresariales, sin demasiada protección laboral ni molestas leyes que impidieran la movilidad del capital y la extracción de jugosas ganancias. El segundo estaba mucho más regulado, promovía un grado mayor de protección social y era más rígido en materia de legislación laboral.

El libro dio lugar a interesantísimas y extensas polémicas, ya que los norteamericanos, que se sentían ampliamente representados en el primer modelo, se burlaban del bajo crecimiento económico de los europeos del otro modelo, de los índices más altos de desempleo que se registraban del otro lado del Atlántico y de la escasa innovación empresarial en relación a los cambios que ocurrían en territorio norteamericano.

Los europeos del modelo renano, a su vez, no dejaban de escandalizarse por las disparidades distributivas de los anglosajones, de los peligrosos desequilibrios que se generaban en los mercados debido a la falta de regulación, y de algunos estándares tercermundistas que aparecían en materia social.

Si bien todo el mundo se ha ido desplazando en las últimas décadas hacia el modelo anglosajón, debido a la persistente presión del capital sobre los logros sociales y las instituciones keynesianas de la posguerra, la grave crisis mundial de 2008 y las grietas del modelo basado en la libertad corporativa absoluta parece darle la razón a los partidarios del capitalismo renano en cuanto a la necesidad de mantener regulaciones que impidan que los mercados caigan en desequilibrios desmesurados.

 

El modelo anglo-sajón-renano argentino

En el caso argentino, en nombre del “dinámico modelo anglosajón”, en los '90 se ensayó la transferencia de monopolios estatales al sector privado, una apertura financiera indiscriminada con reendeudamiento, destrucción de capacidades productivas nacionales para facilitar negocios de importación y concesión de actividades rentísticas hacia sectores privados privilegiados.

La extranjerización que atravesó toda las transformaciones de esa década cambió también la composición de la cúpula empresarial, incrementando fuertemente la presencia de multinacionales cuyas lógicas de inversión dependen de estrategias globales que se diseñan en las casas matrices.

Se configuró así un capitalismo que coincide con el modelo anglosajón en materia de debilitamiento y precarización de los standards de vida sociales, pero que rescata cierta capacidad regulatoria del capitalismo renano, no en función de resguardar la estabilidad y previsibilidad del sistema productivo, sino de reforzar desde el estado la rentabilidad de sectores empresariales privilegiados.

Cuando se retoma la categorización que formuló Michel Albert hace 30 años, es claro que el gobierno menemista mostró afinidades discursivas ideológico-culturales con el capitalismo anglosajón, mientras que la experiencia kirchnerista encontró más cercanía, al menos en el terreno de los principios, con un capitalismo más regulado, y con preocupaciones sociales más fuertes.

El menemismo –versión local de un neoliberalismo agresivo y antisocial—, y el kirchnerismo, encarnaron dos formas de entender al capitalismo que ponen énfasis en distintos aspectos. El menemismo, en promover la rentabilidad empresarial –local o extranjera— sobre cualquier otro valor, y el kirchnerismo en intentar compatibilizar la rentabilidad empresarial con la viabilidad social del sistema. Mientras en el menemismo la gobernabilidad reposa en una sociedad debilitada y fragmentada, en el kirchnerismo en una sociedad integrada a la producción y el consumo masivo.

Es decir, en nuestro país también hemos tenido nuestra versión –periférica— de capitalismo versus capitalismo, y en ningún caso ha estado en juego otro tipo de disyuntiva más radical, o de impugnación sistémica. La discusión era qué tipo de forma asumiría el capitalismo local, en qué se asentaría su viabilidad en el largo plazo, bajo qué criterios se modelaría la sociedad argentina contemporánea.

 

Extremismo ideológico neoliberal y desinformación de masas

Sin embargo la Argentina fue perdiendo progresivamente los parámetros políticos y culturales que caracterizaron su progreso como sociedad desde los años '40, y fue cayendo en un enrarecido clima ideológico que la caracteriza hasta la actualidad.

A nuestra versión local light del capitalismo renano —caracterizada por cierta recuperación de la capacidad estatal para manejar algunos resortes económicos—, debido al ideologismo de la derecha local y a su dominio sobre el sistema de comunicación social, se la llamó chavismo.

Los chavistas François Mitterand o Gerhard Schröeder se hubieran reído de los planteos extremistas de los conservadores argentinos, pero lo cierto es que una parte de la sociedad –y del propio poder corporativo— pareció creer que estaba en presencia de un proceso económico que apuntaba a la socialización de los medios de producción, cuestión que el propio chavismo, a pesar de sus apelaciones al Socialismo del Siglo XXI, tampoco concretó.

Para aumentar aun mas la confusión pública, algunos sectores internos del kirchnerismo tampoco tuvieron una lectura lúcida de lo que se jugaba durante de gestión de Néstor y Cristina Kirchner, y fantasearon con radicalizaciones ulteriores, que no figuraban ni en los planes de la conducción política, ni en las demandas de la población.

Por supuesto contribuyó a la confusión generalizada la virulencia política que se desarrolló en torno a varios puntos de la gestión kirchnerista, como el pago al FMI, la Resolución Nº125, la estatización del sistema de jubilaciones y pensiones, la política de administración cambiaria –bautizada como cepo por ciertos sectores habituados a la fuga de capitales—, las restricciones parciales tanto a ciertas importaciones como a exportaciones de bienes relevantes o la política de control de ciertos precios.

Pero, despojados estos fuertes enfrentamientos reales de una lectura realizada desde anteojeras ideológicas, se trató en la mayoría de los casos de intentos de regulación pública sobre ciertas actividades y mercados que tienen un alto impacto sobre el resto de la economía y sobre la situación social, el empleo y el nivel de vida de la población.

La particular debilidad de la economía periférica y la falta de capacidades y de legitimidad del Estado para intervenir con contundencia, pueden generar efectivamente errores en cuanto a la eficacia de ciertas políticas, pero no puede dudarse sobre la importancia de una intervención reguladora pública para compensar los peligrosos vaivenes de los mercados librados al azar de sus impredecibles movimientos, o para limitar los frecuentes comportamientos predatorios de la producción o del bolsillo de usuarios y consumidores.

Toda la filosofía regulatoria en economía parte de la base de que los mercados no son infalibles, que por lo tanto pueden generar acontecimientos de alta peligrosidad social y que las corporaciones toman decisiones que no tienen por qué coincidir con el interés general de la sociedad.

Lo que no puede admitirse, en nombre de una discusión seria e informada, es que se intente hacer pasar la regulación económica por socialismo, porque es vaciar de sentido los conceptos. Todo el mundo desarrollado está estructurado por una compleja trama de regulaciones públicas, que en muchos casos son las responsables de grandes logros económicos o de la envidiable integración y estabilidad que muestran las economías más avanzadas.

 

Fernández-Fernández en la disputa de modelos

Algunos de los interesantes intercambios sobre la fórmula presidencial Fernández-Fernández se han centrado en las características personales de los miembros de la fórmula, siendo Alberto el que tendría mayores capacidades de diálogo, negociación y consenso y Cristina la que sostendría posturas más principistas, y tendría una menor disposición a realizar concesiones. No parece que ambas disposiciones sean antagónicas en el terreno de la acción política pública.

Pasando a un terreno más despersonalizado, se ha discutido sobre las ventajas y desventajas de un modelo confrontativo versus un modelo dialoguista para atravesar la muy difícil coyuntura inicial que aguarda al próximo gobierno.

En esos intercambios se observa que algunos analistas han pretendido reducir las batallas políticas reales ocurridas durante el gobierno de Cristina Kirchner a problemas de personalidad o a la orientación ideológica extrema de la ex Presidente.

La realidad es que la viabilidad del gobierno posterior al derrumbe de la convertibilidad dependió de que éste fuera capaz de controlar un conjunto de variables, y hay que decir que el gobierno de Néstor no tuvo jamás un programa maximalista en ese sentido, sino que actuó y reaccionó de acuerdo a las necesidades que dictaron las coyunturas. Baste recordar que en ese tramo de la gestión no existieron límites importantes a la venta de dólares, precisamente por la abundancia de las divisas extranjeras y la necesidad de evitar una sobrevaluación cambiaria.

El kirchnerismo entendió el manejo de la cosa pública en forma pragmática, rompiendo cuando fue necesario ciertos tabúes caros al mundo corporativo –como la estatización, el control de precios o de cantidades—, no por vocación anticapitalista, sino por la necesidad de encausar el proceso económico y social más allá de los requerimientos puntuales de los actores privados, por más importantes que fueran.

En el par de términos a los que es tan afecta la derecha argentina, moderación/extremismo, el kirchnerismo representó la moderación –en materia cambiaria, de precios, de regulación del comercio exterior— en función de un conjunto de prioridades mucho más amplio que la estrecha mirada de los negocios privados.

El extremismo, la intransigencia, el ideologismo, estuvo encarnado por un sector privado cortoplacista y empoderado por los años menemistas.

 

Gobernar no es obedecer a las corporaciones

Por supuesto que ejercer la regulación pública de la economía requiere inteligencia, conocimiento y visión de mediano plazo, para no terminar generando efectos contrarios a los que se buscan, pero lo relevante políticamente del período kirchnerista fue que el sector privado concentrado impugnó abiertamente la disposición regulatoria del Estado en función de otros intereses que no fueran los del propio sector.

A partir de la gestión de Cristina, más allá de cada uno de los enfrentamientos puntuales sobre las decisiones gubernamentales, se agudizó la exigencia desde el sector privado a ser consultado por el gobierno sobre cada una de las decisiones importantes, pretendiendo reservarse el poder de veto sobre aquellas iniciativas que no coincidían con sus intereses particulares.

No creemos que los fuertes roces políticos que se dieron con el gobierno kirchnerista obedecieran a la personalidad de Cristina, a un supuesto ideologismo izquierdista de sus funcionarios, o a errores puntuales de la gestión, que los hubo, pero infinitamente menores a los actuales.

La índole de la furia opositora, la evidente vocación desestabilizadora que se desató a partir de 2008, no pueden entenderse por esas razones.

Los choques obedecieron a un desacuerdo político y económico fundamental: ninguna decisión importante que no esté estrictamente alineada con negocios privados puede ser tomada desde el Estado, sostienen desde el alto empresariado. Quien está en la cabeza del Estado y sus funcionarios deberán entender que tienen que gestionar en función de las demandas de las fracciones empresariales y no de los intereses plurales que existen en la sociedad.

Cabe destacar que el modelo macrista se caracterizó, hasta desembocar en la crisis de 2008, por el cumplimiento al pie de la letra de lo que demandaban las diversas fracciones del capital que lo apoyaron, y que el actual cuadro económico y social desastroso guarda estrecha relación con esa forma de entender y administrar el capitalismo, entendido como mera asistencia estatal a las necesidades de negocios privados.

En el léxico del alto empresariado argentino, la palabra diálogo significa consulta vinculante con los actores privados. Y la palabra autoritarismo representa la disposición de los gobernantes a respetar el mandato de las mayorías.

 

Regulación y gobernabilidad

Si el próximo gobierno es nacional y popular, no tendrá otra alternativa que regular la economía en función de intereses mucho más amplios que los de 5 fondos de inversión extranjeros, las 10 firmas exportadoras, los 20 bancos locales o el puñado de prestatarios de servicios públicos o productores de energía.

Las metas iniciales de ese gobierno no tendrán relación alguna con el chavismo ni con el comunismo, sino con la construcción de un capitalismo productivo capaz de incorporar en su funcionamiento las necesidades de las mayorías nacionales.

Siempre es bueno para quien gobierna mantener puentes con los diversos actores y comprender las necesidades y las lógicas sectoriales. Pero no debe confundirse ese necesario insumo para la tarea de conducir el país, con la relación de subordinación que parte de la dirigencia empresarial le reclama a todo dirigente que aspire a gobernar la Argentina.

El experimento macrista que estamos sufriendo no puede ser encuadrado dentro del modelo anglosajón, porque carece de todos los elementos dinámicos que debería mostrar ese estilo de funcionamiento capitalista. Es precisamente desde este peculiar capitalismo de decrecimiento y de rapiña financiera, que se califica como chavista, peligrosa y extremista a una versión más reguladora y viable del capitalismo periférico.

Para garantizar su supervivencia política, para sostener la gobernabilidad económica, y para ir satisfaciendo las esperanzas que se generarán en torno a una nueva gestión nacional y popular, el próximo gobierno deberá regular aspectos vitales de nuestra economía, sin ninguna concesión a las acusaciones de los fanáticos del capitalismo de rapiña. La conducción del gobierno deberá prever que al poner bajo control el actual desbarajuste generará tensiones y fricciones con los protagonistas de las formas más predatorias de capitalismo local.

El espacio político nacional y popular, en vista de las características de los actores existentes, debería ya propiciar un amplio debate público —que no se dio con suficiente claridad en los 12 años de la gestión kirchnerista—, en torno a dos grandes cuestiones que se plantearán en diciembre: el deber que tienen los representantes democráticos de incorporar las necesidades de las mayorías a todo el espectro de decisiones a tomar, y el derecho de los sectores populares a defender la democracia de quienes quieren hostigarla y suprimirla cuando no responde estrictamente a su plan de negocios.

 

 

 

 

 

 

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