Cantar las 40

 

Con el 40% de aumento que obtuvieron los camioneros, luego de haber amenazado con medidas de fuerza contundentes, se ha establecido un nuevo piso alrededor del cual se empieza a debatir el reajuste salarial frente al índice de inflación anualizado más alto de la era Macri. La importancia de lo logrado radica en la reafirmación del camino de la lucha como única forma de sobrevivencia colectiva dado el carácter de esta crisis, que aún promete para el futuro inmediato más aumento del costo de vida como consecuencia de la inflación mayorista, ubicada más de 20 puntos arriba de la minorista y de una secuencia interminable de aumentos en los servicios públicos. Este aumento acumulado en el convenio de los choferes de camiones encierra una de las claves de las luchas sectoriales que se están incubando de aquí a fin de año. La decisión de ajustar los salarios por debajo de la inflación con que sueña el gobierno no está ni mucho menos confirmada.

El emblemático cierre de la fábrica Canale, de Lomas de Zamora, que despidió a su personal sin pasar por el procedimiento preventivo de crisis, reafirma que la destrucción de las fuerzas productivas está en su apogeo. Los puestos de trabajo en el sector industrial perdidos desde comienzos de 2016 rondan los 100.000, alrededor del 10 por ciento del total de empleos en el sector, que ya fueron ofrendados en el altar de la bicicleta financiera, la apertura de la economía y el endeudamiento vertiginoso impuesto por el modelo. También en la ciudad de Chivilcoy colapsó la fábrica de calzados Paquetá, de capitales brasileños. Son alrededor de 600 los puestos de trabajo en riesgo y a pesar de las gestiones realizadas por las autoridades locales y provinciales no se ha logrado revertir la decisión. Los trabajadores de Gaelle en Avellaneda están bajo amenaza de represión por su pelea contra el intempestivo cierre y la intransigencia patronal.

La empresa Acindar a su vez acaba de anunciar el cierre de la planta de la ciudad de Rosario. La vieja empresa Navarro S.A., que había sido absorbida durante la dictadura militar, sufrió un drenaje de trabajadores durante los últimos años y terminó esta semana en el cierre definitivo.

Tras despedir a los últimos empleados, Alpargatas cerró su planta en el Chaco, una tumba más para el cementerio de la industria y prueba del carácter federal del ajuste en el sector privado.

Tanto la firma Freddo como Helados Pérsicco han presentado ante la justicia sus respectivos concursos preventivos. Esta última pertenece al grupo Pegasus que produce con franquicia de McDonald's. El éxito en la bicicleta financiera es inversamente proporcional al destino de los trabajadores. Hoy se trata de despedir, después se verá.

Al concurso preventivo de Canal Nueve siguió el anuncio de 180 despidos. Igual temperamento sigue América TV y en este caso son 100 los puestos de trabajo que están en peligro. La libertad de expresión es controlada no desde la censura sino desde la liquidación de los medios que no son afines.

Los aeronáuticos siguen en estado de alerta y amenazan con medidas de fuerza dado que tanto Aerolíneas como Austral no han aplicado en la liquidación de haberes de este mes el 6,5% de aumento correspondiente a la cláusula gatillo vigente que protege a los salarios contra la inflación acumulada. En una reunión con Dante Sica, secretario de la Producción, los dirigentes de los sindicatos aeronáuticos, Pablo Biró de los Pilotos de Aerolíneas (APLA), Cristian Ehrard de los pilotos de Austral (UALA), Ricardo Cirielli de los técnicos aeronáuticos (APTA), Rubén Fernández del Personal Superior (UPSA) y Edgardo Llano de los trabajadores de tierra (APA), se cruzaron sindicalistas y gobierno por el tema salarial y la política de aeronavegación. Las compañías low cost aplican convenios colectivos de menor protección, ejercen una rígida política antisindical que equipara la afiliación con el despido y se aseguraron que el gobierno elimine los pisos de los precios de los pasajes ejerciendo así una competencia desleal sobre el resto de las compañías. El cielo de los aviones comienza a nublarse y el cuestionado secretario de Trabajo Jorge Triaca no exhibe una sola idea de cómo gestionar los conflictos, más allá de intervenir sindicatos y vaciarlos a través del nombramiento de funcionarios y retiro de fondos.

El sindicato de los vigiladores ha realizado una denuncia penal en ese sentido y es la última novedad que ofrece el titular del devaluado ministerio de Trabajo de la Nación, hoy con rango de Secretaría.

La UTA de la provincia de Santa Fe está amenazando con un paro para el comienzo de la próxima semana por incumplimiento de cláusulas de adecuación salarial por inflación (gatillo). Los incumplimientos patronales en esta materia se constituyen en una costumbre generalizada y la ola de despidos actúa como factor extorsivo para aplicar estas políticas.

El privilegiado mundo de los banqueros que encabezan el ranking de los ganadores del modelo también se suma a la costumbre de negarse a aplicar la cláusula gatillo que firmaron con la Asociación Bancaria. Esto confirma que no sólo las patronales que tienen problemas sino también aquellas con resultados exitosos se suman al festival flexibilizador que supone un estado de temor generalizado de parte de los trabajadores, y la posibilidad de arrebatar conquistas históricas acompañados por un gobierno que lo tiene como obsesión fundamental.

Frente a un panorama que supone casi 1.000 empresas en concurso de acreedores, la destrucción en tres años del 10% de los puestos de trabajo en la industria, una recesión profunda sin horizonte de recuperación y una aterradora ventaja de la especulación financiera sobre la producción, se va pergeñando una alianza perversa que pretende dar cuenta del mundo de los sindicatos.

Por otra parte, el dúo sobreviviente del triunvirato cegetista ha puesto en duda la realización del paro de 36 horas con movilización anunciado para noviembre. Se empieza a hablar de uno de 24 horas sin marchas y con incertidumbre acerca de la fecha. Esto que parecía acompañar las marchas de repudio contra el G20 va a convertirse en la decisión política más presionada por el gobierno empeñado en mostrar al mundo de las finanzas su capacidad de control sobre la protesta social. Las reuniones preparatorias en el área de seguridad muestran la decisión política de militarizar la ciudad aprovechando para movilizar a las propias Fuerzas Armadas.

El efecto Bolsonaro vuelve a ilusionar a los viejos gorilas que sueñan con una nueva oportunidad para resolver rencores ancestrales con los trabajadores organizados. La crisis, acompañada por la incapacidad del gobierno para resolverla y la resistencia de los trabajadores a esta política antisindical, están generando un grado de polarización que preocupa a quienes piensan más allá de 2019.

 

 

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