Cannabis para la victoria

 

A partir de mañana Alemania se sumará al selecto grupo de países que regulan legalmente el cannabis. A diferencia de las experiencias pioneras de Uruguay y de Canadá, se trata de legalización parcial y en una nación con una alta densidad poblacional e influente en el vecindario europeo. El gobierno de coalición había prometido mucho más de lo que terminó aprobándose hace poco más de una semana en el Consejo Federal alemán, pero también habla de “etapas” y de un monitoreo permanente. En principio se planteó una despenalización de la tenencia, el uso y el autocultivo; más adelante, en julio, entrarían en escena los clubes sociales de cannabis, un modelo cooperativo impulsado por el activismo en España. En una segunda etapa podría evaluarse la producción comercial, a la que tanto teme el gobierno porque infringe las convenciones europeas e internacionales.

En principio se podrán tener 25 gramos en la vía pública y también consumir allí, excepto en paseos peatonales a partir de las 20 y a menos de 100 metros de jardines de infantes, escuelas, parques con juegos infantiles y centros deportivos. Quien lo haga será sancionado con multas costosas. El cultivo doméstico se limita a tres plantas florecidas (en Uruguay son seis y en Canadá, cuatro) y la cosecha no podrá superar los 50 gramos (en nuestro país vecino se contemplan 480 g, casi medio kilo). Las plantas deben estar en un lugar de la casa que sea inaccesible para menores de edad, como en varios Estados norteamericanos donde está regulado legalmente el cannabis para uso adulto.

Consultado para esta nota, el diputado socialdemócrata Jan Dieren sostuvo que el debate fue muy acalorado. “Los que se oponen pintaron imágenes aterradoras de lo que podría suceder con la legalización. Sin embargo, todas estas imágenes de terror son realidad desde hace mucho tiempo como resultado de una política de prohibición fallida. Hay crimen organizado detrás del cultivo y transporte de marihuana, delitos menores en la venta y adquisición y numerosos riesgos para la salud debido a contaminación con otras sustancias. Con la legalización estamos tomando un nuevo camino e intentando mejorar al menos algunas de estas áreas problemáticas”.

Por su parte, el activista cannábico alemán Steffen Geyer recordó que el proyecto original de la coalición de la socialdemocracia, el partido Verde y los liberales permitía el suministro de cannabis en comercios especializados, al estilo de los dispensarios de Canadá. “Lamentablemente, este plan fracasó por falta de coraje político”, asegura. En el verano llegarían los clubes sociales para suministrar hasta 50 gramos al mes de marihuana y hachís para un máximo de 500 socios y socias, un número más razonable que el de Uruguay, donde se limitan a 45 miembros.

Para Pien Metaal, especialista del Transnational Institute de los Países Bajos, es un gran avance. “El modelo de clubes es importante porque posibilita que la cultura cannábica sea celebrada de forma colectiva, las cantidades establecidas para la posesión son generosas”, dice. Los límites no solo tienen que ver con las convenciones internacionales, sino con la propia legislación alemana y de la Unión Europea: “Creo que aprovecharon todo el espacio legal y político que tuvieron, demostrando a los demás países que se puede avanzar sin cambiar las convenciones”. Con suerte habrá menos turistas de Alemania en los coffee shops de Ámsterdam, dice con cierta sorna.

Más allá de la experiencia de Malta, donde se despenalizó la tenencia y el autocultivo de cuatro plantas en 2021, y de una medida similar en Luxemburgo dos años después, hasta el momento los Países Bajos plantea la comercialización, aunque siga criminalizada en parte. El modelo de Coffee Shops se basa en “el principio de oportunidad”, que tolera la venta de flores y semillas desde fines de los años 70, aunque sigue prohibida la producción. La política neerlandesa divide drogas “blandas” y “duras”. La puerta de entrada no es la marihuana, sino el dealer, sostienen hace cincuenta años y con toda evidencia a favor.

Otro aspecto importante de la ley germana es la eliminación de todas las sanciones anteriores por menos de 25 gramos. Según Geyer, la amnistía beneficiará a alrededor de 7.500 personas. “Esto también se aplica a delitos en los que el de cannabis solo jugó un papel pequeño. Por ejemplo, a un ladrón se le encontró hierba. En tal caso, es necesario reevaluar dichas sanciones globales. Esto es jurídicamente apasionante porque algunas de estas personas tienen que salir de prisión”. Además, tendrán que borrarse los registros policiales y judiciales de aproximadamente 300.000 personas con sentencia cumplida.

El diputado Dieren destacó que en una segunda fase se probará la producción comercial en algunas zonas de Alemania mediante proyectos pilotos, como en Suiza y los Países Bajos. “Esto debería tener una función importante: mediante el comercio legal, el cannabis debería retirarse gradualmente del mercado negro. Esto es importante para combatir el crimen organizado en este sector”, afirmó.

 

 

La ruptura de Viena

La reducción de riesgos y daños es una estrategia para afrontar las consecuencias de prohibición: el mercado clandestino de sustancias sin control de calidad y la criminalización del consumo. Bajo este enfoque, en algunos países se reparten jeringas descartables, evitando la trasmisión del VIH y la Hepatitis C, o se suministra Naloxona para revertir sobredosis de opioides; también se distribuyen preservativos, folletería con información sobre efectos no deseados y se testean diversas pastillas, cristales y polvos en busca de adulteraciones y concentraciones. Desde hace varios años muchas agencias de las Naciones Unidas y ONG vienen reclamando que esta estrategia sea reconocida por la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el corazón del prohibicionismo. El milagro ocurrió hace poco más de una semana. Y llamativamente, la resolución fue impulsada por los creadores de la supuesta guerra a las drogas: Estados Unidos.

El término aparece una sola vez en el documento no consensuado pero aprobado con 38 votos a favor (incluida la Argentina), dos en contra (Rusia y China) y siete abstenciones. Allí se alienta a los Estados miembro a explorar “las medidas de reducción de daños destinadas a prevenir y minimizar las consecuencias sociales y de salud pública adversas del uso de drogas con fines no médicos, incluso con el objetivo de prevenir y responder a las sobredosis de drogas, y construir la capacidad de las fuerzas del orden y los profesionales de la salud para responder a este desafío”.

En dos tramos de la resolución se plantean las dificultades generadas por la criminalización. Muchas de las muertes por sobredosis en suelo norteamericano ocurren por la penalización de la tenencia para consumo personal. A veces quienes tienen un problema no llaman a las emergencias por este motivo o son abandonados por usuarios o usuarias porque también podrían ser detenidos. De hecho, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos alienta a estas personas a pedir ayuda, informando que “la mayoría de los estados tienen leyes que podrían proteger contra problemas legales a una persona que tiene una sobredosis o a la persona que llamó para pedir ayuda”.

La reducción de daños es una alternativa al tratamiento basado en la abstinencia y eso molesta en sectores conservadores porque creen que fomenta el consumo. En la actualidad en casi todo el mundo se castiga, extorsiona o abandona a quien no acepta la abstinencia. Sin embargo, en el documento se destaca el “tratamiento asistido por medicación”, como la sustitución con metadona, un opioide utilizado como alternativa a la heroína o el fentanilo. Uno de los factores de riesgo, dice la resolución, “es la reanudación del consumo de drogas después de un período prolongado de abstinencia (por ejemplo, después de la desintoxicación, la liberación de la cárcel, el cese del tratamiento)”.

Otras de las prácticas de que se reconocen son los sistemas de alerta temprana, basados en testeos y datos aportados por distintas fuentes (policías, profesionales de la salud, asociaciones de personas que usan drogas, etc.) para informar a la población sobre alguna adulteración peligrosa, como ocurrió en la Argentina con el clorhidrato de cocaína mezclado con opioides. La resolución abre la puerta para pensar otras medidas como las salas de consumo supervisado, donde se pueden utilizar drogas ilegalizadas en un ambiente protegido de la persecución policial y asistido por personal idóneo. Estas salas ya existen en varios países europeos y en Canadá.

“Estados Unidos ya tiene tratamientos con metadona, reparto de Naloxona y algunas salas de consumo, no había nada que lo restrinja”, advierte la mexicana Zara Snapp de regreso de Viena, Austria, donde se votó el documento. “Yo creo que ellos buscan un reconocimiento global de la crisis de sobredosis que están padeciendo, además están impulsando una coalición global contra las drogas sintéticas”. Para esta politóloga y directora del Instituto RIA la resolución quiebra el llamado “Consenso de Viena” que sostiene la prohibición mundial. “Las resoluciones nos dan pistas de cómo va cambiando el mundo y cuáles son las prioridades. No son vinculantes, pero tanto la sociedad civil como los gobiernos pueden utilizarlas para justificar lo que hacen”.

Aunque no llegó a votación, hubo otra declaración que circuló en Viena y fue impulsada por Colombia, con el apoyo de más de 60 países, entre otros, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Brasil, México y Australia. Allí se condensan varias críticas al régimen prohibicionista por el aumento sin precedentes de la violencia, las sobredosis, el encarcelamiento masivo, la producción y el consumo de sustancias, al punto de que en muchos lugares no hay medicamentos controlados de uso médico, como la morfina, pero sí drogas ilícitas. También se reconoce la capacidad del crimen organizado para dañar instituciones democráticas e incentivar la corrupción y se sugiere “revisar y reevaluar conjuntamente el sistema de control internacional de drogas”.

Para Snapp el liderazgo colombiano es crucial en todo sentido: “Creo que hay que proponer alternativas a la militarización y la guerra y ellos hablan mucho de eso, de cómo desmilitarizar y desnarcotizar la agenda de seguridad. Vimos un interés y un reconocimiento para avanzar en propuestas alternativas a la prohibición”.

 

 

No la ven

Mientras varios países desarrollados y otros productores de materia prima buscan aminorar la política represiva, el gobierno argentino insiste con la narconarrativa. Es cierto que el fin de semana trágico del 10 de marzo en Rosario, con el asesinato al azar de un playero y la muerte de un colectivero baleado días antes, debe elevar los niveles de alerta. También asesinaron a dos taxistas unos días antes. En varios de estos episodios fueron utilizadas balas de la policía de Santa Fe. La participación policial está probada en el atentado más grave conocido hasta ahora, la balacera contra la casa del entonces gobernador Antonio Bonfatti en 2013. Fue condenado un policía que intentó vender una de las armas utilizadas.

La espectacularización del castigo en las cárceles, al estilo Bukele, no estarían ayudando a conseguir la paz que tanto pregonan desde la política santafesina. El proyecto del gobierno nacional para reformar la Ley de Seguridad Interior e involucrar a los militares tampoco.

Las experiencias colombiana y mexicana demostraron que la intervención de las fuerzas armadas deriva inexorablemente en torturas, asesinatos, masacres y desapariciones forzadas. En su libro La guerra en las palabras, una historia intelectual del “narco” en México (1975-2020), Oswaldo Zavala describe la génesis de exterminio en su país. Primero se instaló la figura del “traficante”, importada desde Estados Unidos, y se pasó al mito de los “cárteles” que desafiaban a la sociedad y al poder oficial. Luego llegó la “narcocultura”: infinidad de corridos, películas, novelas y periodismo narrativo sobre los “capos narcos”. Según este autor, “la función de la narconarrativa no consiste en ocultar la verdad sino en inventar una percepción alternativa de la realidad”. De ahí a convertir a los “carteles” en una amenaza a la seguridad nacional hubo un solo paso. Y fue en dirección a la Embajada.

Mientras tanto, el gobierno nacional no estaría viendo que la población quiere avanzar hacia la regulación de la droga ilegalizada más consumida: el cannabis. El año pasado un estudio del Observatorio Argentino de Drogas tomó de base a 41.688 personas encuestadas, de 16 a 75 años y en 31 aglomerados de más de 2.000 habitantes, y reveló que el 44.7 de la población está de acuerdo en legalizar la marihuana y el 38,4 lo rechaza. Este estudio es parte de la Encuesta Nacional de Consumos y Prácticas de Cuidado y deja otro dato alentador, tenemos con qué: casi el 90 por ciento del porro que se consume son flores cultivadas y cosechadas en el país, el resto es marihuana prensada o “paraguayo”.

 

 

 

--------------------------------

Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí

Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí