Canción urgente

 

Las elecciones presidenciales y legislativas del pasado domingo en Nicaragua han generado rechazo internacional por considerarse que fueron fraudulentas y carecieron de legitimidad y transparencia, en un escenario en el que líderes de oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales, están detenidos.

Los llamados para desconocer las elecciones, invocar la carta democrática interamericana de la OEA para expulsar a Nicaragua de este organismo e incrementar las sanciones económicas no se hicieron esperar. Tampoco las declaraciones de líderes como el Presidente Joe Biden al calificar las elecciones de “farsa” y señalar que “la familia Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua como autócratas, no diferentes de la familia Somoza contra la que Ortega y los sandinistas lucharon hace cuatro décadas”; las de representantes de la Unión Europea, así como pronunciamientos conjuntos de ex cancilleres y ex Presidentes latinoamericanos. No obstante, la acción que más podría afectar a la población nicaragüense es la ley Renacer, promulgada por Biden el 10 de noviembre.

 

Las alertas y el protagonismo de la OEA

El mismo día de las elecciones, cuatro ex Presidentes (Fernando Enrique Cardoso de Brasil, Laura Chinchilla de Costa Rica, Ricardo Lagos de Chile, y Juan Manuel Santos de Colombia) y el actual secretario general de IDEA Internacional, Kevin Casas Zamora, denunciaron que las condiciones de la ilegítima jornada electoral estuvieron marcadas por la violación de los derechos ciudadanos para elegir de manera libre y democrática a sus autoridades y que ese era el camino mediante el cual una democracia se convierte en autocracia.

En ese marco hicieron un llamado a “las instituciones democráticas de Estados Unidos, Canadá, Europa y los países latinoamericanos, más los organismos internacionales que corresponda, para desconocer sus resultados” y profundizar el aislamiento internacional del régimen, incluida su suspensión de la OEA. Asimismo, exigieron la inmediata liberación de todos los presos políticos, el restablecimiento del orden constitucional y la urgente reapertura de un proceso de negociación para buscar una salida pacífica y electoral a la crisis y suspender todos los programas o negociaciones en el seno de las instituciones financieras internacionales y regionales en tanto las condiciones mínimas de vigencia de la institucionalidad democrática no retornen a Nicaragua.

Dos días después, 40 ex cancilleres de 12 de los 35 miembros de la OEA, entre los que se encuentran cuatro argentinos (Jorge Faurie, Susana Malcorra, Adalberto Rodríguez Giavarini y Carlos Ruckauf) suscribieron una carta en la que instaron a los gobiernos a censurar al gobierno de Nicaragua en la 51 Asamblea General por la violación de la Carta Democrática. Así ocurrió.

Los ex cancilleres señalaron que el gobierno nicaragüense no sólo contaminó el proceso electoral, sino que ignoró los elementos esenciales de la democracia como la independencia de poderes, la libertad de expresión, la alternancia en el poder y el pluralismo político. “Todos estos principios, establecidos en la Constitución de Nicaragua, la Carta Democrática Interamericana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, han sido conculcados”, hechos que marcan “el afianzamiento de un régimen totalitario en Nicaragua”. Hicieron también un llamado a la OEA para que se convocara a una Asamblea General Extraordinaria para tomar acciones enmarcadas en los compromisos de la Carta Democrática y suspendiera a Nicaragua de la OEA si el gobierno no acepta realizar nuevas elecciones libres, transparentes, justas.

Para poder tratar el tema de Nicaragua en la 51 Asamblea General de la OEA, ocho países (Estados Unidos, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, Uruguay y Antigua y Barbuda) presentaron el 20 de octubre un proyecto de resolución sobre la Situación de Nicaragua en el Consejo Permanente de esa organización. El viernes, este fue aprobado por 25 votos a favor (entre ellos la Argentina), uno en contra (Nicaragua), 7 abstenciones (Bolivia, México, Honduras, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Belice y Dominica) y un país ausente (Saint Kitts y Nevis).

 

 

La Carta Democrática Interamericana

Si bien la resolución no pide abiertamente la activación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, en virtud del cual se puede suspender a un Estado miembro si rompe el orden democrático y la diplomacia no da resultados, esta no se descarta. La Carta Democrática adoptada por los 34 miembros de la OEA en 2001, en Lima, en momentos en que Perú se desprendía del régimen autoritario de Alberto Fujimori, dotó a la organización de un instrumento jurídico que le permitiría actuar no sólo ante golpes de Estado. Al introducir el concepto de “alteración del orden constitucional” podía abordar los abusos de poder de nuevo tipo después del fin de las dictaduras militares, frente a las cuales, dependiendo del signo político, el organismo miró siempre a un costado.

Si bien los objetivos de la Carta Democrática suenan bien, sus 20 años de existencia no dejan muchos resultados para festejar. Esta no sólo no fue invocada en todas las crisis políticas que ocurrieron en la región, sino que existe una suerte de doble rasero para evaluar el respeto a la institucionalidad y el Estado de Derecho. El ejemplo más reciente ocurrió en Honduras en 2017 cuando, a pesar de la denuncia de fraude electoral perpetrado por el presidente Juan Orlando Hernández –presentada por la propia Misión Electoral de la OEA–, el secretario general de la OEA y los gobiernos de Colombia, Estados Unidos y México (de Enrique Peña Nieto), entre otros, reconocieron rápidamente a Hernández como legítimo vencedor, bloqueando una posible activación de la Carta.

Cuando en 2012 el Senado destituyó al Presidente de Paraguay, Fernando Lugo, en lo que muchos califican como neogolpismo, a la OEA se le pasó el tiempo en investigaciones. Sin embargo, fue suspendido en el Mercosur (por violar la cláusula democrática del Protocolo de Ushuaia) y de la Unasur (por incumplimiento de los artículos 1, 5 y 6 del Protocolo Adicional).

El único caso de suspensión de un Estado por medio del artículo 21 de la Carta Democrática fue Honduras en 2009, después del golpe de Estado en contra del presidente Mel Zelaya. Entonces, 33 países votaron por la expulsión del país centroamericano en una Asamblea General Extraordinaria. A pesar de que la “normalidad electoral” retornó al país, no se restableció el mandato de Zelaya, por lo que muchos observadores cuestionan la real efectividad de la Carta.

La Carta Democrática tampoco ha sido invocada, ni siquiera mencionada, cuando los vándalos dirigidos por el ex Presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio el 6 de enero de 2020. La OEA no se inmutó tampoco con los audios en los que funcionarios de las filas del Partido Republicano del Estado de Georgia se niegan ante el pedido de Trump a alterar los votos y revertir las elecciones que Biden ganó limpiamente. Varios meses antes de la contienda electoral, Trump decía con total desparpajo que sólo reconocería el resultado si él ganaba pues su derrota sólo se explicaría por un fraude. En el reino de la democracia y del respeto a la institucionalidad, con una OEA silente un inimputable Trump tiene chances de ser el próximo Presidente de ese país.

 

 

“Renacer”

En general, si le interesa, el gobierno estadounidense prefiere optar por sanciones unilaterales para asfixiar la economía de un país cuestionado, antes que entrar en las disquisiciones de la OEA. En el caso de Nicaragua, Biden ha sido presionado por sus opositores para promulgar, el 10 de noviembre, la ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer, por sus siglas en inglés), la cual abre la puerta a sanciones más duras contra ese gobierno. Los senadores Marco Rubio, Ted Cruz y los congresistas Juan Vargas y María Elvira Salazar, entre otros, han tenido un papel decisivo en su promulgación.

El proyecto de ley Renacer fue aprobado a principios de agosto por el Senado, pero estuvo encarpetado en la Cámara de Representantes, donde recién esta semana se aprobó y se envió al despacho de Biden para su promulgación. Esta ley permite solicitar a los bancos multilaterales que restrinjan el otorgamiento de préstamos e inclusive revisar la pertenencia de Nicaragua al Tratado de Libre Comercio de América Central (CAFTA). Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, pues importa el 60% de sus productos. Biden preferiría no ahogar económicamente a Nicaragua para no provocar una nueva oleada migratoria que repita la situación de Haití o del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala Honduras y El Salvador). El 86% de los inmigrantes centroamericanos en Estados Unidos proviene de estos tres países mientras que solo 6,8% proviene de Nicaragua. La crisis migratoria en la frontera sur es uno de los problemas más serios que enfrenta su administración.

Entretanto, los miembros de la OEA han instruido al Consejo Permanente a que nombre una comisión para que realice gestiones diplomáticas al más alto nivel para procurar una solución pacífica y efectiva a la crisis política y social en Nicaragua y que rinda un informe en un plazo máximo de 75 días. Luego de recibido el informe de esa comisión, deberán adoptarse las medidas que sean necesarias, incluida, si es el caso, la convocatoria a una sesión extraordinaria de la Asamblea General. Esta podría invocar el artículo 21 de la Carta Democrática, que contempla la expulsión de sus miembros.

Es decir, la OEA será el organismo que fiscalizará las fallas de la institucionalidad democrática en Nicaragua donde, tal como lo señaló la representante de México, Luz Elena Baños Rivas, en la Asamblea General, se “pretende poner soluciones desde fuera a problemas locales” con “decisiones que están en contra del derecho internacional”. La mexicana considera que “la OEA debería de ser una organización inclusiva, promotora del diálogo político, de la cooperación, la integración y el desarrollo de los Estados miembros, pero no lo es (…) Por el contrario, es un espacio donde se profundizan las diferencias y el aislamiento, y donde se impulsan agendas parcializadas”.

Uno de los absurdos de la OEA radica en albergar en su seno a designados por Juan Guaidó como representantes del gobierno de Venezuela, precisamente cuando este se retiró de ese organismo. Es una paradoja que muchos de los gobiernos que juzgarán el proceso electoral de Nicaragua carecen de ética para hacerlo. Como si fueran carmelitas descalzas, varios de los gobernantes que alzan el dedo acusador contra Nicaragua están involucrados en actos de corrupción, evasión de sus fortunas en guaridas fiscales, militarizan regiones para contener los reclamos de la población originaria (los mapuches, por ejemplo) o imponen estados de excepción para reprimir la protesta social. Otros están acusados por crímenes contra la humanidad por negar y manejar mal la pandemia, por permitir la destrucción de la Amazonia, por reprimir brutalmente manifestaciones sociales, por no tomar acciones frente al escándalo de los falsos positivos (inocentes asesinados por el ejército en calidad de trofeos) o frente a los asesinatos de dirigentes sindicales y medioambientales, entre otros. En estas condiciones, el régimen de Nicaragua se encontrará cada vez más aislado de la comunidad internacional y su población expuesta a la asfixia que generaría la instrumentación de la ley Renacer promulgada por Biden.

 

 

 

 

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