Campos no tan limpios

 

El Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) bonaerense aplicó multas millonarias a 26 empresas agroquímicas por el incumplimiento de la ley nacional 27.279, que desde 2016 ordena y regula la gestión integral de envases vacíos de fitosanitarios para propiciar su reciclaje y evitar que representen un riesgo para el ambiente y la salud.

Por la cantidad de empresas alcanzadas, el motivo de la multa y su cuantía total, que alcanza los 783 millones de pesos, se trata de una de las sanciones ambientales más relevantes en el país en las últimas décadas y “la más importante que ha aplicado el OPDS en su historia”, según refirió el organismo encabezado por Juan Brardinelli.

La nómina de firmas multadas toma en cuenta a aquellas que incumplieron el retorno de más de 100.000 unidades e incluye a numerosas transnacionales del ramo. La más cuantiosa supone un monto superior a los 86 millones de pesos y se aplicó sobre Syngenta. Aunque si se considera a Bayer y Monsanto como un único conglomerado mundial, sus incumplimientos trepan al primer lugar. Atanor, BASF, Dow y Dupont también forman parte de la lista, como ilustra este cuadro:

 

 

Las multas se determinaron luego de cotejar los volúmenes de venta bonaerense de herbicidas informados por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) para 2019 y las declaraciones juradas presentadas por las empresas respecto de 2020: sólo se habían recuperado un millón de envases vacíos sobre 13 millones colocados en el mercado provincial un año antes.

Ese 8% mejora por escaso margen el registro inmediato anterior y resulta una cifra muy lejana al nivel de cumplimiento de países europeos o incluso al de Brasil, que con mayor trayecto en la regulación logra recolectar más del 90% de los envases comercializados.

“En las empresas se observa un manejo de doble estándar. Donde la legislación es más dura, cumplen mejor los procesos. Y donde es más blanda, o su regulación más flexible, lo hacen en menor medida”, apunta a El Cohete Francisco Suárez, actual director de Residuos Especiales y Patogénicos del OPDS.

Esa realidad confluye con la nueva versión con que el consultor brasileño de la CEPAL Carlos Young actualizó en 2011 el viejo esquema mundial de centro y periferia: un país periférico no sólo basa su economía en la provisión de materias primas sino que además paga costos ambientales no admitidos en los centrales.

 

 

Los riesgos

La mayoría de los envases de agroquímicos están fabricados en plástico, aunque los hay también de aluminio. Si el tratamiento posterior a su uso no es gestionado adecuadamente pasan a conformar un riesgo para la salud humana y el ambiente, por diversas vías y en plazos que pueden ser inmediatos o de larga gestación, por los restos del producto que contuvieron. Su destino suele estar en los basurales comunes cercanos al lugar donde fueron utilizados, o en los mismos campos, quemados a cielo abierto o enterrados.

 

 

Las consecuencias de estas prácticas pueden ser graves. Los restos de agroquímicos, ilustró el OPDS, “pueden filtrar a la napa, contaminar el suelo y trasladarse a cursos de agua”. Si el sol los evapora el riesgo es que generen contaminación aérea y afecten a las precipitaciones. La quema también produce gases contaminantes. Por su parte, cuando la acumulación prolongada o el enterramiento derivan en su rotura, el plástico puede ser objeto de consumo animal, obstruir drenajes y contaminar el agua.

En otros casos los envases vacíos ingresan a circuitos de venta ilegal por acopiadores no habilitados, con lo que concluyen siendo reciclados como plásticos comunes y abriendo el peligro de presencia de agroquímicos en los productos con ellos elaborados, como vasos o juguetes.

Finalmente existe el riesgo inmediato de la reutilización doméstica para el almacenaje de agua de consumo humano o animal, que se traduce en múltiples impactos en la salud. EL OPDS enumeró, entre otros, intoxicaciones, reacciones alérgicas, trastornos neurológicos o endócrinos y, en el caso de cuerpos gestantes, abortos espontáneos o malformaciones del feto.

 

 

Vidal se tomó su tiempo

Luego de un cuarto de siglo de intensificación en el uso de fitosanitarios y tras una década de proyectos que no llegaban a reunir las voluntades necesarias, en septiembre de 2016 el Congreso nacional sancionó la ley 27.279. A diferencia de las iniciativas que la precedieron, que incluían mayor cantidad de variantes de productos, la aprobada se centró en los fitosanitarios.

La normativa establece un marco general regulatorio, fija como autoridades competentes a organismos provinciales como el OPDS bonaerense y establece las pautas que deberán cumplir las empresas al formular y operar sus Sistemas de Gestión Integral de envases, lo que incluye su recolección y entrega al circuito de reciclaje y la implementación de campañas de concientización a los usuarios, a quienes pueden dejar de vender en caso de que incumplan las devoluciones.

Las cámaras que nuclean a las empresas agroquímicas –de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, CASAFE, y de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos, CIAFA– participaron del proceso de debate, lo que facilitó la aprobación.

Sin embargo, la incidencia de los intereses de las transnacionales se trasladó al ámbito provincial de la reglamentación. El artículo 10 de la ley aprobada fijaba un plazo para la presentación de los esquemas de gestión integral: 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial, lo que ocurrió el 11 de octubre de 2016. De ese modo, se suponía que para mediados de enero de 2017 los sistemas de gestión deberían estar presentados ante la autoridad competente, a partir de cuya aprobación deberían contarse otros 270 días para la adecuación a sus pautas.

Pero en la provincia de Buenos Aires, el gobierno encabezado por María Eugenia Vidal demoró hasta marzo de 2018 para comenzar a cumplir la ley nacional que su propio partido había presentado como proyecto y confirmar como autoridad competente en el territorio bonaerense al OPDS. Recién en agosto del año siguiente el organismo emitió la resolución 505, que recoge lo dispuesto por la legislación nacional y ordena el modo de aplicarlo en la provincia.

Ese fue el estado de situación que el gobierno de Axel Kicillof recibió de su antecesor, del que sólo heredó un área técnica que había comenzado a brindar capacitaciones.

 

 

Escaso interés, escasa inversión

Sólo el 1% de los envases de agroquímicos resulta no reciclable, al no ser sus residuos solubles en agua. Su destino son los rellenos de seguridad, en particular el emplazado en Bahía Blanca. El resto debe ingresar en el circuito de reciclado tras pasar por un triple lavado a presión.

El incumplimiento en la recuperación de envases que evidencian los números encuentra su principal origen ya en el eslabón inicial, por la insuficiente cantidad de Centros de Almacenamiento Transitorio (CAT) dispuestos para recibirlos y remitirlos luego a las plantas de reciclado.

 

 

Aunque también los municipios han organizado los propios, la responsabilidad por la instalación y gestión de los CAT corresponde a las empresas. Lo mismo ocurre con los también deficientes Puntos Móviles de Acopio, de importancia sobre todo en localidades pequeñas o regiones de gran extensión territorial.

“Toda esta estructura de captación no ha sido puesta en marcha, o ha tenido muy baja implementación”, dice Francisco Suárez a El Cohete a la Luna.

Al igual que hicieron antes en otros países, las grandes empresas agroquímicas con participación en el mercado argentino se nuclearon en una asociación civil para responder a las demandas de los Estados y la comunidad por una agricultura cuidadosa del medio ambiente y la salud. En la Argentina, la legislación permite este tipo de asociaciones y la organización resultante se denomina “Campo Limpio”. No obstante, en la provincia de Buenos Aires las multas se han aplicado a cada empresa y no a la entidad que las nuclea, porque la ley establece a cada firma como responsable y el registro de comercialización en poder del OPDS es individual y no colectivo.

A través de su web, “Campo Limpio” se dedica a publicitar los niveles de recolección alcanzados desde 2019, aunque los contabiliza por peso y no por unidad, con lo que logran mayor impacto los dos millones de kilos que acusa. El sitio de internet también informa la apertura de sus nuevos Centros de Almacenamiento Transitorio, que hasta ahora suman 27 en todo el país, o la recorrida de sus Puntos Móviles.

En ambos casos, la mayor parte de las acciones de la asociación se da en Buenos Aires y La Pampa, dos provincias que no sólo concentran buena parte de la producción agrícola argentina sino que también han comenzado a aplicar sanciones. A mediados de 2020, la Subsecretaría de Ambiente pampeana fijó una multa también millonaria y suspendió temporalmente la actividad de empresas nucleadas en “Campo Limpio” por el incumplimiento en la instalación de CAT, y a comienzos de 2021 confirmó otra sobre Ferroexpreso Pampeano por el enterramiento de más de 400 bidones de agrotóxicos en cercanías de la localidad de Ojeda.

En el caso de “Campo Limpio”, señala Suárez, “estamos hablando de una asociación civil que han creado las empresas, multinacionales, para que las represente en esta gestión. Tiene muy pocos empleados, y muy pocas tareas realizadas. Allí es cuando se puede ver la falta de interés por el tema”. “En esto va la cuestión de fondo. Son empresas que tienen mucha capacidad para manejar el retorno de sus envases. Hasta ahora, ha sido muy escasa la inversión”, agrega.

Las empresas multadas por el OPDS bonaerense ya han pedido audiencias, a las que el Estado provincial está abierto siempre y cuando se pueda avanzar hacia un acuerdo con “nuevas metas” para mejorar los índices de recupero de envases contaminantes. “Lo que nos interesa es evitar el riesgo ambiental: ese es el centro de orientación de las políticas públicas. Sabemos que si no aplicamos sanciones, si no mejoramos la gestión, del otro lado está el riesgo ambiental”, apunta el funcionario.

El incumplimiento en el correcto tratamiento de los envases de agroquímicos conforma una renta indirecta de las firmas del ramo. Su contrapartida es un daño no siempre inmediato, sino que se genera y aprecia con los años. Un lucro empresario indirecto de hoy que el ambiente y la salud pagan a plazo fijo.

 

 

 

* Las fotos son de José Giraldes, de la Dirección de Residuos Especiales y Patogénicos del OPDS.

 

 

 

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