Campaña PA'MI

Juegos y trampas comunicacionales en torno a la obra social de la mal llamada clase pasiva

 

Las tapas de Clarín y La Nación del domingo 14 de mayo, como suele ocurrir, se parecían. El título principal de ambas era casi idéntico y la foto más importante también.

Tapas gemelas.

 

 

Pero La Nación añadió una desinformación a la que otorgó el mismo centimetraje que el destinado a las elecciones que ese día se celebraban en Salta, La Pampa y Tierra del Fuego, donde la ventaja de “candidatos afines a la Casa Rosada” era ostensible. Tanto como que ese fin de semana se venía apuntando específicamente contra La Cámpora.

 

Ni más, ni La Cámpora.

 

A ese tema, el multimedios vinculado íntimamente al macrismo concedió además el pliego central de su edición impresa.

 

El artículo original, luego modificado en la edición en línea.

 

 

El principal problema es que, desde el título de tapa e incluyendo las declaraciones de la cambista Graciela Ocaña, el contenido estaba nutrido de errores, sesgos y medias verdades al revés, según el decir de un cantautor español.

El mismo desarrollo del artículo desmiente parcialmente su presentación. Quienes conocen la praxis periodística saben que titular una nota es una potestad que suelen reservarse los y las responsables editoriales de un medio. Más aún cuando deciden que el tema saltará a la portada de su edición dominical, la principal de la semana, lindante con una fotografía internacional que atrae la visual lectora.

Una de las objeciones a la incorporación de 70 empleados nuevos que existió era que ello entraría en colisión con el decreto 426/2022, que congeló la planta estatal. La norma fue impulsada por Sergio Massa como una de las primeras medidas en su arribo al gobierno nacional, pero previó órbitas explícitamente exceptuadas y dejó abierta la posibilidad de excepciones en caso de que la autoridad u organismo requirente acreditase realmente la necesidad de “cubrir cargos vacantes, designaciones o contrataciones”.

Fue lo que ocurrió en el PAMI, donde en un bimestre debieron resolverse 70 vacancias. “¿Cómo cree La Nación que reemplazamos un médico o enfermero que se jubila? ¿A un auditor que se retira? ¿A un ambulanciero que renuncia?”, se preguntó Luana Volnovich, titular del organismo, al desmentir al diario en sus redes sociales. Frente a las réplicas oficiales, el artículo fue modificado en la edición digital y se agregó este párrafo:

 

 

 

Los trámites de incorporación objetados, según pudo saber El Cohete, demandaron la formación de sus respectivos 70 expedientes, con un curso de alrededor de un mes, autorización de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de Gabinete. Las autorizaciones para las designaciones y sus fundamentos siempre fueron públicos y observaron explícitamente el Decreto 426/2022. En este enlace pueden verse varios casos.

También es falso —a punto tal de que parte del texto fue quitado de la edición web— que en los primeros meses de 2023 hayan ingresado 1.128 personas contratadas. En verdad, eso ocurrió durante la pandemia y respondió a la necesidad de atender a las urgencias que el escenario planteaba. PAMI aumentó en esos meses un 70 % su capacidad hospitalaria, merced a tres nosocomios propios y a la recuperación de varias clínicas a la deriva, en un país que durante más de un año no había tenido Ministerio de Salud.

En materia presupuestaria, Volnovich afirmó que la obra social ha logrado tener superávit y eludir los condicionamientos de una deuda de 19.000 millones de pesos que recibió en herencia del macrismo. La mayor parte de ese endeudamiento correspondía a medicinas oncológicas, por lo que los laboratorios se resistían a continuar vendiéndoselas a PAMI hasta que ese pasivo pudo ser reestructurado.

“Implementamos los medicamentos gratis y, con el nuevo modelo de libertad de elección de especialistas, otorgamos 32 millones de turnos en un año”, recordó la directora ejecutiva de PAMI en su descargo vía redes sociales.

En este punto, el organismo cuenta con los fondos que le aporta el impuesto PAIS, que grava la compra de divisas extranjeras. Del total de lo recaudado, 70 % es destinado a la ANSES y al PAMI. De ese porcentual, la obra social percibe el 40 % y ANSES, el resto.

 

 

Los jubilados de La Cámpora

Frente a una base tan endeble, no resulta extraño que las afirmaciones más fuertes fueran las de Ocaña, cuyos encomillados llegaron a asegurar que existen centros de jubilados de La Cámpora. Ocaña también cuestionó que, entre los cursos ofrecidos a adultos y adultas mayores, se encuentre uno que propone detectar fake news, y lo asoció con un supuesto culto a la personalidad de Cristina Fernández.

Un día antes, la ex diputada Silvana Giudici había apuntado en la misma dirección al dedicar todo tipo de denuestos a la oferta de cursos NODIO, impulsados por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Aparentemente, las jubiladas y los jubilados cursantes, a quienes se les estaría lavando el cerebro, no tendrían la suficiente capacidad crítica para percibirlo.

La política de PAMI de ofrecer oportunidades formativas como modo de propiciar también la integración social de su población afiliada no es nueva: viene por lo menos desde 2005, cuando en Bahía Blanca iniciaron los cursos UPAMI (Universidad para Adultos Mayores Integrados) que luego se extendieron a otros centros universitarios del país.

Un sesgo similar al exhibido por Giudici al criticar el programa NODIO quedó explícito cuando el mismo medio destacó el supuesto ingreso a PAMI de trabajadores sin título secundario, cuando en realidad la obra social había encarado un camino de regularización de su planta, incluyendo un plazo perentorio para que finalicen sus estudios medios quienes aún no lo habían hecho y permanecían bajo un vínculo laboral precario. De no concluir ese trayecto de formación, no pasarían a la planta. Exactamente al revés de lo publicado.

También el sábado 13 de mayo Clarín había apuntado contra el PAMI, en este caso señalándolo por estar junto a la Administración Federal de Ingresos Públicos “entre los que pagan más” dentro del sector público en concepto de salarios. Pero mientras la bajada de la nota marcaba eso, el cuadro incluido en ella no mostraba a la obra social ni siquiera dentro de los veinte primeros lugares.

 

¿Título, bajada o tabla? ¿A quién creerle?

 

 

El sentido de ambas notas, la de Clarín del sábado 13 y la de La Nación del domingo 14, parece ser el mismo: comenzar a mostrar al sector público como variable de ajuste. El artículo del diario fundado por Bartolomé Mitre no ahorra literalidad en ese punto, al adjudicar a La Cámpora la intención de poner a salvo de despidos al personal de PAMI ante el riesgo de que “la próxima administración” quiera “achicar la planta de trabajadores”. Ocaña eligió llamar “guarida” a la obra social. Todos los actores ignoran el rol de la paritaria de PAMI, que es propia, y aborda temas que se vinculan o podrían afectar los derechos del personal. El sindicato UTI repudió en sus redes sociales “la maliciosa desinformación”. No parece ser un gremio que busque resguardar una guarida partidaria: en noviembre de 2019, aún durante el macrismo, celebró el pase a planta de 130 integrantes del personal, que había reclamado durante largo tiempo.

Ni Clarín ni La Nación explican cuáles serían los destinos posibles de un eventual “ahorro” presupuestario con base en la eliminación o retracción de salarios estatales. De recortarse la planta del Estado no sólo se resentirían sus servicios, sino que bajarían aún más los sueldos privados, por la sobreoferta de mano de obra. Además, caería el consumo que esos salarios motorizan y que —por el especial rol del Estado— significan un incentivo al comercio y a la economía de pueblos y ciudades lejanos de las grandes urbes.

 

 

Lo importante es competir

La difusión del tema en La Nación ocurrió el mismo día en que la precandidata presidencial más afín a Mauricio Macri en Juntos por el Cambio tuiteaba desde Tolhuin, una localidad ubicada en el centro de Tierra del Fuego, un video que bien podía verse como una chicana a su principal competidor.

 

Alcanza con recordar, al respecto, que uno de los hechos que enfurecen a Horacio Rodríguez Larreta es que se le recuerde su paso por el PAMI durante el gobierno de Fernando de la Rúa, cuando René Favaloro tomó la determinación de quitarse la vida, agobiado por la falta de cumplimiento en los compromisos de sus deudores. Entre ellos, la obra social de buena parte de los adultos mayores del país.

El mensaje de Bullrich era nacional, y tal vez no le hayan importado los magros resultados que Juntos por el Cambio cosechó no sólo a nivel provincial, sino en el mismo Tolhuin. Para la Gobernación, la sumatoria de sus dos listas (PRO y Juntos por el Cambio) apenas superó el 10 % en el pueblo. Añadiendo también a los Republicanos Unidos, en la votación para la Legislatura provincial recogieron el 5 %. Para la Intendencia local, el 2,16 %. Para el Concejo Deliberante, 6,2 %.

Parece una cosecha escasa para el impacto que podría representar la visita de una precandidata a Presidenta a una localidad ubicada a casi 3.000 kilómetros de la Capital Federal, con un padrón de alrededor de 5.000 votantes y habitualmente olvidada por referentes políticos y culturales.

Tal vez más interesante que sacarse una foto con una estatua de Favaloro en Tolhuin hubiera sido visitar la pampeana localidad de Jacinto Arauz, cuya comunidad atestiguó los comienzos como médico rural del inventor del by pass coronario. Allí también hubo elecciones el domingo 14 y sólo el previo triunfo radical en las internas evitó una debacle cambista como la fueguina.

Otra posibilidad hubiera sido tuitear sobre el cierre de la sede Tolhuin de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, decidida por su nuevo Rectorado, que combina peronistas sui géneris con macristas y liberales.

 

 

 

 

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