Campaña del Desierto mediática

 

¿Qué milagro invirtió la realidad colonial de la Argentina, donde el gringo varón de alto poder adquisitivo pasó a ser imaginado como el argentino “auténtico” y los indígenas originarios como “extranjeros” e invasores?

La conclusión de nuevos relevamientos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) en el marco de la ley 26.160 que reconocen, en este caso, la ocupación de las tierras que habitan tres comunidades o lof mapuche en los departamentos de Malargüe y San Rafael agitó, como nunca, al establishment mendocino. Empezando por la cúpula de gobierno, que de inmediato convirtió las “resoluciones de carpetas técnicas” en supuestas “entregas”, “cesiones” o “adjudicaciones” de títulos de propiedad; y no contento con tal distorsión, emitió insistentes gacetillas de prensa en su sitio oficial, elevando los hechos a una conspiración nacional contra Mendoza y a una suerte de invasión mapuche. Pablo Lacoste, historiador mendocino radicado en Chile dedicado al estudio de la vitivinicultura, escribió una diatriba acusando al “puñado de sufridos puesteros” de ser la cabeza de playa de una especie de gran malón para restituir el Wallmapu, o territorio ancestral, a ambos lados de la Cordillera de los Andes [1]. El propio gobernador y su mentor –el senador y ex-gobernador Alfredo Cornejo– prometieron atacar lo que tipifican como “resoluciones que perjudican a Mendoza”, como si los puesteros mapuche no fueran coprovincianos y no merecieran consideración como sujetos de derecho. El argumento principal, entonces, para deslegitimar los históricos reclamos territoriales, es que los mapuches no existieron en territorio mendocino y, si lo hicieron, fueron invasores chilenos en territorio argentino.

La Campaña del Desierto mediática que arrasa al país generoso encuentra en Mendoza voceros, público entusiasta y una pléyade de pretendidos expertos en “mapuchología” deseosos de proveer letra al negacionismo indígena desde regiones distantes, o en el mejor de los casos marginales, de los campos intelectual y científico sobre el tema. Sin embargo, su versión sobre los mapuche, los indígenas y en rigor sobre la Argentina, acumula demasiados “likes” en la sociedad de la desinformación. ¿Qué pasiones convocan estos tambores de guerra? ¿Cómo llegaron a ser tan poderosos en pleno siglo XXI, como si no hubiera sucedido la historia moderna de la nación desde la década de 1880? ¿Cómo derivan hacia una nueva doctrina de seguridad nacional y, luego, a un tema central de precampaña electoral, si los indígenas estaban supuestamente extinguidos en la Argentina Blanca?

Como investigadores en antropología e historia indígena cuyanas, queremos analizar la construcción histórica y el poder de estas imágenes sobre los mapuche y lo indígena en Mendoza, discutiendo los presupuestos de su extinción y/o extranjería y, al mismo tiempo, la relación que guardan con la apropiación de su territorio por parte de las elites provinciales desde el último cuarto del siglo XIX hasta la actualidad.

 

 

Mitos de extinción e identidades imposibles

¿Hubo presencia mapuche en Mendoza? Los autopercibidos expertos han desempolvado una vulgata etnológica que afirma que el sur mendocino estuvo habitado por los puelches y los pehuenches –y antes por otras parcialidades (chiquillanes, morcollanes, tunuyanes, etc.)–, mientras que los mapuche no están mencionados en los documentos históricos sobre la región. También que los mapuche, supuestamente provenientes de Chile, fueron responsables de la desaparición definitiva de estos y otros indios “argentinos” (como los tehuelches), a los que reemplazaron en la ocupación de sus territorios en los albores del siglo XIX. Luego, asumen la extinción o expulsión de todo indígena local y su radical reemplazo por población “argentina” tras la ocupación militar por parte del Estado nacional de los territorios del sur de Mendoza durante la denominada “Campaña del Desierto” (1878-1886).

El gobernador Rodolfo Suárez, el senador Cornejo y el coro de expertos afirman que los mapuche nunca tuvieron presencia en Mendoza. En igual sintonía, hay quienes –procurando dar mayor entidad a la vieja teoría de la “araucanización de las pampas”– incurren en curiosas contradicciones. Una historiadora de San Rafael, Andrea Greco, remite a un conjunto de fuentes primarias donde se demostraría la no presencia mapuche en Mendoza [2]. Concluye, sin embargo, que los mapuche “a fines del siglo XVIII llegaron al sur de Mendoza”. Culmina, además, cuestionando que los indígenas puedan reclamar la posesión ancestral si “estuvieron en continuo movimiento de un lado al otro de la cordillera y luego también de este lado (...) ¿acaso pretenden el reconocimiento de todo el territorio por donde fueron armando y desarmando sus tolderías?” Dejando de lado el etnocentrismo visceral de esta afirmación, que consideraría legítimos los derechos territoriales solo de grupos sedentarios (sin saber que también tuvieron asentamientos permanentes antes de la ocupación militar y que los criollos con los que convivían también practicaban la trashumancia), esta es, precisamente, la demostración de la ocupación ancestral del territorio que estos grupos poseyeron.

Estas versiones del pasado, en suma, parecen no advertir las contradicciones que suponen: 1) Si puelches y pehuenches fueron exterminados por los mapuche, entonces estos últimos sí tuvieron presencia en Mendoza; 2) Si es tan claro que los mapuche estuvieron en los territorios, ¿cómo se explica entonces su ausencia en los documentos?; y 3) Si la “Campaña del Desierto” los exterminó y desterró, entonces el territorio estaba ocupado por dichos grupos indígenas antes de su ocupación por parte del Estado argentino. Estas falacias lógicas desnudan un propósito principal: instalar la idea de un conveniente “vacío de indios” en los paisajes sureños de bien afamadas riquezas milenarias (desde cordilleras y volcanes hasta hidrocarburos). Porque incluso si un grupo invasor denominado mapuche proveniente de Chile hubiera desplazado a los indios de este lado de la cordillera, todavía su presencia sería anterior a la del Estado argentino y, por lo tanto, tendrían derechos más legítimos al territorio que la provincia de Mendoza. Debería resultar obvio que ni los pehuenches o puelches fueron “argentinos” ni los mapuches “chilenos”, porque estas identidades nacionales y los Estados que las representaron o crearon no existieron sino hasta muchos años después. Y el gobierno colonial español no solo no tenía el dominio de los territorios en cuestión, sino que, inclusive, lo reconoció a través de tratados en diversas instancias como propio de las sociedades indígenas.

Los pueblos originarios que habitaban la actual Mendoza, como ha sido verificado en otros grupos en todo el continente americano, adoptaron o fueron identificados con distintos marbetes a lo largo del tiempo en un proceso dinámico. Y su territorialidad no siguió patrones rígidos, desplazándose en los territorios y manteniendo intensas relaciones e intercambios a ambos lados de la Cordillera de los Andes desde tiempos previos al contacto hispano-indígena (siglo XVI) hasta fines del siglo XIX. En particular, antes de su anexión estatal, las tierras del sur de Mendoza (Malargüe, San Rafael y General Alvear) fueron escenario de grandes redes comerciales controladas por líderes locales, de rastrilladas y pasos de altura en permanente tránsito en ambas direcciones, de alianzas entre grupos parentales que extendían los territorios y recursos disponibles, de acuerdos con autoridades coloniales y republicanas según los vaivenes de la vida fronteriza. Tal era el engranaje de las redes sociales preexistentes que las fuentes consultadas dan sobrada cuenta de los esfuerzos coordinados a los que estuvieron obligadas las fuerzas militares de Chile y la Argentina para neutralizar las estrategias indígenas de supervivencia articuladas a ambos lados de los Andes, ante la violenta avanzada nacional de fines del siglo XIX. Vale insistir: prácticamente la mitad del actual territorio de Mendoza estaba en poder por estos grupos indígenas hasta bien entrado el siglo XIX, sin considerar el norte de la provincia bajo el control relativo de las montoneras de los descendientes de huarpes, o laguneros de Guanacache [3]. Formaban parte de diversas parcialidades cuyos descendientes, actualmente, son considerados integrantes del pueblo mapuche en su conjunto, tanto por expertos como –sobre todo– por los propios sujetos que desde el siglo XX encontraron en la conciencia e historia mapuche una forma de reconocer su experiencia de despojo, persecución, diáspora, ocultamiento y genocidio, y también de reclamar por el derecho a la tierra que habitan y habitaron. De hecho, fueron los propios blancos los que contribuyeron a esta re-identificación genérica de los indígenas tras la Campaña del Desierto, agrupando prisioneros de distintos orígenes, desmembrando las familias, trasladando miles de mujeres y niños a la capital y departamentos de Mendoza y repartiéndolos como virtuales esclavos hasta la década de 1890, con la complicidad de la iglesia católica [4].

 

 

En rigor, el término mapuche significa “gente de la tierra” y no refiere a un grupo único y circunscripto, sino que se fue desplegando, desde el siglo XIX, como una categoría identitaria para varias parcialidades: huilliches, moluches, lafquenches, picunches, pehuenches y pampas. Algo similar, salvando las diferencias, a las identidades provinciales y regionales (cuyanos, cordobeses, tucumanos, porteños, etc.) que fueron incorporadas bajo el rótulo englobante de “argentinos” a lo largo de un proceso político convulsionado, el de la independencia de España y la formación de la nación y el Estado argentinos, también durante el siglo XIX.

 

 

Durante la mayor parte del período colonial, la frontera hispano-indígena quedó establecida en el fuerte de San Carlos, a 100 kilómetros de la ciudad de Mendoza y recién se corrió más al sur con la fundación del fuerte de San Rafael en el último cuarto del siglo XVIII. Allí quedó fijada durante todo el período independentista hasta consolidado el Estado argentino. La ocupación de Malargüe, y de hecho su fundación, se produjo recién en 1876 como un hecho preparatorio de las campañas militares hacia el sur de Mendoza y Norpatagonia, que sobrevendrían pocos años después. Sin embargo, durante este tiempo, y aún con posterioridad, los indígenas siguieron siendo el grueso de la población local. Los estados colonial, nacional e incluso el provincial realizaron negociaciones y suscribieron tratados donde reconocieron sus territorios como naciones indígenas preexistentes. Estos acuerdos se realizaron en Mendoza o en Santiago de Chile porque Cuyo perteneció a Chile hasta 1776, cuando se constituye el Virreinato del Río de La Plata y ya existían hablantes mapuche en el territorio. Por ejemplo, en 1772, una comitiva de indios denominados chiquillanes, que habitaban cerca del fuerte de San Carlos, precisamente en el área actualmente en litigio, pasó al occidente de los Andes por el paso del Planchón y firmó un tratado en Santiago en el que fueron reconocidos su territorio y sus autoridades [5]. De los cinco caciques agasajados, cuatro, excepto Don Nicolás Morcollan, tenían nombre de indudable lengua mapuche: Don Ygnacio Guriguanque, Lincopil, Rayguanque y Guelicar.

Más allá de la ocupación militar de los territorios del sur de Mendoza, la mayoría de sus pobladores, en especial en zonas rurales, continuaron siendo los indígenas o sus descendientes, a veces incluidos en el rótulo de “puesteros”, enfrentando todo tipo de despojos, violencia y discriminación por parte de terratenientes y operadores con anuencia de gobiernos y aparatos judiciales provinciales y municipales [6]. Como muestra Oscar Soto [7], esta dinámica ha logrado instalar como legítima la propiedad de tierras por parte de extranjeros y empresas como el holding Sominar (Sociedad Minera Argentina) con 430.000 hectáreas, que incluyen las nacientes de los ríos Diamante y Atuel, o el regalo de las 12.351 hectáreas a El azufre S.A. y no las 25.000 que reclaman las tres comunidades mapuche que las habitan.

 

 

 

 

Crónica de un eterno comienzo

Quienes se afanan por negar la presencia mapuche en Mendoza profesan una inocultable desaprobación moral de los reclamos políticos y territoriales de comunidades actuales, que no sería diferente si se tratara de puesteros pehuenches, puelches, huarpes o criollos. Hay buenas razones para sostener, entonces, que la perpetua acusación de extranjería mapuche responde menos a una preocupación por la verdad histórica que a la necesidad de deslegitimar la reivindicación de derechos colectivos indígenas que obligan a reconocimientos y mecanismos de efectivización a los Estados nacional y provinciales por igual. Esta ampliación del marco jurídico internacional e interno que atañe a los pueblos originarios, en tanto preexistentes a las formaciones estatales, es resultado de una movilización indígena que, en las últimas décadas, logró como hitos fundamentales la incorporación del artículo 75 inciso 17 en la Constitución Nacional y la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En este contexto, la ley nacional 26.160 de emergencia de la posesión indígena (y su prórroga vigente) ordena la ejecución inmediata de relevamientos territoriales y el cese de medidas de cualquier naturaleza que generen desposesión; compromisos estatales que hoy enervan la sensibilidad pública de funcionarios e intelectuales mendocinos.

Con todo, hay que recordar que el proceso de relevamiento territorial nada tiene de reciente en la provincia. Por el contrario, su devenir lleva más de una década, plazo en el que también se generaron variados espacios de interacción entre agencias estatales del ámbito provincial y municipal y representantes de los pueblos indígenas presentes en Mendoza (mesas de diálogo, audiencias públicas, talleres participativos). Así, en 2009 y a partir de la firma de un Convenio Marco, el INAI dio comienzo a las sucesivas etapas de anuncio de tareas, demarcación y reconocimiento de los territorios ocupados por mapuche y mapuche-pehuenche en Malargüe y San Rafael. Al día de hoy, el organismo indigenista realizó trece relevamientos bajo la modalidad centralizada (es decir, ejecutados por equipos técnicos del INAI, dado que nunca se firmó un Convenio Específico para la formación de un equipo técnico operativo provincial), contando los últimos finalizados en las comunidades El Sosneado y Suyai Levfv en enero de 2023.

Cada carpeta técnica resultante del relevamiento contiene una serie de componentes (cartografía, dictamen jurídico, informe histórico-antropológico, entre otros) y una resolución administrativa que reconoce las características y extensión del territorio comunitario recorrido. Se trata, en efecto, de la acreditación estatal de una posesión colectiva sujeta a ciertos parámetros, lo que en nada se asemeja a la cesión o la adjudicación de títulos de propiedad comunitaria; tampoco resuelve de por sí las variadas situaciones de conflicto que atraviesan las comunidades por la histórica falta de seguridad jurídica sobre sus posesiones. Ciertamente, la aspiración de muchos colectivos indígenas del país es la obtención de títulos de propiedad comunitaria a favor de las comunidades poseedoras, pero ese objetivo dista de ser una deriva automática del relevamiento realizado en el marco de la ley de emergencia.

 

 

 

 

 

* Diego Escolar es doctor en antropología, UBA (CONICET/CASLEO – Universidad Nacional de Cuyo).

** Julieta Magallanes es doctora en antropología, UBA (CONICET/CENPAT).

 

[1] Conte, Gabriel. Entrevista a Pablo Lacoste. Memo, jueves 2 de febrero de 2023.

[2] Grecco, Andrea, 2023. “Los archivos históricos confirman que los pueblos ancestrales de Mendoza fueron exterminados por los mapuches. Infobae, 4 de febrero de 2023.

[3] Escolar, Diego Los indios montoneros. Un desierto rebelde para la nación argentina. Guanacache, siglos XVIII-XX. Buenos Aires, Prometeo, 2020.

[4] Ibíd.

[5] Escolar, Diego y Leticia Saldi, “Apropiación de los niños indígenas capturados en la Campaña del desierto: Mendoza, 1878-1889” Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2018.

[6] Magallanes, Julieta, 2019. Lo que la “Conquista del desierto” no se llevó. Identidad provincial, campo intelectual y memorias indígenas en el sur mendocino. Runa, Archivo para las Ciencias del Hombre (83-99). Escolar, Diego y Julieta Magallanes, 2017. “No estamos extinguidos”. Memorias, presencia y proyectos de los pueblos originarios de Cuyo. Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe Serie: Pueblos indígenas en la Argentina, vol. 9. Ministerio de Educación de la Nación, Argentina, Repositorio Institucional. http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/handle/123456789/110438

[7] Soto, Oscar. El Gobierno de Mendoza desconoce al Pueblo Mapuche para abrir paso a las petroleras. Tierra Viva, agencia de noticias. 9 de febrero de 2023.

 

 

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