Camino sinuoso de sospechas cruzadas
Odebrecht y Cuadernos, vidas paralelas
“El sistema no castiga a sus hombres: los premia. No encarcela a sus verdugos: los mantiene”
“Quién mató a Rosendo”. Rodolfo Walsh.
Juan Linz estudió con mucha precisión las características de las crisis institucionales y las posibles salidas de ellas en La quiebra de las democracias.
Cuando el momento crítico se agudiza, Linz utiliza algunos indicadores. Entre ellos, la politización de los poderes neutrales como, por ejemplo, la Justicia, y el desplazamiento del proceso político desde el parlamento a las calles o a lo que él llama “un campo invisible”.
Dichas circunstancias, junto a otras que no vienen al caso, revelan, desde la perspectiva del autor, la existencia de un momento complejo.
En términos analíticos, este recorte del texto nos sirve para comprender los niveles de análisis de dos procesos judiciales que ocupan la cima de la agenda pública y que admiten por lo menos dos niveles de lectura: Odebrecht y Cuadernos.
El Lava Jato argentino
El primer nivel tiene que ver con el plano estrictamente procesal. El caso Odebrecht presenta un trámite clásico y está bastante avanzado. El juez federal Daniel Rafecas se acerca al momento de enviar a juicio oral el expediente de los gasoductos. El juez Sebastián Casanello dictó los procesamientos en el caso Aysa, pidió la extradición de ex directivos de Odebrecht y luego de la revisión de la Cámara Federal es probable que el expediente se encamine hacia el juicio oral.
Este grupo de procesos fue instruido en ambos casos sin recurrir a la controvertida figura del arrepentido. Los jueces y el fiscal Federico Delgado se sirvieron de documentos locales y extranjeros, más declaraciones de testigos e imputados.
El caso conocido como Soterramiento del Sarmiento también respondía hasta hace unos días a un formato clásico. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi recibió las declaraciones indagatorias que solicitó el fiscal Franco Picardi, quien reconstruyó el hecho en base a declaraciones y documentos de diversa índole y debe resolver la situación de los imputados.
Pero dos cosas alteraron el panorama sensiblemente.
La semana pasada, la Sala II de la Cámara Federal le sugirió a Martínez de Giorgi que resuelva y que se expida sobre un acuerdo de colaboración que suscribió el fiscal con sus pares brasileños y que el magistrado debe homologar, para abrir la puerta a la información del Lava Jato que tiene en su poder Brasil.
Hubo también otra novedad que puede acelerar el caso.
El cómplice de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez, que por estos días está siendo juzgado por el caso conocido como Compra de Trenes Chatarra, se acogió a la figura del arrepentido y le contó al fiscal Picardi cómo, cuándo, quiénes y por qué se pagaron sobornos en el marco del soterramiento del Sarmiento.
Pero este arrepentimiento tiene particularidades.
De acuerdo a fuentes judiciales, Vázquez ratificó información preexistente en manos de los investigadores. Es decir, que ratificó lo que la Justicia sabía. Además fue grabado por el fiscal para evitar discusiones sobre la validez del acto.
Resta que el juez Martínez de Giorgi homologue el acuerdo pero, para ello, es necesario que Vázquez se reponga de una reciente operación. Si el juez lo hace, se va a profundizar un aspecto muy sensible de la causa, porque el arrepentido contó con mucha precisión la intervención de la empresa Iecsa en los sobornos, ligada a la familia Macri.
La investigación y la investigación de la investigación
El caso de los Cuadernos y su contra causa, D’Alessio, presentan un camino más sinuoso. Aquí hay sospechas cruzadas, denuncias recíprocas y nuevos actores que se suman al affaire.
El trabajo del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli inicialmente fue cuestionado por algunos imputados por temas de procedimiento y por el modo en que se aplica la ley del arrepentido, que junto a los cuadernos de Centeno constituyen los principales insumos de información. Ahora se suma la inspección judicial del juez Alejo Ramos Padilla que, desde Dolores, de alguna manera revisa gran parte del trabajo de sus colegas porteños.
Además Ramos Padilla comunicó al Congreso de la Nación parte de la evidencia que consiguió, porque entendió que hay cuestiones que exceden el caso judicial y se vinculan con intereses públicos más amplios.
A su vez el juez federal Julián Ercolini, a instancias de una denuncia del propio Stornelli, reclama que el expediente de Dolores se desplace a Comodoro Py. Como respuesta a ello, la abogada del empresario Pedro Etchebest, Natalia Salvo, pidió el juicio político de Ercolini precisamente por su pretensión de tomar el caso D’Alessio.
Para completar este cuadro, el fiscal de la Justicia de la provincia de Buenos Aires Juan Bidone se presentó espontáneamente en Comodoro Py ante la fiscal federal Alejandra Mangano, que interviene en la causa de Ercolini, para reconocer relaciones impropias con Marcelo D’Alessio.
Contrastes
El contraste con Odebrecht es obvio. Y aquí nace el otro nivel de análisis.
Por debajo de los intrincados trámites de procedimiento, las causas y contra causas, las idas y venidas, la intervención del Congreso y del Consejo de la Magistratura y los ingresos de imputados de Bonadio como víctimas al expediente de Ramos Padilla, empiezan a mostrar una vez más los clásicos problemas de nuestra Justicia que admite que causas complejas tengan una causa madre y una contra causa. Por ejemplo como pasó con el atentado de la AMIA, en que Carlos Menem fue absuelto hace unos días.
Esto también exhibe la politización de la Justicia y el movimiento de la arena política hacia ese “campo invisible”, habitado por actores no reconocidos por la ley para jugar el juego de la democracia en el espacio público.
Este nivel de análisis complejiza una cuestión de por sí compleja como el flagelo de la corrupción, porque es un síntoma de una crisis más profunda. La dinámica de las investigaciones adquiere rasgos tan singulares que se ve afectada la credibilidad.
Es necesario que la propia Justicia, con las herramientas que le confiere la ley y a través de las instancias pertinentes (las cámaras de apelaciones o la propia corte federal), asigne a expedientes tan sensibles la racionalidad que exige la Constitución Nacional y separe las cuestiones estrictamente político-partidarias de las judiciales.
Juan Linz señala que la crisis tiene varias salidas y las agrupa en lo que llama el “reequilibramiento”. Ese momento reclama la responsabilidad y la lealtad de los actores político institucionales con el régimen democrático.
De lo contrario, la legitimidad de la democracia se diluye y las chances de organizar la vida en común en base a derechos también.
Publicado en #DosJusticias.
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