Cambiemos al gobierno, el FMI al poder

Aunque sea tarde en su vida, Macri quiere ser el mejor alumno en algo

 

Con el fin de concentrar su ofensiva en su presa mayor —los recursos de los jubilados—, la Alianza Cambiemos aceptó posponer la discusión sobre otro de sus grandes objetivos: profundizar la transferencia de los recursos de los trabajadores al capital, que sólo en 2016 llegó a los 16.000 millones de dólares según el centro CIFRA de la CTA.

Sin embargo no existen dudas de que esa será su gran batalla durante este año, si se tiene en cuenta que, hasta el momento, la política económica del gobierno ha seguido puntillosamente las directivas emanadas por el Fondo Monetario Internacional. De hecho, es posible sostener la existencia de un acuerdo implícito con el organismo encargado de custodiar los intereses de los acreedores financieros, que solo por el momento no implica sus tradicionales desembolsos, debido a la facilidad que tiene nuestro país para tomar deuda en los mercados gracias a la política de desendeudamiento llevada adelante por el kirchnerismo.

Este cuadro se evidencia al observar los informes elaborados por el FMI, disponibles para todo público en internet, y las posteriores medidas gubernamentales. En el documento “Perspectivas Económicas: Las Américas. Ajustando bajo presión”, publicado en octubre de 2015, se demandaba para Argentina “una combinación similar de políticas macroeconómicas más restrictivas, un tipo de cambio más débil y un menor nivel de distorsiones microeconómicas”, criticando severamente “los controles cambiarios”, y agregando la necesidad de una “eliminación de subsidios distorsivos y la reducción de la inflación”, junto a un “ajuste fiscal” y “una orientación monetaria más restrictiva”. Si se tienen en cuenta las primeras medidas económicas adoptadas por la Alianza Cambiemos, como la liberación del mercado cambiario, devaluación, suba de la tasa de interés, tarifazos y despidos en el sector público, que según el CEPA totalizaron 70.000 trabajadores en aquel año, es posible observar la total subordinación a estas indicaciones, con las únicas excepciones de la baja de la inflación, debido a la impericia en la aplicación de su esquema monetarista, y del déficit fiscal, en razón de los compromisos de reducción impositiva con los miembros, socios y patrocinadores del actual gobierno.

En octubre de 2016, tras diez años sin poder inmiscuirse en el desarrollo de la economía nacional, el FMI publicó su informe 16/346 sobre la revisión de las cuentas argentinas según su artículo cuarto. En aquel año de caída en el PBI, el empleo, y suba de la pobreza e inflación, felicitaba al gobierno por sus “progresos”, mientras volvía a pedir mayores cuotas de despidos en el sector público, nuevos aumentos tarifarios, e incluía también la necesidad de una reforma del sistema provisional, con un cambio en la fórmula de indexación, pues la diseñada por el anterior gobierno causaba “que los beneficios aumentan a tasas superiores de la inflación, y aumentan más rápido cuando el crecimiento en el número de beneficiarios disminuye”, junto a la reducción de la “tasa de reemplazo”, es decir la relación entre la jubilación y el último salario ganado, que del 72 por ciento actual debía bajar al 60 por ciento, además de un “aumento gradual de la edad de jubilación para las mujeres”. Asimismo, manifestaba como necesario “reducir la tasa impositiva marginal sobre el trabajo” y “reducir la tasa impositiva marginal sobre el nuevo capital en 5 puntos porcentuales”.

Cumplida en primer lugar la tarea con las jubilaciones, pocos días después el Congreso convirtió en ley el proyecto del Ejecutivo que planteaba la baja de contribuciones patronales y la disminución de 5 puntos en el impuesto a las ganancias para empresas que reinviertan sus utilidades. El único desliz, fue introducir un débil y nuevo impuesto sobre la renta financiera, —que había sido abolido el año pasado—, dentro de la habitual estrategia de incluir una salpicadura progresista para facilitarle la tarea a los medios oficialistas y confundir a la población.

El siguiente reporte de revisión por medio del artículo cuarto, correspondiente al 2017, elogiaba al gobierno “por los avances logrados en la transformación sistémica de la economía argentina”, mencionando que sus técnicos “aplaudieron” el pacto fiscal con los gobernadores y la orientación restrictiva de la política monetaria para cumplir las metas de inflación; “felicitaron a las autoridades” por haber eliminado los controles cambiarios y abrir las importaciones en general, y “celebraron” la reforma tributaria, aunque remarcaban que era “esencial reducir el gasto público, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales”.

Puntualmente, estimaban una meta de inflación para el 2018 del 16,3% y como única medida concreta, “insistieron” en que la reducción del financiamiento monetario del déficit “ayudaría a afianzar la independencia del Banco Central y apuntalar la credibilidad del régimen de metas de inflación”. Por eso, un día después de que se haga público el informe, el gobierno “recalibró” sus expectativas de inflación del 10 al 15% (1,3% de independencia del FMI), mientras que anunció que el Banco Central reduciría la asistencia al Tesoro con límites definidos en hasta 2019, luego de lo cual se limitaría a la relación con crecimiento de la base monetaria.

El escueto informe no mencionó lo que sí remarcaba el reporte del artículo cuarto del año 2016. Allí se señalaba la necesidad de fortalecer el “clima de negocios” mediante factores que incluían una “reducción del costo de producción”, “de la carga tributaria”, y de “mejora de la legislación laboral”. Pero posiblemente no era necesario: en la “Actualización de las Perspectivas Económicas sobre las Américas”, realizada en octubre del 2017, además de bregar por “nuevos recortes de los subsidios generosos y mal focalizados de la energía” y por “una racionalización del gasto en muchos otros ámbitos, como salarios, bienes y servicios de transferencias discrecionales al sector privado y a las provincias”, demandaba como condición para “afianzar la inversión privada y la productividad”, no sólo la apertura “de la economía al comercio internacional”, sino también el impulso al “programa de reformas estructurales, lo cual comprendería dotar de mayor flexibilidad a los mercados laborales y reducir la informalidad”. El próximo paso ya está escrito.

 

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