Para que nadie se confunda, comenzaré aclarando que en las últimas elecciones presidenciales vote por la fórmula del Frente de Todos, conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner y, si hubiera elecciones mañana volvería a hacerlo con la misma seguridad y convicción con las que lo haré en las elecciones de medio término. Escribo desde ese lugar de pertenencia. Es más, lo que me interesa es mostrar los estragos culturales que el neoliberalismo provoca en los sectores populares y en muchos funcionarios gubernamentales, algunos militantes activos, quienes de forma bien intencionada quieren enfrentar el cambio estructural pero por cuestiones justamente culturales o ciertas estigmatizaciones sociales no lo hacen con la decisión necesaria, por lo que terminan fracasando en el intento. Y esa derrota, a su vez, sirve para agudizar los temores y las aprensiones, dando lugar a un círculo vicioso y degradante del cual es muy difícil salir. Entonces terminan cometiendo el gran error de los gobiernos progresistas: querer gobernar siguiendo la lógica del neoliberalismo.

La primera cuestión está relacionada con una serie de prejuicios que es necesarios desterrar. Se habla mucho de empezar por los que más necesitan pero ¿quiénes son los que más necesitan en la Argentina? En primer lugar, el 62,9% de los niños y niñas que viven debajo de la línea de pobreza, número aportado por Nora Schulman, directora ejecutiva del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos del Niño en la Argentina, en el portal Nodal. También, el 40% de la población que, según el INDEC, vive debajo de la línea de pobreza. Ambos universos son los que más necesitan y ahí deberían ir dirigidas todas las miradas y las acciones políticas. Los invito a que reflexionemos juntos respecto de cuántas medidas están dirigidas a esas personas.

Los medios dominantes y la derecha usan a esas personas en situación de vulnerabilidad para denigrarlas y estigmatizarlas porque cortan una calle o reclaman ayuda. También forman parte del discurso permanente de los defensores a ultranza del neoliberalismo, con un cinismo explícito intolerable. Pero cuando se dan casos como la desaparición de la niñita M, actúan como si la pobreza hubiera nacido por generación espontánea, no tuvieran responsabilidad al respecto y la descubrieran en ese momento y, obviamente, se muestran compungidos. Pero los pobres también son víctimas de los prejuicios de los sectores progresistas debido al arraigo conceptual que muestra nuestra sociedad respecto de que si se les da dinero van a preferir quedarse en sus casas en lugar de salir a buscar trabajo, concepción que no ha sido demostrada por ningún estudio social en ninguna parte del mundo. Las pruebas piloto hechas en diversos países sobre el Ingreso Básico Universal demuestran exactamente lo contrario, acercando evidencias de que esas creencias provienen de la imaginación de quienes se creen superiores y en posición de dar consejos a los pobres sobre cómo salir de la pobreza. Cuesta que se entienda que, en realidad, la única diferencia entre una persona pobre y una que no lo es se relaciona con su capacidad económica, más precisamente con la cantidad de dinero que tiene en su bolsillo.

Platón, en sus Diálogos. IV República, escrito 400 años a.C., indicaba que en las sociedades había dos grandes males: la riqueza y la pobreza, y explicaba que la razón de la existencia del Estado era hacer felices a los ciudadanos, condición que requiere entender la inexistencia de clases, siendo tan perjudicial la condición de riqueza como la de pobreza. Sería muy bueno que aquellos que se creen progresistas regresaran a Platón.

La segunda cuestión a contemplar es la necesidad de derrotar al privilegio de algunos pocos para defender los derechos de las mayorías. Un privilegio es la exención de una carga, un gravamen, una obligación o una norma que una persona, con autoridad, concede a otra de forma excepcional. Es decir que cada vez que el Estado toma la decisión de bajar las contribuciones patronales, por ejemplo, está no sólo generando un privilegio, usando discrecionalmente recursos del sistema de seguridad social, sino que toma a mi juicio una deficiente medida de política económica. Ello es así toda vez que dicha medida quita dinero del circuito económico porque el empleador transforma esa disminución en ganancia, la ahorra o la invierte en el mercado financiero. Esto quedó corroborado en los hechos ya que cada vez que se disminuyeron las contribuciones patronales, lejos de disminuir el desempleo, éste creció fuertemente. Mientras que, si en vez de disminuir gastos de las empresas se ayuda a las personas a mejorar la demanda, el resultado sería que más gente estaría mejor y las empresas mejorarían sus ventas y sus ganancias en un círculo virtuoso. En la Argentina, el privilegio del que gozan los empleadores al pagar menos contribuciones patronales significa la friolera del 2,99% del PBI, guarismo que corresponde a los recursos de la seguridad social, pero que se lo quedan los empleadores.

Pero, ¿qué le representa a un empleador PYME la disminución de las cargas patronales? Cabe recordar que para tomar este tipo de exenciones siempre se invoca, cínicamente, que es para ayudar a las PYMEs en aras de mejorar el nivel de empleo. Para hacer evidente esta falacia, supongamos que una PYME tiene cuatro empleados que cobran cada uno $40.000 mensuales: en contribuciones al SIPA –Sistema Integrado Previsional Argentino– le corresponde pagar el 16% y paga realmente el 12,35%, es decir un ahorro del 3,65%, que llevado a pesos significa $1.460. Por el régimen de asignaciones familiares y desempleo paga el 6,48%, y, si no hubiera disminución, tendría que pagar el 9%, o sea que se ahorra un 2,53%, lo que traducido a pesos implica $1.084. Si sumamos ambos privilegios, el ahorro alcanzaría los $2.540 mensuales, que multiplicado por los cuatro empleados representa un total de $10.160. ¿Alguien en su sano juicio puede suponer que $10.160 pueden modificarle la realidad a una PYME? Claro que no, eso lo gasta en una comida con un par de clientes que quiere conquistar. Entonces, ¿quién se beneficia? La respuesta es muy simple: las grandes empresas que tienen miles de empleados, ya que el multiplicador no será cuatro sino miles, mientras que el gasto en salarios será mucho más representativo porque en dichas empresas los gremios logran salarios más altos para sus afiliados. Piénsese en los bancarios o los camioneros, que cobran salarios por encima de los $100.000. En conclusión, si usamos el ejemplo de una empresa con salarios promedio de $140.000 y que posee 2.000 empleados, se quedan en un año con $225 millones, que son de los sectores más vulnerables de la sociedad.

El más aberrante de los privilegios corresponde a los servicios audiovisuales, por ejemplo el que goza el grupo Clarín que, a través de una triangulación con el IVA, no paga un solo peso en contribuciones patronales, al igual que el grupo La Nación. Si sólo Clarín pagara las cargas patronales, con ello podría darse cobijo a todos los indigentes que viven en situación de calle y vemos, con indiferencia, en todas las veredas y puentes de nuestras ciudades. Es un privilegio repugnante que luego usan para hacer negocios en contra de los intereses de la Nación, y lo hacen con plata de los más vulnerables, un verdadero asco.

Otro conjunto de privilegios injustificables se vincula con la posibilidad que tienen aquellos obligados a pagar el impuesto a las ganancias de descontar algunos gastos insólitos. La Secretaría de Ingresos Públicos publica anualmente un informe sobre gastos tributarios. Un gasto tributario es un monto de dinero que el fisco deja de percibir por haber otorgado un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria. En buen castellano, son privilegios de diversa índole que algunos gozan respecto del resto de la sociedad. Para este año, el gasto tributario alcanzará el 2,64% del PBI, equivalente a $995.799 millones. Entre otras cosas, los sectores populares financian a los que más tienen pagándoles las prestaciones médicas, la obra social o el INSSJyP del privilegiado y su grupo familiar, los servicios educativos de sus hijos, el salario del personal doméstico, los intereses por los préstamos de bancos nacionales, provinciales y/o municipales, los intereses de los préstamos para la vivienda, los medicamentos de uso humano, planes de seguro médico. Es posible que muchos de estos u otros privilegios no enunciados puedan ser importantes, pero el problema es que por más relevantes que sean quienes terminan pagando son siempre los mismos: los trabajadores, los jubilados, los pensionados, los discapacitados, los pobres y los indigentes. Es decir, los que menos tienen, y eso me parece inadmisible dentro del actuar progresista y representa otra batalla cultural que nos gana el neoliberalismo al imponernos su lógica.

Una cuestión que debemos cuidar es que, permanentemente, los medios dominantes nos martillan la cabeza con la idea de que el Estado es ineficiente y que los privados pueden hacer todo de mejor calidad y con más eficacia. Es notorio cómo ese fenómeno puede evidenciarse en el hacer diario de la Ciudad y en la provincia de Buenos Aires. Mientras la Ciudad todo lo que ve lo quiere privatizar –hasta las vacunas contra el coronavirus–, en la provincia se hace un enorme esfuerzo por demostrar que un Estado presente puede, y debe, ser eficiente. De más está decir que creo en la eficiencia del Estado presente. Por ello, pienso que en materia social se debe ser más eficiente y cuidadoso que en otras cuestiones porque está en juego la subsistencia de los más necesitados. Así, por ejemplo, el escandalo de las tarjetas Alimentar en Pinamar, municipio gobernado por Juntos por el Cambio, ocurre no sólo porque, como siempre, los neoliberales quieren quedarse con la plata de los pobres y lo hacen sin arrepentimiento ni pudor, sino porque también se usa a los municipios como intermediarios sin supervisar los padrones de manera conjunta, asegurando la correcta entrega de tarjetas.

Pero lo que me parece importante revisar es que alrededor de 500.000 personas vulnerables no pudieron acceder durante 2020 al beneficio social o previsional que en épocas de pandemia resulta relevante, y en ciertos casos significa la diferencia entre la vida y la muerte. Actualmente hay más de 190.000 expedientes sin resolver, o en “stock”, como indica ANSES. Además, como expliqué en una nota anterior, en 2020 ANSES resolvió 270.339 expedientes menos que en 2019, ello sin contar el crecimiento vegetativo de la población. Finalmente, quedan también en la calle miles de expedientes que aun no lograron ingresar en el circuito de ANSES, justamente por la saturación de expedientes que existe puertas adentro. Estas personas no pueden esperar que la burocracia se ponga en marcha, sus necesidades son hoy. Por ello insisto en que es necesario abandonar la lógica neoliberal, hacer política social con la lógica del progresismo y dejar que Clarín diga lo que quiera. Sólo se consigue un cambio si se persevera en la idea de cambiar para ser mejores.

Encaro estas reflexiones teniendo presente que esta semana conmemoramos el 45° aniversario del golpe cívico-militar de 1976 que se cargó 30.000 desaparecidos, todos ellos mártires del pueblo que soñaban con un país justo, igualitario, solidario y progresista, y por muchos otros que también ofrendaron su vida por los mismos ideales. Por ellos tenemos que levantar las ideas del progresismo y llevarlas a la victoria. Hoy y siempre, aunque duela y cueste.

Una Respuesta de ANSES

Según la ANSES, el stock de expedientes previsionales se encuentra en el mes de marzo de 2021 en 107 mil expedientes. El 2020, el año de la pandemia, cerró con un stock de 102 mil expedientes. Estos números resultan significativamente menores a los 127 mil de stock que tuvo la ANSES tanto en 2017 como en 2018, y a los 158 mil de 2016.

Desde el inicio de la pandemia a la fecha los inicios de expedientes y su producción vienen aumentando a buen ritmo, es por esto que el stock se mantiene casi constante.

- En el mes de marzo 2021 se iniciaron alrededor de 40 mil expedientes previsionales, un 55% más que los expedientes iniciados el mismo mes del año anterior.

- La producción de marzo está en 33 mil expedientes, un 65% más que en marzo 2020.

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