Cambia el viento en el Portezuelo

 

La naturaleza ganó una gran batalla, y el Río Colorado seguirá escurriendo con el aporte del Río Grande y sus aguas de deshielo, ya disminuidas por el cambio climático, sin muros que corten artificial e inutilmente su curso natural. La población de sus orillas agradecida, sea mendocina, pampeana, neuquina, rionegrina o bonaerense, ya que a todos beneficia que se mantenga el caudal de esa vía de agua que da vida.

Pero también han ganado la razón y el sentido común, ya que esos mil millones de dólares debidos a Mendoza podrán invertirse a favor de todo el pueblo mendocino, del mejoramiento de su infraestructura general y al aprovechamiento de sus aguas escasas para el consumo y para el riego, que según opiniones locales ha devenido ineficiente y obsoleto.

Esta apreciación de ese final es personal, quizás temeraria en su anticipación, y viene a cuento de varias voces de la propia Mendoza que han tomado nota de la inconveniencia de un proyecto confuso, con promesas falsas de grandeza inexistentes, ausente de beneficios reales y actuales para la provincia, pero de daños irreparables aguas abajo en el resto del país.

Entre aquellas manifestaciones mendocinas destaco, entre otras, las vertidas por el especialista de nota Miguel Mathus Escorihuela, quien desde su enojo por la última votación en el COIRCO propone abandonar ese proyecto y usar los fondos para el desarrollo mendocino. Pero al mismo tiempo, y en exceso de franqueza, develando así los verdaderos motivos de este proyecto controvertido, desviar el Río Grande hacia el Atuel directamente, alegando viejos acuerdos, sin más, sin consulta, sin represa, llevarse los 34 m3s que según él le corresponderían a la provincia.

Más prudente, y más realista por sus responsabilidades, el gobernador Rodolfo Suárez propone sortear los conflictos en marcha generados por este proyecto y hacer otros de desarrollo en el sur mendocino y en otras áreas que requiere la provincia. Manifiesta que otros se hagan cargo de las obras, si realmente la acuerdan como necesaria. De esta manera, una vez que la desconfianza mendocina fue superada por la institucionalidad del Presidente Alberto Fernández, honrando la deuda acordada con la Nación, Suárez estima conveniente dedicar esos fondos a mejores resultados para toda la provincia. Apartándose así de declaraciones grandilocuentes e irresponsables de otros dirigentes.

El ex gobernador Arturo Lafalla, por su parte, expresó su pensamiento en una entrevista periodística en la que fue contundente. Dejó en claro que Portezuelo no era viable como proyecto energético por la falta de caudales y que la presa tardaría años en llenarse por el cambio climático que impera en los ríos de deshielo. Manifestó así con total sinceridad y aportando también su cuota de sentido común que era importante destinar aquellos fondos al desarrollo hídrico de la provincia, entre otras obras. También consignó, al igual que el gobernador, cuya postura apoyó, que había que dejar en el COIRCO la responsabilidad de ejecutar o no el proyecto Portezuelo del Viento, así como costearlo en su caso entre todos. Pero, al mismo tiempo, acordó con Mathus Escorihuela que siempre tendrán el derecho de llevarse parte del Río Grande: eso no se discute, ya que es el verdadero trasfondo de toda la cuestión.

Es de imaginar, esta también es opinión personal, que el Comité de Cuenca seguirá dedicándose al mejor aprovechamiento y cuidado del Río Colorado, alejado de proyectos que no lo benefician, y vigilando el uso del Río Grande, parte vital de la cuenca. Porque ha quedado en claro que el proyecto no es viable energéticamente y no tiene una finalidad hídrica necesaria ni sustentable para el conjunto de la cuenca.

Estas circunstancias invitan a reflexionar sobre las experiencias que dejan lo hechos, repensar el federalismo en esta nueva época con el marco de fondo de la versión integral y armónica de la reforma constitucional del 94 y sus interpretaciones doctrinarias y jurisprudenciales, y también considerar los acuerdos sobre cómo cuidar la naturaleza, que es de todos, que no registra fronteras políticas ni de propiedad.

Respecto de este último tema, la gran discusión sobre esta obra se basó en la autoridad o competencia en el uso de las aguas de un río que nace en determinada provincia, en este caso Mendoza. Nos preguntamos a quién compete la jurisdicción sobre ese río y sus aguas, si estas escurren hacia otras provincias. Qué derechos tiene esa provincia de origen, si puede cortar su escorrentía y quedárselo, y si tiene derechos proporcionales sobre sus aguas de acuerdo a determinados parámetros. Está claro en nuestro derecho que la primera alternativa no corresponde, y respecto de la segunda, en el caso del Río Grande habría existido un acuerdo entre las provincias del COIRCO que otorgaría a Mendoza el uso de hasta 34 m3s en base a un estudio del año 1976 realizado por el MIT considerando el módulo de la época, de entre 135 y 140 m3s en su unión con el Barrancas para formar el Colorado. Precisamente la consultora de las Universidades de La Plata y el Litoral que hicieron el Estudio de Impacto Ambiental Regional (EIAR) a iniciativa de Mendoza, recomendó revisar ese tratado, dado el cambio climático y el módulo actual del Río Grande en ese punto, y por lo tanto el “Plan Único de Distribución de Caudales efectuado en 1976 a propuesta del MIT”, por obsoleto y fuera de contexto a 50 años de realizado. Hoy ese módulo oscila en los 110 m3s en promedio en los últimos años pero tendiendo fuertemente a la baja. Está claro entonces el derecho de las restantes provincias firmantes de aquel acuerdo a su revisión, adecuándolo a las actuales circunstancias climáticas, de conformidad con lo que disponen la normativa posterior al mismo, la ambiental vigente, la reforma constitucional del '94 y la última jurisprudencia al respecto.

Por todo ello el acuerdo necesario entre todas las provincias involucradas trasciende la realización de Portezuelo del Viento, y debe inclinarse al cuidado de las aguas de los ríos en conflicto en el contexto del artículo 41 de la Constitución Nacional, de cuidado de la naturaleza, de sus bienes, para preservarlos en su uso racional y para las generaciones futuras.

Pero también hacer eficiente el principio de aquella reforma constitucional, nunca debidamente atendido, que ordena al Congreso Nacional en su artículo 75 inciso 19 “proveer al crecimiento armónico de la Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el desigual desarrollo relativo de provincias y regiones”.

En esa idea constitucional del progreso argentino es que debemos repensar el federalismo como un ámbito de derechos, de autonomías, que se realizan en la unidad nacional, en los acuerdos y consensos, en los que las fronteras provinciales, “territorios culturales” de conformidad con el reciente fallo de la Corte Suprema en el caso Atuel, deben compatibilizarse con el territorio natural que supone una cuenca en tanto ámbito geográfico común que trasciende aquellos límites, que a menudo separan sin necesidad, a veces por ambiciones o intereses de sectores, no del conjunto social de la población argentina. Es la idea de la naturaleza sin fronteras aportando su realidad a una nueva concepción de federalismo que está naciendo a partir de adecuarlo a la consideración del ambiente y de las necesidades de los pueblos.

 

 

 

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